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Violencia Policial

La violencia policial no se detuvo en 2023 y regresó el “ajuste de cuentas” como móvil frecuente

Las dinámicas y formas de violencia cambian constantemente en Venezuela, y estas particularidades son muy visibles en las regiones. Monitor de Víctimas recoge los datos de homicidios en cinco estados del país, cada año para llevar el pulso e intentar caracterizar la violencia homicida en el país. En 2023, continuó el descenso de los homicidios, pero la reducción fue mínima en varias de las entidades. 

Destaca la participación de policías y militares en la mayoría de los casos registrados en Zulia, Caracas y Lara. También se ha reportado un incremento en el móvil de ajuste de cuenta o venganza.

En Caracas hubo una leve baja en los homicidios, pero aumentaron los casos por ajuste de cuentas

La familia de Luis Manuel Romero Alemán, de 22 años, no lo reconoció cuando le mostraron las fotos de su cadáver. Los 21 balazos que le dieron en el rostro lo desfiguraron por completo. De acuerdo con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), miembros de la banda Los Chicorrios lo asesinaron en el barrio 5 de Julio, de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, cuando lo confundieron con un joven de la banda de Wilexys. Todo fue por una venganza.

Los ajustes de cuenta o venganzas fueron el móvil de homicidios que más aumentó en Caracas entre 2022 –cuando hubo 50 muertes por esta razón– y 2023 –cuando ocurrieron 70–, de acuerdo con las cifras recabadas por Monitor de Víctimas. Ese incremento es de 40% en solo un año.

Los asesinatos por ajustes de cuentas representan 23% del universo total de los homicidios registrados por MDV, en 2023, y que alcanzaron los 304, 9 menos que en 2022. Sólo en marzo de 2023, se documentaron 10 homicidios por esta razón.

La mayoría de las víctimas fueron hombres. Sólo una mujer: Ana Victoria Rubio, de 42 años, fue asesinada por su hermana, mientras dormía con sus dos hijos. María Gregoria Rubio la golpeó con una escardilla y con una chícora en la cabeza y, luego, incendió la casa en donde estaban. La victimaria se vengó así de su hermana, tras enterarse de que su pareja le había sido infiel con ella.

 

Ese repunte no significa que los ajustes de cuenta o venganzas hayan desplazado al móvil de homicidios más común en el Área Metropolitana de Caracas, desde 2018: la letalidad policial, que en 2023 representó 31,5% del total de los asesinatos. En total, 96 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, 2 casos más que en 2022. 

Los victimarios en 69 homicidios de letalidad policial fueron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En otros tres, se denunció que los asesinos eran miembros de grupos de élite derivados de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, el cuerpo de seguridad que la otrora Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, exigió eliminar en 2019, por la cantidad de ejecuciones extrajudiciales por las que estaba señalado.

Uno de esos casos es el de Carlos Alberto Perdomo Machado, un joven de 18 años que el 28 de marzo de 2023 fue asesinado por funcionarios de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de una persecución cerca de su casa, en la parte alta del barrio Guaicaipuro de Petare.

De acuerdo con el relato de familiares, el joven había sido detenido en 2022 por esa misma brigada durante una redada. En aquel entonces, era menor de edad, y mes y medio después de arrestarlo, lo liberaron porque no encontraron razones para imputar.

 

Menos muertes por riñas y robos 

Las muertes por riña o pelea iniciada en el sitio registraron un descenso de 21%. Hubo 26 durante el 2023, 7 menos que en 2022. 

Las armas de fuego predominan entre las empleadas por los victimarios en 14 de 26 casos; y en riñas, las armas blancas, la fuerza física y el estrangulamiento se usaron en los otros 11.

El caso de Lermis Antonio Guevara Correa, de 47 años, es una muestra del empleo de este tipo de armas. A él lo asesinaron el 13 de marzo de 2023, en el boulevard de la parroquia La Vega, en el municipio Libertador del Distrito Capital, luego de sostener una discusión tras un juego de dominó. Se presume que un hombre lo agredió y lanzó al piso, donde sufrió una fractura craneoencefálica que le costó la vida.

En 2023, los asesinatos por robo también disminuyeron. Hubo 25, según datos recabados por MDV, lo que representó 8,2% del total de los homicidios cometidos durante el año. La cifra es menor a las 39 que se registraron en 2022.

Aunque el número ha descendido, no deja de afectar a la población más vulnerable en sectores populares.

Tal es el caso de Leninyer David Molina Medina, de 16 años, adolescente a quien asesinaron en la vía a El Junquito, en el Barrio Niño Jesús, en abril de 2023,para robarle el carro de su madre. Recibió un disparo en el cuello y otros 4 en piernas y brazos. Se presume que los victimarios eran miembros de una banda de la zona.

Bajan homicidios, pero no feminicidios

En 2023, de las 21 mujeres que mataron a lo largo del año, 11 fueron asesinadas por razones de género, apenas 2 menos que en 2022. En 6 de estos feminicidios, los victimarios fueron sus propias parejas o exparejas. Tres de las mujeres tenían signos de violencia sexual.

Uno de estos feminicidios fue el de Fabiola Teresita Parra Mogollón, de 37 años, a quien su expareja, el funcionario de la Policía del estado La Guaira, Henry Briceño, le disparó  el lunes 31 de julio de 2023, en el estacionamiento de su antigua residencia, en la urbanización Guaicay, en el municipio Baruta del estado Miranda. Hasta allí había ido Parra Mogollón a buscar ropa en compañía de su hermana y su hijo de 18 años.

Dos días antes del hecho, la víctima había denunciado a Briceño ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), porque éste la amenazaba. Le había comentado a un allegado que ella temía por su vida. El uniformado se suicidó luego de cometer el crimen. 

Durante 2023, hubo 7 personas que murieron durante enfrentamientos entre bandas armadas. Otras 5 fueron impactadas por balas perdidas o cayeron en medio de fuego cruzado. Cuatro policías murieron en servicio. Los datos recabados por Monitor de Víctimas apuntan a que el único linchamiento de 2023, en Caracas, ocurrió en abril, en la urbanización Simón Rodríguez de Ciudad Tiuna, parroquia Coche del municipio Libertador del Distrito Capital. Allí, un grupo de personas le roció gasolina a un hombre para quemarlo, luego de señalarlo por el robo de unas herramientas.

Hay 57 casos en los que no se logró determinar la causa de la muerte.

Las cifras rojas de Petare

A pesar de que en el municipio Libertador del Distrito Capital ocurrió la mayor cantidad de homicidios durante 2023 –155 en total–, la parroquia Petare del municipio Sucre, en el estado Miranda, fue la que más acumuló casos en toda el Área Metropolitana de Caracas: 90 muertes durante 2023, que representan 29% de los sucedidos en la capital venezolana.

 

Los homicidios en Petare son mucho mayores que en cualquier otra parroquia de la ciudad. La segunda jurisdicción en la que mataron a más personas fue El Valle (Distrito Capital), con 26; seguida de Filas de Mariche (Miranda), con 23; Sucre (Distrito Capital), con 21; y San Juan (Distrito Capital), con 17.

Las armas de fuego continúan como las más usadas por los victimarios. A balazos, mataron a 227 personas. De estas, 21 provenían de armas largas. 

Los 304 homicidios sucedidos en 2023 dejaron, por lo menos, 181 huérfanos menores de edad en el año.

 

Asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad aumentaron 233% en Lara 

Durante el año 2023, se registraron 76 asesinatos en el estado Lara, según datos recabados por Monitor de Víctimas. Del total de víctimas, hay 72 civiles, 2 policías y 2 militares. 

Marzo fue el mes con más muertes violentas, con 10; seguido de agosto, con 9; y febrero, abril y mayo, que cerraron con 8 muertes cada mes. Del total de víctimas, hay 70 hombres y 6 mujeres. El año 2022, cerró con 65 muertes, 9 menos que en 2023.

La violencia 2023

 

Iribarren, el municipio capital, se posicionó como el más violento, con 52 asesinatos, lo que representa 68% del total; seguido de Palavecino y Jimenez, con 6. Cuatro parroquias de Iribarren  -Ana Soto, Unión, El Cují y Tamaca- concentran la mitad de las muertes violentas de 2023: 38 víctimas. En Ana Soto, anteriormente conocida como Juan de Villegas y la parroquia más poblada de la entidad, ocurrieron 19 de los asesinatos. 

El móvil con mayor número de víctimas es el de riña o pelea iniciada en el sitio, con un saldo de 21; seguido de ajuste de cuentas, con 16.

Funcionarios de seguridad del Estado figuran como los victimarios en 21 asesinatos: 12 muertes por presunta resistencia a la autoridad, 7 ejecuciones, así como una muerte por bala pérdida y un caso por determinar.

La violencia 2023

 

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) perpetró 10 de estas muertes violentas; las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), 4; el Cuerpo de Investigaciones Cientìficas, Penales y Criminalísticas (CICPC), 4; la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 3; y el Ejército, 1. Este indicador aumentó 233% en comparación con el número de crímenes cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, el año anterior. En 2022, hubo 9 casos.

En 50 de los asesinatos registrados durante 2023, se utilizaron armas de fuego y esto equivale al 65,78% de las muertes. En 16 casos, las víctimas murieron por heridas de arma blanca, y en otros 6, por impacto de objetos contundentes. Se desconocen las armas utilizadas en 2 homicidios. En otros 2 casos, usaron armas de combustión y fuerza física.

En 28 homicidios, los autores de los crímenes eran conocidos, familiares, cónyuges o vecinos de las víctimas. Esta cifra representa 36,84% del total de muertes contabilizadas por Monitor de Víctimas en la región larense, de enero a diciembre de 2023. 

La violencia 2023

 

Entre las víctimas, hay un recién nacido, 2 adolescentes de 15 y 16 años de edad y un joven de 19 años. 45 víctimas –39 hombres y 4 mujeres– tenían entre 21 y 40 años de edad. 17 de las víctimas –13 hombres y 2 mujeres– tenían entre 41 y 60 años de edad.

Tres de las víctimas, todos hombres, tenían entre 61 y 80 años de edad. Una víctima, mujer, tenía 86 años de edad. 

Se desconocen las edades de 6 de las víctimas. Los móviles en 5 de estos casos fueron resistencia a la autoridad (4) y ejecución (1).

 

Femicidios-suicidios

Monitor de Víctimas contabilizó 6 asesinatos de mujeres, y de estos, cuatro son femicidios. En dos de estos casos los victimarios se suicidaron; en otro, el presunto asesino fue detenido, y en otro más, el agresor que, supuestamente, era pareja de la víctima, aún no ha sido identificado por las autoridades.

En los otros dos casos, se trató de un robo y su asesino aún está prófugo de la justicia. Asimismo, hubo un matricidio en contra de una octogenaria, y su autor fue detenido.

Bárbara Naybeth Leal Rodríguez, de 34 años de edad, fue asesinada por su expareja y padre de sus niñas, Manuel Gómez, el 1º de noviembre de 2023, en Barquisimeto. La joven había emigrado a Chile y sus tres hijas quedaron al cuidado de Gómez. A finales del año, decidió regresar a Venezuela para buscar a las niñas debido a que Manuel la había amenazado con que las iba a asesinar si ella no volvía al país.

Los vecinos de Bárbara relataron que una vez que llegó a Venezuela, fue al Ministerio Público (MP) para denunciar la situación y, con oficio en mano, la enviaron a un centro policial de la PNB, para que solicitara acompañamiento y así sacar a las niñas de la vivienda de su pareja. Según testigos, la joven fue, por lo menos, a tres comandos y no obtuvo acompañamiento alguno. En el último, le dieron un número telefónico para que llamara “por si algo sucedía”.

Ante la respuesta negativa de los funcionarios de seguridad, Bárbara fue a buscar a sus hijas sin la policía. La vivienda donde ocurrieron los hechos está a menos de 400 metros de cuatro módulos de la PNB, del CICPC y de una fiscalía municipal.

Habitantes del sector relataron que la tarde del 1º de noviembre escucharon una discusión y gritos en la casa de Manuel. Luego, llegó una comisión de la PNB. inmediatamente, sonaron dos disparos.

Las autoridades determinaron que Manuel Gómez había encerrado a sus hijas en una habitación. Con una escopeta, asesinó a su esposa y, posteriormente, se quitó la vida con una pistola.

Funcionarios asesinados

Johnny José Lores González, detective agregado del Cicpc e instructor de tiro, es uno de los cuatro funcionarios de seguridad del Estado asesinados en Lara en febrero de 2023, el martes de Carnaval. Johnny fue atacado a golpes con una patineta en la avenida Los Abogados con Morán, de Barquisimeto. Dos hombres le propinaron una golpiza, tras una discusión que se originó a sólo metros del Círculo Militar. 

Dos días después del suceso, la tarde del jueves 23 de febrero, fue aprehendido uno de los homicidas: Luis David Cordero, de 29 años.

El 13 de junio, Moisés David Travieso, funcionario del Ejército Bolivariano, fue asesinado durante una práctica de tiros en el Polígono de Barquisimeto, ubicado en la Intercomunal Barquisimeto-Duaca. 

El joven recibió un impacto de bala, presuntamente, por su compañero, cuando hacía la práctica. Sin embargo, este caso no ha sido esclarecido y no hay responsables tras las rejas.

Parroquias más violentas

En 4 de las 58 parroquias de Lara, todas de Iribarren, se registraron la mitad de las muertes violentas de 2023. Las cinco parroquias con más asesinatos están en la zona metropolitana del estado.

Ana Soto (municipio Iribarren): 19

Unión  (municipio Iribarren): 7

El Cují  (municipio Iribarren): 6

Tamaca (municipio Iribarren): 6

José Gregorio Bastidas (municipio Palavecino): 5

En Sucre la venganza o ajuste de cuentas fue el móvil con más casos

En el estado Sucre, se registraron 100 homicidios durante el año 2023, de acuerdo con el balance realizado por el equipo de Monitor de Víctimas en las morgues de Cumaná y Carúpano, respectivamente.

En el registro, se evidencian 13 muertes violentas menos que en 2022, cuando ocurrieron 123 homicidios.

El mes más violento fue agosto, con 19 víctimas; seguido de marzo, con 17; febrero y junio, con 10 cada uno; noviembre con 9, septiembre con 8; abril con 7; julio con 6; octubre con 5; diciembre con 4; mayo con 2 y enero con 3 víctimas.

 

La violencia 2023

 

 

Los municipios con mayor registro de víctimas fueron Sucre (Cumaná) con 32; Cajigal (Yaguaraparo) con 13; Bermúdez (Carúpano) con 12; Arismendi (Río Caribe) con 8; Montes (Cumanacoa) con 7; Ribero (Cariaco); con 6; Andrés Eloy Blanco (Casanay) 4, Libertador (Tunapuy), con 1, y 10 no determinados.

La venganza se mantiene como el móvil con mayor registro de muertes violentas, con 30 víctimas. Los homicidios por peleas o riñas fueron 11, el enfrentamiento entre bandas tuvo un registro de 10 víctimas, 9 muertes fueron por sicariato, 7 por robo, mientras que los casos por violencia de género fueron 3 y el linchamiento dejó una víctima.

Igualmente, destacan 14 víctimas por resistencia a la autoridad. 10 menos que el año pasado, cuando ocurrieron 24 víctimas bajo este móvil. Mientras que 2 funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado murieron en servicio y 9 fueron los homicidios cuyas causas quedaron por determinar o en averiguación. 

Asimismo, 89 de las víctimas pertenecían al sexo masculino, 10 eran femeninas y una identificada como transgenero -de acuerdo con la información recogida por el equipo de investigación-.

Casos emblemáticos 

Entre los casos más impactantes de 2023 en el estado Sucre, se encuentra el registrado el 21 de febrero en el municipio Arismendi,  cuando cuatro personas fueron asesinadas y tres quedaron  heridas, tras un  ataque de un grupo armado, en un centro hípico ubicado en El Morro.

Las víctimas que quedaron tendidas en el sitio fueron: Alexander Manuel Guilarte Rivero (25), quien falleció por un impacto de bala en el cuello; Enrique Caraballo (36), quien recibió disparos en la región del tórax; Jesús Guillermo Jáuregui (75), quien recibió un balazo en la fosa lumbar izquierda y  Carmen Elena Fermín Fermín (57), quien falleció por impacto de proyectil con orificio de entrada sin salida en región temporal.

Mientras que sobre las muertes por intervención policial el jueves 16 de marzo de 2023, efectivos adscritos a la Tercera Compañía de Bohordal, del Destacamento 532 y del Destacamento Rural 53-2 de Río de Agua, reportaron una intervención legal del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) de “Zacarías”, en una zona boscosa entre los sectores de Río Grande y La Horqueta, en el municipio Cajigal, donde ocurrió el homicidio de “el yaguare”, integrante del referido grupo armado.

En el hecho resultó herido por arma de fuego el capitán (GN) Joiner Chaustre Sánchez, comandante de la Tercera Compañía de Bohordal, quien recibió heridas de bala en el brazo izquierdo y superficialmente en el glúteo derecho.

 

 

 

En agosto, se produjeron 22 muertes violentas en toda la entidad. Solo en la zona de Carúpano – Paria ocurrieron 12 homicidios, y siete en la última semana del mes.

El martes 29 de agosto, se registraron diferentes dobles homicidios en los municipios Bermúdez y Arismendi, respectivamente. Uno de estos ocurrió cuando dos hombres fueron acribillados a tiros en el sector El Lirio de Carúpano.

Según las versiones de testigos del populoso sector, ubicado al sur del municipio Bermúdez, las víctimas fueron identificadas como José Gregorio Jiménez Salazar (44 años), alias “Goyito”, y Carlos Alfonso Rivas Rivas (38), quienes recibieron varios disparos por parte de desconocidos que se desplazaban en una motocicleta.

El mismo día, en horas de la noche, se supo del hallazgo de dos cuerpos en una zona apartada del caserío Santa Isabel, ubicada a escasos kilómetros de Río Caribe, en el municipio Arismendi. Uno pertenecía a una adolescente y otro a un hombre adulto.

Los cuerpos correspondían a María José Villarroel Suárez, de 17 años, y Gabriel Alexander Velásquez Hernández, de 22 años, a quien apodaban “el Diablo”. Ellos habitaban en los alrededores de la referida zona. Los cadáveres fueron hallados en el sector Quebrada de Forio, con varias heridas de arma blanca y de fuego.

Triple homicidio

El año pasado, en el municipio Cajigal, persistió la incidencia de asesinatos, y el 26 de noviembre, destacó el triple homicidio de los ciudadanos Frayeczon Gabriel Álvarez Brito (27), alias “el Cabezón”; Julián José Subero Prado (33), conocido como “el Peluca” y Wuiquerson Alexander Subero Fermín, llamado “el Wuiquer” por habitantes de Yaguaraparo. Las víctimas, supuestamente, eran integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (Gedo) Zacarías.

A los cadáveres se le encontraron múltiples disparos de arma de fuego, cortadas profundas con arma blanca (machete), además de que fueron cercenadas sus cabezas. Al parecer, estas mortales lesiones fueron producto de una riña por el control de la zona entre bandas rivales, en la zona boscosa de Río Grande de Los Marines, cerca de Yaguaraparo, municipio Cajigal.

Por esta razón, las autoridades suponen que fue asesinado, con los otros dos acompañantes, por problemas para controlar el sector. Sus cuerpos quedaron tendidos en plena vía pública de la zona agrícola.

Morgue de Cumaná

En el registro de casos ocurridos en el estado Sucre, también están los homicidios de José Gregorio Arreciart (28) y Douglas Ernesto Serrano, quienes fueron asesinados por hombres que intentaron ingresar a una celebración de cumpleaños.  El hecho ocurrió el 27 de agosto, en el barrio Los Molinos de la parroquia Altagracia de Cumaná, estado Sucre.

Violencia de género

Entre los casos de violencia de género, se encuentran el de Juan Carlos Gutiérrez Hernández, de 50 años, ocurrido el 2 de junio, cuando la víctima transitaba junto a su pareja por el sector La Matica de El Peñón, en Cumaná (Sucre). Sostuvieron una discusión, que se tornó violenta, y ella optó por golpear a Gutiérrez con una silla de plástico rota, que le ocasionó la muerte de inmediato. La victimaria huyó, pero fue capturada por las autoridades y el caso pasó a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público.

En otro hecho, ocurrió el femicidio de Roxana del Valle Gutiérrez Gutiérrez, de 20 años, localizada dentro de una bolsa negra y en avanzado estado de descomposición, en las adyacencias del estadio Roberto Carreño de Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre; su pareja, Dannie David Centeno Marcano de 20 años, confesó que la había matado el 12 de septiembre y su cuerpo fue encontrado cuatro días después.

También se registró el homicidio de Ibis Luisana Fabelo Hernández, de 15 años, cuyo cuerpo fue localizado, el pasado 10 de noviembre, en unos matorrales, en el sector El Manguito de Santa Fe, parroquia Raúl Leoni, del municipio Sucre.

El cadáver de la adolescente presentaba fractura del temporal derecho. Los cuerpos de seguridad no han esclarecido el caso.

En otro caso que conmocionó a la opinión pública sucrense, ocurrió en la comunidad Campo Ajuro. Una adolescente de 13 años fue violada y asesinada presuntamente por sus tíos, quienes fueron detenidos el 14 de junio.

La adolescente falleció el lunes 5 de junio, según los médicos de guardia, por un paro cardiorespiratorio. Pero la madre de la menor fue advertida, por otra profesional de la salud, de que la niña había sido víctima de abuso sexual de forma reiterada, y le recomendó practicarle la autopsia.

El acta de defunción que les entregaron en el hospital de Cumaná explica que la joven murió como consecuencia de una neumonía necrotizante, síndrome de niño maltratado, traumatismo torácico cerrado y craneoencefálico.

Otro caso fue el homicidio de Gregorio Antonio Guerra, 47 años, conocido como «la Pelele», ocurrido el 23 de abril, luego de una fiesta en el barrio Las Palomas de Cumaná. En el lugar, se presentaron varias discusiones y la víctima salió a buscar a su hermano, pero su cuerpo fue localizado, en la madrugada, con golpes en la cabeza y varias heridas punzopenetrantes. Autoridades investigan el caso bajo el móvil de presunta venganza. 

El extraño caso de los homicidios que ocurren en Táchira, pero se registran en Colombia

Un total de 34 homicidios fueron perpetrados en Táchira a lo largo del año 2023, de acuerdo con la base de datos que recopiló Monitor de Víctimas en la región fronteriza, donde el municipio limítrofe, Pedro María Ureña, fue el que más muertes violentas registró, con 8 asesinatos. El municipio San Cristóbal ocupó el segundo lugar con mayor número de casos de asesinatos, con 6 muertes, en total. 

La cifra de homicidios del año 2023 indica que hubo una reducción de 50.72 % en los casos de homicidios, en comparación con el año 2022. Pese a la reducción, varios hechos de sangre conmocionaron a los tachirenses. 

El menor número de homicidios en Táchira podría deberse a la alta migración de personas de esta zona, a la apertura formal de la frontera, así como al control que ejercen grupos guerrilleros en varios municipios de la entidad, en los cuales imponen sus reglas y ejercen un control que ha sido en cierto modo efectivo y respetado, concluyó el Observatorio Venezolano de Violencia – Capítulo Táchira, en su más reciente informe. 

Vale mencionar que los datos recopilados se basan en los cadáveres que son ingresados a las morgues del Táchira, situadas en el Hospital Central de San Cristóbal y el Cementerio Municipal de la ciudad, así como algunas muertas que los medios de comunicación colombianos reportan que ocurrieron del lado venezolano en algunas trochas entre Colombia y Venezuela. 

Uno de los hechos que causó conmoción en el año 2023 ocurrió el 10 de febrero, , precisamente, en el municipio Pedro María Ureña, en donde a plena luz del día, un adolescente de 14 años de edad, identificado como Luis Manuel Díaz Escorcia, fue asesinado frente a una carnicería, cuando el muchacho estaba en el establecimiento comercial donde laboraba. 

Una de las versiones que se manejó, en el momento, fue que el joven estaba parado al frente del local comercial, donde trabajaba, cuando fue abordado por dos sujetos que se le acercaron a pie y le dispararon, para luego huir, indicaron fuentes locales. Este suceso ocurrió durante una ola de amenazas y ataques con granadas a los comerciantes y habitantes de este pueblo fronterizo, ejecutado por la banda paramilitar La Línea, que se adjudicó los hechos, posteriormente. 

De las 34 víctimas, 29, fueron de sexo masculino y 5 de sexo femenino, con edades comprendidas entre 14 y 75 años.  En cuanto a los móviles de los crímenes, se obtuvo que 9 casos quedaron por determinar; 8 se debieron a venganza o ajuste de cuentas; 7 fueron ocasionados por motivos de robo; 5 personas murieron en riñas o peleas iniciadas en el sitio; 3 personas fueron ejecutadas; 1 caso fue motivado por violencia de género y 1 asesinato por sicariato. 

La mujer que fue víctima de violencia de género, el 30 de junio de 2023, fue identificada como Rosa Isabel Toca Jaimes, quien fue asesinada por su pareja Elfido Antonio López Trigos, de 42 años. El victimario terminó quitándose la vida tres días después. Este terrible suceso ocurrió en el sector Pabellón de la parroquia Bramón, municipio Junín del estado Táchira.

El cuerpo de la mujer, quien era de nacionalidad colombiana, fue hallado el sábado por uno de sus hijos en una platanera, presentando en su cuerpo heridas por arma blanca. Además, el femicida dejó un escrito en el que confesaba que había asesinado a su pareja tras sostener una discusión.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales 

Cabe destacar que tras la recopilación de datos se detectó que de las 34 personas asesinadas, cuatro murieron en manos de los cuerpos de seguridad del estado. En un caso con tres personas muertas estuvo involucrada la Policía Nacional Bolivariana, a través de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI). El otro asesinato fue cometido por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Entre las víctimas a manos de funcionarios del estado estuvieron: Maikel Andrei Acuña Gómez, de 24 años; Frank Yoider Acuña Guerrero, de 23 años, y Gilbert Alberto Rodríguez Vargas, de 25 años de edad, quienes fallecieron el  sábado 13 de mayo de 2023, en el sector Aguas Calientes de Ureña, frontera con Colombia. Las autoridades informaron que habían muerto en un enfrentamiento con una comisión de la Unidad Antiterrorista de la Policía Nacional Bolivariana.

Los jóvenes Acuña, de nacionalidad venezolana, eran primos y, según sus allegados, fueron secuestrados por un presunto grupo guerrillero, el pasado 8 de mayo, cuando jugaban en una cancha de la localidad. La tercera víctima, Gilbert Alberto Rodríguez Vargas, era colombiana. Pero los relatos de sus familiares indican que ellos no eran paramilitares ni miembros de ninguna organización delictiva.

 

En otros tres hechos se documentó que los perpetradores de las muertes fueron miembros de la guerrilla. En un caso, se reportó a un grupo paramilitar como los responsables, y en 10 hechos, los victimarios fueron civiles.

El tipo de arma más utilizada para cometer los crímenes fue el arma de fuego corta, tipo de armamento que fue usado en 14 hechos. Mientras que 9 asesinatos fueron cometidos con arma blanca, 4 con objetos contundentes, 2 con granadas y 4 con armas no determinadas. 

En el caso de Táchira, la reducción de los homicidios, aunque parezca contradictoria, está asociada a la pax mafiosa impuestas por los grupos armados establecidos en ese estado fronterizo, y a una treta que consiste en dejar del lado colombiano los cadáveres de personas presuntamente asesinadas del lado venezolano.   

252 homicidios sumó Zulia: GNB y Cicpc los principales responsables

Resistencia a la autoridad, sicariatos y ejecuciones extrajudiciales fueron los tres principales móviles de los homicidios que ocurrieron en Zulia, en 2023, y que contabilizó el equipo de Monitor de Víctimas en el estado. En total, hubo 252 homicidios.

De este número, 103 casos ocurrieron por resistencia a la autoridad, según se conoció en el registro que se llevó a cabo durante el año pasado. De estas muertes, 25 fueron a manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana; 22 por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; 16 por el Cuerpo de Policía del estado Zulia; 16 por la Policía Municipal de San Francisco; 9 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana; 7 por el Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia; 2 por la Dirección de Inteligencia Regional; 2 por la Policía municipal de Lagunillas, y los funcionarios de las policías municipales de Cabimas, Baralt, Urdaneta y Rosario son responsables, cada uno, de 1 homicidio.

Los sicariatos están en segundo lugar en el número de víctimas que, el año pasado, llegó a 46. En el municipio Miranda, en la Costa Oriental del Lago, hubo el mayor número de personas asesinadas por este móvil, que sumó 19.

 

El caso más emblemático fue el que ocurrió el pasado 26 de diciembre de 2023, cuando hubo un atentado en contra del alcalde oficialista, Jorge Nava, que dejó dos personas asesinadas y unos 17 heridos; entre ellos, la máxima autoridad local y el secretario de Servicios Públicos, Juan Carlos Vilchez.

Alfredo Molleda, un albañil de 55 años, quien residía en el sector Guaru Guaru de la parroquia Faría, del municipio Miranda del estado Zulia, fue la tercera víctima del ataque armado contra el alcalde.

Con respecto a los sicariatos, en Maracaibo hubo 7, en el municipio Baralt hubo 5, en Santa Rita otros 5; en los municipios La Cañada de Urdaneta y San Francisco, hubo 3 casos, respectivamente; en el municipio Colón, 2; en Jesús Enrique Lossada, 1, y en Machiques de Perijá, 1.

 

La violencia 2023

 

Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, hubo 25 durante los 12 meses del año 2023. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fueron los responsables de 9; la Policía regional del estado Zulia de 6; la policía municipal de San Francisco de 3; la Policía Nacional Bolivariana de 3; el Cicpc de 2; el Servicio de Investigación Penal de 1 y el Servicio de Investigación de Zulia de 1.

Violencia de género, robos y ajuste de cuentas

Los otros móviles de homicidios en el estado Zulia durante el año 2023 fueron los asesinatos por robo, que el año pasado fueron 23, las muertes por riñas, de las que se registraron 15; los ajustes de cuenta o venganza, 14; homicidios por violencia de género, 13, y abuso y maltrato infantil 6; entre otros.

Uno de los casos que causó más conmoción fue el de Eudimar Parra, de 33 años, quien fue asesinada a puñaladas por su pareja Elizaul Antonio Cegueri Noguera, de 43 años, dentro de su casa, en el municipio Baralt, en el estado Zulia. El femicida después se suicidó al lanzarse, en la vía pública, contra un vehículo en marcha que lo arrolló. Los hechos ocurrieron el 9 de marzo de 2023.

Carlos Luis Delfín Silva, de 22 años de edad, fue asesinado de una puñalada por su pareja, Yetsabeth del Carmen Galbán Guerrero, de 21 años, quien fingió un accidente con un cuchillo en el municipio Lagunillas, en el estado Zulia. El crimen ocurrió el 24 de junio de 2023.

Con respecto a los casos de maltrato infantil, se reseñó el de una madre que ahogó a sus hijas de 2 y 3 años en una pipa de agua que mantenía en su casa, ubicada en el sector 12 de Octubre, del municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago. El hecho sucedió el miércoles, 20 de diciembre. La mujer fue identificada como Roselin Banett Sandrea Jiménez, de 38 años, quien confesó el crimen.

Sicariatos de regreso

Estos son los casos que más destacaron el año pasado y en el que están involucradas bandas criminales.

El 18 de febrero se reportó un doble atentado, de forma casi simultánea, contra la carnicería Tu Finca Express y el supermercado Samba Latino, que causaron ocho heridos y dos muertos en el municipio Maracaibo.

La violencia 2023

 

Los organismos de seguridad señalaron a las bandas del “Yiyi” y del “Caracas”, lideradas por Guillermo Rafael Boscán Bravo y José Antonio Márquez Morales, respectivamente, de ser las responsables de los atentados. 

El primer fallecido fue Luis Castilla, empleado de la carnicería, en la que otras tres personas también fueron heridas de bala, el 18 de febrero.

El 5 de enero, una banda delictiva que opera en Barranquitas, municipio La Villa del Rosario de Perijá, asesinó a tiros a tres pescadores que estaban a bordo de una lancha en el Lago de Maracaibo, estado Zulia. El suceso se registró el jueves 5 de enero.

Las víctimas quedaron identificadas como Reibis Navas y los hermanos Carlos Alberto Nuñez Vásquez, de 54 años, y Alcides de Jesús Núñez Vásquez, de 52 años. Los cuerpos de los dos últimos fueron localizados en la zona conocida como Planchada Soldó en las orillas del lago, según fuentes policiales consultadas por El Pitazo.

El 11 de enero, un hombre armado asesinó al chofer de un autobús de transporte público en el municipio San Francisco, estado Zulia. La víctima recibió dos disparos en la cabeza y fue identificada como Atilio José Torres Moreno, de 47 años de edad.

El homicidio se registró en el barrio Negro Primero en el kilómetro 5 de San Francisco, en la vía que conduce al municipio La Cañada de Urdaneta. Testigos aseguraron que el homicidio fue ordenado por “el Yiyi”, quien extorsionaba a la línea de transporte.

El 19 de marzo, sicarios asesinaron a balazos, a una joven pareja en el municipio San Francisco del estado Zulia. Las autoridades policiales investigan si el crimen está relacionado con mafias dedicadas a la extorsión.

El Cicpc aseguró que el autor intelectual del crimen es Wilmer Antonio Matos Atencio, de 63 años, quien está prófugo y presenta notificación roja de Interpol por homicidio, extorsión y asociación para delinquir. En este hecho también señalaron que está involucrada la banda del “Yiyi».

Y el 29 de julio, dos sicarios asesinaron a un productor agropecuario dentro de su casa en el sector Las Casitas, en el kilómetro 48 del municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia. Los delincuentes grabaron el momento en el que dispararon contra el productor, quien se encontraba sentado en el garaje de su vivienda. “Es JL”, gritó el hombre mientras grababa con un celular el asesinato.

 

La violencia 2023

La violencia 2023

 

Lorena Meléndez, Liz Gascón, Karina Peraza, Anggy Polanco, Mayber Márquez, Yesenia García, Sheyla Urdaneta, Nataly Ángulo, Adriana Materano y Ronna Rísquez

42 muertos por violencia policial se registraron en el primer semestre

En el estado Zulia, donde está ubicado el tercer municipio más violento del país -La Cañada de Urdaneta-, hubo 77 muertes documentadas por Monitor de Víctimas, entre los meses de febrero y junio de este 2022.

El móvil que causó más homicidios fue la violencia policial, con 42 casos, divididos así: resistencia a la autoridad con 29 muertos y 13 ejecuciones extrajudiciales. Esto representa el 54,5% del total de homicidios.

Los municipios San Francisco y Maracaibo fue donde hubo más casos de ejecuciones y resistencia a la autoridad. En ambos se presentaron 11 casos durante los seis primeros meses del año. Les siguieron los municipios Miranda, Cabimas y La Cañada de Urdaneta.

Los cuerpos de seguridad que más mataron en la primera mitad del año 2022 en el estado Zulia fueron la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Municipal de San Francisco (Polisur). Ambos, fueron responsables de 10 de casos cada uno. Les siguen el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) y después el Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez).

En situaciones de robo se registraron 12 asesinatos y nueve víctimas dejaron los sicarios. 

El estado Zulia había descendido de la lista de los 10 estados más violentos del país al cierre del año 2021 y hasta el año 2019 estaba en el puesto nueve, según el Observatorio Venezolano de Violencia. ¿La razón? Había modificado sus dinámicas criminales. 

Pero, entre enero y marzo de 2022, regresaron las prácticas de lanzar granadas y artefactos explosivos a locales comerciales como una manera de amenazar para el pago de vacunas. De acuerdo con coberturas que se hicieron entre esos meses, hubo cinco atentados a locales con granadas, que dejaron como saldo un muerto y ocho heridos.

En lo que respecta a las estadísticas de Monitor de Víctimas, marzo fue el mes en el que el número de asesinados llegó a 20, casi una persona muerta por día. Entre los casos que más resaltaron ese mes fue el asesinato de cuatro trabajadores de la finca San Tomé, ubicada en el municipio La Cañada de Urdaneta.  Las víctimas fueron identificadas como Ramiro González, Emiro Fernández, Juan Montiel (68) y Nelson González (42), este último tenía, apenas, cinco días trabajando en el lugar. Todos eran wayuu.

Los funcionarios policiales responsabilizaron a un grupo armado dedicado a la extorsión.  Los familiares de las víctimas, que pidieron no ser identificados por razones de seguridad, contaron a Monitor de Víctimas que los cuatro trabajadores fueron asesinados en un cuarto de la finca y que algunos de ellos tenían cortadas, además de los disparos. El dueño de la hacienda, un ganadero zuliano que tuvo que resguardarse, denunció que mafias de ese municipio lo habían extorsionado. 

Ese mismo mes, señalaron a un funcionario de la policía regional del estado Zulia de haber asesinado a un pescador identificado como Augusto José Acosta, de 24 años. Y el 5 de marzo, los funcionarios de la Guardia Nacional publicaron en una minuta que el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) y la Unidad Antiterrorismo de la Guardia Nacional mataron a Alberto Araujo, de 25 años de edad, a quien apodaron “Neño” y de quien dijeron era integrante de la banda de «Yeico Masacre”.

El hecho ocurrió en el municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago, según la minuta. En el sitio, había cerca de 20 personas que escaparon, a excepción de Araujo. Dijeron que en el lugar también había ocho chalecos antibala e insignias que correspondían a seis uniformes del Ejército Nacional de Colombia, tres pares de botas de caucho y una cinta eslabonada con 40 cartuchos, calibre 762x51mm. También retuvieron un vehículo marca Ford Explorer y dos motos.

Cuatro mujeres

Los sicarios también sumaron víctimas. En junio, ocurrió un sicariato en el municipio Miranda del estado Zulia, específicamente, en Los Puertos de Altagracia. Los asesinados fueron Bianca Elena Morales Nava, de 36 años, y Luis Enrique Nava Peña, de 30. El hecho ocurrió en pleno casco central. Una fuente ligada al caso señaló que Bianca Morales prestaba dinero y que Luis Enrique Nava Peña era su primo.

Otros de los asesinatos que resaltaron fueron los de mujeres. Entre febrero y junio, mataron a cuatro. En marzo, la víctima fue Raiza del Valle Laguna Maldonado, de 45 años de edad. Su esposo la mató de dos disparos. El femicidio ocurrió el 21 de marzo, dentro de su vivienda en Cabimas, en el estado Zulia. El victimario se suicidó después del hecho, reportaron las autoridades.

En abril, asesinaron a Belkys Mireya Castellanos Salas, de 47 años de edad, quien estaba dentro de una finca. Y en mayo, mataron a Rosibel Milagros Beltrán Bravo, de 13 años, y a Roxana del Carmen Salas Pacheco, de 38 años. El segundo caso fue un femicidio; en el último, el móvil está por determinarse.

A la niña Beltrán Bravo la mató, presuntamente, un joven de 17 años de edad, de nacionalidad colombiana, quien la pretendía y la había amenazado de muerte, según informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

Roxana del Carmen Salas Pacheco, una comerciante de 38 años, murió luego de recibir múltiples cortaduras con picos de botellas de vidrio en su cuello, rostro y brazos. El hecho ocurrió el pasado 1° de mayo de 2022 y, según testigos, la mujer discutió con un hombre en el estacionamiento de la residencia donde vivía. Las cámaras de seguridad que estaban en el lugar registraron a otra persona que también participó en las agresiones. La mujer llegó malherida a su casa y falleció. 

Febrero 2022/junio 2022

Violencia policial:  42

Robo: 12

Sicariato: 9

Linchamiento: 1

Riña o pelea iniciada en el sitio: 5

Violencia de género: 3

Ajuste de cuenta/venganza: 2

Por determinar: 3

Total: 77

#MonitorDeVíctimas | Venezuela roja: breve cronología de la violencia policial en Venezuela
Un país sin oportunidades, que asesina a sus jóvenes y que crea un sentimiento generalizado de desconfianza en las instituciones, es un país que está asesinando a mansalva su presente

 

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Venezuela se ha caracterizado históricamente por la implementación de operativos policiales que buscan abordar la violencia y que progresivamente resultan en violaciones de derechos humanos.

La “Operación Vanguardia” en el gobierno de Rafael Caldera (1969-1974); el “Plan Unión” en la presidencia de Luis Herrera Campíns (1981); el “Acto Seguridad 84” implementado en la gestión de Jaime Lusinchi (1984-1989) o la creación, en los años 90, de los grupos de la Policía Metropolitana, conocidos como “Pantanero” y “Fénix”. Todos fueron planes de seguridad donde, en teoría, se buscaba prevenir y disminuir la violencia. Pero existieron denuncias sobre detenciones arbitrarias, represión a civiles, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza letal.

Durante esos años, según cifras del Ministerio Público y otras fuentes, hubo una tasa promedio de letalidad policial que se mantuvo por debajo de 4 asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad por cada 100.000 habitantes.

Estas cifras se elevarían de formas alarmantes luego de 1999, con la elección presidencial de Hugo Chávez: luego de su toma de poder, el país empezaría un proceso de cambios estructurales a nivel institucional, político y socioeconómico. En el marco de la prevención y reducción de violencia, el foco del gobierno de Chávez fue, en los primeros años, brindar asistencia social a las poblaciones más vulnerables y limpiar a los cuerpos policiales de las creencias colectivas de represión y abuso que arrastraban de décadas pasadas, resultando en una limitación de funciones y capacidades de actuación de estos (Briceño León, 2007).

Letalidad policial como política de Estado

Esto resultó en un ascenso de los índices de impunidad y de violencia homicida en el país −en específico en los años 2005 y 2006−: mientras que para 1998 por cada 100 homicidios había 118 arrestos, entre 2006 y 2009 hubo 8 arrestos por cada 100 homicidios. Naturalmente, se pensaría que estas limitaciones resultarían en instituciones policiales menos violentas y más mesuradas en términos de fuerza letal. Paradójicamente, la realidad fue que para el año 2003 hubo un aumento significativo en las tasas de letalidad policial (9 homicidios de la policía por cada 100.000 habitantes) y que, si bien en años posteriores disminuirían, Venezuela empezó a figurar entre los países con mayores índices de violencia policial de la región.

Ante esto, la respuesta de las autoridades de justicia fue la creación, en 2006, de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL). Esta iniciativa buscaba proponer una reforma integral de la legislación en materia de seguridad y establecer la preservación y protección de la vida como objetivo fundamental. Sin embargo, ni los altos cargos de gobierno ni los cuerpos policiales adoptaron dichas recomendaciones, por lo que su implementación no tuvo el impacto esperado. 

En el año 2008, el expresidente Chávez −a través de leyes habilitantes− realizó un decreto con rango valor y fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, marcando así el nacimiento del nuevo modelo policial basado en la reforma. Para ese año, PROVEA registraría un aumento de 146 % en el número de personas asesinadas por policías o militares con respecto al 2007.

Posterior a la primera década del siglo XXI, caracterizada por el intento de reforma y los aumentos de las cifras de letalidad policial, en el año 2010 se implantaría un nuevo operativo policial con la creación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), el cual iniciaría un proceso de encarcelamiento masivo, dejando como consecuencia un incremento significativo en la población carcelaria que pasaría entre los años 2009 y 2011 de 30.483 reclusos a más de 50.000; la mayoría de los casos siendo jóvenes de sectores vulnerables entre 18 y 29 años arrestados por crímenes menores como consumo o microtráfico de drogas.

La saña de las OLP

El año 2015 se caracterizaría por el inicio de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), las cuales eran operativos policiales compuestos por diferentes instituciones policiales que, en teoría, buscaban luchar contra el crimen y las guerrillas, pero en la práctica incursionaban en sectores populares y cometían violaciones de derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza traducido en ejecuciones extrajudiciales y torturas.

Las OLP se diferenciaron de otros operativos policiales antes implementados en términos de letalidad policial, superando a todos en cifras y extensión. Esta transformación de una política dedicada a encarcelar masivamente a una donde la letalidad policial aumentó de forma dramática está relacionada directamente con la necesidad de preservar la hegemonía del grupo de poder (Zubillaga y Hanson, 2018) 

La letalidad policial está relacionada directamente con la necesidad de preservar la hegemonía del grupo de poder.

Y llegan las FAES

Según investigaciones del Ministerio Público de aquel momento, las OLP dejaron un saldo de 505 homicidios entre julio del 2015 y marzo del 2017. Si bien las denuncias de múltiples organismos internacionales y ONG locales obligaron a la administración de Maduro a desmantelar las OLP, el gobierno mantuvo la misma dinámica de represión y coacción a través de la creación de un nuevo cuerpo de seguridad denominado como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES): un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) creado en abril del 2016 y presentado en julio 2017 por el presidente Nicolás Maduro.

Según cifras de Monitor de Víctimas, desde al año 2017 −año de creación de las FAES− hasta el 2021 se han registrado un total de 1513 casos de letalidad policial en el Área Metropolitana de Caracas, lo que supone el 36 % del total de homicidios en esos 4 años. De estos, 708 corresponden al accionar de las FAES.

Las cifras de letalidad policial en Venezuela no tienen precedentes en términos de cantidad y extensión. 

Este uso excesivo de la fuerza en operativos policiales es una práctica que se remonta a décadas pasadas de la historia del país. Sin embargo, las cifras actuales no tienen precedentes en términos de cantidad y extensión. El deterioro institucional, las limitaciones formativas y las políticas de intimidación han configurado un contexto donde parece que la violencia policial la única forma de contención para la delincuencia y la seguridad en el país, afectando directamente a los jóvenes de las zonas más populares de la ciudad, privándolos del progreso y libre desenvolvimiento, quitándoles las posibilidades y creando un contexto de miedo permanente en las comunidades.

El poder del miedo

La actual crisis de seguridad en el país, caracterizada por las múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, no es más que el reflejo de una política de seguridad ciudadana que busca sedimentar, a través del miedo y el silencio, el control del gobierno de forma prolongada.

Si bien en décadas pasadas ya existía la presencia de operativos policiales que violaban derechos humanos, las cifras se han incrementado de forma dramática, sin mayor pena o vergüenza, con el fin social de coaccionar y erradicar las expectativas de las poblaciones más vulnerables del país.

Que los jóvenes sean las principales víctimas y los policías los principales victimarios establece un contexto donde los jóvenes de zonas populares crecen con el miedo de ser ejecutados de forma espontánea por la policía. Esto crea un sentimiento de desconfianza generalizado y promueve estrategias de resguardo, como emigrar a temprana edad sin estudios que los respalden o la inclusión en organizaciones criminales que les hagan frente.

Está comprobado que las políticas de “mano dura” no previenen ni reducen la violencia de forma efectiva. Más bien sedimentan los ciclos de violencia, creando una narrativa colectiva de desconfianza en las instituciones de justicia del país. El abordaje de la violencia debe ser coherente, tomando en cuenta los factores estructurales que promueven el involucramiento de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, en actividades delictivas.

La falta de oportunidades, los pocos incentivos a estudiar y las limitaciones de ingreso que padece la gran mayoría de las familias venezolanas, son algunas de esas limitaciones; un país sin oportunidades, que asesina a sus jóvenes y que crea un sentimiento generalizado de desconfianza en las instituciones, es un país que está condicionando negativamente su futuro y asesinando a mansalva su presente.

OVV: “Venezuela ha sido azotada por dos epidemias: la COVID-19 y la violencia”
“La epidemia de la violencia resultó once veces mas letal que la epidemia de COVID-19”, afirmó el el balance realizado por la ONG 

 

Venezuela fue el país con más muertes violentas de América Latina en 2020, pese a que hubo una reducción del número de homicidios, informó este martes el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su acostumbrado informe anual. 

A través de una rueda de prensa virtual, el director del OVV Roberto Briceño-León aseguró que, en 2020, hubo 11.891 personas que fallecieron por causas violentas, lo que implica una tasa de 45,6 por cada cien mil habitantes.

Briceño-León aseguró que, en 2020, “Venezuela ha sido azotada por dos epidemias: la de la COVID-19 y la epidemia de la violencia”.

“La epidemia de la violencia resultó once veces mas letal que la epidemia de COVID-19”, afirmó acerca de la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus y que, según datos oficiales, se ha cobrado la vida de 1.018 venezolanos.

Entre las muertes violentas, hubo 4.231 personas que fallecieron en casos de “resistencia a la autoridad”, 4.153 homicidios y 3.507 muertes que están en averiguación que, según aclaró el director del OVV, son “muertes claramente violentas” a juicio de la ONG.

Frente a esos datos, aseguró que 2020 “fue un año muy atípico en muchos aspectos” que ha llevado a “reconsiderar muchas interpretaciones sobre la dinámica de la criminalidad”.

Epidemia de violencia policial

Briceño-León también denunció que hay una “epidemia de violencia policial”, puesto que desde 2016 ha habido “un aumento sostenido de la letalidad policial” y, desde entonces, “cada año hay más víctimas por haberse resistido a la autoridad que los homicidios de cualquier otro tipo”.

El director de la ONG mostró los datos de que disponen y que recogen que, en 2016, “por cada cien homicidios hubo 28 personas que fallecieron en actuaciones policiales que calificaron como muertes por haber resistido a la autoridad”.

La cifra creció a 34 en actuaciones policiales por cada cien homicidios en 2017, 72 en 2018 y 88 en 2019.

En 2020, por primera vez hubo más muertos a manos de policías que por los delincuentes: 101 casos provocados por los agentes, por cada 100 homicidios delincuenciales.

El 90 % de las víctimas de la resistencia a la autoridad tenía entre 18 y 40 años.

De las 4.231 “víctimas de la letalidad policial”, 82 tenía entre 12 y 17 años, así como tres niños menores de 11 años que “supuestamente murieron por haber resistido a la autoridad”.

La mitad de los muertos “cayeron en acciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

En el caso de la PNB, el 82 % de las víctimas las ocasionó las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo cuya disolución ha pedido la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En el 12 % de los casos, fueron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un cuerpo policial adscrito a las Fuerzas Armadas, y en el 20 % a los grupos de policía de cada estado.

Esas cifras muestran que hubo cuatro veces más muertes por resistencia a la autoridad que por la covid-19.

Debilitamiento de bandas

La OVV también observó que en 2020 hubo un debilitamiento de las bandas pequeñas y un fortalecimiento de las grandes, dedicadas al crimen organizado.

“Ese proceso estuvo acompañado de una disminución del delito depredador, del robo, hurto y secuestro de las bandas pequeñas”, observó la organización, según explicó su director, quien subrayó que, en “Venezuela, el delito está dolarizado”, así como casi el 70 % de las transacciones cotidianas.

En paralelo, ha habido un “incremento del delito de extorsión aplicado a las pocas actividades económicas activas y con acceso a moneda extranjera en las bandas grandes”.

La destrucción de la actividad económica y la dolarización “ha llevado al crimen organizado a concentrarse en los nichos económicos que puedan sobrevivir y que tienen acceso a moneda extranjera”, agrega el informe.

En el debilitamiento del crimen, Briceño-León explicó que, “ciertamente, hay menos delincuentes porque han emigrado”, pero destacó que no se puede reducir el impacto que ha tenido la letalidad policial en las bandas.

Distribución de la violencia

Las cinco entidades federales con la mayor tasa de violencia en 2020 se han mantenido casi iguales en los últimos años. De esas cinco, tres corresponden al eje centro norte costero del país: Miranda (70,7), Distrito Capital (56,2) y Aragua (60,5), que ha sido el núcleo tradicional de la violencia en el país, y dos se corresponden a los nuevos territorios de la violencia: los estados Bolívar (62) y Sucre (61,3), dos entidades donde se ha concentrado la actividad del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas, minerales preciosos y personas.

En las posiciones siguientes y con tasas entre 40 y 50 muertes por cada cien mil habitantes se encuentra el estado Zulia (47,5), que ha tenido una tradición de violencia. Pero aparecen nuevas entidades con una nueva criminalidad, el estado Monagas (49,3), en el cual el desplome de la actividad petrolera ha cambiado la dinámica del crimen, que antes podía vivir de las rentas que extraía de las compañías petroleras y sus contratistas, y ahora ha debido modificar sus áreas de actuación y competir en nuevos territorios, moviéndose hacia la actividad agrícola. El estado Guárico (48,5), de vocación agropecuaria, y que se ha convertido en foco de actividad de grupos armados que se mueven entre el centro del país y el llano, y que controlan las rutas de alimentos y de la droga. El Delta Amacuro (48,1), que se ha convertido en un territorio fértil para la actuación del narcotráfico, por lo intrincado de su geografía, y el estado Portuguesa (47,5) donde las bandas se dedicaron a la extorsión de la agroindustria. También el estado Yaracuy (45,5) hacia donde se han movilizado bandas del estado Carabobo y Aragua.

 

*Puede leer el informe completo AQUÍ

#MonitorDeVíctimas | Te invito a un café y hablamos de la Policía
Un café por Caracas es una iniciativa de investigación que busca entender la percepción de las comunidades populares con respecto a la violencia y el accionar de la policía.

 

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El último informe de la comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (Bachelet), registra que entre enero y mayo de 2020 ocurrieron 1324 ejecuciones extrajudiciales en el país. Dichas muertes son producto de políticas de seguridad fundamentadas en la fuerza y la aplicación de una “mano dura” contra el crimen y el delito.

Esto es un problema histórico en Venezuela, que se ha agravado seriamente en los últimos años con el desarrollo de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en el 2015, y el surgimiento de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) en el 2016.

Sabiendo esto, en el 2018 me pregunté: ¿Cuál es la percepción en las comunidades populares sobre este tipo de políticas? y ¿qué solución le ven ellos a la delincuencia? En esa fecha ya me encontraba trabajando en Caracas Mi Convive, una organización que desarrolla proyectos de prevención de violencia en las comunidades populares del municipio Libertador, Caracas.

Así que le propuse al equipo que buscáramos responder esas preguntas. Mi idea era sentarme con miembros de diferentes comunidades populares y, tomándonos un café, realizar grupos focales donde habláramos del tema.

Es así como surge “Un café por Caracas”, una iniciativa de investigación que busca entender la percepción de las comunidades populares con respecto a la violencia y el accionar de la policía.

En estas reuniones, las personas hablan sobre las experiencias de abuso que han tenido en operativos policiales. La idea es que también propongan soluciones alternativas al problema de la violencia.

Participar en estos grupos focales fue una experiencia enriquecedora, pero dura. Me acuerdo de las palabras de María, residente de El Valle: “Mi evaluación para los cuerpos policiales es negativa; a mi hijo me lo mataron en la puerta de la casa, y yo lo tuve que entregar”. En su voz, sentía el dolor y la rabia de haber perdido un hijo en manos de los funcionarios que deberían protegernos. Pero curiosamente, al hablar de posibles políticas para enfrentar la violencia, su respuesta fue sumamente humana. No habló de venganza. Habló de educar y humanizar a los cuerpos policiales para “trabajar en conjunto, por esos jóvenes en riesgo, como mi hijo”.

En estos grupos nos dimos cuenta de que nuestra gente sabe que la violencia genera más violencia. Cuando le das un espacio, y la escuchas, adviertes que en estas comunidades existen muchas personas que han sufrido las consecuencias de la violencia urbana y policial. Pero que a pesar del miedo que genera el vivir esto, están dispuestas a colaborar en acciones que promuevan la paz y la convivencia.

Después de participar, muchos de ellos mostraban interés en el resto de las actividades que organiza Caracas Mi Convive. Y se ponían a la orden para colaborar en ellas.

En lo personal, los “Cafés por Caracas” me permitieron ver que el primer paso del activismo comunitario es escuchar. Las comunidades saben cuáles son sus necesidades y ya tienen propuestas para abordarlas. Cuando las escuchas, no solo obtienes una idea clara de cómo podrías promover el desarrollo, sino que los mismos vecinos se muestran más dispuestos a trabajar contigo.

Lastimosamente, en lugar de esto las instituciones de seguridad elevan las armas contra las personas vulnerables. En los cafés por Caracas, una pregunta era: ¿Cómo debe ser ese policía que promueve comunidades seguras?

Lo que hemos escuchado, en los más de diez grupos focales, es que las comunidades quieren una policía cercana, que en lugar de planes correctivos, realice planes preventivos.

Esto, en nuestra experiencia, es una petición casi unánime de los habitantes que más han sufrido la violencia policial en nuestros sectores populares.

Sin duda, muchos se preguntarán cómo bajo un contexto tan violento y represivo las personas pueden proponer planes que se basen en la educación y cercanía con los cuerpos policiales. Yo creo que es en parte producto del trabajo que realizan mis compañeros de Caracas Mi Convive, un trabajo fundamentado en el acompañamiento y promoción de la convivencia como oportunidad para cambiar y mejorar nuestras comunidades.

En lo personal, estos testimonios me llevan a trabajar cada día más para seguir transformando nuestra ciudad. Ejecutar y acompañar cada idea que surge es fundamental, como nos dijo Kati en unos de los cafés en Catia: “Cada quien puede dar su grano de arena; si ustedes pueden venir y conversar, nosotros podemos salir y trabajar por nuestro barrio”. Sin duda eso es lo que hacemos con un café cada vez que salimos a escuchar, proponer y actuar.

¡Amigos, esto es nuestro!

 
#MonitorDeVíctimas | Niños de la Cota 905 y de El Cementerio dibujan la esperanza

Dibujos hechos por los niños de la Cota 905 y de El Cementerio. Comp. Runrunes.

@miconvive

En febrero, desde Caracas Mi Convive, realizamos unas sesiones de dibujo con niños de la Cota 905 y de El Cementerio. En estas actividades se les pidió que dibujaran lo que les gustaba y lo que no les gusta de su comunidad. Los resultados fueron impactantes: al exponer lo que les desagrada plasmaron con sumo detalle pistolas, armas largas, granadas, drogas, enfrentamientos violentos y muertes.

No es de extrañar: estas comunidades son conocidas por ser unas de las más violentas y excluidas de la ciudad de Caracas. Vecindarios donde hay una marcada presencia de bandas criminales que imponen las normas en las calles. Aunado a esto, la respuesta gubernamental ha sido enviar operativos policiales para que enfrenten y “cacen” a los delincuentes.

Retratos de la violencia

Sin embargo, dicho enfrentamiento -además de dejar múltiples víctimas inocentes- solo ha causado que las diferentes bandas que existían se organicen en una sola, con más miembros y mejor armamento. Estos dibujos nos permiten ver cómo la violencia en Caracas ha sido enfrentada con más violencia, lo cual solo empeora la situación. A su vez, nos permiten plantearnos cuáles soluciones serían más efectivas para traer paz a las calles donde juegan estos niños.

#MonitorDeVíctimas | Niños de la Cota 905 y de El Cementerio dibujan la esperanza, por Santiago García Zubillaga
Estos dibujos nos permiten ver, desde la mirada infantil, cómo la violencia en Caracas ha sido enfrentada con más violencia.

La violencia urbana generada por las bandas se une a la violencia policial y crea un contexto casi bélico que aterroriza a los niños y adolescentes de estas comunidades. Por un lado, pueden perder a familiares y amigos a manos de la policía, que comete todo tipo de abusos en sus operativos.

Por otro, deben sobrevivir a complejas dinámicas sociales generadas por las bandas, donde una mala mirada o un roce con una persona pueden acabar con su vida. De esta manera, una serie de eventos traumáticos va alterando la forma como los niños piensan, sienten y se relacionan con el mundo.

Estas comunidades viven una situación compleja, donde se mezclan la pobreza, la falta de educación, las pocas oportunidades laborales y la violencia. Decidir por dónde comenzar a atacar el problema no tiene una respuesta sencilla. Sin embargo, disminuir estos marcados índices de violencia es, a nuestros ojos, una prioridad.

Estrategias que arrinconan la violencia

El trauma que viven estos niños no solo se expresa a través de sus dibujos. Estas experiencias disminuyen sus capacidades para manejar el estrés, para dormir y para aprender. Un niño que no aprende, abandona el colegio; y luego carece de la educación necesaria para mantener un trabajo. La violencia entonces perpetúa los ciclos de pobreza y desigualdad.

Por esta razón, generar estrategias que disminuyan los índices de violencia a corto y a mediano plazo no solo protege la vida de personas vulnerables, sino que es un paso vital a la hora de promover su desarrollo económico y social. A veces se piensa que para lograr esto es necesario realizar grandes cambios en la sociedad a nivel económico y educativo, dado que una sociedad más rica y mejor educada debería ser menos violenta. Sin embargo, existen múltiples ejemplos de políticas públicas y programas que logran disminuir la violencia en pocos años y con bajos costos.

En líneas generales, estas estrategias efectivas comparten un mismo enfoque: “La violencia se concentra en pocas personas y en pocos lugares”. Por lo tanto, el objetivo es identificar a estas “personas en riesgo” y “puntos calientes”, e intervenirlos de forma focalizada.

Por ejemplo, identificar individuos propensos a unirse a bandas criminales y ofrecerles servicios de educación, trabajo y apoyo psicológico ha tenido buenos resultados. A su vez, aumentar la presencia policial, así como iluminar y mejorar la estructura de lugares específicos con alta incidencia criminal, ha demostrado tener un efecto positivo.

Estas podrían ser buenas políticas públicas para la Cota 905 y El Cementerio, donde el riesgo se acumula. Sin embargo, durante años solo se han llevado a cabo operativos militarizados que han victimizado a estas comunidades. 

Es necesario dejar de ver a estos vecindarios como “bastiones criminales”. En ellos viven miles de personas, en comparación a las decenas de individuos que conforman las bandas. El prevenir que los pocos que están en riesgo de comenzar la vida criminal formen parte de grupos delictivos puede ser un primer paso para traer paz a estas comunidades que parecen vivir en guerra.

La esperanza se hace presente en los dibujos en los que los niños muestran lo que sí les gusta de su comunidad: paisajes, juegos y mensajes de paz. Si bien se encuentran en un contexto complejo, también son sumamente resilientes y capaces de cambiar el entorno que los rodea.

El potencial que poseen los niños para convertirse en promotores de la convivencia supera con creces el que tienen en la vida violenta.

Un criminal no nace, es construido a partir de una vida llena de experiencias traumáticas, y la ausencia de oportunidades. Queda de parte de todos nosotros decidir si vamos a perpetuar el miedo y la exclusión que ya están viviendo estos niños, o si buscaremos vías diferentes para promover su desarrollo.

Policía política del chavismo asesinó a más de 5000 venezolanos en 2019
Los funcionarios de la policía política del chavismo se aprovechan del «poder» para emprender ejecuciones extrajudiciales

El régimen de Nicolás Maduro cerró el 2019 con más de 5.000 personas asesinadas por fuerzas militares del chavismo, mientras que el país se mantiene como uno de los más violentos del mundo, destaca Panampost.

Una investigación del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reveló que se registraron al menos 16.506 muertes violentas en 2019, con una tasa de homicidios de 60,3 por cada 100 000 habitantes, duplicando en violencia a países como Colombia o México con una tasa de 25 y 29 homicidios, respectivamente.

Epidemia de violencia policial

Durante la presentación del informe anual, Carlos Meléndez, uno de los directores de la ONG, señaló que en Venezuela existe una especie de «epidemia de violencia policial» donde funcionarios del régimen se aprovechan de su «poder» para emprender ejecuciones extrajudiciales bajo la falsa excusa de «resistencia a la autoridad».

El informe señala que se llevaron a cabo 5.286 muertes en manos de funcionarios policiales por el uso excesivo de la fuerza. De hecho, luego de que Michelle Bachelet presentara en julio su primer informe sobre la situación en Venezuela y denunciara las ejecuciones extrajudiciales, en el país fueron asesinadas 2.698 por la acción policial letal.

 

De acuerdo con el OVV, en su mayoría estos homicidios fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando especial de la chavista Policía Nacional Bolivariana. El OVV realiza este informe con base en los registros obtenidos por un observatorio de prensa, encuestas de muestreo y «cifras agregadas extraoficiales» que, aseguran han sido «levantadas por el Ministerio de Interior».

Rito de iniciación

Las FAES, mejor conocidas como la policía política de Maduro, estarían implementando una especie de «rito de iniciación» para sus nuevos miembros. Se denuncia que quienes se convierten en sus funcionarios «deben ubicar una víctima y matarla» para iniciar sus carreras. Este es uno de los cuerpos de seguridad del Estado denunciado por su presunta vinculación con asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.

Roberto Briceño-León, director del OVV, dijo a BBC Mundo que «El procedimiento suele ser el mismo. Llegan encapuchados y sin identificación, lo que viola todas las leyes venezolanas, y mientras unos cortan la calle y alejan a los familiares, otros matan al ciudadano, casi siempre en el interior de su vivienda».

Además, ha informado que «hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con la FAES la impunidad es total». Denunció que funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a la polémica fuerza policial son sistemáticamente bloqueadas.

A pesar de las denuncias a nivel nacional e internacional, el pasado 20 de diciembre el mismo Maduro llamó a «expandir el FAES» para que trabaje de la mano con los consejos comunales y las comunas, organizaciones de origen cubano implementadas por el chavismo.

Defensa del profesor Keymer Ávila se defiende ante la estigmatización en su contra
Según una nota de prensa, la campaña recurre a la «falacia argumentativa» que busca «desprestigiar al mensajero para evadir el debate sobre asuntos fundamentales e intentar oscurecer la verdad contundente que trae el mensaje»

Recientemente, desde un medio de comunicación de la Alcaldía de Caracas, Ciudad Caracas, se ha iniciado una campaña de estigmatización contra el profesor Keymer Ávila, con acusaciones infundadas que pretenden desacreditar y criminalizar los resultados de investigaciones independientes sobre temáticas de altísima importancia para los países latinoamericanos. Esta situación también ha sucedido en ocasiones anteriores con organizaciones que vienen denunciando la sistemática violación del Derecho a la Vida y a la Integridad Personal en los sectores populares.

Estas campañas recurren a la falacia argumentativa más elemental: buscar desprestigiar al mensajero para evadir el debate sobre asuntos fundamentales e intentar oscurecer la verdad contundente que trae el mensaje.

Frente a este ataque, nosotros, investigadores y académicos de diversas áreas, reivindicamos y defendemos el resguardo de uno de los fundamentos de nuestra vocación y oficio: la construcción científica de datos, insumos y evidencias que contribuyan con debates para la construcción del bien común. Destacamos la reconocida trayectoria profesional del profesor Keymer Ávila y nos unimos al clamor de las diferentes organizaciones de diversas tendencias políticas que denuncian los sistemáticos abusos de la fuerza letal de la cual vienen siendo víctimas los sectores populares durante los últimos años.

Apuntamos:

En esta campaña nada se dice sobre el hecho que desde el año 2015, cuando se iniciaron los operativos militarizados conocidos como las “Operaciones de Liberación del Pueblo” –OLP– seguidos por la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional –FAES-, el gobierno ha desplegado una política de matanza hacia los sectores más empobrecidos y vulnerables del país.

Las mismas cifras oficiales publicadas por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, revelan el significativo incremento de los casos de muertes violentas registradas bajo la categoría Resistencia a la Autoridad, que desde el año 2016 se ubican en más de cuatro mil novecientos casos anuales. La magnitud del aumento, y la investigación de campo realizada por diferentes organizaciones e investigadores, ha servido de base para evidenciar que la ejecución extrajudicial se ha convertido en una práctica de Estado dirigida hacia la población pobre y, especialmente, hacia los jóvenes varones de los barrios.

En la vivencia de quienes han sido víctimas de los operativos policiales destaca la desmesurada violencia a la que son expuestas las comunidades, familias, madres, hijas e hijos de los jóvenes asesinados. A esto se suma el hecho de que el Estado venezolano se ha encargado de desmentir esta realidad y, con ello, no ha asumido la reparación y restitución de derechos de los afectados por las políticas de “mano dura”.

 

El informe del “Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina”, que forma parte de los objetivos atacados por la campaña que denunciamos, es una iniciativa de reconocidos investigadores y académicos de México, Colombia, El Salvador, Brasil y Venezuela. El capítulo sobre este último país estuvo a cargo del profesor Keymer Ávila. En la referida investigación se elaboran un conjunto de indicadores provenientes de dos fuentes: la primera, está constituida por los datos oficiales publicados por el Ministerio de Interior que permiten estimar las magnitudes del fenómeno investigado. La segunda está constituida por un levantamiento sistemático realizado por el investigador, de un corpus de casos a partir de fuentes secundarias, el cual -tanto por su tamaño como por su consistencia con las fuentes oficiales- se encuentra dentro de los parámetros metodológicos estándar empleados en las ciencias sociales para la estimación de las diferentes proporcionalidades que se presentan en los indicadores. De allí que su validez científica sea más que probada.

Keymer Ávila es profesor de pre y posgrado de la UCV e investigador del Instituto de Ciencias Penales de la misma casa de estudios. Posee numerosas publicaciones, tanto en revistas científicas como en medios de divulgación para el público general. También, ha sido asesor del Ministerio Público y del Consejo General de la Policía, así como de diversas ONG nacionales e internacionales, en el área de derechos humanos.

Consideramos que la producción de conocimiento basado en evidencia, así como su divulgación, resultan indispensables para afrontar las amenazas que hoy confronta el contexto latinoamericano actual, donde los pueblos exigen una transformación sustancial de sus sistemas políticos e institucionales, que redunde en mayor democracia y en el ejercicio efectivo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

 

Sirva este comunicado para mostrar el respaldo con el que cuenta el trabajo del profesor Ávila, que hacemos extensivo a todos los sectores sociales que quieran hacerlo suyo. Los que tratan de atacar los hallazgos que derivan de su investigación no le hacen daño a la universidad o a las organizaciones sociales que coinciden en visibilizar la atrocidad institucional, le hacen un grave daño al país, al pueblo pobre, a todas las personas y comunidades que han sido víctimas de las prácticas de exterminio ejecutadas por los cuerpos represivos del Estado. Más que “defender” un proyecto de país, estos ataques no hacen sino legitimar, fortalecer y hacerse cómplices con la producción masiva de muertes violentas en Venezuela, así como con el profundo dolor y cadena de duelos a la que son sometidos miles de venezolanos.

Urgimos el establecimiento de un debate serio y profundo sobre las muertes perpetradas por el Estado así como la perentoria necesidad de establecer mecanismos para el acceso a la verdad y a la reparación de las víctimas. Vaya nuestro respaldo a todos aquellos que trabajan y luchan para registrar, denunciar y resistir la ola de violencia institucional de carácter letal. Finalmente, toda nuestra solidaridad y acompañamiento especial a los sobrevivientes, a las madres y familiares de las víctimas cuyas vidas han sido segadas por la maquinaria estatal.