El coordinador de Provea dijo que de marzo a octubre de 2020 hubo 216 detenciones por razones políticas
El inicio del año 2021 ha sido de gran intensidad en materia de DDHH. Desde el gobierno chavista se han ejecutado acciones contra medios de comunicación y ONG de defensa de derechos fundamentales, todo ello mientras desde la Asamblea de Nicolás Maduro se habla de la posibilidad de reconciliación y se constituye una comisión para el diálogo.
El pasado 8 de enero, una delegación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) allanó la sede del canal por internet VPI, sin orden judicial, e incautaron los equipos pertenecientes a este medio de comunicación, que debido a ello tuvo que suspender sus transmisiones. Asimismo, el ente recaudador estatal, Seniat, clausuró por cinco días la sede del diario Panorama, en el estado Zulia, supuestamente por incumplimientos en los compromisos tributarios de la empresa, pero afectando el funcionamiento del periódico digital.
El martes 12 de enero, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) allanaron la sede de la ONG Azul Positivo en Maracaibo, estado Zulia, aparentemente en una operación administrativa. No obstante, detuvieron a cinco trabajadores de la ONG, entre ellas su director, Juan León. Este miércoles 13 de enero se informó que los detenidos serán presentados a tribunales militares; aunque éstos declinaron la competencia y será un juzgado civil el que conocerá del caso.
En la línea de fuego
Paralelamente a estas acciones, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, fustigó a ONG defensoras de DDHH, entre ellas a Provea. En su programa Con el Mazo Dando aseguró que estas ONG incluso “dan golpes de Estado”.
El mismo 8 de enero, en un supuesto enfrentamiento con bandas armadas, unas 23 personas fueron abatidas por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente por parte de las FAES, mientras las ONG defensoras de derechos humanos comenzaron a alertar sobre la posibilidad de que se estuvieran cometiendo ejecuciones extrajudiciales, toda vez que no se registró ni un herido entre las filas de los funcionarios policiales, algo que comúnmente ocurre cuando hay un enfrentamiento.
Para el director general de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción (Provea), Rafael Uzcátegui, toda esta acción desde el oficialismo demuestra que las ONG y los medios de comunicación “están en la línea de fuego”, del gobierno de Nicolás Maduro y que se ha entrado en una nueva etapa de represión y censura en el país. En entrevista con TalCual, expresó no creer en los supuestos llamados a la reconciliación por parte de dirigentes oficialistas.
-En un operativo policial realizado el 8 de enero en La Vega resultaron muertas más de 20 personas. ¿Cuál es el balance que ha hecho Provea de este hecho y qué conocen que sucedió en realidad?
-Eso ratifica la alta letalidad de las fuerzas de acciones especiales y que no están diseñadas para realizar políticas de seguridad ciudadana. La última cifra es de 23 personas fallecidas, y de los cuerpos de seguridad no hay ningún herido ni fallecido. No es que uno lo desee, pero cuando hay un enfrentamiento con ese poder de fuego que se dice, lo normal es que hayan bajas de lado y lado. En el proceso de reforma policial de 2007, se dejó claro que, cuando las víctimas están en un solo lado, se trata de un operativo de ejecución.
La actuación de las FAES no ha disminuido niveles de inseguridad en nuestro país. Es un instrumento de control territorial. El hecho es una consecuencia de una situación en que el Estado ha cedido el control de territorios dentro de Venezuela a terceros, a individuos, y esta estrategia, como la de las zonas de paz, y también la de las cárceles, donde grupos delincuenciales tienen su propia agenda. Si estos grupos pudieron haber sido controlados en algún momento por el Ejecutivo, ya están fuera de control y se disputan zonas. Todo ello nos habla de un nivel de degradación de la situación de violencia y seguridad en Venezuela y configura un cuadro de daño antropológico, que fractura a la sociedad.
-El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que las ONG de Derechos Humanos conspiran y dan incluso golpes de estado. ¿Qué tiene que decir al respecto?
-Eso forma parte de la campaña de persecución a las organizaciones de DDHH en Venezuela. La estrategia que creo que se está desarrollando contra la sociedad civil es una que ya tuvo eficiencia en el ámbito político. Buscan una sociedad civil lo menos beligerante posible, que coopere con los planes del gobierno y para ello buscan fracturarla, evitando que siga denunciando y visibilizando. La estrategia es continuar la separación que ha sido efectiva para el gobierno.
Creo que nuestro trabajo va a continuar siendo éste de denunciar y documentar los hechos de violaciones a los DDHH. Es una factura que nos quieren cobrar, la de la Comisión de Verificación de Hechos de la ONU, trabajo que resultó en un informe contundente. Nos la van a cobrar. Estarán buscando el mejor momento, en que haya el menor costo político, pero se ha iniciado una fase donde continúan las represalias contra quienes hacen trabajo humanitario.
Varios miembros de ONG del estado Zulia, Azul Positivo, han sido detenidos por la Dgcim, investigando fuentes de financiamiento. El gobierno está intentado intimidarnos. Hay bastante temor que todos estos caminos de documentación terminen en la apertura de un caso formal en la CPI. La fiscal anunció que a finales de este semestre tomará una decisión. Ante la inminencia, se está intentando intimidar a las organizaciones y activistas de DDHH. Hay defensores que han optado por irse del país o bajar el perfil, pero en el caso de organizaciones con mayor visibilidad continuamos fortalecidos.
-La semana pasada confiscaron equipos del canal VPI y acusaron a otros medios de recibir financiamiento. ¿En general cómo ve la situación de la libertad de expresión en Venezuela? El medio impreso Panorama también fue objeto de medidas
-El Estado de alarma (por la covid-19) no es para atender las necesidades sanitarias de la población, sino aprovechar la circunstancia para aumentar los mecanismos de control y censura. Cuando vemos la cifra de personas detenidas durante ocho meses de la pandemia. Hasta octubre, que contamos con datos consolidados, el principal sector que había sufrido detenciones era el de periodistas y trabajadores de medios. Hubo 216 detenciones por razones políticas, y de ese total de detenciones arbitrarias, 66 fueron contra periodistas, es decir, el 30,5%. Es el principal perfil de persecución en Venezuela.
Es la necesidad de controlar y aumentar los niveles de censura y autocensura. Eso tiene no solo un efecto cascada contra otros medios de comunicación sino a lo interno del medio. Ha habido un proceso de persecución sistemática, y tiene que ver con que muchos periodistas se han ido del país. Es una situación que no ha sido visibilizada porque tienen temor a que, si dicen que se han ido por temor, sus familiares puedan sufrir alguna consecuencia.
Hemos normalizado que las cifras de coronavirus sean irreales y existe esa invisibilización de la cantidad de periodistas que han migrado por la persecución y hostigamiento, así que creemos que la situación va a permanecer, porque el liderazgo político democrático tiene una situación que quieren resolver y el sector empresarial intenta reactivar la producción y participará en los espacios de negociación con el gobierno, así que el sector que va a quedar para denunciar es la sociedad civil independiente, que incluye a medios de comunicación. Por eso vamos a estar en la línea de fuego, por esta línea de hostigamiento que tenemos y el temor es que se profundice con el inicio de funciones de la Asamblea Nacional, ya que la misma genera leyes y reglamentos para continuar neutralizando el trabajo de la sociedad civil independiente.
-El presidente de la AN de Maduro, Jorge Rodríguez, habló de una posible reconciliación, pero sin olvido. ¿Cree posible una reconciliación política en Venezuela?
-Creemos que la estrategia será la del palo y la zanahoria; el gobierno va a buscar la legitimación de los hechos a través de la AN, cuya elección ha sido desconocida por muchos países, por lo que hay una legitimidad endeble; se creó una comisión de diálogo que va a asumir este discurso que no cuenta con una voluntad sincera, sino el deseo que la AN sea protagonista de esos espacios, donde participarán sectores empresariales y opositores. Esa va a ser la zanahoria, un discurso políticamente correcto que se va a transformar en ley y se va a buscar fracturar a la población sobre si participa o no.
La sociedad va a ser objeto de iniciativas de persecución y neutralización. Hay gente que dice que hay sectores en el gobierno que sabotean, pero yo creo que forma parte de la misma estrategia. Lanzar un mensaje que fragmente a los contrarios y estos espacios, pero a la vez reprimir y perseguir, proceso que el Foro Penal llama “de puerta giratoria”.
En la película Érase una vez Venezuela, seleccionada para representar a Venezuela en los premios Oscar, uno de los mensajes es que el autoritarismo no le sirve ni siquiera al chavismo. La persona que representa ese rol es profundamente afectada por las políticas que apoya. La racionalidad política indica que el gobierno debe negociar para generar un nuevo escenario político, pero creo que la voluntad es la contraria, aferrarse al poder, negar la diversidad democrática, imponer un modelo que ha traído consecuencias lamentables para los venezolanos.
Uno pensaría que hay sectores en el chavismo que creen en la necesidad de la negociación, pero mientras estos sectores no actúen de manera orgánica, van a seguir apoyando esta consolidación del autoritarismo. Estamos convencidos de que los chavistas, porque son varios, van a seguir participando en la sociedad venezolana del futuro, políticamente, pero que tal como está configurando en el poder de Nicolás Maduro, sin una política sincera de generar un gobierno de inclusión donde se respete la independencia de poderes y transitemos será más difícil.
-La primera vicepresidenta de la AN de Maduro, Iris Varela, ha planteado confiscar los bienes de personas que se han ido del país ¿Qué derechos se transgreden con ello y qué se puede hacer para evitarlo?
-Creo en lo personal que intentan desviar atención de otros temas importantes. Hay gente que ha afirmado que Diosdado Cabello ha perdido influencia en la AN, pero creo que la tendencia radical que él representa, la mucho más extrema, ahora va a ser representada por esta funcionaria, que había sido ministra (de Asuntos Penitenciarios), ahora es diputada. Ella va a representar la línea dura, va a tener ese tipo de afirmaciones, algunas se van a cumplir, otras no. Coincido con Luis Vicente León (presidente de Datanálisis), quien dice que al gobierno no le interesa frenar la migración de venezolanos, y es porque le es funcional, ya que desestabiliza a los gobiernos de la región, por demandas de trabajo y servicios, pero para Nicolás Maduro es un factor que puede incidir en la posibilidad de una estabilización económica.
-¿Cree que la Corte Penal Internacional finalmente investigue a funcionarios del gobierno por crímenes de lesa humanidad? ¿Qué perspectivas hay al respecto?
-Tenemos altas expectativas en la posibilidad que se abra una investigación concreta en la Fiscalía de la CPI. Hay elementos que indican esa posibilidad. ¿Qué tanto puede favorecer a un proceso de negociación? Nosotros no hacemos ese cálculo político. Actuamos siempre como defensores y vamos a promover y exigir que los responsables sean puestos ante la justicia. Creemos que mientras más se señalen responsabilidades individuales podría favorecer una ruptura de la coalición dominante, pero también existe la posibilidad de que las cohesione, porque otros funcionarios pueden verse perjudicados.
Nosotros seguimos alimentando el trabajo de la Comisión de Verificación de Hechos, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sería algo histórico en América Latina (que se inicie una investigación formal), porque casi todas se han dado en países del continente africano y otros como Colombia y México, que han esperado muchos años para que el examen preliminar pase a investigación formal. En el caso venezolano hay muchos elementos que deberían ameritar una situación concreta.
Es un proceso que no ha sido fácil, pero creemos que todo el trabajo que se ha realizado llevará a ello. Lamentablemente es la única instancia jurídicamente vinculante, porque está basada en el compromiso de los estados, pero como hemos visto la racionalidad del gobierno venezolano no es esa, y nos queda esta posibilidad de la apertura de una investigación concreta.
