La seguridad social para policías, el déficit de funcionarios y el pranato carcelario fueron debatidos en el foro: Asamblea Nacional y seguridad ciudadana, organizado por la ONG Paz Activa. Los temas fueron abordados por especialistas en seguridad ciudadana desde el análisis de leyes que en la actualidad son elaboradas en la Asamblea Nacional para su aprobación y posterior aplicación. El director de Recursos Humanos de la Policía de Miranda, Pablo Herrera, dijo que en Polimiranda hay un déficit de 6.000 funcionarios, pues en la actualidad sólo cuentan con 1.500

Los ataques y asesinatos a funcionarios policiales son noticias que, a diario, son reseñadas en los medios de comunicación social de Venezuela. Durante más de cuatro horas especialistas en en temas de violencia y de seguridad debatieron en el foro: Asamblea Nacional y Seguridad Ciudadana sobre los puntos, que consideran, deben tomarse en cuenta para desarrollar políticas públicas que frenen el pranato carcelario y el auge de las extorsiones y secuestros. La primera parte del evento, estuvo dedicado al proyecto de ley de seguridad social para policías. En ese panel de especialistas el director de recursos humanos de la Policía de Miranda, Pablo Herrera, se refirió a los policías sub pagados que no tienen condiciones óptimas de trabajo y advirtió que en Polimiranda hay un déficit de 6.000 funcionarios, pues en la actualidad solo cuentan con 1.500.

«Nadie quiere ser policía ganando 12.000 bolívares. Eso hace que la carrera sea poco atractiva. El estado Miranda posee alrededor de 50 patrullas policiales. Cuando solicitan la compra, se interponen razones políticas (…) De 800 aspirantes que evaluamos la últimas vez, sólo 24 quedaron aptos para formar parte de nuestro equipo (…) Nuestros policías necesitan muchos beneficios donde los espacios públicos están tomados por la delincuencia», precisó Herrera.

El abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel explicó que hay una mora con los efectivos policiales que no cuentan con seguridad social: «En la Comisión de política Interior de la Asamblea Nacional se está tomando en cuenta que con los policías se tiene una deuda de muchísimo tiempo, porque carecen de una ley de seguridad social, como todos saben, ejercen una profesión con mucho riesgo. Salen a arriesgar la integridad física, carecen de una ley de seguridad social y en ese sentido se aprobó el cronograma del primer semestre del año en la que está incluida la ley de seguridad social del policía junto con la ley de limitación de telefonía celular y el internet en las cárceles. La ley de seguridad social para policías está en elaboración. Entiendo que se tiene previsto la creación de un instituto de previsión social del policía, donde los policías puedan acudir a pedir créditos para viviendas, que los policías tengan previsto una jubilación cuando terminen su carrera profesional y una cantidad de beneficios que son relativos a la seguridad social». 

Para el sociólogo y director de Paz Activa, Luis Cedeño, es importante que en el país se le de la importancia a la seguridad ciudadana el problema nacional que tiene: «Esto significa hacer las inversiones necesarias en materia de seguridad. Eso conllevaría a garantizar los recursos necesarios para que en este caso los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado tengan unos salarios competitivos y que no sean salarios básicamente obreriles. Ser policía no simplemente conlleva a un entrenamiento, también tiene una altísima responsabilidad que es manejar armas de fuego, estar encargado de bienestar de bienes y personas, entonces eso es un tema que es bien complejo y que por supuesto en otros países el salario de otros policías es muy competitivo porque tienen grandísimas responsabilidades y ponen su vida en riesgo». 

Controlar comunicaciones en las cárceles: freno al pranato carcelario

El criminólogo Luis Izquiel explicó que otro de los proyectos para ser debatidos este año en el parlamento es el proyecto de ley para regular las comunicaciones en cárceles y retenes: «El proyecto de ley de regulación de telefonía en centros penitenciarios fue aprobado por unanimidad en la AN, fue un proyecto de la MUD al cual el oficialismo se sumó. Se necesitaría después de la entrada en vigencia de la ley, voluntad política. La ley establece un lapso de seis meses para que el Ministerio de Servicio Penitenciario adquiera e instale los bloqueadores dentro de las cárceles, sería una ley de la República y el ministerio estaría obligado a cumplirlo. Es una ley que la ciudadanía está pidiendo. Casi el 90 % de los secuestros y extorsiones se hacen desde las cárceles. La ciudadanía es la que exige esta ley y será la ciudadanía la que exija el cumplimiento de la misma. Esta restricción sería un duro golpe para las organizaciones delictiva». 

Izquiel explicó, sin embargo, que la ley establece que la Cantv debe colocar teléfonos fijos para que los presos se comuniquen, con la particularidad que esos teléfonos públicos fijos deben tener una grabación en donde se indica al inicio de la llamada se indica desde dónde se está llamando, lo que le permite a la persona que está recibiendo la llamada que decida si la atiende o no.

El sociólogo Luis Cedeño considera que la regulación de las comunicaciones en centros penitenciarios es un tema muy complejo: «No sé si es necesario una ley  para esto, pero obviamente se ha convertido en un tema tan importante que ayuda al tema de la extorsión y secuestro (…) Lo importante es que no se convierta en un negocio que tengamos que comprar una tecnología de tener la peor tecnología al máximo precio, entonces tenemos que ser muy precavidos en este caso el trabajo que nosotros hacemos al nivel de llevar este tema a la opinión pública, garantizará de cierta manera que cuando estas leyes entren en ejecución también se pueda hacer una labor de contraloría social importante respecto a estas nuevas tecnologías y nuevos métodos que se están utilizando. Hay países que  sí han regulado las comunicaciones en las cárceles.  No sé cuál es nuestra debilidad y por qué no lo podemos hacer nosotros. Creo que es algo que beneficiaría a muchísima gente, el secuestro y la extorsión son los delitos de más alto crecimiento en el país».

El foro organizado por la ONG Paz Activa también contó con la participación del coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, del diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro, y del concejal del municipio Sucre Luis Manzano.