La elección de una nueva Asamblea Nacional no solo podría constituir un triunfo para la oposición. Una nueva estructura legislativa, lograda a través de los votos, sería clave para resolver problemas de corrupción, inseguridad, salud, economía, libertad de expresión y regresar a la, tan extrañada, independencia de poderes públicos
La Constitución Bolivariana de 1999 definió que Venezuela estaría regida por cinco poderes. “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”, dice el artículo 136 de la Carta Magna.
Cada poder tiene competencias distintas y en teoría independientes. Sin embargo, desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, la estructura del Estado se desdibujó. Se asumió que el Gobierno era el Estado, con todo y sus funciones. Y comenzaron a borrarse los límites que existían entre los cinco poder públicos.
El Ejecutivo, a través del verbo de Chávez, comenzó a girar órdenes al Poder Judicial -sin ninguna discreción- en actos públicos y a través de los medios de comunicación. En diciembre de 2009, el entonces Mandatario ordenó a la presidenta del TSJ “dureza” y 30 años de prisión para la jueza María Afiuni.
Las declaraciones del ex magistrados Eladio Aponte Aponte, en abril de 2012, ratifican que no existe independencia de Poderes en Venezuela: “Todos los fines de semana, especialmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la Vicepresidencia (…), con la presidenta del TSJ, Fiscal General, la Procuradora, la Contralora, presidente de la Asamblea Nacional (…) y una que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De allí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela”.
El Poder Electoral también habría sido presionado en cada proceso comicial, mientras que el Legislativo ha transferido sus funciones consecutivamente al Ejecutivo, a través de leyes habilitantes.
Una nueva Asamblea Nacional podría devolver la independencia a los Poderes Públicos.
Crear leyes que competan al país y al funcionamiento de las distintas ramas de los poderes no es la única atribución de la Asamblea Nacional. También, tiene la importante función de contraloría que en el último período legislativo prácticamente se convirtió en letra muerta. Entre 2011 y 2015 sólo se abrieron investigaciones dirigidas contra un solo bando político, no se revisaron los gastos del Estado y ningún funcionario del gobierno fue llamado por el parlamento para ser interpelado sobre sus funciones y/o uso de los dineros públicos.
Una nueva Asamblea Nacional rescataría su inherente función de control mediante mecanismos como interpelaciones, investigaciones y preguntas a los funcionarios públicos, entre los que se encuentran vicepresidentes y ministros, tal como lo establece el artículo 222 de la Constitución. De esta manera, se establecerían las responsabilidades políticas de los funcionarios, quienes están obligados constitucionalmente a comparecer ante las comisiones permanentes y temporales que los convoquen y suministrar las informaciones y documentos solicitados. En definitiva, deben rendir cuentas ante el órgano de representación popular por excelencia como es la Asamblea Nacional.
Venezuela es el segundo país en el mundo con más homicidios, y la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los venezolanos. Por esta razón la mayoría de los ciudadanos esperan que un cambio en la Asamblea Nacional se puedan impulsar políticas que cabane con este flagelo.
Reformar y diseñar leyes que ayuden a combatir y reducir al mínimo la impunidad es una de las tareas que podría desarrollarse desde la AN. En el país, 92 por ciento de los delitos que se registran no se resuelven, de acuerdo con datos publicados en informes anuales del Ministerio Público.
Desde el parlamento también se podrían derogar normas que afectan la seguridad ciudadana. Es el caso de la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015 que establece un nuevo modelo de control militar del orden público que incluye el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien sea con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”.
También es necesario que desde la Asamblea Nacional no se politicen los temas que involucran la seguridad de los venezolanos, que se logre un consenso para impedir que se siga promoviendo la militarización de la seguridad ciudadana, pues los militares no tienen la formación para ejercer estas funciones y que se promulguen o reformen leyes que frenen el recrudecimiento de la violencia y de los delitos más frecuentes en Venezuela como el secuestro, la extorsión, y el robo y hurto de vehículos.
Por los más de 25 mil muertos al año, el nombre de Venezuela es sinónimo de derramamiento de sangre. Nuestra tasa de homicidios “oficial” es la mayor del mundo después de Honduras, y la violencia es tan cotidiana que solamente los peores crímenes son los que parecen llegar a las primeras páginas de los pocos medios que sigue informando en el país. A eso se le suma el asesinato de policías, hasta el momento van 125 funcionarios ultimados en Venezuela, unos 912 menores edad y más de 300 secuestros a nivel nacional -todos los indicadores siguen subiendo en comparación con los meses anteriores y años previos.
El tema de la violencia desbordada está en la boca de todos, ya no existe persona que no haya sido afectada por un acto violento, desde un robo a mano armada que no llegó a más y que se calma con el consuelo típico de los Venezolanos, el “dale gracias a Dios que no te mataron”, hasta el asesinato de algún conocido en un robo de vehículo, secuestro o un bala perdida. Las calles vacías desde las 9 de la noche en adelante son una prueba fehaciente del temor de los ciudadanos a la noche, un secuestro autoimpuesto sobre el Venezolano que busca desafiar a la muerte todas las noches.
El acceso a una atención sanitaria oportuna, asequible y de calidad es un derecho consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo. Pero lo establecido en las legislaciones está lejos de cumplirse en Venezuela, un territorio donde la salud se ha convertido en un bien vulnerable.
Hospitales y ambulatorios son hoy escenarios de huelgas constantes de un personal que exige lo básico: la dotación de insumos médicos para atender a los pacientes. Los anaqueles vacíos de las farmacias dan cuenta de una escasez rampante que pone en riesgo cualquier recuperación. Las medicinas para tratar el cáncer, la diabetes, las insuficiencias cardíacas y renales o la epilepsia han desaparecido tanto como los productos alimenticios necesarios para llevar una dieta balanceada. Por si fuera poco, esta es una de las dos naciones suramericanas donde los casos de enfermedades epidemiológicas como la malaria, se han incrementado con los años.
Es el Estado quien debe crear las condiciones para que sus ciudadanos vivan de la forma más saludable y una nueva Asamblea Nacional es un instrumento para cambiar la actual y deplorable situación. La autorización de créditos adicionales, así como contratos y convenios enfocados en atender las necesidades claves del venezolano son una vía para comenzar la transformación.
Ventas, censura, auto-censura generada por amedrentamiento, hackeos, bloqueo de páginas web, peticiones de CONATEL para evitar salida al aire de entrevistas, prohibición de acceso a la información a medios “no oficiales”, amedrentamiento en cadena nacional y programas transmitidos en canales del estado a dueños de medios y periodistas, relentización de peticiones de conexión a Twitter, demandas contra dueños de medios, tumbar la conexión a internet de todo el país… Los mejores ejemplos de lo que ha sido la peor gestión comunicacional del Gobierno en los últimos 17 años, medidas que han hecho que los ciudadanos informados busquen maneras de evitar el blackout informativo en la web, redes sociales y mensajería de texto.
Globovisión convertido en un canal de farándula, Venezolana de Televisión en una máquina propagandística, El Universal vendido a un dueño que no se conoce, Últimas Noticias en manos de censores gubernamentales, el espectro radiofónico plagado de radios comunitarias con un claro y evidente sesgo pro Gobierno. Una infraestructura comunicacional decadente en cuanto a celulares y acceso a la web, en el sector público y en el asfixiado sector privado de la economía. Por donde se vea este punto, sobran las razones para salir a votar para que se garantice el libre acceso a la información, se respete a los periodistas, a los medios y sobretodo a usted, el ciudadano que tiene derecho a estar informado cuando y como quiera.
La economía venezolana está en un laberinto. Acumula ocho trimestres consecutivos de contracción, y aún no hay señales que anuncien una salida a esa larga recesión. En materia de precios las proyecciones indican que la inflación ha llegado a los tres dígitos y al cierre de este año podría incluso superar 200%. La escasez también está en niveles históricos, de acuerdo a mediciones de firmas como Datanálisis.
Desde el Gobierno nacional sólo se responsabiliza al sector privado por la crisis. El presidente de la República, incluso, ha planteado la posibilidad de “profundizar” el modelo económico luego de la jornada electoral del 6 de diciembre. Sin embargo, empresas de todo tipo sufren paralizaciones o han debido reducir al mínimo sus operaciones por falta de materia prima, ocasionada a su vez, por la imposibilidad de pagar en dólares a los proveedores en el exterior.
Organizaciones empresariales como Fedecámaras y Conindustria han planteado la necesidad de que la Asamblea Nacional (AN) legisle en materia económica para intentar cambiar el rumbo y encontrar soluciones a la crisis. “Le hacemos un llamado a la nueva AN en un intento de una nueva visión de país (…) La rectificación es fundamental independientemente de quien gane la AN”, declaró recientemente en rueda de prensa Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria.
No es el único llamado. La Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela también ha criticado que el nuevo parlamento deberá evaluar el presupuesto de la nación para 2016 aprobado por el Psuv, ya que “no sirve para superar la crisis”, según dijo Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. “Nosotros estamos pidiendo que la nueva Asamblea esté consciente de que tiene que empezar el año construyendo otro presupuesto y presentándole al país otro presupuesto”, expresó De Freitas.
Además de controlar el gasto del Gobierno, desde la AN se pueden aprobar o revisar leyes, interpelar a los ministros del área económica y ordenar contraloría e investigaciones sobre determinados asuntos relacionados con la actividad económica, entre otras atribuciones.
