LA COMISIÓN INTERAMERICANA de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este viernes 22 de marzo una medida cautelar a las personas que actualmente están privadas de libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la sede de Boleita.

De acuerdo con el organismo, este colectivo reúne los “requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad” a sus derechos humanos, por lo que decidió activar la medida cautelar.

Esto implica que la comisión solicita al Estado que adopte las medidas que sean necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los ciudadanos que están privados de libertad en el Dgcim.

El documento hace un particular énfasis en los funcionarios y exhorta al Estado a garantizar que no violen los derechos humanos en estas instalaciones.

“En particular, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten los derechos de los beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, acotan.

En este sentido, la medida pide de forma enfática que los funcionarios se abstengan de incurrir en cualquier forma de tortura o tratos inhumanos, crueles y degradantes. De igual forma, deben garantizar acceso médico adecuado a las personas que así lo requieran.

La medida exige ademaás que las condiciones de encarcelamiento de los beneficiarios se acoplen a los estándares internacionales. Esto incluye permitir visitas de familiares.

Por otra parte, pide que se investiguen los hechos alegados que dieron origen la necesidad de aplicar esta medida para evitar hacerlo nuevamente en el futuro.

Estas medidas deben aplicarse dentro de un plazo de 15 días y debe actualizar la información de forma periódica. La CIDH analizará los informes para decidir si mantener o retirar la medida cautelar.

La resolución de la CIDH se emitió apenas dos días después de que el exfuncionario del Dgcim, Ronald Dugarte, revelara grabaciones que demostraran las torturas que se practicaban en la sede del organismo de seguridad ubicada en Boleita.

En estas grabaciones, se constataban torturas al coronel Mejías Laya, quien habría permanecido 30 días con las manos atadas a su espalda y completamente vendado; y el crítico estado de salud del capitán Juan Caguaripano, quien se encuentra en huelga de hambre y orina sangre, pero no le permiten atención médica.