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Violencia Policial

Policía política del chavismo asesinó a más de 5000 venezolanos en 2019
Los funcionarios de la policía política del chavismo se aprovechan del “poder” para emprender ejecuciones extrajudiciales

El régimen de Nicolás Maduro cerró el 2019 con más de 5.000 personas asesinadas por fuerzas militares del chavismo, mientras que el país se mantiene como uno de los más violentos del mundo, destaca Panampost.

Una investigación del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reveló que se registraron al menos 16.506 muertes violentas en 2019, con una tasa de homicidios de 60,3 por cada 100 000 habitantes, duplicando en violencia a países como Colombia o México con una tasa de 25 y 29 homicidios, respectivamente.

Epidemia de violencia policial

Durante la presentación del informe anual, Carlos Meléndez, uno de los directores de la ONG, señaló que en Venezuela existe una especie de “epidemia de violencia policial” donde funcionarios del régimen se aprovechan de su “poder” para emprender ejecuciones extrajudiciales bajo la falsa excusa de “resistencia a la autoridad”.

El informe señala que se llevaron a cabo 5.286 muertes en manos de funcionarios policiales por el uso excesivo de la fuerza. De hecho, luego de que Michelle Bachelet presentara en julio su primer informe sobre la situación en Venezuela y denunciara las ejecuciones extrajudiciales, en el país fueron asesinadas 2.698 por la acción policial letal.

 

De acuerdo con el OVV, en su mayoría estos homicidios fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando especial de la chavista Policía Nacional Bolivariana. El OVV realiza este informe con base en los registros obtenidos por un observatorio de prensa, encuestas de muestreo y “cifras agregadas extraoficiales” que, aseguran han sido “levantadas por el Ministerio de Interior”.

Rito de iniciación

Las FAES, mejor conocidas como la policía política de Maduro, estarían implementando una especie de «rito de iniciación» para sus nuevos miembros. Se denuncia que quienes se convierten en sus funcionarios «deben ubicar una víctima y matarla» para iniciar sus carreras. Este es uno de los cuerpos de seguridad del Estado denunciado por su presunta vinculación con asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.

Roberto Briceño-León, director del OVV, dijo a BBC Mundo que “El procedimiento suele ser el mismo. Llegan encapuchados y sin identificación, lo que viola todas las leyes venezolanas, y mientras unos cortan la calle y alejan a los familiares, otros matan al ciudadano, casi siempre en el interior de su vivienda”.

Además, ha informado que “hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con la FAES la impunidad es total”. Denunció que funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a la polémica fuerza policial son sistemáticamente bloqueadas.

A pesar de las denuncias a nivel nacional e internacional, el pasado 20 de diciembre el mismo Maduro llamó a “expandir el FAES” para que trabaje de la mano con los consejos comunales y las comunas, organizaciones de origen cubano implementadas por el chavismo.

Defensa del profesor Keymer Ávila se defiende ante la
Según una nota de prensa, la campaña recurre a la “falacia argumentativa” que busca “desprestigiar al mensajero para evadir el debate sobre asuntos fundamentales e intentar oscurecer la verdad contundente que trae el mensaje”

Recientemente, desde un medio de comunicación de la Alcaldía de Caracas, Ciudad Caracas, se ha iniciado una campaña de estigmatización contra el profesor Keymer Ávila, con acusaciones infundadas que pretenden desacreditar y criminalizar los resultados de investigaciones independientes sobre temáticas de altísima importancia para los países latinoamericanos. Esta situación también ha sucedido en ocasiones anteriores con organizaciones que vienen denunciando la sistemática violación del Derecho a la Vida y a la Integridad Personal en los sectores populares.

Estas campañas recurren a la falacia argumentativa más elemental: buscar desprestigiar al mensajero para evadir el debate sobre asuntos fundamentales e intentar oscurecer la verdad contundente que trae el mensaje.

Frente a este ataque, nosotros, investigadores y académicos de diversas áreas, reivindicamos y defendemos el resguardo de uno de los fundamentos de nuestra vocación y oficio: la construcción científica de datos, insumos y evidencias que contribuyan con debates para la construcción del bien común. Destacamos la reconocida trayectoria profesional del profesor Keymer Ávila y nos unimos al clamor de las diferentes organizaciones de diversas tendencias políticas que denuncian los sistemáticos abusos de la fuerza letal de la cual vienen siendo víctimas los sectores populares durante los últimos años.

Apuntamos:

En esta campaña nada se dice sobre el hecho que desde el año 2015, cuando se iniciaron los operativos militarizados conocidos como las “Operaciones de Liberación del Pueblo” –OLP– seguidos por la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional –FAES-, el gobierno ha desplegado una política de matanza hacia los sectores más empobrecidos y vulnerables del país.

Las mismas cifras oficiales publicadas por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, revelan el significativo incremento de los casos de muertes violentas registradas bajo la categoría Resistencia a la Autoridad, que desde el año 2016 se ubican en más de cuatro mil novecientos casos anuales. La magnitud del aumento, y la investigación de campo realizada por diferentes organizaciones e investigadores, ha servido de base para evidenciar que la ejecución extrajudicial se ha convertido en una práctica de Estado dirigida hacia la población pobre y, especialmente, hacia los jóvenes varones de los barrios.

En la vivencia de quienes han sido víctimas de los operativos policiales destaca la desmesurada violencia a la que son expuestas las comunidades, familias, madres, hijas e hijos de los jóvenes asesinados. A esto se suma el hecho de que el Estado venezolano se ha encargado de desmentir esta realidad y, con ello, no ha asumido la reparación y restitución de derechos de los afectados por las políticas de “mano dura”.

 

El informe del “Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina”, que forma parte de los objetivos atacados por la campaña que denunciamos, es una iniciativa de reconocidos investigadores y académicos de México, Colombia, El Salvador, Brasil y Venezuela. El capítulo sobre este último país estuvo a cargo del profesor Keymer Ávila. En la referida investigación se elaboran un conjunto de indicadores provenientes de dos fuentes: la primera, está constituida por los datos oficiales publicados por el Ministerio de Interior que permiten estimar las magnitudes del fenómeno investigado. La segunda está constituida por un levantamiento sistemático realizado por el investigador, de un corpus de casos a partir de fuentes secundarias, el cual -tanto por su tamaño como por su consistencia con las fuentes oficiales- se encuentra dentro de los parámetros metodológicos estándar empleados en las ciencias sociales para la estimación de las diferentes proporcionalidades que se presentan en los indicadores. De allí que su validez científica sea más que probada.

Keymer Ávila es profesor de pre y posgrado de la UCV e investigador del Instituto de Ciencias Penales de la misma casa de estudios. Posee numerosas publicaciones, tanto en revistas científicas como en medios de divulgación para el público general. También, ha sido asesor del Ministerio Público y del Consejo General de la Policía, así como de diversas ONG nacionales e internacionales, en el área de derechos humanos.

Consideramos que la producción de conocimiento basado en evidencia, así como su divulgación, resultan indispensables para afrontar las amenazas que hoy confronta el contexto latinoamericano actual, donde los pueblos exigen una transformación sustancial de sus sistemas políticos e institucionales, que redunde en mayor democracia y en el ejercicio efectivo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

 

Sirva este comunicado para mostrar el respaldo con el que cuenta el trabajo del profesor Ávila, que hacemos extensivo a todos los sectores sociales que quieran hacerlo suyo. Los que tratan de atacar los hallazgos que derivan de su investigación no le hacen daño a la universidad o a las organizaciones sociales que coinciden en visibilizar la atrocidad institucional, le hacen un grave daño al país, al pueblo pobre, a todas las personas y comunidades que han sido víctimas de las prácticas de exterminio ejecutadas por los cuerpos represivos del Estado. Más que “defender” un proyecto de país, estos ataques no hacen sino legitimar, fortalecer y hacerse cómplices con la producción masiva de muertes violentas en Venezuela, así como con el profundo dolor y cadena de duelos a la que son sometidos miles de venezolanos.

Urgimos el establecimiento de un debate serio y profundo sobre las muertes perpetradas por el Estado así como la perentoria necesidad de establecer mecanismos para el acceso a la verdad y a la reparación de las víctimas. Vaya nuestro respaldo a todos aquellos que trabajan y luchan para registrar, denunciar y resistir la ola de violencia institucional de carácter letal. Finalmente, toda nuestra solidaridad y acompañamiento especial a los sobrevivientes, a las madres y familiares de las víctimas cuyas vidas han sido segadas por la maquinaria estatal.

Crimen de Néstor Uzcátegui llega a tribunales de Falcón 18 años después
Hace siete años la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado venezolano por la ejecución extrajudicial del joven de 21 años de edad

@evariera

 

HAN TRANSCURRIDO 18 AÑOS DESDE QUE NÉSTOR UZCÁTEGUI perdiera la vida en medio de un allanamiento ilegal practicado en su casa por funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón.

El crimen fue presenciado por los hermanos de la víctima quienes aseguran que éste no se encontraba armado. Sin embargo, el parte oficial indicó que se trató de un enfrentamiento y que, en defensa de su vida, el policía disparó.

Néstor tenía 21 años de edad en ese entonces y había abandonado sus estudios para trabajar debido a las precarias condiciones económicas que sufría su familia. Tenía una hija y un bebé por nacer.

La mañana del homicidio había amanecido bebiendo y echando bromas como casi todos hacen en Venezuela el último día del año.  Se encontraba en casa de su abuela en la urbanización La Velita II, de Coro, capital del estado. Y aquella fue su última parranda, su último 1 de enero. Porque el nombre de Néstor estaba en una lista de presuntos delincuentes que había que exterminar.

Los dos disparos que acabaron con la vida de Néstor fueron el detonante de muchos acontecimientos posteriores. Su hermano Luis, el mayor de todos, con el coraje que le producía la indignación, inició a partir de este hecho un largo camino de denuncias en los medios de comunicación regionales y nacionales que llamaron la atención de la opinión pública. A su lucha pronto se unieron más familiares de otros ajusticiados. Unos desistieron, pero Luis perseveró pese a las amenazas de muerte, un rapto, dos detenciones y hasta un juicio por difamación que le abrió el comandante de las FAP de Falcón, Oswaldo Rodríguez León.

Al no encontrar justicia en Venezuela, el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) conjuntamente con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), tomó el caso y lo elevço a instancias internacionales.

En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que hubo una ejecución extrajudicial, que Venezuela debe investigar los hechos y resarcir el daño psicológico y material ocasionado.

Siete años después de esa sentencia y a 18 años del crimen, el pasado martes el Ministerio Público del estado Falcón llevó a tribunales el caso.

De entrada el hecho causó sorpresa. Las víctimas se presentaron puntualmente, no así los policías presuntamente implicados. Y la audiencia se difirió.

Liliana Ortega, directora ejecutiva de COFAVIC y abogada de Luis Uzcátegui, considera que es una noticia importante, pero no definitiva y que el hecho de que comience el juicio no quiere decir que se esté haciendo justicia.

-El que se inicie 18 años después es una revelación de la impunidad institucionalizada. Ya la CIDH emitió sentencia que no ha sido ejecutada por el Estado venezolano. Esperemos que los tribunales actúen de manera diligente y se pueda castigar a los responsables, pero hay que ver lo que ha significado la afectación a la familia, destrucción de evidencias y otros elementos que revelan que la voluntad no fue hacer justicia en 18 años. La Corte emitió sentencia y no ha habido cumplimiento por parte del Estado venezolano

Ortega explicó que la sentencia de la CIDH revela los mecanismos de actuación de los cuerpos parapoliciales en el estado Falcón y determina que en Venezuela hay un contexto de actuación de estos grupos en el país. Ordena al Estado la apertura de una investigación, sanción a los responsables, publicación de la sentencia, reparación a las víctimas por la afectación psicológica e indemnización pecuniaria a la familia.

“Esa investigación –explicó Ortega-, tiene que ser transparente, equitativa y conclusiva para determinar responsabilidades y castigar a los responsables directos materiales e intelectuales”.

Aunque la abogada reconoce que la apertura del juicio es un “gran paso”, cree que no hay ninguna señal de que podría cumplirse la sentencia, la garantía de no repetición y sanciones.

Y apela a las cifras de los últimos años.

“Hemos documentado desde 2012 a 2018 un total 9 mil 563 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y, entre 2017 y 2018, un total de 3 mil 684. Los patrones siguen siendo los mismos: zonas urbanas, hombres, 79 % entre los 18 y 25 años de edad, el cuerpo de mayor responsabilidad sigue siendo el CICPC, 73% ocurrieron en procedimientos especiales entre fuerzas combinadas y la impunidad sigue siendo de 98% porque apenas 2% va a tribunales, pero no concluyen con una condena -afirmó.

Recordó Ortega que Luis Uzcátegui, hermano de Néstor, sigue teniendo medidas provisionales de protección que le fueron otorgadas por la CIDH en 2003 “porque ha sido criminalizado, hostigado y porque continua su camino de exigencia de justicia, no ha sido satisfecho ese derecho y hay un claro señalamiento en la sentencia de la CIDH sobre la afectación que tuvo porque fue uno de los miembros de su familia que más luchó para que el caso llegara al Sistema Interamericano. Luis tiene el valor y el coraje de haber visibilizado los casos, cuando nadie hablaba de esto. Con periodistas y una serie de familiares y víctimas, logró sensibilizar a la opinión pública y concientizarla de que había una situación muy grave en Falcón que logró la sentencia en su caso y seguramente un próximo caso como es el Jimmy Guerrero y Ramón Molina (otra presunta ejecución extrajudicial ocurrida en Falcón en 2003).

El Ministerio Público unió el caso de Néstor Uzcátegui con el de Robert Dirinot, porque en el expediente de las muertes de ambos figuran los nombres de los mismos policías, integrantes del cuerpo élite de las FAP de Falcón, denominado grupo Lince. Están siendo ventilados en el tribunal 1 de juicio del estado Falcón, con sede en Coro.

Cicpc investiga entorno personal de estudiante asesinado en Carabobo

@carlos_dhoy

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) confirmó la información publicada el fin de semana sobre el asesinato del estudiante de la Universidad de Carabobo, Celis Blanco, candidato a la FCU, cuyo cadáver fue localizado el pasado viernes en una residencia de estudiantes ubicada en el municipio San Diego del estado Carabobo.

El director del Cicpc, comisario Douglas Rico, ratificó la causa de la muerte violenta de Blanco, “traumatismo craneoencefálico cervical” y agregó que se iniciaron las investigaciones con entrevistas a las personas que integran el entorno más cercano del estudiante de Contaduría de la Universidad de Carabobo.

Indicó que debido a las circunstancias en que fue localizado el cuerpo se descartaba el robo, ya que no cargaron con objetos de valor de Blanco.

Además aseguró que “de acuerdo con lo que han dicho algunos de sus compañeros de residencia, muchas personas extrañas acudían a visitar al joven asesinado”.

Celis, era dirigente juvenil de Acción Democrática y pertenecía al Movimiento Estudiantil Innovación 111, además era licenciado en Contaduría Pública y profesor de la Universidad José Antonio Páez (Ujap), estaba cursando una segunda carrera en la UC.

La muerte del candidato al Consejo de Facultad de Educación para las elecciones estudiantiles de la Universidad de Carabobo que se realizarían el próximo 14 de noviembre generó una gran polémica debido a la tensa situación que se ha vivido en la casa de estudios carabobeña, por los señalamientos que ha realizado el gobierno de esa entidad encabezado por el gobernador Rafael Lacava contra la directiva de la casa de estudios. Los señalamientos de Lacava contra las autoridades universitarias culminaron con la detención del presidente de la FCU, Iván Uzcátegui, y del director de comedores de la Universidad de Carabobo, Ramón Bravo.

#MonitordeVíctimas | Denuncian que las FAES ejecutaron a un hombre frente a sus vecinos en Altavista
La madre asegura que los policías levantaron de su cama a Mervin Guillermo Herrera Atencio, de 29 años, lo sacaron con una camisa en la cabeza y, según testigos, lo obligaron a tomar un arma y a disparar a la acera para fingir un enfrentamiento.

@Daigalaviz

UN NUEVO NOMBRE SE SUMA A LA LISTA DE LOS PRESUNTOS AJUSTICIADOS por las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En  esta oportunidad, la víctima fue identificada como Mervin Guillermo Herrera Atencio, de 29 años, quien murió de dos disparos frente a su vivienda en Altavista, parroquia Sucre del municipio Libertador, a las 4:00 de la madrugada del domingo 14 de octubre.

De acuerdo con la madre de Mervin, Lisneida Atencio, los funcionarios de las Fuerzas Especiales llegaron a su vivienda pasadas las 4:00 de la mañana. El joven se encontraba durmiendo y lo sacaron de su cama. La mujer dice que salió en boxer y sin camisa.

Los policías lo llevaron a la acera que está frente a su casa con una camisa en la cabeza y, según testigos, los funcionarios lo obligaron a tomar un arma y que disparara a la acera; según la madre de la víctima, esta acción fue para fingir un enfrentamiento.Minutos después el joven recibió dos disparos en la espalda, frente a sus vecinos.

Mervin se ganaba la vida como vendedor de plátanos y huevos en un camión que se para frente al mercado de Quinta Crespo. Además de comerciante, era miembro principal del consejo comunal de su sector.

Se conoció que la víctima no tenía pareja y residía con su mamá.

#MonitordeVíctimas | Acusan al FAES por asesinato de tres hombres en Caracas
Los familiares denunciaron que los funcionarios policiales se llevaron un decodificador de tv por suscripción y se llevaron las cervezas que tenían guardadas

 

@franzambranor

TRES HOMBRES FUERON ASESINADOS POR EL FAES en distintas zonas de Caracas a principios de semana.

Chistopher Uribe fue muerto en el barrio Zumba el lunes 17 de septiembre en horas de la tarde, según expusieron familiares. La pareja de Uribe, embarazada de tres meses, indicó que junto a otras dos personas fue desalojada de su residencia. “Lo llevaron a una casa que está sola y ahí lo mataron”, dijo Naylinjer Mijares.

Mijares indicó que el parte policial atribuye el deceso de Uribe a un presunto enfrentamiento entre bandas. Aseveró que posteriormente trasladaron el cadáver a la Clínica Popular La Dolorita.

Uribe de 22 años era obrero y dejó huérfano a un niño de 4 años de edad.

También el lunes 17 en horas de la madrugada fue asesinado Jonathan Navarro en el barrio Maca de Petare. A Navarro lo ajusticiaron con un tiro en el pecho dentro de su hogar aseguró un familiar que prefirió el anonimato.

Navarro de 28 años trabajaba en un autolavado y era padre de un menor de edad.

De igual forma, Adrián Saúl López de 34 años de edad fue supuestamente ajusticiado por efectivos del FAES el martes 18 de este mes cerca de las 5:00 am en el Bloque 1 del barrio Kennedy.

Un familiar sostuvo que los efectivos ingresaron a la residencia en Kennedy, ajusticiaron a López y abandonaron a su esposa en medio de una zona boscosa.

Denunció que no conforme con matar a López, los funcionarios saquearon el kiosco de víveres que regentaba López y su pareja al lado de su hogar. “Bebieron cerveza y hasta se llevaron el decodificador de Directv”.

#MonitordeVíctimas | Familiares de hombres asesinados por la policía negaron que pertenecieran a bandas delictivas

@franzambranor

FAMILIARES DE TRES HOMBRES ASESINADOS el pasado domingo 16 en la autopista Caracas-La Guaira a la altura del barrio El Limón exigieron a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y negaron que hayan pertenecido a una banda criminal.

Según miembros de las familias de las tres personas muertas, estos se trasladaron al litoral central el fin de semana a disfrutar de un día de playa y mientras almorzaban en un restaurante fueron aprehendidos por funcionarios policiales, presumen eran del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana.

Las víctimas, que según el parte policial fueron muertas en un enfrentamiento, responden a los nombres de Jeferson José González Calderón de 27 años, Edwin José Campos Cárdenas de 34 y Wilker Jesús Ríos Armas de 30.

Informaron familiares que Campos era dueño de una frutería en Cúa, estado Miranda y González era uno de sus empleados, mientras que Ríos también poseía una relación laboral con este primero.

“Nos extrañó que Jeferson no apareciera el domingo en la noche porque ese es el día que se abastecen de mercancía para vender a partir del lunes”, dijo un miembro de la familia González.

La versión de los funcionarios sostiene que el trío fue interceptado en el sector La Aviación de Catia La Mar y huyeron a bordo de un Toyota Corolla placas AA243HE por la autopista Caracas-La Guaira donde colisionaron con una patrulla del Cicpc que les bloqueó el paso. Hubo un aparente enfrentamiento y los tres fueron muertos.

Autoridades manejan que Ríos era apodado “El Nariz” y pertenecía a la banda de “Los Cardones de El Valle” dedicada a extorsión, secuestro, homocidio y robo.

Familiares de Ríos admiten que este vivió en El Valle, pero tenía 11 años en Cúa, donde se había dedicado al comercio. Aseguran que no portaba armas ni tenía antecedentes penales.

Una tía de Ríos, cuyo hijo de nombre Julio César Armas fue presuntamente asesinado por el Cicpc en El Valle hace tres años, indicó que acudirá a la ONG Cofavic para buscar asesoría en procura de denunciar esta aparente violación a los derechos humanos.

Asimismo familiares de González y Campos aseguraron que estos no poseían armas y carecían de antecedentes penales.

Según el parte policial, en el lugar del suceso se incautaron dos pistolas y un revólver.

#MonitordeVíctimas | Acusan a un presunto Cicpc de asesinar de 12 disparos a un joven en Antímano

@MoreLosada24

IBA A COMER A CASA DE SU MAMÁ Y NO LLEGÓ. Según testigos había sido capturado por al menos tres hombres, y dos días después apareció tiroteado en Antímano. Familiares denuncian que Adrián Jesús Planchez Guédez, de 23 años de edad, fue víctima de la venganza de un presunto funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los allegados del muchacho indicaron en la morgue de Bello Monte que Adrián Jesús mantuvo una relación sentimental con una mujer, quien al parecer sería pareja de un funcionario policial.

Supuestamente, el oficial sostuvo un altercado hace varias semanas en el sector Las Lagunas con la víctima, allí lo habría amenazado de muerte.

El lunes 10 de septiembre, Adrián Jesús salió de casa de su padre a las 8:00 pm. Iba a comer en la residencia de su mamá, pero en el camino fue interceptado por varios hombres que descendieron de una camioneta Toyota Hilux, color azul, en Los Magallanes de Catia y lo obligaron a abordar el vehículo.

Los vecinos de la comunidad ubicada en la parroquia Sucre del municipio Libertador vieron a varios de los victimarios quienes vestían uniformes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Además identificaron al presunto policía que había amenazado al joven. A golpes, montaron a Adrián Jesús en el vehículo, mientras que otros se apoderaban de la moto que la víctima conducía.

Al no recibir ninguna llamada telefónica de los presuntos secuestradores, los parientes supieron que no se tratara de un secuestro común. Intentaron avisar a las autoridades del hecho, pero el Cicpc les indicó que debían esperar 48 horas para hacer la denuncia por desaparición.

Esas horas fueron exactamente las que tardaron en localizar el cuerpo. El miércoles a las 3:00 am la Policía Nacional Bolivariana (PNB) encontró el cadáver debajo de un puente en Antímano, cerca de la salida hacia la autopista Francisco Fajardo. Tenía 12 disparos en el cuerpo, la mayoría de ellos en la cara.

“El acta del Cicpc dice que lo encontraron a las 10:00 am. No entendemos eso”, indicó uno de los allegados, que hacía los trámites en la morgue de Bello Monte, estado Miranda. Allí se enteraron de que el cadáver permanecía en la sede del Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses (Senamecf) del hospital de Coche.

Adrián Jesús trabajaba como mecánico, en el taller que desde hace más de veinte años tiene su papá. Deja a una niña de cinco años huérfana.