Maduro ha gobernado desde 2016 mediante decretos leyes y con control absoluto del presupuesto sin presentar cuentas a la población ni a la AN
La Constitución de 1999 cumple este año dos décadas de vigencia, y pese al tiempo transcurrido se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que está «nueva de paquete», porque casi ninguna de sus disposiciones ha sido cumplida por las autoridades.
Un ejemplo de ello es la disposición decimosegunda provisoria, que ordenaba alGobierno a demarcar las zonas indígenas en un lapso no mayor a dos años tras la entrada en vigor de la Carta Magna, lo cual sigue sin hacerse casi dos décadas después.
Lejos de resolver los graves problemas que Venezuela confrontaba a finales del siglo pasado, en particular en materia de justicia, seguridad y corrupción, con la entrada en vigor de entonces nueva Constitución se han agravado y, de paso, se han abierto las puertas a otros como la liquidación de la independencia de los poderes públicos y la pérdida del Estado de derecho.
Acceso a la Justicia, en su informe La toma del poder absoluto, afirma que en el proceso de desmontaje de la democracia que se dio al amparo del nuevo marco constitucional fue crucial asegurar el control sobre los magistrados del TribunalSupremo de Justicia (TSJ), a fin de avalar cada acción emprendida por el Ejecutivo nacional sin importar si era contraria a la ley, la Constitución o a las verdaderas necesidades del país.
El control que el chavismo ejerce sobre el máximo juzgado le ha permitido gobernar escapando del control de la Asamblea Nacional (AN) controlada por la oposición, gracias a los decretos de estado de excepción que desde el 14 de enero de 2016 ha dictado Nicolás Maduro y que han sido avalados por el organismo rector del Poder Judicial, el TSJ. Estos decretos no han contado con la aprobación del Parlamento ni otros requisitos constitucionales, ni tampoco con los establecidos en tratados internacionales de derechos humanos, tales como la obligación de notificarle a la comunidad internacional sobre el estado de excepción, extendiéndolo por más de cuatro años, pese a que la Constitución solo permite una vigencia máxima de 120 días.
Gracias a esta maniobra, Maduro ha gobernado especialmente desde 2016 mediante decretos leyes y con un control absoluto del presupuesto y recursos sin presentar cuentas a la población ni a la AN, instancia legítima desconocida por el Ejecutivo desde que la oposición ganó las eleccionesparlamentarias en 2015. Hasta la fecha, se contabilizan más de veinticuatro prórrogas del estado de excepción.
Acceso a la Justicia destaca que la exposición de motivos de la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción prohíben al TSJ pronunciarse si el Parlamento desaprueba la medida. Sin embargo, la Sala Constitucional le ha dado su visto bueno.
Los efectos del régimen de estados de excepción se traducen en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, el Ejecutivo nacional ha legislado en materia socioeconómica en vez del Parlamento, por lo cual ha consolidado una insana concentración del poder; en segundo, el Gobierno no rinde cuentas y ha manejado los recursos públicos y el presupuesto nacional a su antojo.
Nueva Constitución en mente
En septiembre de 2018 circuló en varios medios de comunicación social un supuesto borrador del proyecto de Constitución que estaría preparando la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), compuesto por 411 artículos, distribuidos en 10 títulos.
La supuesta propuesta está cargada de referencias ideológicas y atiende a un modelo de Estado que no se corresponde con el sistema de Estado constitucional de derecho previsto en la Carta venezolana de 1999. Asimismo, busca consolidar aún más el régimen político actual, pues consagra el culto a la figura del expresidente Hugo Chávez, anula el pluralismo político y promueve un pensamiento único.
El borrador exacerba el presidencialismo, de forma incluso mucho más poderosa que el contemplado en la Constitución de 1999, porque todos los poderes están sujetos al Ejecutivo Nacional y sobre todo a su plan de Gobierno, el llamado “Plan de la Patria”, incluso el propio texto fundamental.
Acceso a la Justicia destaca que el objetivo de este anteproyecto constitucional es promover un sistema colectivista para anular de manera absoluta la libertad y la democracia. Esto llevaría a la negación de los derechos humanos, en especial, los individuales (vida, libertad y propiedad) frente a derechos colectivos, que no pueden existir realmente si no se respetan y garantizan los primeros.
En la propuesta se recogen algunas acciones del Gobierno de Maduro, especialmente desde la derrota sufrida en las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015; entre ellas se permite disolver el Parlamento cuando sea declarado en desacato.
El proyecto ideológico que estaría fraguando la ANC constitucionaliza las misiones, que el Gobierno nacional ha utilizado para adoctrinar a la población y someterla a un control social y político. La propiedad privada queda marginada frente a otras formas de propiedad creadas desde el marco de la estructura del «Estado comunal» Igualmente constitucionalizaría la criminalización de la disidencia, siendo traidor a la patria quienes ejerzan la libertad de expresión o, por ejemplo, manifiesten su intención de demandar ayuda humanitaria ante la grave crisis del país.
