La minería ilegal carcome las selvas de Guayana. Su práctica no se restringe al río Carrao, en el Parque Nacional Canaima. Allí llegó hace poco. Pero en zonas como El Callao o las cuencas de los ríos Cuyuní o Caroní las cárcavas y la deforestación desdibujan el paisaje desde hace décadas.

El Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela —citado por Provea en su informe anual 2014, presentado la semana pasada— asegura que el número de hectáreas devastadas por la extracción ilegal al sur del estado Bolívar aumentó 40% con respecto a 2013, y que los sectores más alarmantes son Sierra Imataca, en El Palmar; el alto y medio Paragua, Upata y El Manteco.

Desde hace más de 25 años se reconoce la contaminación por mercurio —necesario para extraer oro— como un problema de salud pública en Guayana. En 2003 el gobierno comenzó a implementar planes orientados a acabar con la actividad minera ilegal. Cinco iniciativas se han desarrollado desde entonces: el Plan Piar, en 2003; que se transformó en la Misión Piar, en 2005; el Plan de Reconversión Minera, en 2006; el Plan Caura, de 2010, y por último la Comisión Presidencial para la Protección del Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera en la Región Guayana, creada en 2014.

Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, considera que ninguno de los planes ha tenido éxito porque se convierten en un “cóctel para la violencia”. De Grazia asegura que estas iniciativas “son represivas y criminalizan una actividad que tiene más años ejerciéndose que el tiempo que lleva fundada la República”. Agregó que en el proceso deben lidiar con abuso de poder, crimen organizado, mafias, extorsión y sicariato.

La Memoria y Cuenta del Ministerio de Defensa de 2014 no hace referencia al Plan Caura, aunque el año pasado continuaron las operaciones militares en el Alto Caura. En junio de 2014 Vladimir Padrino López anunció que se desmantelaron 32 campamentos de minería ilegal en ese sector y en noviembre, como parte de la Operación Roraima, dijo que habían librado al Parque Nacional Canaima de la extracción aurífera ilegal, aunque la comunidad pemona cerró la pista del aeródromo Gustavo Heny hace dos semanas en protesta por la presencia de mineros en la zona protegida. De esta operación tampoco hace referencia la Memoria y Cuenta, aunque su aplicación comenzó en abril de 2014.