El periodista que labora en el noticiero del canal Venevisión, Euclides Sotillo, fue detenido arbitrariamente la mañana de este domingo 30 de julio por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes también lo agredieron físicamente.
El comunicador se encontraba reportando los sucesos de El Paraíso, donde se registraban enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de cuerpos de seguridad.
De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) Sotillo fue golpeado y arrastrado por los funcionarios que lo detenían. Su teléfono fue destruido en el proceso.
Tras ser golpeado, los efectivos dejaron al comunicador en libertad y un equipo del canal Venevisión se apresuró en recogerlo en el lugar. Sin embargo, al llegar al Paraíso, no pudieron encontrar a Sotillo, por lo que se presumió que fue detenido nuevamente y llevado por los funcionarios del Sebin.
El SNTP informó que el periodista ya fue liberado y se encuentra con personal del canal.
A dos periodistas detenidos en el estado Zulia se les dictó privativa de liberad por delitos militares, una decisión ilegal que se une a los atropellos y violaciones que han vivido los comunicadores en el país especialmente en los meses de protestas.
Los periodistas zulianos Alberto Cabrera y Antonio Medina fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 26 de julio cuando cubrían en Maracaibo las primeras horas del paro nacional que convocó la coalición opositora para esa fecha.
Junto con los periodistas fueron detenidas otras 11 personas, entre las que se encuentra el concejal de la entidad, Ángel Machado, y 10 activistas de Voluntad Popular.
Los delitos que imputaron a los comunicadores sociales son rebelión militar, menosprecio y ofensa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que denunció lo ocurrido.
#URGENTE Dictan privativa de libertad contra periodistas zulianos Alberto Cabrera y Antonio Medina, detenidos el pasado 26 de julio #28Jul
El alcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, Carlos Chancellor, publicó una fotografía en la que se evidencia cómo se encuentran los estudiantes detenidos en la cárcel de El Dorado.
En la imagen se ven con la cabeza rapada y vistiendo un uniforme amarillo. «Esta es la forma como tratan a nuestros jóvenes estudiantes, rapados, ropa amarilla, como si fuesen delincuentes», escribió Chancellor en su cuenta de Twitter.
El grupo de 31 detenidos por protestas en el estado Bolívar, más uno de Cumaná, permanecería en El Dorado hasta este sábado 24, cuando serían llevados a la comandancia de Guaiparo, en San Félix, tras haberse emitido una orden de traslado.
El procedimiento no se efectuó, sin confirmarse la razón exacta que impidió la materialización de la medida. Según Chancellor, serían trasladados a San Félix este domingo a las 4:00 a.m., pero esto tampoco se concretó. Según medios regionales, los jóvenes aún están en El Dorado.
Igualmente denunció que la cárcel es considerada zona endémica, por lo que los estudiantes corren el riesgo de contraer paludismo.
El Ministerio Público denunció que el viernes pasado se les impidió a los fiscales ingresar a El Dorado para constatar las condiciones y el estado de salud de los 31 jóvenes privados de libertad por manifestar.
Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, informó a través de su cuenta de Twitter que entre el viernes 16 y el sábado 17 de junio de 2017, hubo un incremento de 42 nuevas detenciones.
«Ahora privan de libertad en Caracas a 18 personas en contexto de manifestaciones. Un detenido convulsiona en tribunales», explicó Romero en otro tweet.
El director de la ONG dijo, además, que las ciudades con mayor incremento de presos políticos son Carabobo, Caracas y Bolívar.
Se suman los 18 detenidos de las torres de El Saladillo, Maracaibo. De acuerdo con la información del FPV, estos presos políticos se encuentran en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana, en La Ciega.
El abogado y director ejecutivo de Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó que hasta el 13 de junio han sido arrestadas 3182 personas por las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Foro Penal, la organización civil que lleva el registro de detenciones realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado, contabiliza también 1280 personas que permanecen detenidas por el Estado.
Esta cifra corresponde a los 75 días de protesta que afronta Venezuela, los cuales iniciaron el 1 de abril tras un golpe de Estado contra el parlamento.
Arrestos #1abr al #13JN. Total: 3182. 1280 aún detenidos.
La mañana de este lunes 12, un grupo de habitantes de Montaña Alta, en el municipio Carrizal del estado Miranda, salieron a las calles para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta las 10:35 de la mañana, periodistas reportaron al menos siete personas detenidas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), incluyendo menores de edad. También reportan la detención del dirigente de Voluntad Popular, Jesús González.
Cerca de las 8:00 a.m. un grupo de personas trancaron con una barricada los dos sentidos de la carretera Panamericana a la altura de Montaña Alta. Media hora después fueron reprimidos por efectivos de la GNB que se apersonaron en el lugar y lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes. Los Guardias también lanzaron lacrimógenas a edificios del sector.
El periodista de La Región, Daniel Murolo, reportó que la represión dejó al menos siete personas detenidas, entre las que se encuentran un trabajador de una clínica, otro de una ferretería y menores de edad, de acuerdo al director de liceo Carlos Gauna, aunque la GNB indica que no han detenido ningún menor en el sector. Los detenidos están en el Comando de El Paso, vía a la cárcel de mujeres.
Entre detenidos x GNB en Montaña Alta se encuentran menores d edad y 2 trabajadores,1 d la Clínica y otro d ferretería del sector #12Junio
Además, se desconoce el paradero del dirigente de Voluntad Popular, Jesús González, quien se encontraba en una entrevista en Montaña Alta cuando llegó la GNB, indicó el periodista.
#12Jun 10:12am Se desconoce paradero de dirigente de VP @JesusGonzalezS, se encontraba en una entrevista en Montaña Alta cuando GNB llegó
Al Internado Judicial La Pica (Monagas) enviaron a 7 jóvenes neoespartanos. Forman parte de los 197 civiles privados de libertad por decisión de tribunales militares en todo el país. Aunque la Fiscal General de la República mencionó el caso en su última rueda de prensa, esa detención no es un hecho aislado: el Foro Penal Venezolano registra 363 ciudadanos presentados ante estos tribunales. Familiares y abogados de los margariteños contaron la historia a Runrun.es
FAMILIARES Y AMIGOS DE ENZO MENDOZA ZABALA, de 20 años de edad, recibieron una nota escrita por él en un pedazo de papel: “Hermano, todo bien, gracias a Dios. Gracias por el apoyo de todos. Nada de esto será en vano. Tenganme siempre presente y ayuden a mi mamá en cualquier cosa. Se les quiere mucho y recuerden: ¡La Resistencia Sigue!”. Su autor agrega una dirección desde la que seguramente nunca pensó que enviaría una comunicación: “La Pica, Maturín, estado Monagas”.
Enzo es uno de los siete neoespartanos trasladados el 20 de mayo de 2017 al recinto carcelario por orden del Tribunal Militar del estado Anzoátegui. El grupo completo lo conforman: Franklin Rojas, de 25 años; Jorge Cedeño, de 21 años; José Antonio Romero, de 20 años; Cruz Esteban Montes, 20 años; Frain Flores, de 22 años y Asdrúbal Rodríguez, de 18 años.
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Tatiana Aguilar, abogada miembro de las ONG Nueva Esparta en Movimiento y Foro Penal Venezolano, confirma que los cargos que les imputaron son: agresión al centinela y destrucción de propiedad militar. Según el tribunal, los siete muchachos estarían presuntamente vinculados con la quema de un convoy de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la jornada de protesta del lunes 15 de mayo realizada en la isla de Margarita.
Testigos, familiares y el equipo defensor aseguran que los jóvenes no tienen nada que ver con los delitos que les imputan. “Algunos de ellos fueron sacados de sus viviendas, ni siquiera participaron en la protesta. Simplemente querían llevarse a alguien y eso se nota por la ubicación de las detenciones. Unas fueron en Villa Tinajero y otras en la Av. Juan Bautista Arismendi. Se trata de jóvenes que estudian y trabajan, no son ningunos vagos sino personas que les fueron arrebatadas a sus familias. Tres de ellos tienen hijos menores, incluido un bebé de tres meses”, describe Aguilar.
“Se llevaron a los más humildes. Los padres de uno son pescadores, la mamá de otro pila maíz y de eso viven. Hay un video de cuando se llevaron a su hijo: lo montaron en una moto, él se lanzó de la misma y la mamá lo protegió con su cuerpo, igual se lo llevaron. Otros dos chicos jugaban nintendo en su casa y se los llevaron de la sala”, relató un allegado a los detenidos que pidió mantener su nombre en resguardo.
El jueves 01 de junio, familiares de los siete detenidos acudieron a la sede de la Zona de Defensa Integral de Nueva Esparta (Zodine), ubicada en Pampatar, para interceder por los jóvenes. «El Almirante Alfredo Pulido nos escuchó pero dijo que él no podía hacer nada por los siete detenidos, que eso no le correspondía a él. Una de las madres le pidió que por favor hiciera algo, que intentara hacer algo por ellos, que con una llamada se podía ayudar pero respondió que él solo seguía órdenes», relatan allegados a los detenidos.
No importa cuán alta sea la cuesta, iremos a donde sea, cuantas veces toque por el futuro de nuestros hijos! pic.twitter.com/VQAEUrbag9
— Vanessa Bracamonte (@vanebracamonte) June 1, 2017
Los que deberían proteger el País hoy persiguen a los Jóvenes,encarcelan nuestro futuro!! Basta!!! pic.twitter.com/gtizcTBPRy — Vanessa Bracamonte (@vanebracamonte) June 1, 2017
Video cortesía de Reporte Confidencial
Ignoraron a la Fiscalía y fueron directo a jurisdicción militar
De las protestas del 15 de mayo resultaron detenidas 28 personas a quienes trasladaron al Destacamento de la Guardia Nacional en Los Cocos, entre ellas había cinco menores de edad. De ese grupo, 14 fueron enviados a jurisdicción militar.
“En ningún momento los detenidos vieron a familiares, ni abogados, nosotros tuvimos acceso a ellos en la sala de audiencia. Hasta ese momento no sabíamos ni siquiera cuántos eran y quiénes estaban detenidos. Esa es una violación a la Constitución que garantiza el acceso a la asistencia jurídica desde el inicio del proceso. Es tan dramático que uno de los detenidos no tiene familia en Margarita y nadie sabía que estaba ahí”, apunta Aguilar.
La abogada explica que tras las detenciones se realizaron dos procedimientos distintos, uno para los aprehendidos en la zona de La Auyama (municipio Maneiro) y otro para los de la Av. Juan Bautista Arismendi (municipio homónimo).
“A los cinco menores de edad detenidos en el primer procedimiento se les dio libertad plena. Otros seis obtuvieron medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad, con presentación cada ocho días. Dos detenidos, un hombre y una mujer, quedaron en libertad en virtud de las lesiones graves que presentaron (desprendimiento del tímpano y heridas de perdigón que se infectaron). Se estableció fianza para los casos restantes y se consignaron los recaudos”, apunta Aguilar.
Los abogados aseguran que a las pocas horas de las detenciones, las autoridades ya habían notificado al fiscal militar del estado Nueva Esparta. La quema del convoy de la GNB fue la excusa para someterlos a la jurisdicción militar en lugar de la civil.
“No hubo ninguna individualización de la acción, de hecho, ninguno de los detenidos tiene nada que ver con ese suceso. A medianoche, 13 de 14 detenidos fueron trasladados del Destacamento de Los Cocos hacia Barcelona, estado Anzoátegui, pues allá están los tribunales militares. Si nosotros no nos movemos rápido y salimos de madrugada les habrían asignado defensores públicos, también militares, violando el derecho que tienen los ciudadanos de escoger a sus defensores”, narra Aguilar.
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La defensa confirmó que la Fiscalía ha hecho las diligencias correspondientes solicitando la jurisdicción de la causa, sin embargo, la petición ha sido ignorada por el tribunal militar. Los familiares introdujeron un recurso de amparo que tampoco procedió. El Ministerio Público está al tanto de la violación de los derechos procesales y la propia Fiscal General de la República se refirió al caso de Margarita, asegurando que los tribunales militares no tienen competencia para conocer esta causa.
Tanto los defensores como los familiares afirman que la cantidad de golpes y lesiones que tienen los muchachos son numerosas y de gravedad considerable. Domingo García, también imputado por la quema del convoy, no pudo ser trasladado a tribunales junto al resto de los detenidos pues se encontraba hospitalizado debido a las lesiones que recibió por parte de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana: un disparo en una pierna y tres dedos de la mano fracturados.
De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, de los 2.977 detenidos tras las manifestaciones entre el 1ero de abril y el 30 de mayo, 363 ciudadanos han sido presentados ante tribunales militares y de ese grupo, 197 han sido privados de libertad.
De Margarita a La Pica: «La Virgen del Valle los hará regresar»
Los siete jóvenes detenidos se encuentran en la zona militar del recinto penitenciario, apartados de los presos comunes. Los familiares refieren que pese a la injusticia del traslado, las condiciones parecen ser más llevaderas que en el Comando de la GNB. Tras casi dos semanas recluidos, el fin de semana del 27 y 28 de mayo recibieron la visita de sus abogados y familiares.
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“Están más flacos pero al parecer no los han golpeado más, nos permitieron pasar toda la comida y para la próxima visita podremos llevarles enlatados”, cuentan allegados que piden anonimato.“Va a ser muy fuerte para los familiares trasladarse constantemente a llevarles comida e insumos a los muchachos, no solo por la distancia que separa a Margarita de La Pica, sino porque la situación económica de esas familias es muy precaria. Los familiares solo tienen acceso a llevar comida los miércoles, eso no es fácil de arreglar para quienes viven en la isla. Las visitas son únicamente los fines de semana. Es un desgaste físico y emocional muy grande”, dice Aguilar.
La abogada agradeció la colaboración no solo de los neoespartanos sino de muchos monaguenses que han ayudado donando comida y enseres para los detenidos.
La solidaridad de los margariteños con los jóvenes detenidos en La Pica se ha expresado de muchas maneras: misas, rosarios y hasta con galerones entonados frente a los efectivos de la GNB, quienes escucharon la tonada en silencio y con la mirada baja.
Muchos padres se han organizado para recibir capacitación en primeros auxilios para poder atender a quienes resulten lesionados por la represión de los cuerpos de seguridad del Estado.
Aguilar confirmó que el proceso legal está en fase probatoria. No descarta que las diligencias del Ministerio Público por recuperar la jurisdicción de la causa surtan efecto. Mientras, los defensores intentan conseguir una medida que devuelva a los muchachos a la isla y les permita continuar el juicio en libertad y junto a sus familias, con medidas de presentación como las otorgadas a otros procesados.
A los recursos legales se suma la inquebrantable fe de los margariteños en su patrona. “Tengo mucha esperanza. La Virgen del Valle reclama a sus hijos y estoy segura de que ella los hará regresar”, afirma Aguilar con plena seguridad.
El profesor Jorge Machado fue detenido en Caracas por el Sebin y fue trasladado a El Helicoide. El Tribunal Militar 3ro de control lo acusa de los delitos de “traición a la patria” y “rebelión militar”
Académicos venezolanos y latinoamericanos han expresado su rechazo ante la detención arbitraria del profesor Jorge Machado, miembro de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, además de formar parte del personal docente de la Universidad Simón Bolívar.
La detención ocurrió el viernes 19 de mayo en Caracas, cuando funcionarios del Sebin lo trasladaron a El Helicoide. El lunes 22 fue presentado ante el Tribunal Militar 3ro de control bajo la acusación de los delitos de “traición a la patria” y “rebelión militar”.
El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar afirma que «la detención arbitraria de Machado así como el hecho de que se le juzgue bajo la jurisdicción militar, constituyen una violación de su derecho a pensar y a disentir, a expresar libremente sus ideas y reflexiones, y de su derecho a ser juzgado por su “juez natural”, una jurisdicción civil. Igualmente es un acto inaceptable de violencia contra el pensamiento, la búsqueda de la verdad, la rigurosidad y excelencia de la labor investigativa y docente, la producción de conocimiento, todos ellos principios fundamentales del quehacer universitario que están consagrados tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente como en la Ley de Universidades».
De la misma manera, la Sociedad Venezolana de Filosofía, se pronunció «ante la creciente y desmedida violencia ejercida por el régimen venezolano contra el movimiento estudiantil universitario, universidades públicas y privadas, gremios profesionales de docentes y contra la sociedad civil en general».
Condenaron la detención de varios profesores universitarios de diferentes casas de estudios del país, entre ellas, la del profesor Santiago Guevara de la Universidad de Carabobo y la del profesor Sergio Contreras de la UCAB.
«Con el uso de las tecnologías del terror, el régimen viola derechos humanos fundamentales, asesina, tortura y viola sistemáticamente nuestra constitución, sobre todo cuando juzgan a civiles en tribunales militares», acota el comunicado de la Sociedad Venezolana de Filosofía.
La Sociedad de Filósofos Argentinos también sumó su voz a la denuncia de sus pares venezolanos y suscribieron una carta que presentaron ante el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Buenos Aires, el 22 de mayo de 2017.
«Los abajo firmantes declaramos nuestra solidaridad y dolor ante la situación que afecta al insigne colega Jorge Machado, profesor de la Escuela de Filosofía en la Universidad Central de Venezuela. El profesor Machado se encuentra preso, desde el día viernes, en la cárcel caraqueña de Plaza Venezuela. Nos dirigimos a usted, señor presidente Nicolás Maduro, primer magistrado de la República Bolivariana, para solicitarle respetuosamente que disponga, en el marco de sus atribuciones de emergencia, la libertad inmediata del profesor Machado, cuya prisión significa un atentado contra el derecho inalienable de los ciudadanos americanos de cultivar la crítica y el pensamiento libres».
Trayectoria del profesor Machado
La trayectoria del Profesor Jorge Machado en la Escuela de Filosofía de la UCV incluye una destacada labor docente así como una dedicada labor de investigación en torno a distintos problemas propios de la filosofía moderna y del pensamiento acerca del hombre. En el año 2015 obtuvo su grado de Magister en Filosofía en la USB y actualmente es estudiante del Doctorado en Filosofía de esa universidad.
