BCV cumple 10 meses sin publicar cifras oficiales de inflación
El Banco Central de Venezuela (BCV) cumplió 10 meses sin publicar las cifras oficiales, que incluyen entre otras la inflación (Índice Nacional de Precios al Consumidor), el Producto Interno Bruto (PIB), entre otros.
Esto significa que el BCV tiene 10 meses violando su propia Ley que lo obliga a publicar datos oficiales durante los primeros días de cada mes.
Durante este año, organizaciones como Transparencia Venezuela han criticado abiertamente el silencio del BCV, incluso tramitando una demanda contra el presidente de ese organismo para que publique las cifras, sin frutos.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, estimó la semana pasada que la inflación cerrará el año 2015 entre 80 y 85%, sin precisar si el BCV publicará o no alguna cifra este año. (El Universal)
Tasa Simadi sube y cierra este martes en Bs. 199,98
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este martes n Bs.199,98 por dólar, una subida de Bs.0,39 céntimos con respecto a su cotización de la jornada anterior, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
El organismo emisor también informó que por este tercer mercado oficial se atendió 6,37% de las liquidaciones de divisas procesadas en el día, quedando el 93,63% restante en manos de los sistemas administrados. (El Mundo)
Sanciones y cárcel establece reforma de la Ley de Precios
1Multa.
2Cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al comercio, conservación y almacenamiento.
3Suspensión temporal del Rupdae.
4 Ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios, transporte de bienes, por un lapso de 180 días, prorrogables por una sola vez.
5 Clausura de almacenes, depósitos y establecimientos dedicados al comercio, conservación, almacenamiento, producción y procesamiento de bienes. (El Mundo)
Reforma de la Ley de Precios Justos aumenta penas y sanciones
Mediante la vía Habilitante, el Ejecutivo nacional aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos, a través del decreto presidencial N° 2.092 que circula este martes en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.202.
La normativa tiene como objeto el establecimiento de normas para la determinación de precios de bienes y servicios, los márgenes de ganancia, los mecanismos de comercialización, y los controles que se deben ejercer para garantizar el acceso de las personas a precios justos.
Con la publicación de este decreto, queda derogada la Ley Orgánica de Precios Justos que fue aprobada el 14 de noviembre de 2015 a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.156.
Sanciones
Uno de los cambios más resaltantes de la nueva normativa, es el aumento de las sanciones y penas a quienes incurran en los delitos estipulados, las cuales van desde prisión hasta multas y cierre temporal de almacenes, depósitos y establecimientos, suspensión temporal en Rupdae, ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios.
>Expendio de alimentos o bienes vencidos: Multa de 500 a 10.000 Unidades Tributarias. Si se tratase de alimentos o medicinas vencidas que pongan en riego la vida o salud de las personas, será sancionado con prisión de siete a nueve años.
>Especulación: Prisión de ocho a diez años. Además, puede contemplar la ocupación de temporal hasta por 180 días y una multa de 1.000 a 50.000 Unidades Tributarias.
>Importación de bienes nocivos para la salud: Prisión de seis a ocho años.
>Alteración fraudulenta: Prisión de cinco a diez años, ocupación temporal d hasta por 180 días y multa de 500 a 10.000 Unidades Tributarias.
>Acaparamiento: Prisión de ocho a diez años y ocupación de temporal de hasta 180 días.
Los contribuyentes especiales podrán ser sancionados con una multa de hasta el 20% de los ingresos anuales. En caso de reincidencia, la multa se aumentará a 40% sobre los ingresos netos, contemplará la clausura indefinida y la suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae).
>Boicot: Prisión de 12 a 15 años, ocupación temporal por 180 días. contribuyentes especiales podrán ser sancionados con una multa de hasta el 20% de los ingresos anuales. En caso de reincidencia, la multa se aumentará a 40% sobre los ingresos netos, contemplará la clausura indefinida y la suspensión del Rupdae.
>Desestabilización de la economía: Las penas contempladas en la Ley Orgánica serán aplicadas en su límite máximo.
>Reventa de productos: Este delito amplía el margen de aplicación a «los productos de la cesta básica o regulados», en la anterior normativa solo contemplaba los productos declarados de «primera necesidad». La pena queda establecida con prisión de tres a cinco años, multa de 200 a 10.000 UT y comiso de las mercancías.
Este delito especifica que «quienes dirijan un grupo estructurado o asociado para la cosiión de delito» serán sancionados con la Ley Orgánica contra la delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Igualmente, será sancionada la reventa a través de medios electrónicos, publicitarios o de cualquier otra índole que conlleve a la comisión de la infracción.
>Condicionamiento: Prisión de tres a seis años y multa de 500 a 10.000 UT. La reincidencia será penada con cierre temporal hasta por 90 días.
>Contrabando de extracción: Este delito contempla la pena más elevada, la cual queda establecida en 14 a 18 años de prisión. Además, multa de doble de valor de la mercancía, no siendo en ningún caso menor a 500 UT.
>Usura: Prisión de cinco a ocho años de prisión y suspensión del Registro Único.
>Usura en operaciones de financiamiento: Pena de cinco a ocho años de prisión y suspensión del Registro Único.
>Alteración en bienes y servicios: Prisión de dos a cuatro años y suspensión del Registro Único.
>Alteración fraudulenta de precios: En esta nueva normativa contempla prisión de 8 a 10 años y se pena a «quien de menra directa o indirecta, con engaño y fines de lucro, aplicare o informare, por cualquier medio, un tipo de cambio distinto al fijado por el Ejecutivo Nacional para la estimación de precios de bienes o servicios, en el territorio nacional».
>Corrupción entre particulares: Pena de prisión de cuatro a seis años y suspensión del Registro Único.
>A estos delitos, que eran contemplados por la anterior ley, se suma la «difusión fraudulenta de precios» que establece una sanción con prisión de dos a cuatro años a quien «difunda por cualquier medio, noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engaño o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los bienes o servicios, o valor real de los elementos que componen su fijación».
Fijación de precios
Con respecto a la fijación de precios, la ley establece que ningún margen de ganancia podrá ser superior al 30% de la estructura de costos del bien producido o servicio prestado.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de las Derechos Socioeconómicos (Sundde) podrá determinar los márgenes de ganancia por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica o cualquier otro concepto.
Este ente quedará encargado conjuntamente con el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) de la administración de divisas para la inversión de los bienes o servicios ofrecidos. (El Mundo)
Reforma a ley Sundde es severa en vigilar precios
Las reglas de juego entre consumidores y el sector público productor e importador, al igual que el empresariado privado tradicional que acá operan, quedaron definidas en la segunda reforma al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, y sólo se aguarda por la reforma a la Ley de Ilícitos Cambiarios, actualmente en revisión por la Procuraduría General de la República y que saldrá en breve.
Sobre todo, se verá si el texto extraordinario 6.202 aparecido en la Gaceta, «puede proteger el salario y los ingresos de la familia, e impulsar el desarrollo socio productivo con equidad y el dinamismo para crear un sistema que garantice una estructura de costos justificable y que las personas puedan tener acceso a los bienes y servicios sin la especulación que se observa, con fiscalizaciones incluidas, y pese a la primera reforma que estableció el PMVP y el de Precios Justos».
El texto aborda el tema de las modalidades de precios, el marcaje, la adecuación contínua, márgenes de ganancias, principios para la imposición de sanciones, multas y lo que se les aplicará a los infractores, en términos bastante severos en cuanto a delitos, responsabilidades penales, montos de las multas en unidades tributarias, encarcelamiento y los años a aplicarse, ocupación temporal de activos, infracciones, especulaciones y expendio de alimentos o bienes vencidos, entre otros.
Igualmente, la reforma toca la alteración fraudulenta, acaparamiento, boicot, desestabilización de la economía, reventa de productos, contrabando de extracción, usura, alteración de bienes y servicios, difusión y alteración fraudulenta de precios y corrupción entre particulares.
Cabe precisar que en cuanto a la Excepción a los beneficios procesales, «los delitos de especulación, acaparamiento, boicot y contrabando no serán objeto de beneficios ni en los procesos judiciales ni en el cumplimiento de la pena». Queda derogado el Decreto anterior del 19-11-14 y los procedimientos que se encuentran en curso tendrán continuidad. Prácticamente es una nueva normativa para hacer frente al tema de precios. (El Universal)
Consecomercio impugnará Ley de Precios Justos
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) emitirá una solicitud para derogar la reforma de la Ley de Precios Justos.
En rueda de prensa, la líder del gremio, Cipriana Ramos, alertó que la norma atenta contra la sustentabilidad de los comerciantes. “Nos están obligando a bajar las santamarías”, señaló, y agregó que próximamente estarán emitiendo una solicitud de impugnación de la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia.
“Vamos a impugnar la ley de reforma de precios justos, el próximo jueves el comité ejecutivo estará en reunión con los abogados, y ese día determinaremos cómo y cuándo haremos la solicitud de derogación”, indicó Ramos.
“Cuando tienes una ley cuyas penas son hasta de 18 años, que son más las sanciones que los incentivos y las alternativas, entonces se trata de una ley que definitivamente tiene que revisarse, sobre todo si ataca al sector que más empleo genera en el país”, dijo Ramos. (El Mundo)
Comercios estarán cerrados en el primer trimestre de 2016 por falta de mercancía
A dos semanas de celebrarse el Día Nacional del Comercios y los Servicios, el sector terciario considera que no hay motivos para festejar. Por el contrario, advierte que muchos negocios privados están quebrados y que para el primer trimestre de 2016 estarán cerrados por falta de mercancía.
Cipriana Ramos, presidente de Consecomercio, dijo que están imposibilitados de reponer los inventarios debido a que el gobierno no liquida dólares oficiales ni permite que los importadores puedan adquirir productos en el extranjero a una tasa de cambio libre, porque no les reconoce el costo. Únicamente a 7% de los importadores le han entregado divisas este año y solo a 10% de los comerciantes, de allí que los anaqueles estén vacíos.
Recordó que hace dos años ocurrió el “Dakazo”, una medida gubernamental que los dejo con las vitrinas sin mercancía y aún no se han podido reponer. Indicó que la acción generó “más escasez, cierre de establecimientos, desempleo sectorial, desabastecimiento en expansión, colas en abundancia y más consumidores molestos”.
Ahora los obligan a rebajar los precios de los productos de entre 10% y 50%, con lo cual los fuerzan a vender por debajo del costo, y los está descapitalizando. “El que compró mercancía con sus ahorros está en la quiebra y es preferible que la venda entre su familia”, enfatizó.
Además, el gobierno modificó por tercera vez la Ley de Precios Justos, que fue calificada por Ramos de altamente punitiva, con sanciones penales de hasta 10 años de cárcel y pérdida del patrimonio. “La ley hace inviable la actividad comercial, limita la creación de empresas, la generación de empleo y el progreso de los ciudadanos”.
La legislación establece normas para la determinación de precios de bienes y servicios, márgenes de ganancia, mecanismos de comercialización y controles que se deben ejercer para garantizar el acceso de las personas a bienes y servicios justos.
La ejecutiva informó que el gremio impugnará la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia y pedirán su derogación porque el nuevo reglamento “obliga” al sector comercial a bajar la santamaría y profundizará las consecuencias en contra de los comerciantes de lo que se inició con el “Dakazo” hace dos años.
Desempleo. Ramos advirtió que el sector genera 70% del empleo en el país y una buena parte de sus trabajadores quedaría sin fuente de ingresos si dejan de funcionar. Alertó que una vez que se termina la mercancía y un comercio deja de operar es muy difícil que vuelva a abrir.
Señaló que según cifras del gremio 70% del sector comercial e industrial en Ureña y San Antonio del Táchira dejó de trabajar por el cierre de la frontera, la falta de inventario y el estado de excepción. En Paraguaná, estado Falcón, contabilizan que 30% de los establecimientos se quedaron parados por la falta de inventario.
Afirmó que los últimos procedimientos contra vendedores particulares de autopartes y de los concesionarios de los mercados municipales de Quinta Crespo y Coche, en Caracas, como en otras partes del país, han sido excesivos y dejaron a pequeños comerciantes sin mercancía y endeudados, después de mucho trabajar.
Aseveró que la escasez, el desabastecimiento, las colas y la informalización del comercio no se combate con mecanismos punitivos contra productores, industriales o comerciantes. “Eso solo es posible con más y mejor producción nacional e importaciones oportunas y dinámicas de insumos, materias primas, repuestos, bienes de capital y con las compras internacionales complementarias a lo que se puede producir en el país”. También es posible con la eliminación progresiva de los controles de cambio y de precios y con la adopción de una ya impostergable disciplina en las políticas fiscal y monetaria del país, añadió.
LAS CIFRAS
50% han descendido las importaciones privadas de productos entre los meses septiembre y octubre de 2015 con relación a igual período del año pasado.
70% de los comercios e industrias en Ureña y San Antonio del Táchira dejó de funcionar por el cierre de la frontera y el estado de excepción, dijo Cipriana Ramos. (El Nacional)
Fedecámaras dice que el Gobierno aún puede tomar medidas para evitar la hiperinflación
La mayor patronal venezolana, Fedecámaras, dijo que aún hay tiempo para evitar una hiperinflación y “un deterioro más pronunciado” de la economía si el Gobierno de Nicolás Maduro llega a acuerdos con los diferentes sectores productivos del país y se realizan las reformas adecuadas.
“Yo creo que estamos a tiempo de evitar (…) una hiperinflación si se hacen las reformas adecuadas en el plano económico y monetario del país”, dijo el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, a la emisora privada Unión Radio.
Indicó que el Gobierno aún tiene la posibilidad de encontrar soluciones a la crisis “siempre y cuando pueda sentarse a acordar con los diferentes factores y sectores de la producción”, tanto con trabajadores como con empleadores, para llegar a un “gran acuerdo” y evitar así “un deterioro más pronunciado”.
“Estamos todavía a punto de evitar que la recesión escale, ya en este año puede estarse proyectando a menos 10 puntos porcentuales” del Producto Interior Bruto (PIB), dijo Martínez, quien indicó que para el año que viene se proyecta el doble de esta caída, una posibilidad que calificó de “realmente grave”.
“Todavía tenemos esa oportunidad de ponernos de acuerdo y asumir la responsabilidad el sector público, los trabajadores y los empresarios, para solventar los problemas del país”, dijo al reiterar la propuesta de diálogo.
Sin embargo, señaló que entre Fedecámaras y el Gobierno se han producido algunas reuniones “preliminares” que no han rendido frutos y que los representantes de este gremio se mantienen en la misma posición: “Dispuestos al diálogo nacional, estamos dispuestos a llegar a ese gran acuerdo nacional”.
La información sobre el índice de inflación a lo largo de todo el 2015 no ha sido notificada por el Banco Central de Venezuela (BCV), que tampoco ha informado sobre el indicador de precios al consumidor y la evolución del PIB. (La Patilla)
Presupuesto 2016 registra un déficit de 72% en términos reales
La Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela indicó que el monto del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2016, registra ya un déficit de 72% en términos reales.
Explicó Mercedes De Freitas, directora de la ONG, que de acuerdo a los actuales niveles de inflación y en comparación al gasto total ya ejecutado en 2015 junto con los créditos adicionales, el presupuesto del próximo año vuelve a ser deficitario, lo que queda en evidencia la poca planificación fiscal.
El monto del presupuesto que se estableció para 2016 asciende a 1 billón 548 mil 574 millones de bolívares, sin embargo, es menor al gasto que se fijó para 2015 aunado a la solicitud de recursos extraordinarios que se realizaron a lo largo del período para sumar Bs. 1 billón 924 mil 573 millones. “El Banco Central de Venezuela no ha informado de la inflación acumulada de este año, pero al utilizar los cálculos de firmas privadas que la estiman en 182%, observamos que en términos reales el gasto para 2016 cae 72%. (El Mundo)
Elaboran informe de Leyes de Presupuesto y Endeudamiento
Los informes de la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento 2016 serán entregados entre ésta y la próxima semana por las sub comisiones de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, designadas.
Los documentos se están elaborando en base a los libros entregados por los distintos organismos públicos, y después de la comparecencia de la mayoría de ellos.
Los entes estuvieron asistiendo por espacio de tres semanas a la Comisión de Finanzas; para exponer en principio lo referente a los ingresos, y posteriormente para hablar de los resultados del 2015 y justificar la solicitud de recursos para los distintos programas y obras propuestos. (El Mundo)
