El mandatario dijo que la ONU no es un ente para «estar calificando» al sistema judicial venezolano
Nicolás Maduro dijo este 19 de febrero, en su programa semanal «Con Maduro +», que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) en Caracas se dedicaba al «espionaje y la conspiración»
Estas declaraciones ocurrieron luego de que su gobierno obligara a los 13 funcionarios de la Oacnudh a retirarse del país en un plazo de 72 horas el pasado 15 de febrero. Se conoció que estos funcionarios ya están en Panamá.
A continuación, un resumen de las perlas más destacadas de Maduro en su alocución.
«Esa oficina se desvió (…) se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».
Nicolás Maduro se refiere a suspensión de actividades de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH: “se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) y luego se transformó en lo que denominamos bufete de abogados de terroristas…” pic.twitter.com/elBvjZhKPr
— Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) February 20, 2024
«Ellos se la pasaban aplicando el colonialismo judicial», dijo Maduro.
Hasta ahora, en las universidades se maneja el término «colonialismo judicial» para referirse al reconocimiento jurídico limitado de las poblaciones indígenas durante los siglos XVII y XIX por los reinos de España, Portugal, Países Bajos y Francia. Pero, desde noviembre del 2023, un grupo de periodistas de la «Misión Verdad», una institución del gobierno de Maduro, acuñó el término para referirse a los «orígenes eurocéntricos, expansionistas, asimilacionistas y homogenizadores» de instituciones de alcance mundial como la Corte Internacional de Justicia.
«Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron los términos, los principios del acuerdo firmado, violaron la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas».
«Se firmó (un acuerdo de entendimiento entre Maduro y la Oacnudh en 2019) y se instaló la oficina, y esa oficina se desvió (…). Aparecía una conspiración de un intento para matar al presidente de la República, y ellos lo primero que hacían era decir ‘queremos ver el expediente’».
«La gota que rebosó el vaso fue un caso reciente con una persona involucrada en estas labores de espionaje, referida por los involucrados, y ellos salieron a calificar a la Fiscalía y al poder judicial de manera abusiva, rompiendo las reglas del documento firmado. Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron los acuerdos del principio».
Al caso que se refiere Maduro es a la detención arbitraria y desaparición forzada de la activista venezolana Rocío San Miguel el pasado 9 de febrero. El Estado no brindó información por más de 4 días sobre el paradero de San Miguel y de 4 de sus familiares. No fue hasta el 19 de febrero, diez días después, que el abogado de San Miguel informó que la hija de la detenida pudo contactarse.
La descripción de los hechos coinciden con la definición de desaparición forzada según el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el 13 de febrero, cuatro días después de la denuncia de la detención de San Miguel sin que el Estado respondiera por su paradero, las Naciones Unidas manifestó en su cuenta de X (Twitter) su «preocupación» sobre el caso y su calificación «potencial» como una desaparición forzada.
#Venezuela: We are following up on the detention of human rights defender Rocio San Miguel with deep concern. Her whereabouts remain unknown, potentially qualifying her detention as an enforced disappearance. We urge her immediate release & respect for her right to legal defence.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 13, 2024
«Ellos no están para estar calificando, ellos no son fiscal en Venezuela. De verdad, aquí las instituciones han respondido. A esta gente se le dio 72 horas. Todos se fueron del país el sábado (17 de febrero), afortunadamente. Y hasta tanto, esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique no volverá al país. Esperemos que rectifiquen».
Dentro de las funciones de la Oacnudh se encuentra el pronunciamiento «frente a las violaciones de derechos humanos» y asesorar a los Estados para mejorar sus sistemas de justicia para vulnerar la menor cantidad de derechos fundamentales posibles.
Con la expulsión de la Oficina de Venezuela, los 13 funcionarios informaron este 20 de marzo que seguirán evaluando las vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela desde Panamá, ya que la institución se ampara en el derecho internacional para mantener sus funciones en un país miembro de las Naciones Unidas.
