A Luisa Mendoza (nombre ficticio para proteger su identidad), unos hombres armados la interceptaron a comienzos de junio, cuando llegaba a su residencia en la urbanización Valle Arriba de la población de Guatire, estado Miranda.

La mujer iba en su camioneta Chevrolet Captiva, de color blanco. Uno de los delincuentes la obligó a montarse en la parte posterior del vehículo y tomó el control del volante. Le dijeron que es comerciante de la zona, que por su bien se quedara tranquila porque se trataba de un secuestro. Se la llevaron a Caracas y les exigieron a sus familiares que pagaran en dólares por su liberación. Sus parientes denunciaron el caso al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y se ubicó el sitio en donde permanecía secuestrada. Se produjo un enfrentamiento en el que resultaron muertos tres de los plagiarios. Otros miembros de la banda de secuestradores se fugaron.

Las investigaciones determinaron que Mendoza fue plagiada por un grupo que forma parte de una banda criminal de la Cota 905 y que ha extendido sus tentáculos hacia el eje Guarenas-Guatire y Barlovento. El caso, según los cuerpos de seguridad, forma parte del 60% de los plagios que se reportan en esas ciudades dormitorio. “Ellos (bandas de la Cota 905 y de El Cementerio) establecen conexiones con bandas de Guatire y de Barlovento para refugiarse en esos lugares y evadirse de los Operativos de Liberación del Pueblo, así como también pescar nuevas víctimas que en su mayoría son comerciantes, propietarios de areneras y ganaderos”, informó una fuente del Cicpc.

Los miembros de las organizaciones delictivas de Barlovento y de Guatire, de acuerdo con la fuente consultada,  estudian a las víctimas, elaboran una ficha técnica del secuestrado: manejan información sobre las empresas que dirige, los integrantes de su núcleo familiar y las horas que entra y sale del negocio y de su vivienda. Esta información la transmiten a las organizaciones de Caracas y actúan de forma conjunta. En la mayoría de los casos, se los llevan a Caracas y algunas veces las tienen en refugios que improvisan en las zonas boscosas de los municipios Andrés Bello y Páez (Barlovento).

Entre las bandas aliadas se reparten el dinero del pago de los plagios. “Crean una especie de sociedad. De ahí que en la zona de Barlovento, parte de las megabandas están constituidas por delincuentes que provienen de Caracas y de los Valles del Tuy”, explicó.

Delito y mujeres en ascenso. La incursión de organizaciones delictivas foráneas ha disparado las cifras de secuestros en el eje Guarenas-Guatire y Barlovento. “Hasta el año pasado eran denunciados un máximo de dos plagios mensuales. Ahora manejamos hasta cuatro al mes. De enero a julio se han contabilizado 26 denuncias de plagios en esas regiones. 60% de los secuestros son cometidos en las jurisdicciones de Andrés Bello y Páez”.

En la mayoría de los plagios cometidos en Guatire participan mujeres que son usadas como señuelo. Los delincuentes suelen interceptar a comerciantes y empresarios cuando entran o salen de su residencia, destacó Modesto Trocell, director de Polizamora.

Mientras, en Barlovento los plagios son reportados en las carreteras, en especial en la vía que conecta al Guapo con Río Chico, en el trayecto entre El Cacao y San José, así como en la entrada de Paparo. “De forma paradójica los secuestros son cometidos a pocos metros de los puntos de control de la Guardia Nacional Bolivariana”, dijo la fuente del Cicpc al explicar que como modus operandi los delincuentes colocan barricadas y se esconden en la zona boscosa. Una vez que los conductores se bajan los interceptan y se los llevan. A los dueños de las areneras y comerciantes les hacen seguimiento. Si no los plagian, los extorsionan. De acuerdo con el funcionario de la policía científica, los obligan a cancelar una cuota de hasta 600.000 bolívares mensuales.

Huyen de los extorsionadores. Muchos comerciantes han optado por marcharse de la zona, dado que no pueden costear las vacunas y se declaran en quiebra.

Ese es el caso de Juan Briceño (nombre ficticio para proteger su identidad). Briceño era propietario de una ferretería en Río Chico y mensualmente debía pagarle 500.000 bolívares a una banda que opera en El Cementerio y que actúa de forma conjunta con la organización delictiva de San José, oriunda de Barlovento. “Son más de 50 hombres que portan fusiles de asalto. Para que me dejaran trabajar tranquilo y no se metieran con mi familia, debía pagarles puntualmente los cinco primeros días de cada mes. Si me atrasaba unos días con la cancelación de la cuota, enviaban a un emisario para amenazarme. Era terrible, pues debía lidiar con las bajas ventas y, de paso, pagar las vacunas. No pude más, vendí el negocio y me mudé a otra zona más segura para comenzar una nueva vida, sin lujos, pero lejos de la presión de los delincuentes”, relató la víctima.

Vea la nota completa en El Nacional