La detención preventiva en Venezuela se ha convertido en un caos y uno de los graves problemas del sistema penitenciario venezolano, aun cuando el organismo encargado de garantizar el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, como es el Ministerio del Servicio Penitenciario, pretenda escurrirse el bulto y responsabilizar de esta crisis a los que no son.
A manera informativa es importante que los lectores sepan que si una persona es detenida por policías por haber delinquido es llevada a centros de detención preventiva de los cuerpos policiales, llámese comisarías, retenes, comandos policiales, etc. En estos recintos los detenidos deben permanecer las primeras 48 horas, periodo en el que es presentado ante un juez que, en caso de dejarlo privado de libertad, decide cuál es el recinto carcelario al que debe ir. Esto, en los actuales momentos, es simple teoría, nada se cumple.
La detención preventiva en Venezuela se ha sumado al caos que se vive desde hace mucho tiempo en todas las cárceles del país. Solo basta darnos un paseo por las noticias y ver que solo en los últimos días en el retén policial de Carúpano 600 reclusos realizaron una huelga de hambre por las condiciones en que se encuentran; en Barquisimeto, en una riña hubo dos presos decapitados y en el retén de menores de la misma entidad los jóvenes detenidos hicieron una huelga de sangre para denunciar los maltratos que reciben por parte de los funcionarios de ese sitio. Igualmente en la sede de la Policía del Táchira los presos secuestraron a 2 funcionarios policiales y 10 familiares que estaban de visita reclamando por sus condiciones de vida en ese lugar. Al momento de escribir estas líneas este evento en Táchira seguía sin solución y llevaba 6 días de haberse iniciado el conflicto.
El defensor del Pueblo, en uno de los pocos arranques de sensatez que tiene, reconoció esta crisis que se vive en los centros de detención preventiva y dio cifras considerables en este sentido. Anunció que en estos recintos había 33.000 detenidos, de los cuales 27.000 se encuentran en sedes de policías estatales, municipales y nacional; 5.000, en calabozos del Cicpc. De todos estos detenidos hay 3.000 que ya están condenados y para el resguardo y custodia de estas personas se emplea 30% de los funcionarios policiales.
De acuerdo con datos anteriores de una investigación que estamos haciendo en la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, les podríamos agregar a estas cifras de la Defensoría del Pueblo que estos reclusos están regados en aproximadamente 400 recintos a lo largo y ancho de toda la nación con un hacinamiento extremo en todos y en algunos casos cifras alarmantes que superan el 1.000%.
El problema del hacinamiento en los centros de detención preventiva, al igual que en los recintos carcelarios, es consecuencia de la mala política en materia penitenciaria que afrontamos en Venezuela. Hay que tomar en cuenta que mucho antes de que se creara el Ministerio del Servicio Penitenciario se había ofrecido que se construirían 25 nuevos recintos carcelarios, y solo se construyeron 3 (CP. Coro, Yare III y CP. Región Insular). Igualmente la ministra del Servicio Penitenciario al inicio de su gestión, hace 5 años, ofreció la construcción de una cárcel para procesados en cada estado del país y hasta ahora solo ha hecho 2 (26 de Julio y CP. Fénix), por lo que convirtió estas promesas incumplidas en una de las principales causas del caos que se vive en la totalidad de los centros de reclusión.
Para que tengan una idea de la gravedad del problema que vivimos en estos sitios, les decimos que la capacidad aproximada en todos los centros de detención preventiva es de 8.000 reclusos y tenemos 33.000. Por otra parte, en los centros penitenciarios hay un aproximado de 55.000 reclusos, y su capacidad es solo para 20.000. Tenemos una cifra de personas privadas de libertad que aproximadamente es de 83.000, donde solo hay una capacidad real para tener 28.000. Tenemos un excedente de 55.000 reclusos, cifra sin dudad alguna alarmante.
No menos grave resulta que al menos 30% de los funcionarios policiales están dedicados a cuidar presos, en vez de estar en las calles velando por la ciudadanía en uno de los países más peligrosos del mundo.
La situación es grave y el régimen nada hace para solucionarlo, el ministerio solo ofrece y miente, pero no cumple y se niega a asumir que la crisis que se vive en los centros de detención preventiva es su única y absoluta responsabilidad, al implementar mecanismos de acceso de detenidos a los recintos carcelarios bajo su mandato, con procedimientos arbitrarios e ilegales.
La situación cada día es más delicada. No solo es el alto porcentaje de policías cuidando reclusos, sino que de continuar la situación llegará el momento en que los cuerpos de seguridad no podrán detener a delincuentes porque no tienen dónde meterlos. El ministerio tiene que responder a este problema pronto.
@cnietopalma
El Nacional
