Paula Colmenarez estuvo al menos seis horas detenida en La Carlota junto a otros 13 jóvenes. Seis horas a merced de la crueldad de los funcionarios, sin poder hacer nada

El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341. 

Paula Colmenarez corrió lo más rápido que pudo. Una bandera de Venezuela le tapaba la mitad del rostro y en su bolso a cuestas llevaba la Constitución. Volteó y vio al terror a la cara: un contingente conformado por unas 50 motos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la perseguía. Los tenía tan cerca que escuchó cuando un funcionario dijo: “Ya, ya la agarramos”.

Uno de ellos la arrinconó, le metió el pie para que cayera y Paula terminó boca abajo sobre el asfalto del Distribuidor Altamira, lleno de vidrios y piedras. La bota militar la pisó por la espalda para inmovilizarla y quedó indefensa. La escena, registrada por el fotógrafo Miguel Gutiérrez de la agencia EFE, se hizo viral en las redes sociales. 

Era 10 de julio de 2017. 

Paula tenía poco tiempo de haber llegado de Barquisimeto a Caracas para estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Para la fecha, tenía 17 años. Las protestas de 2017 iniciaron el 1 de abril luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera dos sentencias que dejaba sin poderes a la Asamblea Nacional. La decisión empujó a los venezolanos a las calles.

Así que los días normales de rutina estudiantil de Paula se acabaron rápido y la joven se unió a la agenda de protestas. Acostumbraba a salir con el Movimiento Estudiantil de su casa de estudios, pero no se quedaba en casa si el plan inicial no resultaba. En ocasiones, también iba sola. 

Ese día lo hizo. El 10 de julio la oposición había convocado a un trancazo de 10 horas. Ella, junto a otros manifestantes, bajó a la autopista Francisco Fajardo. Cuando unos funcionarios de la GNB pasaban por Altamira Sur, hubo una explosión de un artefacto casero que dejó heridos a varios efectivos. 

“Yo estaba del otro lado. Había alrededor de 15 motos y desde ahí nos lanzaban bombas lacrimógenas. Me confié porque pensé que se iban a retirar después de la explosión, pero al rato subieron por esa misma calle y la gente salió corriendo”. Las motos fueron más rápidas. 

Amenazas y humillaciones

Después de que la pisaran contra el piso, 30 efectivos de seguridad la rodearon, la levantaron por el pelo y, en menos de 15 segundos, la montaron en una de las motos y la llevaron detenida. En el camino, minutos que le parecieron eternos mientras era trasladada a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, un soldado le dice a su compañero que la toque “para ver cómo está” y la manoseó por encima de la ropa. 

Las ofensas y las amenazas tampoco tardaron en llegar, esas que no dejaron de soltar durante su detención. “Perra, maldita, zorra”, le decían. Le pidieron su celular, con la advertencia que lo entregara rápido o la iban a lanzar al río Guaire. 

Paula estuvo al menos seis horas detenida en La Carlota junto a otros 13 jóvenes. Seis horas a merced de la crueldad de los funcionarios, sin poder hacer nada. Le amarraron las manos con correas plásticas y le taparon la cabeza con la capucha de su propio suéter. A la joven le costaba respirar y se movió para tratar de encontrar un poco de aire. “¡Ahógate! ¿Ahora sí pides ayuda?”, le gritó uno de sus captores. 

Sentía miedo. “Una cosa es ver que le pase a los demás y otro que te pase en carne propia, ver lo que se siente, la desesperación”. La patearon, la insultaron, la zarandearon, se burlaban de ella. Un funcionario pidió unas tijeras para cortarle el pelo y como no había, se lo jalaban con fuerza.  “Si no se lo podemos cortar, se lo arrancamos”. El pánico fue mayor. 

La arrastraron violentamente por el suelo, cerca de otros manifestantes detenidos, y le ordenaron que se acostara boca abajo. Como Paula no reaccionó porque le costaba coordinar bien por los nervios, la humillaron: “¿Eres estúpida?, ¡no sirves!, ¡te dije bocabajo!, ¡arrástrate como un gusano!”. Evitaban que levantara la cabeza para que no pudiera identificar a nadie. 

La presión de los tirrajes empezó a molestarla. Tenía una herida en la mano derecha tras haber caído sobre los vidrios que estaban en el pavimento de la autopista. Su mano se pone fría, morada y su ropa se tiñe de rojo por toda la sangre que está perdiendo. Pidió que la soltaran y lo hicieron, no sin antes rociarle la cara con gas pimienta. 

Pero las intimidaciones que más temor le dio a Paula fueron las sexuales. En varias ocasiones la amenazaron con violarla y temía ser agredida. “Estaba muy asustada porque era la única mujer entre puros hombres, incluso los detenidos. Amenazaban con violarme y con que me llevarían al baño”.

Le preguntaron su nombre, su edad, su dirección exacta. Pasadas unas horas, un oficial de alto rango ordenó que la llevaran a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) para curarle la herida. Ahí un médico con acento cubano le dijo que le dejaría una cicatriz con la forma de la letra C de Cuba. 

De vuelta a la base militar, le permitieron hacer una llamada telefónica y se comunicó con su padre en Barquisimeto. La GNB empezó a debatir qué iban a hacer con ellos, si Paula se iría con los otros jóvenes a otro lugar. Con el miedo de que los trasladaran a quién sabe dónde, la orden final fue que la llevaran a su casa. Los demás no tuvieron tanta suerte. Eran casi las 10 de la noche. 

Una de las cosas que seguía atormentando a Paula Colmenarez, incluso mucho tiempo después, era la impotencia que esa noche fue la única quedó en libertad, mientras el resto de los muchachos siguieron detenidos. Las escenas que van y vienen en su cabeza, así como las amenazas y los sonidos de los golpes, son cosas que no se permite olvidar. Una marca que no se borra, como la de la cicatriz de su palma derecha. Físicas y emocionales. 

Así como los venezolanos salieron a protestar, los cuerpos de seguridad del Estado también salieron, pero a reprimir. Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 158 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también documentó la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos. Constató que las fuerzas de seguridad utilizaron de forma sistemática fuerza excesiva para frenar las protestas, así como la existencia de patrones de torturas, malos tratos y violaciones al debido proceso en los casos de detención. 

Junto a su padre y respaldada por tres organizaciones de derechos humanos, Paula Colmenarez fue al Ministerio Público, que atendió la denuncia por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para poder tener una idea del alcance de las agresiones, pidieron un examen médico forense psicológico. Pero la solicitud no fue atendida. La investigación sigue abierta y las violaciones de sus derechos no han sido individualizadas.

Paula Colmenarez no pudo retomar sus estudios, las bajas defensas hicieron que enfermara con hepatitis A y regresó a Barquisimeto. El primero en emigrar fue su padre, luego se fue ella. Ahora ambos viven fuera de Venezuela.

Aunque en sus planes estaba ejercer su carrera en el país, Paula no se arrepiente de nada. “Yo no cometí ningún delito, yo estaba protestando por mis derechos”.

N de R: El testimonio  forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic.

Foto:  Miguel Gutiérrez / EFE