Daniel Queliz fue asesinado en las protestas de 2017 por funcionarios de la Policía de Carabobo. Tres años después, su caso sigue impune
La última vez que los padres de Daniel Queliz vieron a su hijo fue el 9 de abril de 2017. La familia tenía pensado viajar a Chichiriviche para tomarse unos días de descanso por Semana Santa, pero el joven decidió quedarse en casa para cumplir con sus obligaciones laborales y estudiantiles en su tercer año de derecho en la Universidad Arturo Michelena. Sus padres se despidieron con un “Dios te bendiga, hijo” y el plan era que él los alcanzara tres días después. No pudo.
La Mesa de la Unidad Democrática había convocado una marcha para el 10 de abril para exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por usurpar las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Venezuela llevaba días con las calles encendidas en protestas y represión, ese día no fue la excepción.
La situación de represión de los cuerpos de seguridad del Estado se recrudeció hasta horas de la noche en la capital del estado Carabobo, específicamente en la urbanización Los Parques de la parroquia Miguel Peña, donde vecinos salieron a protestar. Daniel Queliz se unió a ellos alrededor de las 11:30 pm.
Una patrulla que se encontraba en el lugar comenzó a disparar a los manifestantes, según testigos, con intención de causar daño más allá de disuadir la protesta pacífica. La angustia y confusión se apoderaron de todos.
A medianoche los vecinos llamaron a los padres de Daniel Queliz para decirles que su hijo había sufrido un accidente y que se encontraba en el Hospital Central de Valencia Doctor Enrique Tejera. “Nos devolvimos, mi esposa tenía una crisis de nervios. En el trayecto pedí hablar con mi hermano y le exigí que me dijera lo que estaba pasando. Él me dijo la verdad. Mi hijo estaba muerto. Mantuve la calma sin decirle nada a mi esposa hasta que llegamos directamente a la morgue del hospital”, expresó Alexander Queliz, padre del muchacho.
Daniel Queliz fue el primer fallecido del estado Carabobo durante las protestas de 2017. Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las manifestaciones de ese año. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de 2017, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos.
La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.
Se comprobó que Daniel Q. Falleció por impacto de bala de un arma asignada a un Policía de Carabobo quien será puesto a la orden del MP(2/2)
— Francisco Ameliach (@AmeliachPSUV) April 12, 2017
Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio, comenzaron a tratar heridas de bala.
Alexander Queliz afirmó que la respuesta del Ministerio Público y de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue inmediata. Habían designado al Fiscal 28° del estado Carabobo José Antonio López para las investigaciones del asesinato. “Fue tanto así que el asesinato de Daniel se esclareció en menos de 48 horas”, dice.
Cinco funcionarios de la Policía de Carabobo fueron señalados por los vecinos como los autores del asesinato. La fiscal Luisa Ortega Díaz informó que dos efectivos habían sido detenidos: Marcos Ojeda y Edwin Romero. Fueron acusados por delitos de homicidio intencional, uso de armas orgánicas y alevosía.
“Quiero que sepa el país que nuestro equipo de médicos y expertos fueron quienes practicaron las autopsias para determinar las causas de las muertes (…) Apenas estamos comenzando las investigaciones, estamos trabajando para que se sancione a los responsables para que no haya impunidad, para que haya respuesta y justicia”, dijo Ortega Díaz en rueda de prensa.
Todo eso fue dejado atrás con la designación de Tarek William Saab. “Debo decir responsablemente que una vez que el señor Tarek William Saab asumió el mando como Fiscal designado por la asamblea nacional constituyente el caso de Daniel comenzó a tener retardos”, contó el padre del joven.
“Al momento de la autopsia a Daniel tuvieron que hacerle rayos X porque el proyectil estaba en una zona muy complicada para extraerlo, pero cuando hacen la comparación balística comprueban que efectivamente salió de un armamento asignado al supervisor jefe Marco Ojeda, que es el autor material de la muerte de mi hijo. A pesar de las pruebas, siguen retrasando el juicio”, afirmó Queliz.
“Destruyeron a mi familia directa, mi continuidad, apagaron los sueños de Daniel. Acabaron con mi hogar, con lo que mi esposa y yo construimos. Éramos una familia feliz, pero ese momento marcó un antes y un después. No es fácil. Me quedé sin mi único hijo y un poco después sin mi esposa. Los pedazos de mi vida han quedado esparcidos en el piso y tengo que ver qué hago con ellos”, declaró Alexander Queliz en julio de 2018.
A pesar de que las audiencias han sido diferidas y que no se ha hecho justicia, Alexander Queliz no deja de luchar por todo el daño que le hicieron a su familia. “A lo último que nosotros debemos renunciar en cualquier parte del mundo es a nuestros derechos. El día que renunciemos a nuestros derechos como ciudadanos, ese día estamos perdidos”.
N de R: El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón
