EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS evalúa una denuncia formulada por el gobierno colombiano sobre la aprehensión en Venezuela de un contingente de personas nacidas en ese país, como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por organismos de seguridad para el desmantelamiento de un supuesto complot contra el presidente Nicolás Maduro, en septiembre de 2016.

En esos días, el descontento contra el mandatario estaba en ebullición, y la oposición parecía encaminada a dar la estocada definitiva. Mientras la prensa internacional reportaba en vivo sobre el éxito de la llamada Toma de Caracas, Maduro encabezaba una concentración en la avenida Bolívar, que sirviera como dique ante un posible avance de los miles de manifestantes opositores, reunidos en el este de la ciudad.

Luego de varios rodeos, el Presidente reveló el hallazgo de un supuesto “campamento” de subversivos. Sus palabras deben ser recordadas:

“Hemos estado con la OLP capturando mercenarios en la zona norte de Caracas. Ustedes no lo saben. Yo se los voy a decir. En la zona norte de Caracas, en Manicomio capturamos un campamento de paramilitares colombianos, con 92 colombianos allí, a 500 metros de Miraflores, hace dos días. Capturamos a importantes dirigentes de la derecha golpista, con planes para colocar bombas, con armas, con miles de dólares falsos y miles de dólares verdaderos. Con planes para atacar a su propia gente”.

Al día siguiente, el titular de Relaciones Interiores Néstor Reverol cumplía la orden de darle sustento a lo señalado por el jefe del Estado. Dijo que en realidad eran dos los supuestos campamentos donde se alojaban los 92 irregulares neogranadinos. Uno en Tacagua y otro en Manicomio. Y mostró dos fusiles de distintos calibres e igual número de escopetas.

Pero esto no bastaba. El Gobierno encomendó a la Policía Nacional la detención de los colombianos. En efecto, fueron 92. Pero de acuerdo con los abogados Sergio Aranguren y Ricardo Reyes estos procedimientos ocurrieron en distintas partes del Distrito Capital, no precisamente en Manicomio. La mayoría fue en barrios de Libertador y en Petare.

Una de las detenciones se produjo en una oficina del Saime en Caracas. Fue el caso de Helen Hincapié Brochero, quien migró al país desde Colombia cuando tenía doce años.

“Siempre me movilicé a sacar los papeles, pero nunca se presentó la posibilidad de sacarlos. Me dieron una boleta de citación en el Saime para que me presentara. Me presenté con todos mis papeles. Tenía el pasaporte, pero el sello había vencido. Fue para la época en que Maduro cerró la frontera. Cuando me presento en el Saime evalúan mi caso. Me dicen que como no tenía ni hijo ni esposo me iban a deportar. Me detuvieron y me quitaron todas mis pertenencias. Pasaron ocho días. Una noche me sacan en una patrulla y me llevan para Delincuencia Organizada. Mis familiares preguntaron y les dijeron que eso era rutina, que el lunes regresaría al Saime. El lunes se convirtió en más de dos años. Después empezaron a decirnos que nos hacían pasar por paramilitares”, relató.

Los detenidos eran gente humilde, totalmente ajena a la política. Aranguren y Reyes se involucraron en el caso puesto que uno de los privados de libertad, Albert Yépez Carrillo, hacía labores de mantenimiento en la vivienda del primer litigante y carecía de medios para pagar una defensa.

Los supuestos paramilitares nunca fueron presentados ni imputados formalmente ante ningún tribunal. El Gobierno había cumplido con su objetivo, que era desmovilizar a la oposición, ligándola nuevamente con supuestos complots. Y mientras tanto, los colombianos pasaban los días, los meses y los años a merced de sus carceleros. Primero, en la estación de la Policía Nacional en Maripérez. Luego, en la sede del mismo cuerpo en La Yaguara.

En noviembre de 2017, el juzgado 27 de control de Caracas declaró con lugar una solicitud de hábeas corpus para todos los colombianos afectados por este montaje. Habían transcurrido catorce meses desde que fueron privados de libertad. Algunos de los que formaban parte del grupo inicial lograron evadirse sin mucho escándalo. Otros dos murieron por enfermedades y otros fueron liberados mediante medidas humanitarias, pues estaban profundamente afectados por las condiciones de insalubridad de los retenes. Hoy quedan 59.

La orden de liberarlos emitida por el tribunal de control nunca fue ejecutada. Esta es la principal razón por la que se llevó este caso ante la instancia de Naciones Unidas que investiga las detenciones arbitrarias.

El Gobierno percibe que esta iniciativa –y la decisión consecuente- podría profundizar su desprestigio internacional. El 21 de noviembre, el fiscal del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia Victor Hugo Arias solicitó la “revisión constitucional” del hábeas corpus decidido un año antes. Ese mismo día, el magistrado de la Sala Constitucional Juan José Mendoza emitió una ponencia según la cual se suspendían los efectos de la sentencia ordenada por el tribunal de control.

Durante los últimos meses de este proceso, el Foro Penal se ha involucrado en la defensa de 35 de los colombianos. El representante de esta organización Alfredo Romero cree que forman parte de una categoría especial de presos políticos, que son mantenidos tras las rejas pues sirven para sustanciar un discurso gubernamental. Para él, son simplemente “rehenes”.

Mientras estas líneas eran escritas, una comisión del Saime visitaba por primera vez a los detenidos en la estación de la Policía Nacional. Extraoficialmente se conoció que comenzaron a elaborar expedientes administrativos con el propósito de deportarlos del país o aplicar alguna medida administrativa. Una solución apurada para este grupo de colombianos olvidados.

*Las estafas a través de Facebook han cobrado auge en el país durante las últimas semanas. Los primeros alertas llegaron desde Amazonas y Aragua. Una colega relató al correo crimenessincastigo@gmail.com un incidente del cual ella formó parte colateral, puesto que intentaron involucrarla en el proceso de engaño. Comenzó el 16 de noviembre, cuando fue hackeada la cuenta que tiene en esa red social una amiga de la infancia de la periodista. “El delincuente aprovechó la oportunidad de que mi amiga cumplía años el 14 de noviembre (…) y se comunicó con varios de sus contactos a través de la mensajería directa, para informar que su número de celular ahora era 0414-XXXXXXX”. Luego, el pirata informático puso en venta a través del Messenger la cantidad de 1.100 dólares. Ella se comunicó vía whatsapp al número suministrado por la persona que suplantó la cuenta. “Le saludé como de costumbre. Su respuesta fue efusiva y con palabras que no me hicieron sospechar”, recordó. Luego, el timador le insistió en la oferta de la moneda estadounidense. Dos días después, la comunicadora recordó que una familiar tenía interés en adquirir las divisas, y le dio el número del pirata informático que fingía ser su amiga. Pero ese familiar tampoco tenía todo el dinero, y buscó a una tercera persona, que sí reunió el equivalente a la suma ofrecida. En ese proceso, la periodista se enteró de algunos alertas sobre estafas a través de la red social, e intentó llamar al número suministrado por el pirata informático. Desde luego, este nunca atendió. “Después de indagar y verificar pude contactar a mi amiga de verdad, quien no tenía la menor idea de que su cuenta Facebook había sido hackeada, y que alguien estaba estafando en su nombre”, relató. Para ese momento, ya la transferencia en bolívares por los 1.100 dólares se había concretado. El estafador desapareció. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público.

*¿Quiénes son los principales violadores de derechos humanos en Venezuela? Una encuesta llevada a cabo durante la última semana de octubre y los primeros días de noviembre revela que la mayoría de las opiniones (33,6%) apunta al Ejecutivo, es decir, el Presidente y su tren ministerial. Luego están la Guardia Nacional (21,6%), el Sebin (16,1%) y la Policía Nacional (8,6%) Estos resultados llaman la atención si se toma en cuenta que el trabajo de campo se desarrolló pocos días después de la muerte del concejal Fernando Albán, mientras estaba en custodia de la policía política. Aun asi, las actuaciones de los militares durante las protestas de 2017 siguen influyendo en la percepción de los encuestados.