El diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro aseguró que el régimen de Nicolás Maduro se ha negado a cumplir con las recomendaciones del informe presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el mes de julio.

“El régimen ha decidido ignorar la mayoría de las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada. No se ha procurado de ninguna forma las investigaciones relacionadas a la violación de Derechos Humanos en el país, ni en el caso de ejecuciones extrajudiciales, protección a víctimas, amenaza y hostigamiento al Parlamento y a miembros de la sociedad civil, así como casos de tortura en centros de reclusión”, afirmó Pizarro.

Igualmente señaló que no se han tomado medidas correctivas en la desaceleración de la crisis social y económica. “Queda claro que el régimen sigue hundiendo a los venezolanos en la miseria mientras ellos siguen llenándose el bolsillo a expensas de la necesidad del pueblo”.

Pizarro señaló que la actualización del informe de la ONU evidencia que el gobierno de Maduro utiliza “la tortura como política de Estado” al igual que la crisis económica, política y social que vive el país.

No mejora

Michelle Bachelet, presentó este lunes 9 de septiembre una actualización del informe en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde allí expresó que no han recibido información sobre medidas para implementar las recomendaciones sobre la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales.

También manifestó preocupación por la presencia de militares en territorio del pueblo Pemón y los casos recientes de violencia en contra de indígenas de manos de las fuerzas de seguridad.

Bachelet también hizo mención a la autopsia realizada al capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien murió el pasado 29 de junio cuando se encontraba bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“La autopsia reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones, quemaduras en varias partes del cuerpo, fractura de 16 costillas, del tabique nasal y del pie derecho. Los oficiales responsables de esto habían sido detenidos y acusados de homicidio intencional, pero no de haber cometido actos de tortura”, agregó la Alta Comisionada de Derechos Humanos.

También rechazó la condena en contra del sindicalista Rubén González por parte de un tribunal militar.