123 organizaciones no gubernamentales rechazaron la Ley Orgánica de Ciudades Comunales
Ante las discusiones parlamentarias sobre la introducción del proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, Defiende Venezuela organizó un foro en el cual se explicó cómo el proyecto de ciudad comunal nos adentra más en la crisis de derechos humanos en Venezuela. Dejando claro que en Estados frágiles el récord de violación de derechos humanos es mayor.
Zulma Bolívar, urbanista, docente e investigadora en Iberoamérica, comentó que el proyecto de ley de ciudades comunales ha estado presente tácitamente desde que el régimen asumió la administración ejecutiva del país, ya que las alcaldías han perdido protagonismo. Sobre esto, aseveró que cada vez más se quiere apagar el gobierno local/municipal, otro de los puntos que se evidencian en el proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales desde el 2009.
“123 organizaciones desaprobaron esta Ley Orgánica de Ciudades Comunales, ya que no solo irrespeta la Carta Magna, sino que también entorpece la coordinación natural de la gestión pública en las ciudades, la cual ya es bastante complicada”, expresó Zulma Bolivar.
Por su parte, Cristofer Correia, activista político por la democracia, director general de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional y director ejecutivo de Voluntarios por Venezuela, explicó que lo que se busca con las ciudades comunales es generar mayor control político, lo cual refuerza la vocación autoritaria del régimen venezolano, ya que se seguirán formando estructuras paralelas al Estado formal donde los consejos comunales avanzarán hacia un sistema de control.
Correia aseguró que los consejos comunales no fueron un mecanismo para acercar el poder a la gente, por el contrario, fue un mecanismo para centralizar, para alejar del poder a las comunidades, gobiernos locales y regionales, generando entonces un control total por parte del régimen.
Asimismo, Héctor Fuentes, abogado, experto en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Director de la ONG Estado Lab, expusó que el proyecto de ciudad comunal nos adentra más a la fragilidad, agravando el problema de violación de derechos humanos en Venezuela, ya que en Estados frágiles el récord de violación de derechos humanos es mayor. Agregó que ‘‘Los derechos humanos sólo pueden ser protegidos y sostenidos por instituciones sólidas, con un sentido normativo claro y compromiso con los principios democráticos de los derechos humanos’’.
Para ejemplificar el punto de la fragilidad que sufre el pueblo venezolano, hizo referencia al gran declive económico, siendo este año la economía 75% más pequeña de lo que era hace 5 años. Otro gran indicador de la fragilidad que se vive, son las 5.2 millones de personas que han dejado el país.
En este sentido, una ciudad fragmentada tiene como consecuencia un aumento de la burocracia y una disminución de la eficiencia, y es ésta la propuesta esencial de esta Ley Orgánica de Ciudades Comunales, que busca nuevamente hacerse del poder a través de vías alternas.
