En la última década, el estado Lara ha sido testigo de la violencia policial, primero con la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) y luego con la desaparecida Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ahora devenida en Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO).
Si bien las muertes por intervención policial (MIP) han disminuido a partir de 2022, el patrón que impera ahora es la extorsión y la amenaza por parte de funcionarios, especialmente a empresarios, comerciantes y personas que se movilizan por las carreteras del estado.
El pasado 9 de enero Aiverson Torres de 17 años de edad resultó muerto a manos de unos funcionarios policiales, quienes instalaron una alcabala móvil en la avenida 14 de febrero con avenida Rotaría, en la ciudad de Carora del municipio Torres.
Según versiones publicadas por medios de comunicación, Torres decidió no detenerse en la alcabala para evitar ser extorsionado. Dos funcionarios lo persiguieron y le dispararon directamente en la parte superior de su cuerpo.
El informe anual del Observatorio de Violencia (OVV) reflejó que la tasa de homicidios el año pasado fue de 19,2 por cada 100 mil habitantes. Del total de 317 muertes violentas, 25 corresponden a intervenciones policiales.
En el referido informe se lee: “En los últimos años se apreció un aumento de los homicidios y de las muertes provocadas por la intervención policial que estaría asociado a un mayor estímulo de los factores catalizadores del crimen en comparación a los años anteriores, en los que, producto de los efectos del confinamiento y en general de la sostenibilidad de la crisis humanitaria, devinieron indirectamente en menor criminalidad”.
El OVV expresó que aunque hay un crecimiento del número de funcionarios policiales, se refleja una crisis institucional.
“La masificación no calificada de efectivos de seguridad ha derivado en altos niveles de abuso contra los ciudadanos, en esta problemática inciden diversos factores como los bajos salarios de los policías, un entorno institucional débil y el abuso de poder”, indican.
Con información de OVV
