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Universidad Católica Andrés Bello

Universidades venezolanas no garantizan educación de calidad
Fallas de energía eléctrica y conectividad hizo cuesta arriba completar periodo anterior en medio de la pandemia

En marzo, cuando se anunció el primer caso de covid-19, universidades públicas y privadas suspendieron sus clases. Algunas estaban por culminar semestre mientras que otras estaban a días de regresar a las aulas; sin embargo, ninguna pudo continuar con sus actividades. Autoridades y docentes se reunieron y trabajaron a contrarreloj para tratar de elaborar un plan de contingencia que les permitiera −según era el caso− comenzar o cerrar el ciclo académico, pese a la deficiencia en los servicios básicos (electricidad e Internet) y la falta de recursos o dispositivos tecnológicos.

Durante los primeros cuatro meses de pandemia, estudiantes y docentes universitarios hicieron un gran esfuerzo para cumplir con las actividades. Todo a distancia y con los pocos recursos disponibles. Algunas instituciones lograron cerrar con “éxito” el semestre. Sin embargo, el escenario luego del periodo vacacional era incierto.

El pasado 21 de agosto, Nicolás Maduro planteó un regreso a clases parcialmente presencial a partir de octubre en colegios y universidades, propuesta que rechazaron tanto educadores como estudiantes. Dos días después, informó en el programa Aquí con Ernesto Villegas que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Universitaria realizarían una encuesta para conocer la opinión de los venezolanos sobre el regreso a clases de manera presencial.

Tres semanas después, el 13 de septiembre, César Trómpiz, ministro de Educación Universitaria de Maduro, informó que 79% de los encuestados (más de 395.000 miembros de la comunidad universitaria del país, entre ellos estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades) aprobó continuar con la educación a distancia, debido a que los casos de contagios diarios de covid-19 en el país no descienden, solo aumentan.

Finalmente, el mismo día Maduro anunció que el regreso a clases no sería presencial. En una transmisión por VTV desde Miraflores informó que tomó la decisión luego de revisar los resultados de la encuesta realizada a maestros y profesores, y tras “evaluar” las consecuencias del inicio de clases presenciales en otros países. “Sin lugar a duda, el regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia. Por eso no hay regreso presencial a clases en Venezuela y veremos si en enero de 2021 regresamos. He decidido el no regreso presencial a clases”, dijo entonces.

Aunque las condiciones de servicios básicos no son óptimas y la falta de herramientas tecnológicas representa un obstáculo para profesores y estudiantes, las autoridades universitarias tratan de elaborar una estrategia que les permita continuar con sus actividades, pese a las crisis que vive el sector universitario en el país que se ha agudizado con la pandemia.

Universidades públicas: se hace el intento

La pandemia afectó la dinámica de cada universidad, en mayor o menor medida, dependiendo de si eran instituciones públicas o privadas y si tenían experiencia o no en el tema de la educación a distancia. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, Nicolás Bianco, vicerrector académico, indica que la institución tiene una amplia experiencia en la materia, que le sirvió para poder afrontar el reto en los últimos meses.

“Toda el desarrollo entre 2008 y 2020 permitió responder a una situación inesperada como es la pandemia y, particularmente, por el desarrollo gerencial y sistemático del vicerrectorado pudimos hacer, por primera vez, un enfoque de contingencia utilizando tanto el sistema de educación a distancia de la UCV como el Sistema de Actualización Docente (Sadpro). Ambos nos permitieron entrenar en las técnicas de educación a distancia a unos 3.000 profesores”, asegura Bianco.

Hay carreras que se acoplan, sin mayores problemas, a la modalidad de educación a distancia. Sin embargo, hay otras que requieren de la presencia de los alumnos para su buena formación, como Medicina, Odontología y Enfermería, entre otras. En estos casos, estas facultades, en su mayoría, continuaron solo con las materias teóricas. “Desde que empezó la pandemia algunas materias han avanzado de forma online, pero únicamente la parte teórica porque la práctica está paralizada. Aún no hay respuesta de cómo se va a manejar esa situación cuando retornemos a las aulas”, comenta María Gamboa, estudiante de cuarto año de Odontología.

En estos últimos meses, uno de los mayores problemas que han presentado tanto docentes como estudiantes de la UCV para continuar con las actividades han sido las fallas en la conectividad. Una consulta realizada el año pasado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en la que participaron 6.193 personas concluyó que 63% no tenía acceso a Internet. Este año, entre abril y mayo, otro estudio arrojó que 62,2% de los encuestados no contaba con un servicio con la suficiente capacidad para trabajar o estudiar a distancia. En septiembre, otro estudio determinó que sólo 34% de las personas cuenta con acceso al servicio de Internet en el hogar.

“Hay una población en la universidad que no tiene acceso a Internet o que, simplemente, vive en un lugar donde no tiene conexión. Por esa razón, hay una parte del estudiantado que no puede ingresar al campus virtual de la universidad, que ya tiene bastantes fallas por lo que hemos usado otras herramientas como Google Meet o Zoom”, agrega Gamboa, quien cree que se extenderá el año, que debería terminar en noviembre, para culminar con la teoría y, dependiendo de cómo transcurra el próximo, ver si se puede retornar a la universidad y finalizar con la práctica.

En el caso de los estudiantes de Sociología, tenían apenas mes y medio de haber iniciado clases cuando decretaron la cuarentena, por lo que estuvieron un mes paralizados tratando de coordinar con los profesores las estrategias que aplicarían para continuar con las clases. Desde entonces, algunos docentes optaron por enviar las asignaciones que definieron en el plan de evaluación por correo electrónico. La estudiante Mariandreina Montilla explica que apenas tuvo tres sesiones de clases de 45 minutos cada una para aclarar dudas. “Fue algo muy superficial, no es algo que te pueda satisfacer como estudiante porque el aprendizaje es muy escaso”, dice.

En la Universidad Simón Bolívar faltaban dos semanas para culminar el trimestre enero-marzo cuando se decretó la cuarentena en el país. Las autoridades pensaron que esta no duraría mucho y tenían planeado regresar al campus para concluir el trimestre. Pero cuando los contagios no hacían más que aumentar, la opción quedó descartada.

Pero tampoco era fácil migrar a lo digital. Gran parte de la oferta académica de la USB son carreras tecnológicas, en las que es obligatorio el uso de laboratorios como parte del proceso formativo. La decisión de las autoridades fue crear un período especial entre junio y julio, con 300 asignaturas que podían dictarse a distancia, pues la casa de estudios, a su favor, ya contaba con profesores familiarizados con la tecnología. Al menos 2.300 estudiantes de pregrado y posgrado participaron en esta iniciativa.

“Fue algo importante, sobre todo, por el carácter intempestivo. Lo armamos entre mayo y junio, sobre la marcha. Fue algo nuevo. Para hacer las inscripciones se diseñó todo un proceso que se asemeja a los que manejamos usualmente, pero todo a distancia, por lo que fue un reto que requirió mucho esfuerzo. Desde entonces continuamos con la capacitación de más docentes. Sabemos que el covid-19 es una situación que permanecerá en el tiempo”, explicó Cristian Puig, secretario de la USB.

Al finalizar este periodo de clases especial, la Universidad Simón Bolívar realizó una encuesta entre alumnos y profesores para evaluar el desarrollo de las asignaturas a distancia. El resultado, en líneas generales, fue positivo, comenta el secretario de la USB: “Por supuesto, hubo afectación por conectividad y fallas en los servicios, pero las clases se pudieron llevar a cabo. Aproximadamente 70% de los profesores pudo realizar actividades asíncronas, 90% de los estudiantes indicaron que utilizaron las estrategias y los métodos designados. Todo contextualizado en la situación país que tenemos, pero el periodo especial de clases pudo transcurrir y pudimos atender los objetivos académicos de las materias”.

Para Daniel Varnagy, profesor titular e Investigador del departamento de Ciencias Económicas y Administrativas en Universidad Simón Bolívar, la experiencia durante el período especial de clases también fue positiva, aunque agotadora. “Yo di una materia teórica en el doctorado de Desarrollo Sostenible, por lo que no tuve ningún inconveniente para adaptar el curso. Por supuesto, fue más denso y retador. Para mí fue exitoso y para mis estudiantes también”, afirma. Asimismo, reconoce que para todos no fue así: “Hubo distintos problemas: administrativos, financieros y técnicos. Me siento afortunado, pero muchos de mis colegas tuvieron dificultades”.

Si bien Varnagy pudo culminar su curso sin mayores problemas, las fallas intermitentes en la conectividad estuvieron presentes. Al principio, comenta, probaron con varias plataformas como Google Meet y Google Classroom, hasta que se decidieron por Zoom. “No era la plataforma preferida por la universidad, pero era la más funcional. Todos teníamos una cuenta personal, por lo que cada 40 minutos había que volver a abrir una sesión. Sin embargo, en ese tiempo la llamada se quedaba pegada, algunos estudiantes no se podían conectar porque no todos viven en Caracas, no todos tienen teléfonos inteligentes, computadora o buena conexión. Todo eso se sumó e hizo la experiencia muy rica, pero agotadora”.

Más allá de la capital, las fallas en los servicios básicos son mayores. Previo al confinamiento, desarrollar una dinámica de clases presenciales era cuesta arriba. Ahora que la única opción es a distancia, el panorama es desalentador. No todos los profesores y estudiantes tienen acceso a equipos tecnológicos o conexión estable.

Aun así, las universidades prepararon un plan para continuar o finalizar las actividades académicas. En la Universidad de Carabobo se decidió que las facultades que tuvieran adelantado 75% del programa podrían continuar con las evaluaciones a distancia para avanzar en el semestre, algunas pudieron hacerlo y otras no, explica el secretario de la UC, Pablo Aure.

El consejo universitario también aprobó establecer un “período académico especial”, precisamente para que las facultades que no pudieron terminar el semestre lo lograran.

Aure considera que en la UC no se ha diseñado un verdadero plan o estrategia para sortear las dificultades que enfrentan estudiantes y profesores para continuar con las actividades a distancia, debido a la falta de motivación y preparación del personal. “El principal obstáculo es que no hubo la suficiente familiarización con estos métodos de clases no presenciales, además del tema de los suelos y la falta de herramientas”, dice.

Por su parte, la Universidad del Zulia ofreció cursos intensivos y vacacionales a distancia en la mayoría de las facultades para dar continuidad de las actividades académicas, pese a las fallas eléctricas en el estado, uno de las más afectadas de Venezuela y que evidencia la encuesta del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OSVP): 80,5% de los encuestados valoró negativamente el funcionamiento del servicio de energía eléctrica así como el de Internet fijo, que al menos la mitad indicó presenta fallas constantes.

Judith Aular, rectora de la Universidad del Zulia, indicó que la institución ya tenía experiencia en educación remota a través del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad del Zulia (Sedluz), que desde hace años dicta cursos en todas las facultades. “Allí, por solicitud de los profesores, se hacen los cursos para la organización de aulas virtuales. Ellos manejan ciertas estrategias metodológicas para sobrellevar cualquier situación. De alguna manera, la mayoría de la universidad tenía conocimientos de estudios a distancia. Entonces, muchas facultades estaban preparadas, mientras que otras no, porque muchos de los equipos de tecnología ya están obsoletos y no hemos tenido presupuesto para comprar nuevos”, explica.

A las deficiencias en el servicio eléctrico en el estado Zulia, se sumó el problema económico: no todos los estudiantes y profesores podían cubrir los gastos de conectividad. Por esto, Aular elaboró un informe en el que detallaba las facultades que dictarían clases a distancia, la cantidad de datos móviles que la universidad podía pagarle a los profesores y una encuesta para conocer las condiciones de los estudiantes. Todo se envió al Ministerio de Educación Universitaria para solicitar apoyo y fortalecer los cursos intensivos; sin embargo, no hubo respuesta. “A parte de que no tenemos electricidad ni gasolina ni presupuesto y, además, tenemos una pandemia, no nos llega apoyo para ayudar a los alumnos y docentes”, lamenta.

Salarios insuficientes

Durante los 20 años que el profesor Daniel Varnagy ha dado clases en la Universidad Simón Bolívar ha visto cómo su salario se ha empobrecido. Cuando empezó en la institución como profesor asistente, en el año 2000, su sueldo equivalía a $348,7. Más adelante, en 2011, cuando era profesor asociado percibía $538,2. Actualmente, su ingreso mensual como profesor titular es de $4,24 al mes. “Quise reflejar la carrera académica y mostrar qué pasaba con el sueldo cuando uno iba ascendiendo, con todo lo que eso significa”, comenta a propósito del tuit que escribió con la información. “Mi pregrado es en Ingeniería, tengo una Maestría en Administración de Empresas, a parte del doctorado en Ciencias Políticas, de tal manera que para mí el tema financiero es fundamental”.

El 10 de septiembre, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) indicó que la reanudación de un nuevo período académico no era posible sin un salario suficiente, bajo ninguna modalidad. “En las actuales circunstancias de vulneración de nuestros derechos humanos, en las que el supuesto salario que se percibe en el mes no cubre ni siquiera la comida de un día, lo que constituye un atentado contra el derecho a la vida, y en las que el covid-19 se ha sumado al hambre generalizada y a la situación de colapso de las universidades que ya se tenía, los docentes universitarios estamos viviendo una verdadera tragedia”.

Asimismo, la Fapuv le exigió al Ministerio de Educación Universitaria la discusión con el gremio de nuevas tablas salariales, definidas en dólares, aunque se paguen en bolívares, y que el monto sea superior al costo de la canasta básica familiar definida por el Cendas.

Por su parte, Nicolás Bianco, vicerrector de la UCV, teme que disminuya la cantidad de profesores. Aunque la deserción no ha sido masiva, las condiciones son paupérrimas, dice. “De dónde se pueden sacar profesores que puedan sobrevivir con salarios como estos. No se puede”.

Universidades privadas: adaptación improvisada

Más allá de la crisis general de servicios básicos, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Monteávila y la Universidad Metropolitana, principales casas de estudio privadas del país, destinaron sus recursos a capacitar al profesorado, que ya tenía experiencia previa con educación a distancia. También se apoyaron en encuestas a la comunidad universitaria para conocer cómo percibían el proceso educativo e implementar mejoras en el siguiente periodo lectivo.

Las universidades Monteávila y Metropolitana estaban a mitad del curso o ya por finalizarlo. Ambas casas de estudio se apoyaron en las plataformas digitales disponibles que se popularizaron en estos últimos meses como Zoom y en la experiencia previa que tenían en la modalidad a distancia. “Las clases se pudieron completar, hay que decirlo, de forma improvisada, pero se pudo”, comenta Benjamín Scharifker, rector de la Unimet.

Por su parte, en la Universidad Católica Andrés Bello, pocos días antes de comenzar el semestre, las autoridades decidieron postergar el inicio de clases para capacitar a los profesores y preparar un plan que les permitiera adaptar el contenido a la nueva modalidad. “Tuvimos un mes de preparación, por eso nuestro semestre comenzó a finales de abril y terminó a principios de agosto”, dice José Virtuoso, rector de la UCAB.

En este periodo de tiempo, el Centro de Estudios en Línea de la UCAB se encargó de indagar en las herramientas y condiciones que docentes y estudiantes tenían a su disposición para así definir la estrategia que aplicarían en el semestre y, de ser necesario, ayudarlos. “Vimos que la mayoría tenía dispositivos inteligentes y acceso a datos; sin embargo, la universidad les permitió o les ofreció una serie de opciones para poder conectarse. Por ejemplo, a los profesores se les dio apoyo o bonos de conectividad”, indica Marysabel Suárez, directora del Centro de Estudios en Línea.

Además de las fallas de energía eléctrica y de conectividad, las casas de estudios encontraron algunas dificultades en el proceso de adaptar el contenido diseñado a la modalidad a distancia. Fue el caso de la UMA y la Metropolitana. Mientras que en la UCAB lo más complicado del semestre anterior fue continuar con el acompañamiento al estudiante. “La educación a distancia pone unos retos de acompañamiento que es muy difícil realizar por estos medios. Todo ese tema de la cercanía, la capacidad de preguntar, responder, conocer a tu profesor y relacionarte con tus compañeros. Prácticamente las relaciones entre estudiantes y docentes quedan bastante desdibujadas en este contexto, y es una falla muy grande porque la educación no solo es un proceso de transmitir información, es un proceso de diálogo y trabajo conjunto”, explica Virtuoso.

Ahora las universidades continúan en una modalidad a distancia, que, en la UCAB, la definen como “presencialidad remota”. “Creo que ninguna universidad en el mundo ha tenido tiempo para poder hacer un proceso de virtualización total, por eso la mayoría de las prácticas han sido esto que llamo presencialidad remota”, explica el rector.

El nuevo semestre inicia el 13 de octubre. El precio semestre varía para cada estudiante, pues depende de la cantidad de unidades de crédito que inscriba. La tarifa base por unidad es de 2.304.000 bolívares. En el caso de la Unimet iniciaron un periodo intensivo el 13 de septiembre, de acuerdo con el calendario académico. Y en la Universidad Monteávila, que tiene un régimen anual y semestral para pregrado, inició el 21 de septiembre: cuesta para alumnos nuevos, según su página web, 1.000 dólares de contado, con pago en bolívares a precio del dólar Dicom, o la posibilidad de pagar en cuotas.

Sin condiciones para regresar

Hablar de un regreso a clases presencial, tanto en universidades públicas como privadas, es casi imposible. Más allá de las constantes fallas en los servicios básicos, las cifras de contagios diarios por covid-19 no hacen más que aumentar: para finales de este año, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) proyecta que habrá aproximadamente 14.000 casos diarios en el país, según su último informe.

Aunque aún no hay condiciones sanitarias en Venezuela para regresar al campus, las universidades privadas preparan protocolos y medidas de seguridad para un eventual retorno. Sin embargo, por ahora descartan retomar las actividades de forma presencial hasta que los casos de coronavirus en Venezuela desciendan considerablemente. “El regreso tiene que ser progresivo, pensando en el bien de la comunidad universitaria”, señala Francisco Febres-Cordero Carrillo, rector de la Universidad Monteávila.

Por su parte, las universidades públicas, con o sin pandemia, no están en condiciones para regresar a las aulas. La carencia de servicios básicos, las deficiencias en la infraestructura, la falta de equipos e insumos, los bajos salarios del personal docente y, ahora, los contagios de covid-19 hacen que sea casi imposible hablar de un eventual retorno al campus. Mientras tanto, la prioridad para estas instituciones es intentar culminar los semestres en curso antes para luego planificar los próximos. “No creo que ninguna universidad en este momento pueda garantizar la misma calidad de antes, nosotros quisiéramos que sí, pero en estas condiciones no hay manera. Estamos en tal grado de dificultad institucional y operativa, y hacemos todos los esfuerzos posibles, pero no podemos garantizar esa calidad”, finaliza Nicolás Bianco.

Medianálisis celebra 10 años de investigación y monitoreo del periodismo
En alianza con UCAB llevarán a cabo una serie de foros virtuales 

La Asociación Civil Medianálisis, organización dedicada a la investigación de medios, formación y capacitación de periodistas además del monitoreo de la acción pública dentro de Venezuela, acaba de llegar a 10 años de funcionamiento.

Para celebrarlo, ha organizado junto con la Dirección de Egresados de la Universidad Católica Andrés Bello un ciclo de foros virtuales, que contará con la participación de un destacado panel de invitados. En ellos se pretende analizar y discutir temas de interés y actualidad vinculados al ejercicio periodístico en un contexto de creciente complejidad e incertidumbre.

Del 15 al 19 de Junio, estudiantes de comunicación social, periodistas, profesores, egresados UCAB y público en general podrán participar y conectarse en tres actividades virtuales, comenzando el lunes 15 de junio con Jairo Lugo, periodista venezolano y docente de la Universidad Northwestern, campus Qatar, en el foro “La crisis del coronavirus y la reivindicación del periodismo científico”.

El miércoles 17 de Junio le corresponderá a la periodista Raisa Uribarri, investigadora asociada del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá desarrollar su ponencia y dar respuesta a inquietudes en el foro “¿De qué manera el periodismo puede ayudar a las audiencias en tiempos de incertidumbre social?”.

Para cerrar la semana aniversario, el viernes 19 de Junio María Teresa Garrido, abogada y docente de la Universidad para la Paz, en Costa Rica, estará abordando con los participantes“¿Cómo la pandemia del Coronavirus ha afectado la libertad de expresión?”.

Cada actividad tendrá una duración de una hora, entre 9:00 am a 10:00 am, hora de Venezuela. Solo podrán participar quienes se registren en cada una de las actividades. Para más información, le recomendamos estar atentos a nuestras cuentas en Twitter o Instagram @medianalisis.

Recurrir a justicia transicional es una alternativa para rescatar la democracia
Dos universidades y Acceso a la Justicia participaron en el foro Propuestas para la Justicia en Venezuela

La situación de subordinación al Gobierno en la que se encuentra el Poder Judicial no es algo nuevo ni oculto, por el contrario, organizaciones nacionales y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen años denunciando que en el país «existe un quebrantamiento del principio de separación de poderes» que, a su vez, se ha traducido en «una clara alteración del orden constitucional». Con el propósito de revertir esta situación Acceso a la Justiciareunió a expertos y organizaciones de derechos humanos para que expusieran las medidas que consideran necesario adoptar para que en el futuro el sistema judicial deje de ser un apéndice del Gobierno y sirva verdaderamente a los ciudadanos.

En el foro Propuestas para la Justicia en Venezuela, realizado el jueves 4 de junio vía Zoom Meetings, participaron representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ambos; y de Acceso a la Justicia.

Reformas a los instrumentos que regulan la actuación de los órganos del Poder Judicial, el uso de la tecnología o la aplicación correcta de las normas vigentes fueron algunos de los planteamientos formulados por los expertos.

Atacar la provisionalidad y la opacidad

Tras recordar que Venezuela ha intentado, sin mucho éxito, poner en marcha todos los modelos existentes de Gobierno Judicial, el profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, Jaiber Núñez Urdaneta, planteó realizar «una interpretación real del modelo constitucional vigente, evaluando su real desempeño a mediano y largo plazo, para implementarlo de la mejor manera posible».

La Constitución de 1999 deja en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el «gobierno y administración del Poder Judicial», con lo cual oficialmente el Ejecutivo no debería inmiscuirse en sus asuntos como sí podía hacerlo antes, pues tenía una representación en el extinto Consejo de la Judicatura, y por lo tanto, tenía voz y voto en el nombramiento o remoción de jueces y cualquier cambio que se quisiera aplicar en el sistema. Sin embargo, el Palacio de Miraflores ha conseguido mantener su influencia fundamentalmente mediante las cuestionadas designaciones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Núñez propuso aprobar una nueva Ley de Carrera Judicial que permita asegurar que los titulares de los juzgados se hagan con sus puestos mediante concursos de oposición transparentes y confiables, tal y como lo manda el artículo 255 de la Carta Magna. Esto permitiría revertir la actual situación en que casi nueve de cada diez jueces son provisorios, temporales o accidentales y, por lo tanto, son nombrados y destituidos discrecionalmente por la Comisión Judicial del TSJ.

Asimismo, propuso garantizar la autonomía de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) mediante una reforma a la Ley Orgánica del TSJ que otorgue a su máxima autoridad un período de cuatro años. Este organismo administra el 85% de los fondos del Poder Judicial y tiene entre sus tareas el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica de los juzgados.

Por su parte, Andrea Santacruz, del Centro de Derechos Humanos de la Unimet, propuso que el Poder Judicial retome la senda de la modernización tecnológica que comenzó a recorrer a finales del siglo pasado y principios de este, para así «estimular el acceso a la justicia y la transparencia judicial».

Sin embargo, la experta reconoció que en la actualidad los obstáculos son muchos y difíciles de salvar, en particular en lo relacionado con la falta de recursos para adquirir equipos e instruir al personal, así como las deficiencias en los servicios de conexión a internet o de energía eléctrica.

Abriendo las puertas a la justicia transicional

Otro planteamiento que se hizo durante el evento fue el de recurrir a la justicia transicional para investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país en las últimas dos décadas. La propuesta la formuló Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, quien la justificó indicando que sobre todo la justicia penal venezolana requiere de una «reinstitucionalización».

Tras afirmar que esta iniciativa solo se podría poner en marcha «bajo el supuesto del paso del autoritarismo hacia la democracia», el experto indicó que el éxito de la misma dependerá de que «haya acuerdos entre las partes en conflicto» para conseguir «la verdad y la reconciliación». También aseguró que la justicia transicional no buscará la impunidad, sino «hacer que las penas sean verdaderamente efectivas».

Respecto al tipo de mecanismo de justicia transicional, Trujillo recordó que hay dos grandes: las comisiones de la verdad y las leyes de amnistía.

Sacudiendo los cimientos

Por su parte, desde Acceso a la Justicia se propuso desenterrar la participación ciudadana, para así hacer más transparente al Poder Judicial. Esta figura fue eliminada en la última reforma que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) sufrió en 2012 y en la que se suprimieron los escabinos, esos ciudadanos que junto al juezdecidían si un acusado era inocente o culpable, por considerarlos responsables del retardo procesal.

«Se cree que la participación ciudadana no es oír, sino escuchar, porque la voz de la ciudadanía debe ser tomada en cuenta, afirmó el director de la organización, Alí Daniels, quien también planteó la necesidad de hacer más transparente y someter arendición de cuentas al TSJ y al conjunto del sistema de justicia.

Sin embargo, para lograr esto último propuso «hacer una auditoría del Poder Judicial, así como determinar cuántos y quiénes son los jueces activos. También debe hacerse pública su trayectoria profesional y especificar quiénes son los jueces titulares y suplentes».

Por último, Alí Daniels reclamó el restablecimiento de la justicia de paz.

 

Acceso a la Justicia propone la reinstitucionalización del Poder Judicial en el marco del Plan País

EN EL MARCO DEL PLAN PAÍS, coordinado por la Asamblea Nacional, Acceso a la Justicia trazó un camino para lograr la reinstitucionalización del Poder Judicial en Venezuela durante la transición democrática.

La propuesta de Reforma del Poder Judicial que será entregada el próximo viernes 24 de mayo al presidente interino de la República, Juan Guaidó, en la sede de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) contó con la colaboración del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana.

“Venezuela no se caracteriza por la robustez de su estado de derecho. El Poder Judicial es apenas un apéndice y “protector” de las decisiones del Ejecutivo nacional”, dijo Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, como preámbulo de la presentación de la propuesta de esa organización en la UCAB.

El Plan busca reinstitucionalizar al Poder Judicial desde cuatro ámbitos específicos: la independencia, la transparencia, el acceso a la Justicia y la gestión judicial.

Independencia

Daniels fue enfático al señalar que tenemos que construir nuevos acuerdos, pues ninguno ha servido para garantizar la independencia de los poderes.

En este sentido, para que la independencia sea real, Acceso a la Justicia propone abordar el Poder Judicial desde dos niveles: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  y el resto del Poder Judicial.

Como Observatorio Venezolano de la Justicia, la ONG considera que la independencia del Poder Judicial pasa, fundamentalmente, por la actuación y conducta de los jueces y magistrados, por lo que ha focalizado los esfuerzos en la revisión de sus credenciales y actuaciones.

En relación al TSJ, la propuesta contempla que los magistrados designados por la AN en julio de 2017 que hoy están en el exilio sean considerados principales (ya existe la base legal para ello), y que se revisen las credenciales de los magistrados oficialistas actualmente en sus cargos para ver si cumplen o no con los requisitos exigidos en la ley, de manera de poder cubrir los 19 restantes para alcanzar los 32 totales. Una vez hecho esto, de ser necesario se convocaría a los suplentes electos en 2017 para cubrir las vacantes que queden tras el proceso antes indicado.

Para el resto del Poder Judicial, Acceso a la Justicia propone evitar la “cacería de brujas”, como se realizó en 1999, en medio del proceso constituyente. En este sentido, la idea es crear una Comisión Mixta (con apoyo internacional) que permita revisar la situación de los jueces en todo el país, siempre con respeto al debido proceso y sin paralizar el servicio de justicia.

Adicionalmente, la ONG venezolana recomienda la reforma de la Ley del Sistema de Justicia, en la que existe una injerencia abusiva tanto del Poder Ejecutivo como del llamado “Poder Comunal” en la administración de justicia.

Transparencia

La opacidad en materia de justicia no es sólo un problema de limitación de las posibilidades de estar informado sino que facilita la comisión de corrupción, por ello, entre las medidas a corto plazo para darle más transparencia al Poder Judicial, Acceso a la Justicia considera importante ordenar a los jueces cumplir con la publicación de las sentencias y las estadísticas básicas de su gestión.

Dado que la opacidad en el Poder Judicial llega a tal punto que no se conoce información básica sobre el mismo, Acceso a la Justicia propone la creación de una comisión que permita conocer toda la información de los jueces en el país, cuántos son y cuántos son provisorios o titulares,  actualizar la ficha de los jueces, el personal a su cargo y la dotación de recursos tecnológicos, entre otros aspectos que increíblemente el TSJ no ha querido hacer públicos en su política de desinformación sobre los tribunales.

En un sentido más histórico y pedagógico, se recomienda la creación de una “comisión de la verdad” que identifique los patrones de represión y control de los jueces utilizados por el régimen para saber cómo han operado los llamados “juristas del horror” en la mediatización de la justicia para dejar impune la comisión delitos de lesa humanidad.

Acceso a la Justicia

“¿Quién dijo que un abogado no puede sacar foto de un expediente, si ese es un documento público?”, se preguntó Daniels al introducir la necesidad de que el acceso a la justicia esté garantizado en la transición democrática.

La ONG propone que cualquier abogado o ciudadano común pueda fotografiar un expediente, práctica por demás habitual en otros países y que sólo debe limitarse por respeto a las víctimas en casos muy determinados.

En la propuesta de Acceso a la Justicia, la oralidad y los jueces de paz están de vuelta y la justicia que aplica el derecho penal del enemigo está de salida, por ello se contempla restituir la justicia de paz y asignarla a la competencia del municipio.

Gestión Judicial

Para que todo esto funcione hay que aceitar el engranaje a través de una eficiente gestión judicial. En esto último es importante que se implemente a corto plazo una política inmediata de desocupación de los calabozos judiciales, se actualice la cuantíade los tribunales de acuerdo a la realidad económica del país y se reactive la utilización de todas las herramientas que ofrece el Juris 2000, entre otras.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

Tercera Feria del Libro del Oeste de Caracas abre como encuentro de perseverancia y permanencia

El 26 de noviembre de 2018 inició la tercera edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas (FLOC) en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). La inauguración de la FLOC tuvo como invitados especiales en esta edición a los embajadores de Italia y España. Países como Argentina y Polonia han sido invitados en ediciones anteriores.

El evento contará con stands de libros a la venta de diferentes editoriales, exposiciones de obras, eventos culturales, diversos análisis del país, entre otros.

La Feria del Libro fue organizada es patrocinada por la Fundación Cultura Urbana, Banesco y BOD.

“Es un encuentro con el saber”, expresó el sacerdote jesuita Francisco José Virtuoso, rector de la Ucab.

Durante la inauguración del la FLOC, el rector de la comunidad ucabista indicó su profunda satisfacción por llevar a cabo la tercera edición de la feria del libro en la UCAB en un contexto país donde cada vez más se cercena la libertad de expresión, cada día es más difícil leer y encontrarse con la cultura en todas sus manifestación, y el acceso al libro parece un lujo restringido a la mayoría de la población.

Seguidamente, el embajador de Italia en Venezuela, Silvio Mignano resaltó la importancia de la escritura y la lectura para la creación.

Por su parte, el embajador español Jesús Silva Fernández dijo que  la oportunidad de disfrutar de eventos como la Feria del Libro donde se celebra la literatura, el libro es un “motivo de enorme alegría” durante los turbulentos tiempos que atraviesa Venezuela. España fue el país invitado del evento.

El embajador español indicó que hay que apoyar este tipo de iniciativa para promover la cultura.

Marcelino Bisbal, director de la editorial Abediciones,  tituló su discurso para la inauguración del evento como “la hora de la perseverancia y la permanencia”. En el que dijo que el hecho de estar inaugurando la Feria del Libro del Oeste de Caracas por tercera vez significa decir que “aquí estamos, como ejemplo de perseverancia, redescubrir el valor de la lectura, el libro y los conocimientos, y que a pesar de todo la civilidad puede vencer a la barbarie”.

Para concluir la apertura del evento, el vicerrector académico de la universidad, Gustavo Peña Torbay, agradeció a Marcelino Bisbal por la organización de la feria y a todos los invitados por su asistencia.

La Feria del Libro del Oeste de Caracas se llevará a cabo en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello desde el 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2018.

UCAB es certificada como una de las 3 mejores universidades de Venezuela

 

SEGÚN EL RANKING 2019 PUBLICADO POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL QS, la Universidad Católica Andrés Bello quedó en el puesto #3 de Venezuela y se posicionó como una de las cuatro instituciones nacionales en entrar en el Top 100 de Latinoamérica

La organización internacional QS acaba de hacer público su Latin America University Ranking 2019, en el cual la Universidad Católica Andrés Bello volvió a ubicarse entre las 100 mejores del subcontinente y fue certificada como la única casa de estudios privada de Venezuela en entrar en esta lista.

De acuerdo con la información, la UCAB quedó posicionada en el puesto #74, igualada con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú).

Entre sus homólogas de Venezuela, la UCAB quedó en el puesto #3, solo antecedida por la Universidad Central de Venezuela (#37 a nivel latinoamericano) y la Universidad Simón Bolívar (ubicada en la posición #44), respectivamente.  La Universidad de Los Andes quedó de cuarta en el grupo local y en el #90 en la región.

Solo estas cuatro instituciones venezolanas entraron al Top 100. En esta oportunidad, la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia y la Universidad Metropolitana quedaron fuera de la lista.

La crisis económica y social del país afectó el desempeño de todas las universidades nacionales, que retrocedieron algunas posiciones en la lista.  Sin embargo, la  UCAB se mantuvo como la primera universidad privada del país por cuarta vez consecutiva.

El ranking latinoamericano lo lideran por segundo año la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidade de Sao Paulo (Brasil) en el puesto #1 y #2, respectivamente.

El Top 10 regional también incluye a la Universidade Estadual de Campinas (#3-Brasil), la Universidad Nacional Autónoma de México (#4), la Universidad de los Andes (#5-Colombia), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (#6-México), la Universidad de Chile (#7), la Universidad de Buenos Aires (#8-Argentina), la Universidade Federal do Rio de Janeiro (#9-Brasil) y la Universidad Nacional de Colombia (#10).

Los países que tienen más universidades dentro del ranking de las 100 mejores son Brasil (con 26), Argentina, México y Chile (con 15) y Colombia (con 12 instituciones).

De acuerdo con información disponible en su página web, el ranking QS de universidades latinoamericanas es elaborado con base en la ponderación de cinco criterios: impacto de la investigación y productividad, compromiso docente, empleabilidad de los egresados, impacto web e internacionalización.

El Latin America University Ranking 2019 de QS puede ser revisado en el siguiente enlace: https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2019

Los “huérfanos” de los que se quedan y de los que se van son los más vulnerables
Al menos cuatro niños han sido desamparados en las calles de Caracas este año
Expertos consideran que el abandono es la consecuencia de varios aspectos: estados emocionales de angustia, miedo al futuro, desasosiego, carencias económicas, falta de alimentos e incremento de embarazos en adolescentes  
Según la Cepal, 65,79% de la población venezolana está en edad productiva
La migración masiva podría acelerar el envejecimiento de la población

@franzambranor

EL 3 DE OCTUBRE DE ESTE año, el llanto de un niño a las puertas del edificio Vakero en la avenida Sanz de El Marqués, en Caracas, llamó la atención de un grupo de vecinos. El sollozo provenía de una caja de cartón: una criatura de apenas un año había sido abandonada como si se tratase de una versión venezolana de Oliver Twist.

Diez días más tarde, funcionarios de Polichacao encontraron a una bebé recién nacida envuelta en una franela en la Plaza de Los Palos Grandes. Fue el cuarto niño abandonado en el año en la capital luego de que una mujer tropezase con uno dentro de un vagón del Metro de Caracas en marzo y otro fuese hallado por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana detrás de la iglesia Candelaria entre las esquinas de Candilito y Urapal.

En septiembre, Ana de la Cruz, de 90 años, falleció a la espera de una ambulancia luego de que la dejaran en el Terminal de Pasajeros de Maracaibo. Una semana después, el adulto mayor Felipe Santiago López fue abandonado en el mismo sitio con un cuadro severo de desnutrición.

El abandono de personas vulnerables como niños y ancianos se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente en un país donde según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), correspondiente a 2017, 87% de los hogares está en condición de pobreza producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la acelerada inflación.  

Dejar a un recién nacido o a un miembro de la tercera edad en la calle tiene sus consecuencias. El artículo 435 del Código Penal es claro: “El que haya abandonado un niño menor de doce años o a otra persona incapaz de proveer a su propia salud, por enfermedad intelectual o corporal que padezca, si el abandono estuviese bajo la guarda o al cuidado del autor del delito, será castigado con prisión de cuarenta y cinco días a quince meses”.

Para la psicólogo social Soraidee Romero Sandoval, el abandono responde a varios estados emocionales. “No es posible generalizar y cada caso responde a una historia familiar particular. Se presentan estados emocionales de angustia vital, desasosiego, miedo al futuro, a desconocer cómo resolver una situación determinada, carencias económicas, falta de alimentos para todo el núcleo familiar, ausencia de apoyo e incremento de embarazos en adolescentes”, dijo.

“El abandono de los niños y de los adultos mayores, los dos sectores más vulnerables de la población, no hace más que reflejar la realidad de un país que vive una gran crisis económica”, dijo el demógrafo y coordinador académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad Central de Venezuela, Javier Fernández.

Lejos de cumplir la promesa hecha por el fallecido presidente Hugo Chávez de erradicar a los niños de la calle, la Red de Casas Don Bosco informó que hubo un aumento de 40% de menores de edad en situación de calle en el último trimestre de 2017.

“El abandono de los niños se hace de manera consciente. Son desamparados por sus padres por no contar con los recursos económicos para su alimentación y el cuidado adecuado. Ellos esperan que el Estado los recoja y les dé una supuesta mejor calidad de vida en los albergues”, sentenció Fernández.

Romero Sandoval aseveró que antes recluían a los ancianos en casas de reposo, pero muchas de esos establecimientos han cerrado y algunas personas no tienen para pagar una mensualidad en un centro de atención. Asomó que en la psicología social se habla de ejemplos. “Como fenómeno social, el abandono puede estar siendo replicado, por eso vemos que suceden uno detrás de otro”.

Javier Fernández indicó que la diáspora ha potenciado la exclusión y autoexclusión de quienes dependían de un tercero en el hogar. “Muchas familias se han visto en la necesidad de salir del país en búsqueda de oportunidades que aquí no existen o son escasas. Eso ha obligado a dejar a familiares aquí muchas veces con sus nietos, limitados por la escasez de medicinas y alimentos apropiados, mientras esperan que sus hijos se estabilicen en otros países y les puedan enviar remesas”.

“En este momento hay un incremento de niños abandonados y ancianos, no solo en las calles, también en las mismas maternidades y hospitales. Niños y abuelos desamparados porque los hijos están fuera de Venezuela trabajando para tener una mejor vida”, salió al paso Romero Sandoval.

A inicios de octubre de este año, la Organización de las Naciones Unidas estimó que cerca de 5 mil venezolanos cruzan a diario las fronteras. 2,6 millones están desplazados y la cantidad de personas que optan por una condición de refugiado ha aumentado un 2000% desde 2014 al presente.

Para junio de 2018, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó que 2,3 millones de personas han salido de Venezuela a otras regiones de América Latina, sin precisar la fecha de inicio del éxodo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que unos 133 mil venezolanos han solicitado refugio en otros países entre 2014 y 2017, aunado a 363 mil que se han apegado a otras alternativas legales de migración.

Fernández indicó que, aunque es un fenómeno relativamente nuevo, la diáspora ya está teniendo efectos en Venezuela. “El impacto de esas migraciones desde el punto de vista económico, ya se está viendo. Aparte de los problemas per se de la obtención de materias primas, está la pérdida de la mano de obra, que afecta la capacidad de producir bienes y servicios. Del mismo modo, muchas empresas se han quedado sin personal calificado para el trabajo y se han visto imposibilitados de contratar a otros por no tener la preparación adecuada. Todo esto influye directamente en el crecimiento económico del país y agrava la crisis que tenemos”.

 

Un país joven que podría producir y no lo hace

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para 2017 un 65,79% de la población en Venezuela, estimada en 31 millones de personas, tenía entre 15 y 64 años, rango de edad considerado como “económicamente activo”.

27,59% de la población era menor de 15 años y apenas 6,61% tenía 65 años o más.

Del universo total, 56,4% era menor de 35 años.

De acuerdo a estas cifras y las recolectadas por el Instituto Nacional de Estadística en el censo de 2011, Venezuela goza de un bono demográfico, fenómeno que se da cuando la población en edad de trabajar supera a la población dependiente (niños y ancianos).

“Al bono demográfico lo determinan varios aspectos: mortalidad, fecundidad y migración”, apuntó María Di Brienza, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.

Efectivamente aún somos un país joven, pero disminuido. Se estima de manera no oficial que aproximadamente un 10% de la población venezolana ha emigrado a diferentes latitudes, de ellos la gran mayoría son jóvenes menores de 30 años, muchos de ellos son profesionales universitarios con cierta experiencia o recién graduados que buscan oportunidades que este país no les ofrece: una mejor calidad de vida, seguridad y trabajo bien remunerado”, dijo el profesor universitario, Javier Fernández.

Datos socio-demográficos extraídos de la Cepal estiman que la tasa anual de crecimiento en Venezuela entre 2015 y 2020 es de 1,2%, la tasa de natalidad es de 17,9%, la de mortalidad de 5,7% y la esperanza de vida es de 75 años (79 mujeres y 71 hombres).

“La mortalidad infantil va en ascenso. Tenemos cifras muy parecidas a la de los años 90, estamos viviendo una especie de retroceso”, acotó Di Brienza

Un estudio efectuado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publicado en septiembre de este año, indicó que la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años en 2017 fue de 61 decesos por cada 1.000 nacimientos, parecida a la de 60 fallecimientos por cada 1.000 alumbramientos en 1990.

Se desprendió también de este análisis que la tasa de mortalidad neonatal se incrementó de 7 mil muertes por cada 1.000 recién nacidos en 1990 a 12 mil por cada 1.000 en 2017.

Estadísticas extraídas de informe de Unicef

Di Brienza dijo que en la década de los 60, cuando se produjo lo que cataloga como el “baby boom”, en Venezuela cada mujer tenía en promedio 6,7 hijos, hoy en día esa cifra se redujo a 2,2 hijos. “No tenemos la misma fecundidad que teníamos hace cinco décadas. Hay menos niños”.

La esperanza de vida también ha descendido, números de la Organización Mundial de la Salud apuntan a que en 2015 la expectativa se ubicaba en 74,39 años, para 2017 la cifra bajó a 74,1, ubicando al país en el puesto 88 a nivel mundial.

“Todos están ganando en esperanza de vida en América Latina, salvo Venezuela. Eso responde a que enfermedades que estaban erradicadas y controladas como la malaria, paludismo, difteria, sarampión y tuberculosis hayan reaparecido producto de políticas públicas erradas. No hay vacunas ni medicamentos, gente que puede seguir viviendo, muere por desidia del Estado”, añadió Di Brienza.

La esperanza de vida también se ve pisoteada por la tasa de homicidios en Venezuela, la más elevada de la región, según InSight Crime: 89 por cada 100 mil habitantes en 2017, superando a El Salvador y Honduras.

El informe más reciente del Observatorio Venezolano de la Violencia indica que hubo 26 mil 616 homicidios en 2017, 5.535 de ellos a manos de cuerpos de seguridad del Estado. De acuerdo a cifras del Observatorio Venezolano de Seguridad, organismo adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, un total de 6 mil 363 homicidios se cometieron del 1ero de enero al 15 de julio de 2018.

Un bono que no es eterno

Para Javier Fernández el hecho que Venezuela sea una nación relativamente joven hoy en día, no quiere decir que lo vaya a seguir siendo en un futuro. Especialmente el fenómeno de la migración masiva puede modificar el patrón. “Una de las características que tiene un país cuando la población joven migra es que indirectamente envejece. Así mismo ocasiona la disminución de la tasa de natalidad, en otras palabras, reducimos la población de relevo del país”.

El profesor universitario dijo que la desmovilización aunada al deterioro de la calidad de vida serán determinantes en la demografía de años venideros. “Nos encontramos ante un futuro en el que  tendremos a una población muy disminuida en sus capacidades, en especial, el del aprendizaje, esencial para la inserción laboral exitosa”

Di Brienza opinó que no es que Venezuela se va a volver vieja. “La diáspora podría acelerar el proceso de envejecimiento”.

La también profesora universitaria indicó que el bono demográfico es finito y a partir de 2040 empezará a cambiar si las condiciones de vida en Venezuela continúan como van. El propio censo del INE en 2011 arrojó que este colchón demográfico duraría 20 o 30 años más. Pero sin planes para desarrollar la economía, la salud y la educación el país corre el riesgo de no poder atender a una masa de la población que depende de pensiones y servicios sociales. “Debemos tener condiciones socioeconómicas que suban y no que bajen. Tiene que haber planificación familiar, métodos reproductivos confiables, es absurdo que una parturienta muera por complicaciones que se pueden prevenir”.

Di Brienza posee una alta expectativa con el censo anunciado por el ministro de planificación, Ricardo Menéndez, para 2019. Aspira que aclare y no oscurezca. “Eso podría darnos una nueva foto del país y ojalá que esa fotografía sea fidedigna. El problema en este sentido es la opacidad con la que se maneja el gobierno, el Saime no informa cuánta gente sale y entra del país, el INE solo ha publicado cifras de nacimientos hasta 2012 y el Ministerio de Salud maneja estadísticas de mortalidad hasta 2014, de esa forma es muy difícil establecer una variable demográfica”

 

 

 

Humano Derecho: con María Isabel Linares y Juan Eugenio, representantes del Centro de Estudiantes de Derecho de la UCAB

 

¿Cuál es el trabajo que llevan a cabo en el CED-UCAB? ¿De qué trata el programa “Jueves de Derechos Humanos”? ¿Qué propuestas están llevando a cabo para trabajar con las comunidades? Estos y otros temas los estaremos conversando con María Isabel Linares y Juan Eugenio, representantes del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello cuyo labor es servir a los estudiantes que hacen vida en la facultad de derecho de la UCAB.

“Cuando la vocación de estudiar derecho nos mueve, lo que nos identifica es que no queremos que nos regalen el cambio para ver que haremos luego, sino que queremos el mapa de la ruta a seguir; Por esto estudiamos derecho y estamos comprometidos con recuperar el Estado de Derecho en Venezuela”

En la primera pausa del rock escucharás la banda Nada y su canción “De los indeseados”, seguido de la agrupación RPH con el tema “Falso Punk” y finalmente escucharás a la banda Reciclaje con el tema “Excomulgado”; Estas son las pausas del rock planeadas por @romontesdeoca y @medicenmouzo para este Humano Derecho.

En esta oportunidad contaremos con Rodolfo Montes de Oca (@romontesdeoca) y Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadores, quienes les estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar.  Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com