CON PREOCUPACIÓN AFIRMAMOS QUE VENEZUELA vive hoy un escenario de violencia política que no tiene precedentes en nuestra historia reciente, ya sea por su duración o por la cantidad de víctimas mortales, heridos y pérdidas materiales que se han registrado en más de 50 días de protesta masiva en todo el territorio nacional. Impulsadas por los diputados opositores, estas acciones se iniciaron a principios del mes de abril con el fin exigir el fiel cumplimiento de la Constitución Nacional, en cuanto al respeto a la Asamblea Nacional, la ejecución de un calendario electoral, liberación a los presos políticos y la apertura de un canal humanitario que permita que lleguen al país alimentos y medicinas para paliar la escasez de estos insumos básicos en el país.
Hasta esta última semana de mayo, el Ministerio Público había registrado más de 55 muertos, más de 1.000 lesionados y 346 bienes afectados. Por su parte, Consecomercio estima más de 300 comercios afectados, pérdidas superiores a $50 millones de dólares, así como 10 mil puestos de empleo entre directos e indirectos en riesgo, como consecuencia de los saqueos registrados en diferentes entidades del país en casi dos meses de protestas.
Los actores: Por un lado, un numeroso sector de la población que se opone al gobierno nacional encabezado por diputados, líderes y militantes de partidos de oposición; sociedad civil (jóvenes, adultos, adultos mayores, religiosos, músicos, amas de casa, entre otros), que acuden a las marchas convocadas por la Unidad para protestar por la situación del país y exigir respeto a la Constitución.
Por el otro, Cuerpos de Seguridad del Estado (GN, PNB, Sebin) y algunos componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), con frecuencia apoyados en la acción de grupos civiles armados, denominados «colectivos», como se ha registrado en numerosos vídeos y fotografías difundidas por las redes sociales y algunos medios de comunicación nacionales e internacionales.
Para Luis Cedeño, director del Observatorio de Delito Organizado: «Estos grupos de choque que actualmente están trabajando en crear caos en el marco de las protestas pacíficas de la oposición, son grupos mercenarios extraídos de alguna manera de los cuerpos de seguridad del estado o de algún colectivo o megabanda que son pagados para generar este tipo de violencia. Consideramos que entran en un esquema que se asemeja más al terrorismo mercenario que se han dado en algunos países de Europa y África, pagados por intereses que buscaban en esos contextos crear el mismo caos y ese tipo de violencia que actualmente se vive en el país».
Con información del Observatorio de Delito Organizado
