El concepto de “empresa”, considera entre sus acepciones la noción de negocio. De ahí que su praxis permite acceder a una ganancia cuya medida es demostrativa de la conveniencia que tercia el acuerdo entre las partes en negociación. O sea, entre agentes económicos que se transan ante un arreglo que compense las partes de alguna manera.

Reconocer que un gobierno tome la disposición de realizar ajustes y controles que mantengan a raya cualquier arrebato de la economía, constituye una decisión obligada en virtud de circunstancias que infringen objetivos que se plantea la gestión gubernamental en aras de lograr sus planes y programas. O por aquella necesidad bastante manifiesta de “balancear indicadores de gestión”. Aunque un gobierno de corte autoritario, también lo hace. Pero bajo propósitos atentatorios de ideales de libertad y promotoras de derechos fundamentales. Además, para contrarrestar la movilidad de sectores de oposición cuando protestan la imposición de medidas opresoras tendentes a inhabilitar acciones políticas propias de una democracia funcional.

Es decir, cuando la política se ejerce a distancia de razones que explican su pertinencia en relación con los problemas terminales que acosan el sistema social, los conflictos aparecen por doquier. Y es precisamente, cuando las crisis políticas saltan cualquier obstáculo para preceder y presidir situaciones de toda naturaleza y condición. Sin embargo muchas veces se suscitan situaciones  de las que emergen problemas referidos a cuestiones políticas internas, negociaciones disfrazadas de necesidades elaboradas en laboratorios de oscura categoría, consideraciones propias de la rutina  burocrática y reacciones que develan arrebatos de espacios políticos sin otra justificación que la soberbia, el sectarismo interno y la revancha entre facciones. Y es bien sabido que estos casos ocurren cuando un gobierno, de corte autoritario, pretende imponerse por medio de elementos de violencia a los fines de aventajar coyunturas que tienden a salirle al paso bloqueándole expectativas y resultados esperados.

Es la oportunidad que caracteriza la palestra política cuando de determinar acciones que transgreden derechos y libertades, se trata. Y para eso suele la violencia convertirse en el criterio expedito para tramar la incidencia de la represión gubernamental trazada. Siempre con predeterminación y acentuada alevosía. En consecuencia, tan crudo ejercicio opresivo, propio de gobernantes despiadados, instan el apoyo de colectivos paramilitares y parapoliciales con el desalmado propósito de acentuar la represión de manera desproporcionada. De esa forma las acciones violentas tramadas, concilian pretensiones de poder con la desesperación que asalta gobernante de tan vulgar talante.

El caso venezolano, resulta cada vez más patético dado el tenor de las acciones asumidas a la par del discurso gubernamental apegado a amenazas o anotaciones de extraño infundio pues no terminan, por estrategia política, de descubrirse la intención que anima sus manifiestos. Y que sin duda, presume o encubre la violencia entendida como criterio de gobierno.

Declarar públicamente que acciones emprendidas en el sentido arriba señalado siguen las directrices del Foro de Sau Paulo, es indicador de que puede algunas medidas tomadas por el régimen venezolano esconden, bajo sus fauces dialécticas y discursivas, la violencia como canal para allanar el camino dela democracia. No sólo a nivel nacional, sino también internacional. De hecho, los sucesos que han sorprendido a países como Ecuador, Colombia y, más recientemente Chile y el particular caso de Bolivia, son de toda sospecha agudas demostraciones del tenor de la violencia dirigida por la susodicha corporación política.

Ante lo acontecido en esos países, cualquier explicación o excusa declarada por afectos al autoritarismo sólo logró que se advirtiera la barbarie escondida bajo los dictámenes del aludido Foro. En consecuencia, lidiar con la inequidad y la pobreza como señala cualquier propuesta político-electoral, se tradujo en la violencia que atiborró las calles de las capitales de dichos países. Pareciera haber llegado la hora de asegurar la subsistencia del ideario totalitario como medida tomada en el ámbito de reivindicar el autoritarismo para lo cual luce necesario de contener la verdad y disolver la incómoda institucionalidad democrática. Y para regímenes nauseabundos, tal anarquía es justificada. Sin medir consecuencias de cualquier índole. Sin importar nada. Caiga quien caiga. Y es lo que ha argumentado el régimen venezolano cuando habla de “radicalizar la revolución” enarbolando el invento del “socialismo del siglo XXI”, en nombre de un pueblo con hambre. Aunque con la hipocresía más desmedida, alega que son acciones emprendidas “por la patria grande”.

Es así como las disposiciones emanadas por la agenda del Foro de Sau Paulo, ordenan acciones -en una primera etapa- formuladas para “instalar el comunismo” en países de gobiernos democráticos. Para ello, busca desarticular los poderes públicos con el propósito de ordenar todo desde un único poder. Un poder centralizado y personalizado.

En una segunda etapa, plantea instaurar el necesario “control político y de la población” para así abrir los espacios que permitan, desde dicho poder central y omnímodo, arrasar en lo posible y con relativa rapidez con la institucionalidad democrática establecida. Y por consiguiente, evadir los derechos humanos que incomoden las operaciones de desorden predeterminadas.

Y en una tercera etapa, habla de “distribuir la riqueza”. Pero no en un sentido amplio y de acuerdo con las capacidades y potencialidades individuales, organizacionales e institucionales. Por lo contrario, la orden emanada por las organizaciones políticas reunidas bajo el engañoso mote de Foro de Sau Paulo, requiere de cualquier rapacería que conduzca a la expropiación de la propiedad privada a fin de “escarmentar a la clase alta y media económica” por cuanto considera que “el dinero es pecado”. Por tanto, los medios de producción, estarán “en manos del Estado”.

(Véase en https://congresonacionalciudadano.wordpress.com/tag/foro-de-sao-paulo/)

Y como quien se arroga el manejo del poder, el autoritarismo empoderado puede igualmente maniobrar toda situación operando condiciones y recursos como en efecto lo lleva a cabo mediante la palabra expuesta a través de la hegemonía comunicacional gubernamental. Asimismo, a través de canales operativos con la capacidad de inducir conmoción a través de acatamientos intergubernamentales. O por el desenvolvimiento financiero capaz de movilizar personal preparado para actuar desde la oscuridad. Incluso, mediante el apresto militar movilizado por instancias gubernamentales ganadas por el autoritarismo a través de la  corrupción y el chantaje. Cualquiera de estos estamentos, son de fácil adscripción en lo que cabe dentro del concepto de violencia política la cual indistintamente de su género, causa mermas y destrozos por igual.

Y sin duda alguna que esa manera de actuar apegado a la fuerza de armas e instrumentos causantes de desgracias y daños personales y colectivos, es para agrupaciones de la sucia calaña del Foro de Sau Paulo, la más diligente articulación entre el poder político y objetivos de arrinconamiento de la democracia autonómica.

Por eso dicho Foro se declara como el conciliábulo de agentes representativos del socialismo, enfrentados al capitalismo. Peor aún, excusándose de acciones a emprender que no se compadecen del dolor y tragedia que puedan causar. De ahí que dicho Foro se constituyó en una gruesa amenaza continental con el cuento de que su tarea es necesaria y emergente. Pero nada de eso. Es, sin duda, esta -un tanto- la razón que explicaría cómo ahora habría pasado a ser la violencia, ¿un negocio político