«Ante las declaraciones de la ministra de Educación Universitaria [MEU], Ana María Sanjuán, difundidas en medios de comunicación entre el 16 de septiembre y el mes de octubre de 2026 con aseveraciones que pretenden negar las prácticas estatales contra las universidades cometidas en la última década y media; desde Aula Abierta se reitera a la opinión pública nacional e internacional que en Venezuela se ha desarrollado una política de Estado que viola la libertad académica y los derechos humanos de las y los universitarios», destacó la ONG en una nota de prensa este 2 de noviembre.
El pasado 5 de octubre, Sanjuán y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) anunciaron el ciclo de discusiones de la nueva Ley de Universidades, que llevaba desde 1970 sin una reforma. Durante sus alocuciones a la prensa, la ministra suelta una perla: el deterioro de la educación universitaria venezolana se debe a un «conflicto interno» y una «diatriba política» entre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las instituciones de derechos humanos que «ha llevado al país a perder el 70 % de su Producto Interno Bruto».
Pero, la ONG Aula abierta reiteró que el deterioro institucional en las universidades fue consecuencia de las políticas del PSUV durante años. Los salarios mínimos de los profesores equivalen a 0,14 dólares mensuales, cuando el umbral de pobreza extrema del Banco Mundial sitúa a una persona vulnerable si recibe 3 dólares diarios. Las normas restrictivas a la libertad de expresión como La Ley contra el Odio y la Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales y Afines. La restricción del presupuesto universitario. Más de 50 decisiones del Poder Judicial que ha truncado la autonomía universitaria…
«Por ello, alertamos que negar la crisis humanitaria compleja y la vulneración continuada de los derechos fundamentales de las comunidades académicas no solo representa un acto de negacionismo institucional, sino que perpetúan la construcción de una narrativa que pretende desvincular ilegalmente al Estado de sus obligaciones internacionales respecto de la libertad académica, la autonomía universitaria y el acceso a la educación», denunció Aula Abierta.
Riesgo de una reforma «cosmética»
Ante otras reformas a normas como la Ley Contra el Odio, que la sociedad civil denuncia que mantiene las restricciones y vulneraciones a los derechos humanos, Aula Abierta alertó que el Gobierno interino del PSUV —avalado por Estados Unidos— mantiene una práctica de crear «reformas cosméticas que no subsanan los agravios y frente a las cuales corresponde la derogación formal».
«En este contexto regresivo, pretendidos proyectos normativos para el sector universitario resultan improcedentes. Exigimos, en cambio, el cumplimiento de la Ley de Universidades vigente, la cual consagra garantías y salvaguardas históricas para la comunidad académica que han sido vulneradas de manera sostenida durante más de dos décadas», denunció la ONG.
Agregó que el CNU no es un ente imparcial, ya que se ha documentado su dependencia al PSUV.
Para la ONG, la prioridad para mitigar la crisis universitaria es institucional, no es normativa. Exigen que las instituciones gubernamentales se adhieran a los derechos fundamentales para brindar salarios dignos, presupuestos no asfixiantes para las academias, promover las elecciones de rectorados y la derogación de todos los marcos normativos regresivos que atropellan la autonomía y la libertad académica.
