HACE APROXIMADAMENTE quince días, y por primera vez en cuatro años, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los índices de inflación. Las cifras distan de las estimaciones de la Asamblea Nacional (AN) y de las del Fondo Monetario Internacional (FMI). Luego de este tiempo, en un entorno hiperinflacionario, los números revelados por el BCV equivalen a menos del 10% de la inflación real. Al respecto cabe preguntarse, ¿qué efectos tuvo el hecho de no haber publicado dichas cifras en todos estos años para el acceso a la justicia del ciudadano venezolano?
La desolación abraza los tribunales venezolanos. Los juzgados en materias como Derecho al Trabajo, Mercantil, Funcionarial o Marítimo presentan una caída importante del volumen de causas o demandas. Nadie quiere iniciar un proceso, que puede tardar años en resolverse, en medio de la hiperinflación actual.
Las distorsiones de la economía venezolana vuelven a los bolívares “sal y agua” en un país donde la justicia no es expedita. La solución adoptada tradicionalmente ha sido ajustar lo condenado conforme a los índices de inflación más los intereses moratorios en caso de que aplique. Sin embargo, ante la negativa del BCV de publicar los números rojos de la economía nacional, los expertos no han contado en cuatro años con un método eficiente para ajustar las cifras a través de la indexación judicial. Esto contribuyó a que los ciudadanos renunciaran a asistir a los tribunales para hacer valer sus derechos.
La revelación de las cifras responde a una decisión política, no técnica ni autónoma. Se presenta, además, tardía y defectuosamente, al ser absurdamente bajas al contrastarlas con las reales. Basta ir al supermercado para darse cuenta. El BCV indica que la inflación de 2018 fue de 130.060%. Sin embargo, la AN, el Banco Mundial y el FMI, arrojaban cifras cercanas a 1.300.000% para el mismo período.
Los ciudadanos que pretendan demandar daños, indemnizaciones o montos adeudados ante tribunales, luego de años de disputas verán las cifras ajustadas con base en valores irreales, injustos e insuficientes que desmotivarán la búsqueda de justicia ante los tribunales venezolanos, deserción de inversiones y seguridad jurídica.
Una vez más, las instituciones venezolanas violan la Constitución en su artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”.
José Ignacio Hernández G., procurador especial de la República, aseguró en su Twitter que “La información publicada por el BCV carece de efectos legales relevantes, vista la pérdida de autonomía del BCV y la ilegitimidad de sus autoridades, que actúan bajo el control de la fraudulenta ANC . Solo un BCV autónomo puede publicar información creíble” (paréntesis nuestro). Sin embargo, y mientras persista la usurpación, el BCV sigue siendo la principal autoridad económica de facto. Sobre la ausencia de autonomía del BCV y la usurpación de sus funciones por parte de Maduro, él mismo lo reconoció el 4 de junio cuando dijo: “Yo, y solo yo, administro los ‘churupos´ nacionales, el dinero de todos”.
Por Acceso a la Justicia
