Desde el viernes pasado, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el estado de excepción en seis municipios del estado fronterizo de Táchira, la situación de los colombianos en la zona ha tendido a empeorarse, marcada por las acciones represivas de las autoridades del vecino país.

Un reporte de la Agencia Efe que cita al gobernador de Táchira, José Vielma Mora, indica que el número de deportados ascendía este domingo a 791. Aunque también se cuentan por decenas en Cúcuta a quienes decidieron volver voluntariamente por temor a la actitud agresiva de las autoridades venezolanas.

El centro de Migraciones de Cúcuta se ha convertido en el principal refugio de los colombianos deportados por Venezuela. Cerca de 200 de ellos llegaron apenas con la ropa que tenían puesta cuando fueron sacados de sus casas.

Cecilia Surmay es una de ellas. La mujer, natural de Tamalameque (Cesar), contó que decenas de hombres armados llegaron hasta su vivienda en la invasión Ezequiel Zamora, en el municipio de San Antonio, del estado de Táchira, a las 6 a. m. del sábado. (Además: Cancilleres de Colombia y Venezuela hablarán sobre cierre de frontera)

Aunque en principio los militares les dijeron a los vecinos que iban a realizar un censo, luego los sacaron de sus viviendas sin mayores explicaciones.

“Nos requisaron como si fuéramos delincuentes”, contó Surmay, quien llevaba 10 años viviendo en el sector, donde los militares también terminaron saqueando casas y demoliendo varias de ellas.

Posteriormente, añadió la mujer, los trasladaron en buses hacia una estación de la Guardia Nacional donde los retuvieron por varias horas antes de traerlos a Colombia.

En los albergues de Cúcuta algunos deportados han denunciado que tras ser sacados de sus casas la Guardia Nacional les pinta una ‘R’ o una letra ‘D’ para indicar que las viviendas han sido revisadas, o que serán demolidas. “No respetan los derechos de nadie y están demoliendo las casas con todo lo que hay adentro”, dijo Cristina Sierra, de 33 años, a quien le tumbaron su vivienda en el barrio Mi Pequeña Barinas, en San Antonio.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le contó a El Tiempo que están deportando a nacionales “ilegalmente, porque cuentan con sus papeles en regla” como venezolanos.

A esto se suma el drama de decenas de familias que terminaron separadas en medio de los operativos. Mary Contreras, de 40 años, narró que el sábado se dirigía a realizar unas compras cuando fue abordada por la Guardia Nacional en San Antonio.

La mujer, quien llevaba viviendo 30 años en esa población, dice que dejó a su mamá y a su hijo de 16 años en el país vecino. Ambos están escondidos. “Todo lo tenemos allá. Acá en Colombia no tenemos nada”, dijo Contreras. Y Carlos Coral, también deportado, agrega que quedó separado de su esposa y sus dos hijos, quienes son venezolanos.

El obispo de Cúcuta, monseñor Víctor Manuel Ochoa, calificó de “preocupante” la fragmentación que han sufrido las familias, por lo cual, en conjunto con la Cruz Roja, quiere encontrar la manera para que se reagrupe un buen número de niños y jóvenes que han quedado en Venezuela sin sus padres.

“Tenemos que sembrar paz y conciliación entre dos pueblos que son hermanos y que están íntimamente unidos”, señaló.

Al otro lado de la frontera, la situación para los venezolanos que trabajan en Colombia también es desfavorable. Sofía Flórez, quien reside en Ureña, dijo no saber cómo hacer para poder asistir este lunes al colegio donde se desempeña como docente en Cúcuta.

“Yo soy venezolana pero también me siento colombiana de corazón, porque mi madre lo fue y toda mi vida ha transcurrido entre los dos países. Ojalá se resuelva esto rápido, no es justo para la gente de acá tampoco”, aseguró desde Venezuela.

Cancillería llama a la cooperación

En medio de la crisis, la Cancillería emitió un comunicado en el que solicita que “en el estado de excepción anunciado se respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones de las autoridades venezolanas, de conformidad a las normas internacionales vigentes”.

“Exigimos que antes de aplicar las medias de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos. Solicitamos también que las autoridades consulares colombianas continúen asistiendo a cada uno de los connacionales afectados por dichas medidas”, solicitó en el comunicado emitido ayer.

La Cancillería reiteró el mensaje de cooperación del Gobierno para profundizar en la estrategia de lucha contra el contrabando en la zona, y reafirmó el rechazo al cierre de la frontera.

“Debemos buscar mecanismos conjuntos para solucionar la problemática que se vive en la frontera, pero minimizando el daño que esta medida produce a los hombres, mujeres y niños de los dos países que viven, trabajan y estudian en la zona”, declaró.

Mientras tanto, para atender la situación, en el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta las autoridades nacionales y locales pusieron en marcha ayer un Centro de Mando Unificado.

Allí están concentrados funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander, el Bienestar Familiar, el Departamento para la Prosperidad Social, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas, la Cancillería, el Ministerio del Interior, la Registraduría y la Unidad para la Gestión del Riesgo, para poner en marcha las acciones que se requieran para atender a las personas deportadas.

La mayoría de los nacionales que arribaron el sábado y domingo pasaron la noche en el Centro de Migraciones, el Centro de Víctimas de Cúcuta y los coliseos de dos colegios.

Así mismo, las autoridades informaron que esperan desde Venezuela a los tres primeros niños de 37 que se quedaron en el país vecino, luego de que sus papás fueran deportados.

El Tiempo (Colombia)