Denuncian amenazas contra madre de testigo clave de indígenas yanomami asesinados - Runrun
Denuncian amenazas contra madre de testigo clave de indígenas yanomami asesinados
Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, consignó la denuncia ante el fiscal 91 en materia indígena

 

Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, denunció ante el Ministerio Público las amenazas contra la madre del testigo clave del asesinato de cuatro indígenas yanomami en marzo. 

El defensor sostuvo una reunión con Ángel Rodríguez, fiscal 91 en materia indígena con competencia nacional, ante quien expuso las amenazas contra la señora Cenoya  Silva.

Ella es la madre de Borges Sifontes, uno de los indígenas a quienes hirieron el 20 de marzo en el sur de Amazonas.

Como se recordará, en este suceso murieron cuatro indígenas yanomami a manos de militares. El hecho ocurrió en  Parima B, municipio Alto Orinoco de Amazonas.

En esa fecha, hubo un enfrentamiento entre indígenas yanomami y efectivos de la Aviación Militar de una base de seguridad fronteriza.

Y esto porque los castrenses negaron el uso o devolución de un router para acceso a internet que era propiedad de los indígenas.

Tras los hechos, a dos de los heridos, Borges Sifontes y su hermano Gabriel Silva, los llevaron al Hospital Militar de Caracas. 

Hasta la fecha, no hay ninguna imputación por el caso. 

HRW denunció el caso

A principios de julio Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rigths Watch, denunció la «retención arbitraria» de los indígenas heridos en el caso.

«Sifontes quedó gravemente herido a causa de disparos recibidos durante el incidente. Fue sometido a tres cirugías a nivel local hasta que las autoridades lo trasladaron a Caracas», se lee en un documento de HRW donde se denuncia el caso.

Además, agregaron que desde abril a junio no se permitió al indígena «recibir visitas de familiares ni de organizaciones de derechos humanos».

Cabe destacar que la madre del indígena herido solo pudo verlo hasta el 4 de julio. Estuvo 99 días sin saber nada de él. 

Por otra otra parte, la organización denunció que el gobierno de Venezuela no protege a la comunidad yanomami de «la violencia, el trabajo forzado ni la explotación sexual» de quienes desarrollan la minería ilegal.

HRW asegura que documentaron «abusos aberrantes» como imputaciones, agresiones con armas de fuego y asesinatos de grupos que controlan las minas de oro ilegales.