Cinco femicidios y un secuestro fue el saldo que dejó la violencia de género en marzo de 2021, mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en el que se reivindica el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Los datos corresponden al monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). Además de los asesinatos, la organización reportó 33 mujeres víctimas de violencia de género en los primeros dos meses del año. En su mayoría, casos de presunta trata de personas, violencia física y sexual y acceso carnal violento.

Entre el 14 y 15 de marzo hubo tres femicidios en los municipios Caroní, Angostura y Sifontes. La noche del 14 de marzo, el cuerpo de Milanyela Carvajal, de 22 años, fue hallado por sus padres envuelto en una sábana blanca y encerrado con candados en una barraca de madera que cuidaba su presunto asesino y expareja, Gregori Tovar Estanga. El crimen ocurrió en un campamento minero de Los Algarrobos, en el municipio Sifontes.

Por el hecho nadie ha sido aprehendido: el femicida se dio a la fuga y ninguna autoridad competente lo busca. Los familiares de Carvajal denunciaron negligencia en la investigación del caso de su hija y hasta hoy exigen justicia. Carvajal era madre de un niño de cinco años y por tres años se dedicó a la venta de ropa en la zona minera.

El 15 de marzo, la abuela de Alyamil Torres, de 24 años, encontró su cuerpo sin vida tendido boca abajo en el baño de su casa en Ciudad Piar, municipio Angostura. La víctima, que era comerciante reconocida en el sector, estaba desnuda, amarrada y tenía otros signos de maltrato.

La tarde de ese mismo día, la Policía municipal de Caroní reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en uno de los baños abandonados del Parque Cachamay. Aunque han transcurrido poco más de 15 días, la víctima permanece sin identificar de manera oficial, las autoridades solo han dicho públicamente que se trataba de una mujer entre los 18 y 25 años.Por el homicidio fueron aprehendidos tres jóvenes. Uno de ellos, el autor principal del delito, primo de la víctima. De acuerdo con el parte oficial del Cicpc, su primo la mató porque Alyamil descubrió que en reiteradas ocasiones el muchacho entró a su vivienda para robar sus pertenencias.

A Layneth Sucre, de 23 años, la mataron su pareja, David Alfredo Carmona Jiménez, de 27 años, y su suegro Tito Livio Jiménez, de 59 años. Después de dos meses desaparecida, el 24 de marzo funcionarios policiales hallaron el cuerpo de la joven tirado en un aljibe del sector Marhuanta, en Ciudad Bolívar. Cuatro días después, Carmona y Jiménez fueron apresados.

Detenidos por trata de personas

Codehciu también contabilizó 33 casos de violencia contra la mujer durante enero y febrero, entre ellos, secuestro y trata de personas con fines de explotación sexual. En comparación con 2019, hasta ahora la violencia de género aumentó 3% solo en Bolívar.

El 21 de marzo, funcionarios del Cicpc rescataron a Dairelis Díaz, de 17 años, en el sector La Paloma de Tucupita, Delta Amacuro, donde estuvo secuestrada por tres días. De Delta Amacuro sería enviada a Trinidad y Tobago.

El 19 de marzo, sus familiares reportaron la desaparición de Díaz en el sector Vista al Sol de San Félix, luego de que saliera de su casa sin motivos, y su hermana descubriera que no solo sostenía comunicación continua vía Facebook con un hombre que le ofreció a ambas migrar hacia Trinidad y Tobago, sino que ese día coordinaron el viaje, y el sujeto pasaría buscando a la joven en un vehículo color vinotinto.

Los vecinos aseguraron que vieron a Díaz ser forzada a subir a un vehículo del mismo color. Mismo vehículo que luego el Cicpc incautó en Delta Amacuro, cuando fue rescatada. Por el delito fueron detenidos Modesto Jesús Subero Villarroel, aliasel Pollero y María Raquel Villarroel Rojas, a quienes el cuerpo policial señaló como miembros de una banda de trata de personas liderada por alias el Santiago.

La violencia contra la mujer es un problema de salud pública que puede prevenirse optimizando los mecanismos de acceso a la denuncia, a la justicia y a la educación sobre el tema.

Codehciu solicita a las autoridades competentes investigaciones bajo los estándares de la debida diligencia, buenas prácticas y oportuna respuesta a los familiares de toda víctima o sobreviviente de violencia de género.