No hay razón alguna para que quienes se hicieron profesionales, luego docentes y hasta autoridades universitarios, arremetan en contra de la institución que cobijó sus sueños y proyectos de vida académica. Es un verdadero exabrupto que profesores de la Universidad de Los Andes, desde la investidura que los acredita como diputados de la República, se hayan planteado el desvergonzado propósito de acorralar su institución, su Alma Mater. Es el caso que explica el llamado “Acuerdo de Rechazo a la Paralización de las Universidades Autónomas”, emitido el martes 3-N en medio de una algarabía propia de todo mercado de “mala muerte”.
El aludido manifiesto no sólo es expresión del resentimiento de personas aferradas a instigar odio y desmembrar en lo posible la unidad a partir de la cual se cimentó la democratización del sistema político que, luego de 1958, inspiró el desarrollo de la Universidad venezolana. Tan insultante texto, al mismo tiempo, constituye un remedo de lo que nunca ha podido reponerse luego de innumerables promesas electorales expuestas alrededor de la necesidad de superar la crisis que comenzó a agobiar las universidades al término de 2007. Fue el momento para aplicar la reconducción presupuestaria que desconoce el crecimiento universitario. Fue el tiempo para imponer la figura de la universidad socialista a través del saqueo de la autonomía universitaria para lo cual se han valido de acciones de terrorismo judicial.
Pero no conforme con tan opresivo modo de accionar perversos mecanismos de desmembración institucional-académicos, estos gobernantes de marras se dieron a la tarea de amenazar a la comunidad universitaria mediante resoluciones dirigidas a usurpar la libertad de iniciativa característica de la institución en contravención con lo dispuesto por la Ley de Universidades. A pesar de haber pretendido exaltarse sus bondades cuando el cuestionado documento, entre sus Considerando, refiere el primer artículo de tan significativa legislación a manera de asentir que, por vía del susodicho precepto, puede arribarse a “la construcción de sociedad que queremos”.
Más aún, lejos de exhortar algún canal de diálogo en medio de la vigente crisis, el Acuerdo aprobado con los votos de la bancada del oficialismo adulador, representa la expresión más oprobiosa de lo que la Constitución destaca cuando describe que el Estado tiene como proyecto fundamental “la construcción de una sociedad justa y amante de la paz”, tanto como la “promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”. Ello, en aras de asegurar un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
Sin embargo, la lectura más ligera, así como aquella sometida al análisis lingüístico más escrupuloso, llegan a la misma conclusión. Es decir, contradicciones por doquier, deplorable redacción, inconsistencias conceptuales, incoherencia discursiva, exaltación a desconocer la realidad académica universitaria, vulneración al significado y alcance de autonomía universitaria, incitación al desencuentro, llamado al intervencionismo, declaración velada de abuso de poder, desafío a la normativa constitucional y arrogancia manifiesta.
Aunque lo más grave de todo cuanto afirma tan insultante proclama de excedidas consideraciones, es que luce, tristemente, como una demostración de ingratitud de sus firmantes, o un testimonio de mezquindad. O aún peor, la apología de una traición.
@ajmonagas
