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Presos Políticos

Familiares de Karen Gómez Gutiérrez y Juan Freites exigen una fe de vida
Denuncian que los hijos de Gómez no tienen papeles de identidad luego de que la militar fuera detenida, mientras que Vente Venezuela denunció que dos de sus cuatro dirigentes regionales detenidos arbitrariamente se presentaron ante tribunales sin abogados ni familiares

La abogada y directora de la organización Casla Institute, Tamara Sujú, denunció este 26 de enero que los familiares de la primera teniente Karen Gómez Gutiérrez, detenida el pasado 22 de enero por fuerzas del Estado Venezolano, y de Juan Freites Cabrejo, dirigente del partido Vente Venezuela en el estado La Guaira detenido el 23 de enero, exigen una fe de vida al Estado venezolano. 

A través de la red social X (Twitter), Sujú publicó videos testimoniales de Roland Gómez, hermano de Gómez, y de Graciela Martínez, madre de Freites, donde denuncian que ni el Ministerio Público ni las fuerzas policiales les informan del paradero de los detenidos arbitrariamente

«Hago un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos y a (los integrantes del) Acuerdo de Barbados. (…) Espero esté bien, que esté a salvo, no sabemos dónde está. Exigimos que aparezca y que aparezca con vida», denunció Roland Gómez.

«Mi hijo fue secuestrado hace más de 48 horas. No tenemos noticias de él. Para ese momento, mi hijo estaba sufriendo una crisis de asma y estaba sin medicinas. No nos dan información (…) quisiera saber que al menos no lo están maltratando», dijo Graciela Martinez.

Estado deja desamparado a los hijos de Gómez

Gómez y su esposo, el coronel Carlos Sánchez Vásquez, fueron señalados el pasado 22 de enero por el Ministrio Público debido a los señalamientos de una presunta trama de «conspiración» contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la directora de Casla Institute, Gómez había pedido su retiro de las Fuerzas Armadas venezolanas el 16 de octubre del 2023. 

«El 22 de enero es detenida luego de ser llamada a una supuesta reunión en el ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral ) de Guatire (estado Miranda), a la que acudió dejando a sus 2 pequeños hijos, un varon de 2 años y una niña de 11 meses, al cuidado de una vecina mientras regresaba. Nunca regresó», denunció la abogada. 

Según Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, ambos militares están bajo la custodia del Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo. Pero, hasta el momento, el Estado no ha birndado información del paradero de Gómez, ni Sánchez, ni de más de 30 detenidos anunciados por el fiscal.

«Los documentos de nacimiento de los menores están en la camioneta retenida y la familia no ha podido recuperarlos», agregó Sujú.

Detención arbitraria express

Un día después de la detención de Gómez, presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Juan Freites frente a su casa mientras él se preparaba para un mitin político del partido de María Corina Machado, representante de la oposición inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia este 26 de enero.

Junto a él, detuvieron otros tres dirigentes del partido: Luis Camacaro, Tomás Sequera y Guillermo López. De ese grupo, solo se sabe que Camacaro y Sequera fueron trasladados a la sede del Sebin llamada «El Helicoide», lugar que la ONU ha denunciado desde el 2014 como un centro de torturas y tratos crueles e inhumanos por parte del Estado. 

Vente Venezuela denunció que Camacaro y Freites fueron presentados ante tribunales el pasado 25 de enero sin sus abogados y sin permitir el contacto con familiares y conocidos, luego de 72 horas de desaparición forzosa.

El partido político alertó a la comunidad internacional que los derechos civiles y políticos tanto de Machado como de los dirigentes regionales detenidos arbitrariamente están siendo vulnerados fragantemente.

Sujú, al igual que Gómez, está siendo señalada por el Ministerio Público de participar en la presunta trama de «conspiraciones» contra el gobierno madurista. La comunidad internacional ha denunciado en reiteradas ocaciones que el gobierno madurista mantiene a más de 250 presos políticos bajo imputaciones hechas en medios de comunicación del Estado y sin un debido proceso judicial. 

El Mañanero del #10Ene: las siete noticias que debes conocer

En El Mañanero de Runrun.es de este 10 de enero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: trabajadores de la administración pública, educadores, jubilados, pensionados y enfermeros protestaron en 12 estados del país para obtener mejoras salariales y prestaciones sociales acordes a la economía venezolana y la sociedad civil advierte que aún quedan 286 presos políticos por ser liberados en el país.

«Este año será decisivo»: Machado respalda protestas de docentes y trabajadores

Gobierno de Maduro dice que evitará «despojo definitivo» de Citgo

«Con hambre no se puede enseñar»: Educadores y empleados públicos protestaron en todo el país por mejores salarios

Instan al CNE a activar un proceso masivo de inscripción y actualización del registro electoral

Abogan por medidas humanitarias o indultos para liberar a más presos políticos

Casi 40 suicidios ocurrieron en Aragua entre enero y noviembre de 2023

Investigan muerte de privado de libertad en internado de Barinas

«Quiero informar y ordenar a los honorables diputados que se sumen al proceso de consulta que inicia el próximo día viernes (12 de enero) de la ley ya aprobada en primera discusión, denominada ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines», instó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional impuesta por el madurismo, en la seción parlamentaria del martes 9 de enero.

Gracias por leer El Mañanero de Runrun.es del este miércoles 10 de enero de 2024

Abogan por medidas humanitarias o indultos para liberar a más presos políticos
Las defensoras de los derechos humanos dijeron que se desconoce por qué el Estado paralizó las liberaciones de presos políticos que se dieron en diciembre

Familiares de presos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a la administración de Nicolás Maduro implementar medidas humanitarias o indultos para consumar la salida en libertad de sus parientes.

Theresly Malavé, abogada y directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, denunció que en la nación aún hay 286 presos políticos. Detalló que de ese total 171 tienen más de dos años detenidos.

Durante una rueda de prensa realizada este 9 de enero, Malavé aseveró que la permanencia de ciudadanos por más de tres años tras las rejas es una violación al Código Orgánico Procesal Penal.

Asimismo, explicó que todas estas personas pueden estar en libertad por decaimiento de la medida. Precisó que hay aprehendidos por razones políticas que esperan juicio desde hace nueve y hasta siete años.

La defensora de los derechos humanos apuntó que del total de los presos políticos 13 son mujeres civiles y cinco son militares. «Están presas por ser hermanas o amigas o por estar en el directorio telefónico de un investigado por temas políticos», reclamó.

Precisó que 117 de los detenidos son hombres civiles y 151 militares. Mencionó que 35 son ciudadanos que padecen enfermedades graves y que de no ser atendidos pueden morir.

Señaló que los tribunales no han concedido ni una medida humanitaria a privados de libertad que tienen estos padecimientos. Cuestionó que el Estado, «que no puede proveerles de salud, tampoco les de su libertad».

Por su parte, la defensora de derechos humanos Yajaira Castro abogó por medidas humanitarias o indultos para consumar la liberación de los presos políticos.

«No queremos que pasen a formar parte de la lista de presos políticos que han muerto estando en custodia del Estado. Para poder liberar a los presos políticos hay fórmulas alternativas. Está en las manos del gobierno porque ni siquiera de los jueces», dijo.

Hay 103 presos políticos condenados y que le corresponden las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena.

«En 2023 tuvimos la esperanza de que se dieran más liberaciones. Aún nos faltan. De los cuales no son solo ellos, sino también 286 familiares que deben estar pendientes de ellos, que tienen que proveerles desde la alimentación hasta los medicamentos.

Afirmó que la administración madurista es el único que puede liberar a los presos políticos y subrayó que hay un abanico de mecanismos para hacerlo. «No queremos que pasen a formar parte de la lista de personas que murieron en custodia del Estado».

Las defensoras de los derechos humanos dijeron que se desconoce por qué el Estado paralizó las liberaciones de presos políticos que se dieron en diciembre, cuando se produjo el canje por el empresario colombiano Álex Saab, acusado de lavado de dinero.

*Con información de TalCual

CIDH rechaza la «persecución penal» contra dirigentes políticos afines a María Corina Machado
Reiteraron que se deben liberar a los 274 presos políticos que se encuentran en Venezuela para el 29 de diciembre del 2023

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este 26 de diciembre la «persecución penal» contra los dirigentes opositores en Venezuela que «busca obstaculizar la participación política» de los críticos al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

En un comunicado, la CIDH afirmó que las órdenes de captura anunciadas este mes por el Ministerio Público (MP) contra 14 personas, entre ellas tres «dirigentes opositores e integrantes del equipo de trabajo de la aspirante presidencial María Corina Machado», forman parte de un «patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política».

Señaló también el caso de Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate, dedicada a la promoción de los derechos políticos y a la participación en comicios, quien fue «detenido, temporalmente desaparecido y presentado ante los tribunales sin contar con acceso a una defensa técnica de su elección», y liberado el 20 de diciembre, tras estar 14 días preso.

Estas cuatro personas, junto con otras diez que se encuentran en el exterior, fueron acusadas por la Fiscalía venezolana de «traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir» en una supuesta conspiración contra el referendo del 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana.

Justicia amañada

La CIDH reiteró que el sistema de justicia venezolano «no ofrece garantías de independencia e imparcialidad» y que «ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al Gobierno de Nicolás Maduro».

Además, advirtió que el «uso de figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas, como traición a la patria, pueden instrumentalizarse para perseguir e impedir la legítima participación política».

La comisión exigió al Estado venezolano, además de liberar «de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente», adoptar, «con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia de los poderes públicos y garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024».

El pasado 9 de diciembre, Machado, candidata presidencial de la principal coalición opositora, afirmó que se ha incrementado la «arremetida» del Gobierno en contra de su partido, Vente Venezuela (VV).

La exdiputada, quién espera la confirmación de su inhabilitación política para competir por cargos de elección popular, denunció entonces agresiones contra la sede de la formación, bloqueo de cuentas bancarias y amenazas «con órdenes de captura a ciudadanos que lo único que hacen es dedicarse a trabajar por Venezuela».

*Con información de EFE

Excarcelan a dos presos políticos militares vinculados a la «Operación Armagedón»
Adrián De Gouveia De Sousa y Abraham Suárez Ramos salieron de su reclusión arbitraria luego de 5 años de estar en la cárcel de Ramo Verde, estado Miranda

Tamara Suju, abogada especializada en derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, informó este 28 de diciembre que excarcelaron al Mayor de la Aviación Adrián De Gouveia De Sousa y el Mayor de la Guardia Nacional Abraham Suárez Ramos, dos presos políticos vinculados a la «Operación Armagedón», una presunta pugna para intervenir las elecciones presidenciales de Venezuela en 2018, cuando Nicolás Maduro fue presuntamente reelegido como mandatario. 

«Desde Casla Instituye y la campaña Apadrina A Un Preso Político Del Mundo celebramos la libertad de los presos políticos mayor Adrián De Gouveia De Sousa y Abraham Suarez Ramos y le damos las gracias a sus madrinas, María Corina Machado y Carlos Angola por haber visibilizado sus causas y su solidaridad», dijo Suju en su cuenta de la red social X, este jueves 28 de diciembre.

A De Gouveia lo detuvieron arbitrariamente el 20 de mayo de 2018 y a Surárez lo privaron de su libertad siete días después. Ambos fueron imputados por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín y contra el decoro militar sin seguir un debido proceso judicial, según denunció la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. 

Hasta el momento de redacción de esta noticia, no se ha informado las condiciones de la excarcelación de los militares.

En 2019, Suju informó que el mayor Abraham Suárez Ramos intentó por segunda vez quitarse la vida en los sótanos de la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgcim).

«El mayor (Suárez) sufre de grave crisis depresiva y nunca le suministraron el tratamiento que le ordenaron en el hospital la primera vez», indicó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amparó la denuncia este mes de septiembre, alavando que Suárez es uno de los más de 50 presos políticos que están en un estado de salud crítico sin atención oportuna

Aunque el Estado venezolano no ha dictado alguna medida para reparar los derechos humanos vulnerados por De Gouveia, Suárez y sus familiares, ellos fueron los últimos presos políticos liberados relacionados a la «Operación Armagedón». El pasado 30 de septiembre excarcelaron los otros ocho presos políticos involucrados en ese caso. 

Suju, durante los cinco años que los militares estuvieron privados de libertad en Ramo Verde, una cárcel militar ubicada en el estado Miranda, en la región central de Venezuela, denunció que Suárez y De Gouveia fueron víctimas de tratos cureles e inhumanos.

Al tomar en cuenta los datos de la ONG Foro Penal, aún quedan 274 presos políticos en Venezuela, donde 19 son mujeres y 146 son militares. 

 

 
 
Denuncian que uno de los estadounidenses liberados llegó en camilla por secuelas de torturas
El expreso político estadounidense Edgar José Marval Moreno tuvo que ser transportado en camilla al llegar a Texas. La defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, denunció que sufrió torturas de la Dgcim que agravaron una condición en su columna
Sujú aseguró que Marval Moreno sufrió descargas eléctricas y asfixias mientras estuvo hospitalizado en una clínica y era vigilado por funcionarios de la Dgcim. Agregó que también lo torturaron cuando fue trasladado a Caracas en ambulancia

 

Mientras en el Palacio de Miraflores Nicolás Maduro recibía a Alex Saab, horas después aterrizaron en una base militar en Texas seis de los diez expresos políticos estadounidenses liberados a cambio del barranquillero señalado como testaferro de Nicolás Maduro. 

Los ciudadanos estadounidenses liberados por la administración de Maduro habían sido detenidos «injustamente» en Venezuela, denunció Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Entre ellos se encontraban Jerrel Lloyd Kenemore, Eyvin Hernández, Savoi Wright, Joseph Ryan Cristella y Edgar José Marval Moreno. 

Luke Denman y Airan Berry también fueron liberados en este grupo, según dijo a CNN un funcionario estadounidense. Estos dos últimos son exboinas verdes y fueron privados de libertad en territorio venezolano en mayo de 2020, luego de que el gobierno los involucrara en la participación de un supuesto «golpe fallido».

Según el mismo funcionario, los nombres de los demás liberados no los dieron a conocer por motivos de privacidad.

Incertidumbre y torturas

Tras pisar suelo estadounidense , Savoi Wright, uno de los liberados, expresó: “Libre por fin, libre por fin, gracias a Dios todopoderoso, libre por fin».

Wright es un empresario que fue detenido el pasado mes de  octubre. La agencia AP divulgó entonces que no le permitían acceso a un abogado y que le exigían a la familia “miles de dólares” para dejarlo en libertad. Tampoco se conocían los cargos que se le imputaban. 

Respecto al trato en prisión, Wright dijo que a veces temía por su vida»,  mientras que otras veces recibía buena atención». Precisó que estuvo encerrado en una celda muy pequeña con otras cuatro personas en condiciones desafiantes: «A veces me preguntaba si iba a salir de esto», declaró a La Voz de América.

Por otro lado, el estadounidense Edgar José Marval Moreno requirió asistencia médica a su llegada a Texas y tuvo que ser transportado en camilla.  La defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, atribuyó esta condición a las torturas que sufrió Marval Moreno mientras estuvo preso en Venezuela, de acuerdo con información que familiares del expreso político le suministraron.

En videos publicados en X, Sujú denunció que Marval fue sometido a «tratos crueles, inhumanos y degradantes» desde su detención el pasado 19 de agosto en el aeropuerto José Antonio Anzoátegui de Barcelona. En esa fecha llegó al país para buscar a su familia, que estaba de vacaciones en Venezuela. 

Los funcionarios de migración le comunicaron que tenía un «alerta silencioso», aunque reconocieron que no tenían orden de aprehensión. Aún así,  lo detuvieron y lo entregaron a funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes habrían iniciado las torturas de inmediato. 

“Recibió golpes severos, incluida la utilización de culatas de armas para golpearlo y descargas eléctricas”, describió Sujú. Sostuvo además que estas torturas derivaron en una fractura en la columna, que agravó una condición médica preexistente y que lo dejaron inmovilizado.

«Fue trasladado a una clínica privada y la familia costeó todo lo que le hicieron para mejorarlo. Pero lo más grave es que la Daet envió cuatro funcionarios de Caracas a Barcelona donde él estaba hospitalizado para que lo vigilaran, porque estaba bajo custodia. Y cuando era de noche, y el personal de la clínica no entraba a su habitación, Marval era torturado por los funcionarios de Alexander Granko Artega, Lo asfixiaban con la almohada, le ponían descargas eléctricas en la espalda y lo filmaban para enviarle al ‘barbudo’ el video», relató Sujú. 

Tanto la Misión de Determinación de Hechos de la ONU como organizaciones de la sociedad civil consideran que los crueles y las torturas en el país continúan, entre otras cosas, porque los mismos actores que son señalados por violar los derechos humanos desde el 2014 siguen en el poder. Pese a que el gobierno venezolano declaró el desmantelamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en junio del 2022, varios miembros de la antigua institución señalada por la MDH de torturar en el país, ahora están en la DAET, reveló la Misión de la ONU en su informe del mes de septiembre de 2023 sobre Venezuela.

Sujú agregó que cuando estuvo un poco mejor de salud, Marval fue trasladado a Caracas y aseguró que en la propia ambulancia de la Dgcim fue víctimas de torturas y descargas eléctricas: «Torturas en hospitales y ambulancias pueden considerarse crímenes de guerra bajo distintos convenios de protección de derechos humanos», agregó.

¿Victoria para Maduro, mala señal para Biden?

Según Maduro, este intercambio de presos políticos representa «un paso hacia una nueva era de relaciones diplomáticas» con EEUU. Para el gobernante venezolano, esta «victoria» se da luego de que Washington pidiera muestras de avances de los acuerdos y diálogo firmado.

 El empresario barranquillero, de no ser liberado este 20 de diciembre, pudo haber sido condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos.

Exfuncionarios del gobierno de EEUU y senadores criticaron la decisión de Biden de enviar a Venezuela a Saab, tras años de investigación por parte de varias agencias de ese país y consideraron que «envía una señal desastrosa» a sus aliados, además de que le resta credibilidad en la lucha contra la corrupción en Latinoamérica.

Liberan a los seis sindicalistas en medio de canje por Saab
La liberación de los sindicalistas ocurre horas después de que se anunciara la  excarcelación de Alex Saab por de Estados Unidos

Luego de más de 500 días de detención y de una sentencia de 16 años de cárcel por conspiración y asociación para delinquir, el gobierno de Nicolás Maduro liberó a los sindicalistas Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, según anunció la organización defensora de los derechos humanos Provea.

Los presos políticos habían sido arrestados luego de participar en varias jornadas de protestas, encabezadas por maestros del sector público, en demanda de mejoras salariales y el respeto a sus derechos laborales.

De acuerdo con Provea, las sentencias contra los sindicalistas se basaron en la presentación de «presuntas capturas de WhatsApp», ya que el único testigo que declararía en su contra nunca se acudió a las audiencias.

La liberación de los sindicalistas ocurre horas después de que se anunciara la puesta en libertad de Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos.

RSF: 521 periodistas están encarcelados arbitrariamente en 2023
Durante este año, 45 periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones en todo el mundo, «una cifra en descenso pese a la tragedia de Gaza»

Foto: CPJ

Mientras el Ministerio Público libera al periodista y expreso político Roland Carreño y emite una orden de captura para la comunicadora del partido Vente Venezuela Claudia Macero por presuntamente haber interferido en el referéndum sobre el Esequibo, la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó que 521 profesionales de la comunicación están encarcelados arbitrariamente en todo el mundo al cierre del año 2023. 

Según el Balance de la institución publicado el 14 de diciembre, China, Bielorrusia Birmania y Vietnam son los países con mayor número de periodistas como presos políticos en el mundo, acumulando 264 casos entre las cuatro naciones. Sin embargo, la cifra mundial descendió un 8,4 % respecto al 2022. 

«El descenso del número de periodistas encarcelados (50 menos que en 2022, a 1 de diciembre) se explica, en parte, por una cifra menor de periodistas presos a 1 de diciembre en Irán —con 24 periodistas liberados— y Turquía —con 23 comunicadores menos como presos políticos— (y uno menos en Venezuela). Aunque estos países no figuren en el “top 3” de los carceleros de periodistas en 2023, no significa que no sigan encerrando a profesionales de la información. En Irán y Turquía, una de las técnicas utilizadas para reprimir a los periodistas es el encarcelamiento reiterado. En 2023, 43 periodistas turcos y 58 iraníes ingresaron en prisión», informó Alfonso Bauluz, presidente de RSF España.

La institución advierte que, si bien se existe una mejoría en la seguridad de los trabajadores de la prensa en el mundo, esto se debe más a la implementación de protocolos de seguridad más eficaces que a la disminución de la violencia para vulnerar el derecho a la información, sobre todo en América Latina. 

Menos muertos, pero más autocensura

RSF identificó 45 periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su profesión o debido a ella, 16 menos que el año pasado (61). Es la cifra más baja registrada desde 2002 (33).

Los conflictos armados, como la guerra entre el Estado de Israel y el grupo paramilitar Hamas en Medio Oriente, son los escenarios donde ocurren más decesos. Pese a que más de 61 periodistas han muerto en el conflicto en la franja de Gaza, la ONG solo cuenta a aquellos periodistas que fallecieron mientras estaban en funciones informativas (17). «Por primera vez en cinco años, han muerto más periodistas en zonas de conflicto que en zonas de paz».

«Aunque el número de periodistas asesinados en América Latina ha caído significativamente, de 26 en 2022, a 6 en 2023, los profesionales de la información siguen sin trabajar con seguridad, como demuestran los recientes secuestros y ataques armados acontecidos en México (en noviembre de este año)», escribió Bauluz en una nota de prensa.

«El récord de incidentes violentos registrado en 2022 en Latinoamérica está incitando a los periodistas a autocensurarse, lo que se traduce en la proliferación de agujeros negros informativos en la región, donde el crimen organizado y la corrupción encabezan la lista de temas por los que los periodistas se juegan la vida», agregó.

Reporteros sin fronteras
Contexto de los casos de asesinatos a periodistas durante el 2023. Gráfico: Reporteros Sin Fronteras

Desapariciones y secuestros: puertas giratorias

54 periodistas están secuestrados en todo el mundo y 84 están desaparecidos. RSF asevera que todos los casos identifican al Estado como el principal victimario. México es el país con más periodistas desaparecidos en el mundo, con 31 personas sin paradero desde 1995 hasta ahora.

Mientras tanto, los países con mayor cantidad de periodistas secuestrados son Siria (38), Irak (9), Yemen (4), Mali (2) y México (1). En estos casos, la ONG describió que los Estados liberan cierta cantidad de trabajadores de la prensa pero vuelven a privar de libertad a otros o amenazan con hacerlo en cuestión de semanas como un mecanismo de censura, como pasa en Venezuela. 

RSF reiteró que, si bien en Venezuela no se ha presentado casos de asesinatos hacia trabajadores de la prensa desde el 2020el país se mantiene como una de las 31 naciones donde existe una represión y cesura hacia estos profesionales, con amenazas directas e indirectas a periodistas y el cierre de decenas de medios de comunicación.