DDHH olvidados | “Mi hermano me dice que está muerto en vida” - Runrun
DDHH olvidados | “Mi hermano me dice que está muerto en vida”

@ValeriaPedicini

 

Peter Romero lo encontraron desmayado en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, del estado Lara. Había pasado semanas sintiéndose mal. Primero duró 22 días con cuadros diarréicos que lo deshidrataron, pero nadie lo atendió ni fue llevado a un centro asistencial. Después vinieron la fiebre y la tos hasta que el viernes 8 de mayo de 2020 perdió el conocimiento. DDHH olvidados 

Aunque ni siquiera en estas condiciones sus custodios se encargaron de llevarlo a un centro de salud, su hermana Génesis Romero se dirigió hasta los tribunales en busca de una boleta de traslado. Explicó la situación, mostró una foto de él y unas notas de voz de sus compañeros reclusos. Lloró y rogó para que se apiadaran del caso, porque esa era la tercera boleta que solicitaba. Fue aprobada y a los dos días lo mandaron desde el penal al Hospital Central Antonio Pineda de Barquisimeto. 

El doctor que lo evaluó fue claro: el joven de 25 años tenía tuberculosis y necesitaba con carácter de urgencia un traslado al Hospital Luis Gómez López, donde atendían a pacientes con esta enfermedad ya erradicada en el país. Peter necesitaba hidratación y tratamiento, pero eso no fue lo más alarmante. “El estado de desnutrición que él tiene es más fuerte que la tuberculosis que carga”, le dijo el médico a Génesis frente a los guardias que los llevaron hasta el sitio. 

 

“Sí, doctor. Está bien”, contestaron los efectivos de seguridad. Al salir, la respuesta había cambiado: había que regresar a Peter a la cárcel porque el papel de su traslado a un hospital debía sellarlo y firmarlo el director de Uribana. “No podemos pasar por encima de él”, era lo que argumentaban. La firma llegó a la orden de hospitalización, pero a Peter nunca lo sacaron por atención médica. 

 

Siempre había una excusa. Que al día siguiente, que tenía que esperar a que llegara el tratamiento, que no había carros, que el director no estaba en ese momento, que estaba ocupado. Así estuvieron semanas. Los custodios le dijeron a Génesis que no podían hacer nada, que solo estaban cumpliendo órdenes. Pero ella insistió: “¿Qué más quieren? ¿Me lo van a entregar en una caja?”.

A mediados de junio, a Peter Romero lo trasladaron a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara con la promesa de que ahí recibiría la libertad por parte de la ministra Iris Varela. Esperaban que, basándose en el Régimen de Confianza Tutelado con el que ha liberado a más de 1400 presos desde que inició la cuarentena por el coronavirus según la organización “Una ventana a la libertad”, él fuese uno de los afortunados. 

Funcionarios le dijeron a Génesis que la prioridad para la excarcelación serían los enfermos. “Pero en ningún momento los atendió. Está encerrado y nadie se asomó a verlo”, expresa. 

 

“Está irreconocible”

La situación carcelaria en Venezuela es crítica. Los centros de detención están en condiciones precarias, indignas e insalubres. Aunque en el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se explica que el número de presos se redujo, la población carcelaria sigue siendo alta: 43.992 en sitios con capacidad para albergar poco más de 26.000. El hacinamiento, ubicado en 167,66%, es uno de los factores que sirve como caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades graves como tuberculosis o sarna. 

“En estos últimos tres años, las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas”, afirmó Beatriz Carolina Girón, directora del (OVP). De los 104 privados de libertad que murieron en 2019, 66 fueron por motivos de salud, superando a las muertes por violencia. 

“Los espacios destinados a servicios de atención médica primaria se encuentran cerrados, bien por falta de personal médico o de enfermería”, reza el informe del OVP. 

El Estado venezolano tampoco garantiza la alimentación de los reclusos. Es por esto que Génesis iba a Uribana tres días a la semana a llevar una vianda de comida, un litro de agua y un litro de jugo. 

Pero la pandemia lo empeoró todo: las visitas fueron restringidas y con ellas también se limitó la oportunidad de seguirlo alimentando. “Ahorita que está en el Fénix no me han dejado darle ni siquiera comida, ni agua, ni las pastillas. Nada”. 

En los dos o tres minutos en los que tienen oportunidad de hablar, cuando otro recluso le regala alguna llamada telefónica, Peter le cuenta a su hermana lo que le dan de comer: dos dedos de arroz y un vaso de agua. Cuando el joven entró en Uribana para cumplir su sentencia de siete años y cuatro meses por robo, pesaba 62 kilos. Ahora pesa 30 kilos. 

Cuando hablan, él también se encarga de expresarle el calvario que está padeciendo. “Me dice que es horrible, que es un infierno. Mi hermano me dice que él está muerto en vida, que los están matando. Me dice que solo Dios lo sacará de ahí”. 

Génesis tiene miedo y sabe lo que puede pasar con su hermano, lo mismo que en otras ocasiones ha escuchado lo que pasa con los presos. “Él mismo me cuenta que hace uno o dos meses se murió un amigo al lado de él por tuberculosis, se ahogó. Se han muerto varios muchachos”. 

Hasta la fecha, el joven no ha sido llevado a un centro médico para su hospitalización, a pesar de la orden de traslado. Esto representa una violación a sus derechos fundamentales: la Constitución reconoce a los privados de libertad como “sujeto de derecho” y, específicamente, el derecho a la atención médica, a la salud y a la vida, está contemplado en el artículo 83.

Peter Romero tiene pocas semanas cumpliendo el tratamiento para la tuberculosis porque no había llegado al penal. Si esto no ocurre, no hay muchas opciones aparte de aguantar el malestar. “Estuvo con fiebre, sus pies se le duermen, no puede caminar bien por lo delgado que está, la tos lo asfixia. Me dicen que se va a poner fino, que lo están alimentando bien, pero es mentira. De adentro me enviaron una foto y está irreconocible”.