Jimmy Vargas falleció el 24 de febrero del 2014 en San Cristóbal, Táchira, cuando cayó de un segundo piso intentando resguardarse de la represión que infringía la GNB
Mientras los familiares de Jimmy y varios testigos señalan como responsables a la GNB, el tribunal decretó el caso como muerte accidental sin la oportunidad a la familia de presentar sus evidencias
Carmen González, madre de Jimmy, denunció que tras nueve años de su fallecimiento las autoridades no le dejan ver el expediente de su hijo ni exigir celeridad ante la justicia
Antes de que Caracas protestara contra el gobierno de Nicolás Maduro el 12 de febrero del 2014, en San Cristóbal, capital del estado Táchira, los estudiantes universitarios llevaban semanas exigiendo mayor seguridad, una mejor economía y un cambio de gobierno.
El 06 de enero de ese año habían asesinado a un estudiante de la Universidad de Los Andes (ULA), Héctor Moreno. Después, el 04 de febrero, detuvieron a dos estudiantes dentro de la sede de la ULA en Táchira por exigir justicia frente a un presunto caso de violación, rompiendo la autonomía universitaria.
Semanas después, las manifestaciones pacíficas de los civiles para la celeridad en el caso de Héctor y el presunto caso de violación se combinó con una petición para cambiar el gobierno de Nicolás Maduro.
Era un 24 de febrero cuando las calles de la ciudad andina estaban llenas de militares identificados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Jimmy Vargas, un estudiante de Informática de 34 años de la ULA, exigía su derecho a la protesta pacífica desde el edificio donde residía, en la avenida Principal de Pueblo Nuevo.
El sonido de los perdigones y el gas lacrimógeno de los militares entraba al edificio. A unos 20 metros del conjunto residencial se encontraba una tanqueta y un grupo de la GNB, disparando. Jimmy estaba en una mezzanina como centinela. Él advertía a sus compañeros desde qué dirección venían los cartuchos de bombas lacrimógenas y cuándo se recargaban.
Entre las detonaciones, Jimmy cayó de la mezzanina.
Según varios testigos, la GNB intentó forzar la entrada del edificio para llevarse al joven.
«Había seis personas junto a él e hicieron una cadena humana para protegerlo», recordó Carmen González, madre de Jimmy Vargas. «Pudieron sacarlo de allí y llevarlo al hospital cargándolo en una puerta de nevera, porque no permitían pasar a los paramédicos y no tenían camillas».
Jimmy Vargas, fue víctima del brutal patrón de represión a las manifestaciones pacíficas, vividas en Venezuela desde el año 2014. Su familia exige justicia a pesar de las escuetas respuestas de las autoridades.#SembramosMemoria pic.twitter.com/bRGtbhcyPQ
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) October 24, 2022
Para Carmen González, está era una de las primeras protestas de Jimmy. Él forma parte de los siete fallecidos en contexto de las protestas del 2014 en Táchira sin ningún tipo de juicio.
Ese mismo día, el alcalde de San Cristóbal para ese entonces, Daniel Ceballos, informó que ese 24 de febrero hubo al menos 10 heridos además de la muerte Jimmy.
Desde anoche, durante la madrugada y a esta hora sigue el Brutal ataque de la GNB + de 10 heridos (3 de bala) 1 joven 34 años asesinado
— Daniel Ceballos (@elgochoceballos) February 24, 2014
Restricciones y amenazas
Entre cortinas de humo blanco que asfixiaban a los protestantes se encontraba el cuerpo de Jimmy. Su cara estaba ensangrentada. Poco después sus familiares declararon que tenía la cuenca del ojo izquierdo rota, bajo la marca de un cartucho de bomba lacrimógena.
«Llevaron a mi hijo a la Clínica San Sebastián y poco después llegó el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) y allanaron el centro médico. No me dejaron entrar ni ver el expediente forense. También, acorralaron a los médicos», dijo González.
Medios confirman muerte de Jimmy Vargas (34) en Táchira, presuntamente por uso excesivo de la fuerza por parte de GNB
— PROVEA (@_Provea) February 24, 2014
Después de que confirmaron el deceso, las fuerzas militares concluyeron sin investigaciones formales que la muerte de Jimmy Vargas fue «accidental», producto de la caída que tuvo y no como consecuencia de la represión a las protestas por parte de la GNB. Fue decretado el sobreseimiento de la investigación.
La familia de Jimmy Vargas sostiene que los responsables de su muerte fueron la GNB.
«Pero no nos han dejado defender el caso», reiteró González. «Sacaron un video que retrata el momento en que murió, pero esa evidencia fue viciada por el gobierno. Aún así hay fotografías, testigos y recortes de periódico que sustentan que él tuvo heridas de perdigones en su cuerpo y el rostro fracturado por una bomba lacrimógena, que en realidad mataron a mi hijo», expresa su madre-
Carmen González admitió que durante seis años había visitado la fiscalía para pedir una audiencia. «Paré en 2020, justo antes de que declararan la cuarentena por covid-19 en Venezuela. Cuando el guardia que me atendió me dijo: “No se investiga ese caso, viene por órdenes de arriba. Ya no se puede hacer nada”. Desde allí me encomendé a Dios para que se logre la justicia».
Poco después de la muerte de Jimmy, la familia denunció que miembros de la GNB y personas afines al chavismo marcaban las paredes de su casa con círculos de pintura. «Aún estaba en duelo y los amigos y vecinos de Jimmy eran los que limpiaban la zona».
«También amenazaron a los testigos, a las seis personas que estaban en el momento en que murió mi hijo. Todos los testigos se fueron del país por las amenazas de los militares», advirtió González. «Aún así están pendientes del proceso que hacen las ONG para dar sus declaraciones, una y otra vez, durante estos nueve años».
Sueños rotos, esperanzas resilientes
Carmen González recuerda a su hijo como un joven emprendedor y energético. Mantenía altas calificaciones en la carrera de Informática en la universidad y buscaba recursos para montar su propio restaurante de comida italiana.
«Él pretendía pausar sus estudios para poder sustentarse. Esas metas y aspiraciones se truncaron con su muerte. Los militares lo silenciaron», dijo.
Frente a la falta de una investigación y un juicio para su hijo, Carmen confía en la labor de las ONG nacionales y la Corte Penal Internacional para lograr un debido proceso a todos los casos de muertes y ejecuciones extrajudiciales en distintas manifestaciones que ocurrieron en Venezuela en los últimos nueve años.
Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, 334 personas fallecieron en el contexto de las protestas contra el gobierno entre 2014 y 2020. De ese grupo, 94% (314 muertes) sigue en impunidad, entre ellos está el caso de Jimmy Vargas.
Cubrí la crónica de esos días. Los manifestantes armaban catapultas artesanales, la fuerza armada sobrevoló San Cristóbal con aviones de guerra, el entonces nuevo gobierno de Maduro cortó el Internet y los bandos en conflicto llegaron a improvisar intercambios de prisioneros… pic.twitter.com/AYa2eao3FY
— Joseph Poliszuk (@jopoliszuk) February 27, 2023
Las protestas en el estado Táchira duraron hasta el 31 de marzo, consecuencia de un movimiento militar por tierra y aire que tenía como objetivo desmantelar los campamentos civiles en las calles. La acción dejó a cientos de detenidos. El alcalde Daniel Ceballos también fue detenido por su presunta participación en las manifestaciones.
También, el gobierno de Nicolás Maduro retiró la concesión nacional a los medios de comunicación NTN24 y a CNN en español por las coberturas de las protestas en Táchira.
De los 43 fallecidos bajo el contexto de las protestas del 2014 que la sociedad civil venezolana cuenta, 7 ocurrieron en el estado Táchira.
«La justicia es lo mínimo que merecen todos esos muchachos. Yo seguiré documentando y depositando mis esperanzas en que algún día la justicia se haga realidad», reflexionó González.
Agradecimientos a Justicia, Encuentro y Perdón
