Detenciones arbitrarias, censura y bloqueos a sitios de internet se producen en medio de la pandemia 

En Venezuela, Nicaragua y Cuba tiene lugar un ataque desde el estado hacia periodistas, medios de comunicación independientes y activistas opositores, refleja el Informe Anual 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El reporte de la entidad de la Organización de Estados Americanos, OEA, dice que estos ataques ocurren a través de detenciones arbitrarias, distintas formas de censura y bloqueos de sitios de internet.

También indica que hay vigilancia de las comunicaciones digitales y espionaje a medios y comunicadores, persistiendo la implementación de estrategias de control y vigilancia a las comunicaciones de ciudadanos en las redes sociales.

En Venezuela, estas violaciones continuaron profundizándose en 2019 en el contexto de una agudización del conflicto político y social, dice el informe.

Agrega que, la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, ejercida en muchos casos por los propios miembros de las fuerzas de seguridad, se acrecentó durante eventos de interés público, como protestas, actos políticos o debates legislativos.

Apunta que, numerosos periodistas fueron detenidos de manera arbitraria por miembros de la policía o de los servicios de inteligencia mientras desempeñaban su trabajo o cubrían manifestaciones, y reiteradamente fueron forzados a borrar material periodístico.

Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que en Venezuela se ha venido dando un debilitamiento de la institucionalidad, lo cual ha afectado la situación de los derechos humanos.

“Hemos venido observando con preocupación un debilitamiento institucional, donde no hay división de los poderes del estado, hay un debilitamiento en el estado de Derecho, una falta de controles al poder político y eso va resultando en afectaciones a los derechos humanos”, dijo Hernández, en entrevista con la Voz de América. “Hay además una enorme desconfianza de la ciudadanía hacia el estado, al que debe acudir para atender sus necesidades básicas y atender violaciones de los derechos humanos”.

El informe añade que, se constató un patrón de censura en Venezuela, mediante el bloqueo sistemático de sitios web de medios periodísticos, redes sociales o servicios de streaming ordenados por las autoridades estatales y ejecutados por la proveedora pública de Internet, CANTV.

Asimismo, dice que, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el bloqueo de canales internacionales de noticias de los servicios de televisión para abonados, dispuso el cierre de emisoras y ordenó suspender la transmisión de determinados programas.

La Relatoría Especial recibió información sobre varios casos de detenciones arbitrarias, y procesos penales llevados adelante contra periodistas en presunta represalia por su labor informativa, en muchos casos sin las garantías del debido proceso.

Señala que, el estado continuó también las detenciones arbitrarias y la posterior aplicación de normas penales vagas, ambiguas y desproporcionadas que restringen libertad de expresión para silenciar opiniones o informaciones críticas sobre la situación política y económica que atraviesa el país.

En Estados Unidos, la democracia modelo del hemisferio, no hubo censura, pero sí acoso, agresiones y declaraciones de altas figuras del gobierno contra medios independientes y críticos del gobierno de Donald Trump, afirma el informe.

Dice que, “Las constantes declaraciones de descalificación por parte de altas autoridades contra la prensa, a través de calificativos como ser que la consideran “deshonesta”, “corrupta”, “enemiga del pueblo”, que difunden “noticias falsas”, o que comenten “actos virtuales de traición”socavan el rol de la prensa.

A la CIDH también le preocupa que en Estados Unidos se continúe invocando “la Ley de Espionaje y la existencia de requerimientos judiciales para que los periodistas revelen sus fuentes o se presenten en calidad de testigos sobre hechos que han reportado o investigado”.