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Mesa de diálogo instala Consejo para revisar credenciales de postulados al TSJ

Redacción Runrun.es
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Mesa de diálogo instala Consejo para revisar credenciales de postulados al TSJ

La Mesa de Diálogo entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 anunció la instalación formal del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los Postulados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura.

De acuerdo con un comunicado difundido este martes 3 de noviembre, el Consejo funcionará como un órgano técnico asesor y su conformación responde a uno de los acuerdos alcanzados durante el segundo ciclo de conversaciones entre ambas delegaciones.

La instancia revisará las credenciales y los requisitos de quienes aspiran a ocupar cargos en esas instituciones del sistema de justicia. Su creación había sido anunciada el pasado 12 de agosto, durante el primer ciclo de diálogo, y quedó formalizada entre los acuerdos alcanzados el 25 de septiembre.

El Consejo funcionará en paralelo al Comité de Postulaciones Judiciales, encargado del proceso de selección de aspirantes a magistrados del TSJ. La instalación de esta instancia coincide con la recepción de candidaturas para los cargos del Poder Judicial, que comenzó el miércoles 28 de octubre y se extenderá hasta el 11 de noviembre.

Los documentos de los postulados se reciben en el Museo Boliviano de la Asamblea Nacional, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Perfiles jurídicos y académicos en la lista

Según la información publicada por el medio aliado TalCual, entre los integrantes de esta instancia figuran juristas con experiencia en el sistema judicial, la academia y el ejercicio del derecho. A continuación, datos de sus trayectorias, según la información recopilada por TalCual.

  • Belén Ramírez Landaeta: especialista en Derecho Administrativo. Fue magistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia. Actualmente preside la Fundación Estudios de Derecho Administrativo (Funeda).
  • María Bernadoni de Govea: abogada de la Universidad del Zulia y especialista en Derecho del Trabajo. Fue ministra del Trabajo durante el segundo gobierno de Rafael Caldera y ha desarrollado una trayectoria académica e investigativa en materia laboral y sindical.
  • Deyanira Nieves Bastidas: fue magistrada de la Sala de Casación Penal del TSJ entre 2004 y 2015, instancia que llegó a presidir. También ocupó la Dirección General de la Defensa Pública y actualmente es rectora de la Universidad Audiovisual de Venezuela.
  • Rogelio Pérez Perdomo: abogado y doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, con estudios en Harvard y la Universidad de París. Es especialista en sociología e historia del derecho. Fue decano de la Universidad Metropolitana y profesor visitante de la Universidad de Stanford.
  • Bernardo Pulido Márquez: abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de posgrado en Stanford y un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Notre Dame. Ha representado a víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y organismos de Naciones Unidas.
  • Silio César Sánchez Zerpa: abogado constitucionalista y autoridad de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Fue director ejecutivo de la Magistratura del TSJ en 2015 y 2022, cargo desde el cual se gestionan asuntos administrativos y operativos del Poder Judicial.
  • Federico Sebastián Fuenmayor Gallo: abogado y doctor en Derecho, con especializaciones en áreas penal y constitucional. Fue designado magistrado suplente en diciembre de 2015, durante el proceso de nombramientos realizado por la Asamblea Nacional saliente de mayoría oficialista. Su firma aparece en las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, emitidas en marzo de 2017, que limitaron las atribuciones de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Lea acá el trabajo completo de TalCual

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

De espaldas a la sociedad civil: AN aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio

SNTP reitera que Ley contra el Odio debe derogarse porque promueve la censura

Redacción Runrun.es
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SNTP reitera que Ley contra el Odio debe derogarse porque promueve la censura

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este 4 de noviembre que la Ley Contra el Odio debe ser derogada, no reformada, ya que promueve la censura en la sociedad civil. El anunció ocurrió luego que la Asamblea Nacional del 2025 —liderada principalmente por el chavismo— aprobara en primera discusión la reforma de dicha ley, que cambia la prisión por multas con cotizaciones que pueden superar los 10 000 dólares.

Esa Ley, denuncia el ente gremial, ha sido utilizada para detener arbitrariamente a periodistas y civiles. Las ONG Foro Penal y Cecodap estiman que más de 900 personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias tras la promulgación de la Ley Contra el Odio y el uso de sus artículos «punitivos».

«La discusión legislativa no puede ignorar las detenciones, restricciones a la libertad, amenazas y demás consecuencias de su aplicación, ni limitarse a sustituir las penas de prisión por sanciones administrativas», destacó el SNTP en un comunicado.

Denunciaron que la reforma mantiene conceptos vagos como odio, temor, angustia y zozobra, que pueden ser usados por las instituciones gubernamentales para denunciar sin discreción. Si bien la reforma ahora no penaliza la labor periodística, la moderación de las imputaciones y sus consecuencias queda en manos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP).

«Esta ambigüedad incumple las exigencias de precisión de las normas sancionadoras y favorece la arbitrariedad y la autocensura», denunció el instituto gremial. «El despacho [del MRIJP] está dirigido por Diosdado Cabello, quien durante años ha utilizado espacios de comunicación pública para señalar y descalificar a periodistas y medios independientes».

Por ello, ante la posible perpetuación del sistema de represión y vulneración de DDHH que ha documentado la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, el SNTP le exige a la Asamblea Nacional del 2025 derogar la normativa.

«La Asamblea Nacional debe asumir las consecuencias de nueve años de aplicación de una legislación utilizada para restringir derechos fundamentales. Cualquier discusión sobre su futuro debe incorporar la participación efectiva de las víctimas, periodistas, sindicatos, medios, organizaciones de derechos humanos y especialistas independientes», concluyó el SNTP.

Durante la sesión de la Asamblea el 3 de noviembre, diputados del Grupo Parlamentario Libertad denunciaron que han censurado sus mociones para derogar la Ley contra el Odio dentro del hemiciclo liderado principalmente por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Presidentes que pierden elecciones de medio término tienden a blindar su política internacional  

Presidentes que pierden elecciones de medio término tienden a blindar su política internacional  

Francisco Zambrano
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Presidentes que pierden elecciones de medio término tienden a blindar su política internacional  

Diversas estrategias políticas y legislativas para sobrevivir los dos años restantes de su mandato ha aplicado un presidente de Estados Unidos en el pasado cuando pierde las elecciones de medio término en ambas cámaras, tal y como ocurrió recientemente con Donald Trump, según las proyecciones divulgadas.

De acuerdo con estadísticas divulgadas por medios locales, perder las elecciones de medio término es una regularidad en la política estadounidense. En el 90% de los comicios intermedios de los últimos 80 años, el partido del presidente en funciones ha perdido escaños en el Congreso.

Cuando esto ocurre, los presidentes suelen volcar su atención hacia la política exterior, un área donde la Constitución estadounidense les otorga amplios poderes ejecutivos sin necesidad de constante aprobación parlamentaria.   

Al no contar con el apoyo del Congreso para aprobar nuevas leyes, los mandatarios recurren con mayor frecuencia al uso de órdenes ejecutivas y acciones unilaterales.  

Desde el año 1974 hasta el presente, solo el republicano George W. Bush triunfó en las elecciones de medio término de 2002, un año después de la caída de las Torres Gemelas. Pero incluso en su segundo mandato en 2006 y tras perder la mayoría en ambas cámaras tomó una fuerte decisión al día siguiente: aceptó la responsabilidad del descontento ciudadano (principalmente por la guerra contra Irak) y forzó la dimisión de su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, para abrir una nueva etapa de negociación con la mayoría demócrata liderada por Nancy Pelosi.

 

Moderación de discursos y buscar puntos de encuentro

Históricamente, algunos presidentes han optado por moderar su discurso y buscar puntos de encuentro con la nueva mayoría opositora para mantener la gobernabilidad.  

El ejemplo más famoso de este tipo de reajustes es el de Bill Clinton después de que ocurriera la “Revolución Republicana” de 1994, quien adoptó una estrategia llamada “triangulación”, y adoptó algunas propuestas populares de sus opositores.    

De manera similar, Ronald Reagan en 1986 y George W. Bush en 2006 tuvieron que negociar presupuestos y leyes específicas con ingresos controlados por el partido contrario. 

Obama también cedió

La pérdida de la Cámara de Representantes significa que la oposición pasa a presidir todos los comités de investigación. Los presidentes y sus gabinetes deben prepararse para un fuerte escrutinio parlamentario.

Barack Obama, tras sufrir lo que él mismo llamó una “paliza” en las elecciones de medio término de 2010, -perdió 63 escaños en la Cámara en 2010- reformuló su discurso enfocándose en proteger a la clase media frente a los excesos de la nueva mayoría republicana.

Obama admitió públicamente que el resultado demostraba la frustración de la gente con el ritmo de la recuperación económica, lo que lo obligó a negociar con los republicanos en los años siguientes medidas fiscales y de presupuesto.

Un panorama similar al que enfrenta Donald Trump tras los resultados de las elecciones intermedias de noviembre de 2026, en el que podría esperarse que se centre de inmediato en blindar el frente político interno de cara al cierre de su administración o los siguientes desafíos electorales.

¿Qué hizo el propio Trump en 2018?

En las elecciones intermedias de 2018, durante su primer mandato, el Partido Republicano perdió 41 escaños y el control de la Cámara de Representantes. La estrategia de Donald Trump ante esta derrota se diferenció de la de sus predecesores en varios puntos clave. En lugar de admitir el revés, minimizó la derrota y proclamó una victoria parcial. Trump celebró en sus redes sociales y en ruedas de prensa lo que consideró un “tremendo éxito”. Argumentó que el golpe se contuvo gracias a que los republicanos lograron expandir ligeramente su mayoría en el Senado, salvando escaños clave en estados conservadores.

La pérdida de la Cámara de Representantes marcó el fin de sus grandes reformas legislativas unilaterales. En lugar de virar hacia el centro, Trump mantuvo una postura de confrontación con la nueva mayoría demócrata. Esto escaló rápidamente en disputas presupuestarias profundas (provocando el cierre de gobierno más largo de la historia de EE. UU. por el financiamiento del muro fronterizo) y abrió el camino para que los demócratas iniciaran investigaciones legislativas, que derivaron en su primer proceso de impeachment en 2019.

En lo que respecta a la política exterior, vía ejecutiva y haciendo uso de sus facultades constitucionales, Trump decidió avanzar en su agenda sin necesidad de aprobación legislativa, compensando la parálisis en el Congreso doméstico. Fue así como Trump redobló la presión comercial sobre Pekín y en 2019 elevó progresivamente los aranceles del 10% al 25% sobre productos chinos valorados en 200 000 millones de dólares. También, puso marcha un veto tecnológico masivo contra la firma de telecomunicaciones Huawei.

Días después de las elecciones de medio término de 2018, la Casa Blanca reimpuso formalmente todas las sanciones bancarias y petroleras contra Teherán. En abril de 2019, Trump dio el paso inédito de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) como una Organización Terrorista Extranjera.

En América Latina, la administración Trump ejecutó un giro directo al reconocer oficialmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y acompañó este reconocimiento con la imposición de sanciones contra Pdvsa. El Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva 13850, incluyó formalmente a Pdvsa en la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esto congeló de inmediato todos los activos y propiedades de la estatal petrolera bajo jurisdicción estadounidense (unos 7000 millones de dólares, incluyendo su filial Citgo).

En el mismo sentido, endureció sustancialmente el lenguaje contra el gobierno de Nicolás Maduro, asomando que “todas las opciones estaban sobre la mesa” para presionar un retorno a la democracia en Venezuela. Un año después, se presentó una acusación formal contra Nicolás Maduro tras alegar que operaba como líder del Cártel de los Soles —un sistema de redes de corrupción y narcotráfico incrustado en altos mandos militares y funcionarios venezolanos— en presunta conspiración con las FARC para “inundar de cocaína” a Estados Unidos.

Entonces, se fijó una recompensa inicial de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. También se incluyeron montos por otras figuras clave como Diosdado Cabello.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

En Residencias Abejita 2 de Caraballeda exigen reevaluación por diagnóstico contradictorio

Tal Cual Digital
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En Residencias Abejita 2 de Caraballeda exigen reevaluación por diagnóstico contradictorio

A pocos meses del doble terremoto registrado el 24 de junio que devastó el este y oeste de La Guaira, los copropietarios de Residencias Abejita 2, ubicada en el Boulevard Montecarlo de Caraballeda, solicitaron a las autoridades una reevaluación estructural de su edificación. La petición surge tras múltiples inspecciones cuyos resultados contradictorios mantienen a los residentes en un limbo técnico y financiero, obstaculizando el acceso a los mecanismos de financiamiento estatal para la recuperación del inmueble.

José Roa, copropietario del inmueble, expone la incertidumbre que afecta a las cuarenta y dos familias que habitaban el edificio, un total aproximado de setenta personas que actualmente se alojan en viviendas de familiares o espacios temporales. Ante esta situación, los afectados elevan su exigencia directamente al Ejecutivo nacional.

«Hacemos un llamado a Delcy Rodríguez para que, por favor, nos atienda, porque tenemos una incertidumbre con las tres etiquetas que nos han colocado», señala Roa, quien detalla que muchas de estas familias permanecen ubicadas en casas de allegados, vecinos o carpas provisionales. Según explica el copropietario, las revisiones técnicas cambiaron de clasificación sin un soporte metodológico detallado.

«Teníamos una primera etiqueta que sería rojo, que tenían niveles altos, y por ese motivo nos mandaron a desalojar. Posteriormente vinieron los ingenieros, pero a nivel ocular, no con sistema topográfico ni con láser para detectar cómo se encuentra la infraestructura. Nos colocaron otra vez en etiqueta roja, como estábamos al principio, pero ahora con niveles muy bajos, como que si la estructura estuviera bien», detalla Roa.

Error administrativo bloquea ayuda a sobrevivientes de Residencias Arichuna en La Guaira

Esta modificación en las calificaciones de habitabilidad impide que los copropietarios puedan optar a los créditos habitacionales promovidos por la administración central, los cuales exigen un dictamen definitivo para determinar si la estructura califica para procesos de rehabilitación o demolición.

abejita

Daños estructurales en Residencias Abejita

Las evaluaciones aportadas por la comunidad señalan que las afectaciones severas se concentran en la base de la torre de diez pisos. Carlos Ramírez, residente de la edificación, detalla que las columnas y vigas principales sufrieron fracturas concurrentes tras los movimientos telúricos, evidenciando un patrón de daño que compromete la estabilidad del inmueble.

“Poco a poco se ha ido viendo el deterioro del edificio. Ha ido avanzando progresivamente lo que son las grietas; las columnas estructurales y las vigas que sostienen el edificio tienen el mismo daño estructural en el mismo sitio. Eso nos da a entender a nosotros —no somos ingenieros— que si hay una falla recurrente en el mismo sitio, el edificio en cualquier momento puede colapsar», señala Ramírez.

El registro vecinal indica que el sector crítico comprende desde la planta baja hasta el quinto nivel, zona donde los elementos de soporte sufrieron desplazamientos severos, mientras que los pisos superiores presentan daños menores en tabiquerías divisorias. A esta vulnerabilidad estructural se suma una preocupación adicional expresada por la comunidad respecto a las operaciones en urbanizaciones contiguas.

Con información de TalCual Digital

Laboratorio de Paz: nuevo Senado de EE. UU. debe vigilar acuerdos con Venezuela y exigir elecciones

Yakary Prado
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Laboratorio de Paz: nuevo Senado de EE. UU. debe vigilar acuerdos con Venezuela y exigir elecciones

La nueva mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos representa una oportunidad para reforzar la fiscalización de la política de Donald Trump hacia Venezuela, pero ese control institucional debe traducirse en exigencias concretas para la recuperación democrática del país. Así lo planteó Laboratorio de Paz, que instó al Senado estadounidense a investigar los acuerdos alcanzados por la administración republicana con las autoridades venezolanas y a exigir transparencia sobre sus condiciones y consecuencias.

En un pronunciamiento, la organización sostuvo que la estabilización económica y los acuerdos petroleros no pueden sustituir los compromisos con la democracia y los derechos humanos. Por ello, consideró que el Congreso debe ejercer sus mecanismos de control sobre las decisiones de la Casa Blanca y prestar especial atención a las condiciones políticas e institucionales de Venezuela.

Laboratorio de Paz señaló que esa fiscalización debe incluir la exigencia de un calendario para celebrar elecciones presidenciales auténticas; garantías de independencia para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE); la liberación de los presos políticos y el fin de la persecución; así como el respeto a las libertades de manifestación, expresión y asociación.

También pidió que el Senado estadounidense promueva la participación de organizaciones venezolanas de derechos humanos en sus audiencias y que supervise la transparencia de los acuerdos económicos. La organización insistió en que cualquier política hacia Venezuela debe incorporar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, advirtió que un mayor control del Congreso sobre Trump no significa, por sí mismo, más democracia en Venezuela. El propósito, subrayó, no debe ser reemplazar una tutela presidencial indefinida por otra parlamentaria, sino contribuir a que los venezolanos recuperen su capacidad de elegir, participar, disputar el poder y reconstruir la democracia con plena vigencia de los derechos humanos.

El giro electoral que cambia el equilibrio en Washington

El pronunciamiento de Laboratorio de Paz se produce después de las elecciones de medio mandato celebradas el 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata recuperó el control de las dos cámaras del Congreso, hasta ahora dominadas por los republicanos. Los resultados representan un revés para el presidente Donald Trump y modifican el equilibrio político en Washington durante los dos últimos años de su mandato.

Al corte de las 11:50 a. m. del 4 de noviembre, las proyecciones de Associated Press (AP) daban a los demócratas 54 puestos en el Senado, incluidos los independientes que integran su bancada, frente a 44 republicanos. El escrutinio tenía 33 de las 35 contiendas senatoriales proyectadas. En la Cámara de Representantes, con 367 de los 435 resultados publicados, los demócratas sumaban 228 escaños y los republicanos 139, por encima del mínimo de 218 necesario para controlar esa instancia.

El vuelco también alcanzó las gobernaciones: estaban en disputa 36 de ellas y los demócratas consiguieron victorias en varios estados que habían estado bajo control republicano. Entre los resultados destacados figuran el triunfo de James Talarico en la contienda al Senado por Texas y el de Troy Jackson en Maine, donde derrotó a la republicana Susan Collins. También se proyectó la victoria de Gina Hinojosa como gobernadora de Texas.

El costo de la vida, la inflación y el descontento con la gestión de Trump, incluida la guerra con Irán y la política migratoria, estuvieron entre los factores que marcaron la votación, según los reportes sobre los resultados. La nueva composición del Congreso permitirá a los demócratas bloquear iniciativas, revisar decisiones de la administración y abrir investigaciones sobre sus actuaciones.

Ese nuevo escenario es el que Laboratorio de Paz considera una oportunidad para que el Legislativo estadounidense examine la política de Washington hacia Venezuela. No obstante, la organización advierte que la fiscalización no debe limitarse a los intereses económicos o energéticos de Estados Unidos: debe incorporar garantías para que los venezolanos puedan ejercer sus derechos políticos y recuperar la capacidad de decidir su futuro.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Inflación, guerra de Irán y política migratoria podrían poner a Trump de rodillas   

De espaldas a la sociedad civil: AN aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio

Redacción Runrun.es
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De espaldas a la sociedad civil: AN aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio

La Asamblea Nacional del 2025 (AN 2025)—representada en su mayoría por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)— aprobó en primera discución la reforma de la Ley contra el Odio —ahora bajo el nombre de «Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia» (LCDPT)— este 3 de noviembre, pese a las denuncias de la sociedad civil venezolana sobre la vulneración de los derechos humanos de los venezolanos que aun representa esa normativa.

«El odio, lamentablemente, no se puede derogar. El odio no se puede derogar y tampoco se contiene, porque empiezan publicando tweets y terminan quemando gente viva. Empiezan opinando de manera destemplada y después terminan desconociendo la condición humana del adversario», soltó Jorgé Rodríguez, presidente de la AN 2025, durante el debate celebrado el pasado 3 de noviembre

Rodríguez hizo referencia al caso de Orlando Figuera, un venezolano que fue asesinado en abril de 2017 mientras se celebraban unas protestas en críticas al gobierno de Nicolás Maduro (del PSUV). Aunque el chavismo asegura que el asesinato se cometió por su tendencia política, el Ministerio Público confirmó meses después que el homicidio no estuvo vinculado con ningún movimiento político, tampoco con las protestas que ocurrían al mismo tiempo que el delito ni por hechos de discriminación.

La reforma de la Ley contra el Odio estipula multas calculadas en bolívares que podrían superar los 10 000 dólares. Además, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sería el ente encargado de determinar el monto de las multas según la gravedad de la infracción, el alcance, el medio utilizado, la intencionalidad, el beneficio económico obtenido y la reincidencia.

ONG como Espacio Público han denunciado que la reforma mantiene términos «ambiguos» que pueden perjudicar a la población, el Estado puede aplicar sin discreción imputaciones dentro de la LCDPT. Además, la norma no presenta mecanismos de reparación de los derechos fundamentales de las más de 900 personas —entre ellas más de 118 adolescentes— que fueron detenidos arbitrariamente bajo la Ley Contra el Odio.

«Reformar el miedo»

El Grupo Parlamentario Libertad (GPL) —un grupo de diputados críticos al chavismo— votaron en contra de la reforma.

«Venezuela no necesita disfrazar la intimidación para hacerla más sofisticada o vestirla de buenas intenciones», dijo la diputada Amelia Belisario. «Venezuela necesita eliminar todas las normas que violen las garantías constitucionales».

El GPL denunció que envió una moción para derogar la Ley Contra el Odio el pasado 6 de octubre, pero el Parlamento oficialista no ha cumplido el proceso legal para ser incorporado a la comisión encargada de la reforma, ni con las consultas públicas ni las de los diputados.

«Esta Ley ha sido cuestionada desde su nacimiento [en 2017]: se usó para institucionalizar la persecución y el miedo», añadió Belisario. «No es suficiente plantear el cambio de cárcel por multas, porque de esa forma el proyecto estaría conservando su esencia atemorizante y coercitiva […]. No hay que reformar el miedo».

La diputada aseveró que, si la AN 2025 tiene intenciones de establecer una transición democrática, tal como lo han dicho desde el 3 de enero de 2026, el Parlamento debe eliminar la norma como una muestra de respeto a la dignidad humana.

PSUV quiere seguir con la reforma

Pedro Infante, diputado del PSUV y miembro de la comisión encargada de la reforma, aseveró que derogar la Ley Contra el Odio «sería negar el problema real de violencia y odio en la política que hoy se ven en signos e intenciones claras de reaparecer por parte de actores políticos de extrema derecha».

El diputado afirmó que la reforma busca eliminar el enfoque punitivo y establecer uno educativo.

«Esta ley debe ser un compromiso colectivo que nos obligue a garantizar la paz», expresó Infante. «No puede ni debe convertirse en un instrumento de lucha partidista… Esta ley no puede ser a la medida de los políticos, ni chavistas ni opositores, para resolver sus diferencias irracionales», soltó el parlamentario chavista.

Afirmó que la Ley «nació de un momento de confrontación irracional», pero siguió defendiendo su existencia: «Podría estar de acuerdo con esa afirmación de que no debió existir esa ley, porque no debió existir el desborde de violencia […]. Esa ley es hija de ese contexto».

Rodríguez aseveró que la Ley es necesaria. Como respuesta a Belisario sobre la necesidad de que hubiese gestos de cambio, el presidente de la AN oficialista afirmó que el PSUV «desbloqueó todos los medios de comunicación» que hasta hace tres semanas estaban censuradpd por el Gobierno. Sin embargo, las ONG VE Sin Filtro y Espacio Público aseveran que quedan más de 100 dominios web bloqueados, entre ellos más de 20 medios de comunicación.

Laboratorio de Paz: nuevo Senado de EE. UU. debe vigilar acuerdos con Venezuela y exigir elecciones

El Mañanero del 4 de noviembre: vivir esperando a que liberen a todos los presos políticos

Redacción Runrun.es
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El Mañanero del 4 de noviembre: vivir esperando a que liberen a todos los presos políticos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 4 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

A escasos metros de la Embajada de los Estados Unidos en Colinas de Valle Arriba, en Caracas; al borde de un barranco, un grupo de familiares de presos políticos lleva más de 145 días pernoctando en carpas para pedir a la legación diplomática una mediación activa que logre la liberación de sus seres queridos. 

En medio de la calle, bajo unas seis carpas, conviven 15 personas que se niegan a quedarse de brazos cruzados. Ellos forman parte del Campamento de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos.

La mayoría agradece que Estados Unidos haya detenido a Nicolas Maduro y a Cilia Flores. Aseguran que desde el 3 de enero de 2026 las condiciones de reclusión para todos los presos políticos mejoraron un poco: los pueden ver con más frecuencia y llevarles la paquetería necesaria para que se alimenten mejor.

Pero al emnos 400 personas siguen tras las rejas arbitrariamente en Venezuela. Y ellos protestan para que obtengan su libertad.

Amplía la información en el enlace incrustado:

Cómo se vive en un campamento que pide la liberación de presos políticos

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Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Azuquita pa’l café

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Inflación, guerra de Irán y política migratoria podrían poner a Trump de rodillas   

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Inflación, guerra de Irán y política migratoria podrían poner a Trump de rodillas   

Mientras cerraban centros electorales progresivamente en Estados Unidos en las elecciones de medio término, los reportes indican que la jornada estuvo fuertemente marcada por el descontento con el presidente Donald Trum por el impacto de la inflación y los costos derivados del conflicto geopolítico con Irán. 

La polarización que se ha vivido en estados de alta presencia hispana, como Florida, y el debate abierto en torno a la dirección de la política migratoria marcaron la pauta anoche.

Los primeros modelos de proyección, incluyendo la mesa electoral de la cadena CNBC, apuntan a que el control de la Cámara de Representantes se inclina preliminarmente hacia el lado demócrata, estimando que la bancada opositora podría alcanzar el piso mínimo de 200 escaños necesarios a medida que avanza la noche.   

El control de la Cámara Baja, donde los republicanos ostentan la mayoría y los demócratas necesitan recuperar una diferencia neta de tres escaños, permanecía con una tendencia disputada al cierre de la noche del 3 de noviembre.

Cómputos preliminares en las gobernaciones

Los resultados oficiales parciales de la agencia Associated Press (AP) reportaron preliminarmente victorias de alto perfil en los estados clave:

  • Florida: El republicano Byron Donalds ganó la gobernación al derrotar al demócrata David Jolly, convirtiéndose en el primer gobernador afroamericano del estado.
  • Georgia: La demócrata Keisha Lance Bottoms obtuvo la victoria frente al republicano Rick Jackson, marcando la primera dirección demócrata en ese estado desde 1998.
  • Nueva York: La demócrata Kathy Hochul consiguió la reelección cómodamente.
  • Illinois: El demócrata JB Pritzker logró la reelección frente a Bailey, con un contundente 70% de los votos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

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