VENEZUELA OCUPA EL ÚLTIMO PUESTO en el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) en su informe 2018-2019.
Así lo reseñó la página de Acceso a la Justicia. De 126 países evaluados, Venezuela ocupa el foso. También en la región está en la retaguardia en la casilla 30.
En el renglón de restricciones de poderes del gobierno está en el puesto 126, ausencia de corrupción 111, gobierno abierto 122, derechos fundamentales 120, orden y seguridad 123, cumplimiento obligatorio 126, justicia civil 126 y justicia criminal 126.
“Desde las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, en Venezuela comenzó a imponerse un régimen de facto que no solo ha impedido el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional sino que también ha designado autoridades inconstitucionales con la anuencia de la asamblea nacional constituyente o del Tribunal Supremo de Justicia”, reza un texto de Acceso a la Justicia.
“El TSJ también ha respaldado con sus sentencias o con su negativa a recursos judiciales, las elecciones celebradas en el país desde 2017, aunque esos comicios no hayan tenido carácter democrático. En este sentido se han realizado desde 2017, elecciones regionales, municipales y presidenciales, todas en contra de la Constitución y las leyes vigentes en materia electoral”, prosigue el documento en Acceso a la Justicia.
Según Acceso a la Justicia, el quiebre de la institucionalización ha devenido en una política de represión para todo el que se oponga el gobierno de Nicolás Maduro, la indiferencia para atender las necesidades básicas del ciudadano como los servicios públicos básicos y una crisis humanitaria compleja reconocida por varios actores internacionales como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en su más reciente informe sobre Venezuela.
