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Encovi 2022: La pirámide de población en Venezuela será similar a la de los países en guerra
Anitza Freites, profesora, geógrafa y miembro del equipo de investigaciones, señaló que en el último quinquenio, el crecimiento demográfico fue «negativo» con -1,1%

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) presentó este jueves, 10 de noviembre, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2022.

Uno de los puntos que se abordaron en la encuesta fue la discontinuidad geográfica de Venezuela, donde aseguran que la pirámide de población en el país será similar a naciones en guerra.

En concreto, el documento señala que la población venezolana, al año 2022, se estima en 28,3 millones de personas.

«Somos menos, porque casi 5 millones de personas dejaron el país desde el año 2015, pero también porque se incrementó el número de defunciones y tenemos un déficit de nacimientos», acotó la Encovi 2022.

Además, explica la Encovi, que la estructura demográfica «cambió abruptamente por la pérdida de personas en edades jóvenes, lo cual modificó los índices de envejecimiento y de carga demográfica».

También, el informe señala que Venezuela perdió las ventajas del «bono demográfico que suponían contar con el mayor volumen de población en edad de trabajar, que podía significar un factor de potenciación del desarrollo».

El estudio se realizó en todo el territorio nacional, incluyendo el estado Bolívar. El tamaño de la muestra es de 230 segmentos, 2.300 hogares. En total, se levantó información en 2.218 hogares.

Para determinar estos datos se realizaron entrevistas personales en el hogar a través de cuestionario aplicado por el encuestador/a utilizando dispositivos móviles.

Datos del informe también señalan que 340.000 nacimientos no se produjeron porque migraron las potenciales madres y hay una pérdida de casi 3 años en la esperanza de vida.

Crecimiento demográfico negativo

Anitza Freites, profesora, geógrafa y miembro del equipo de investigaciones de la Encovi 2022, señaló que en el último quinquenio, el crecimiento demográfico fue «negativo» con -1,1%.

«La demografía sigue cambiando por la migración de los jóvenes», detalló la investigadora durante la presentación de la encuesta. 

Asimismo, señaló: «Venezuela sigue acusando los efectos de la reducción del tamaño demográfico que se registra desde 2015 por aumento de migración y aumento de mortalidad, así como por el déficit de nacimientos».

De acuerdo con Freites, la población que migró fue fundamentalmente joven y forman sus familias en sus lugares de destino.

«La estructura demográfica ha cambiado abruptamente, lo hemos venido señalando en lass últimas Encovi, han cambiado los índices de envejecimiento y carga demográfica», detalló Freites.

Freites indicó que se irán registrando los efectos de esa «pérdida de población» y aseguró que la «pirámide de población será similar a la de países en guerra, donde la población joven se perdió por mortalidad en la propia guerra».

“Perdimos las ventajas del bono demográfico que suponía contar con el mayor volumen de población en edad de trabajar, lo que podía significar un factor de potenciación del desarrollo», añadió Freites.

Finalmente, indicó que esa pérdida de población es difícil de recuperar y «no es probable que se produzcan flujos migratorios de la misma envergadura de los movimientos de salida».

«Ni la pandemia trajo un flujo importante de regreso. El tiempo transcurre a favor de procesos de integración en países destino. Estaremos viendo ciertos cambios en patrones de movimientos, vamos a estar presenciando movimientos circulares o retornos inestables».

UCAB cuestiona sesgo político de plan para reparar escuelas y hospitales
Aseguraron que el mantenimiento de los planteles no debe ser parte de «programas especiales o excepcionales»

La Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) cuestionó la vinculación de militantes oficialistas para reparar escuelas y hospitales.

Mediante un comunicado, se refirieron al plan creado por el Gobierno para esta labor. Consideran que esto no contribuye con el «respeto de las finalidades y fundamentos de la educación».

Asimismo, rechazaron el uso del esquema gubernamental «1×10», por parte de las Brigadas Comunitarias Militares (Bricomiles), activadas para llevar a cabo dichas refacciones.

«Consideramos que el uso del esquema 1×10, más vinculado con la movilización de militantes para concurrir a centros electorales (…) no contribuye con el respeto de las finalidades y fundamentos de la educación venezolana», dijeron.

Al respecto, aseguraron que estos fundamentos «indican el desarrollo pleno del potencial individual, la conformación de una sociedad democrática y plural, así como el respeto a la diversidad y sustentación de todas las corrientes de pensamiento».

También, aseguraron que el mantenimiento de los planteles no debe ser parte de «programas especiales o excepcionales».

Por el contrario, consideran que ese debe ser un «trabajo permanente» que incluya a los «equipos directivos, estudiantes, padres y responsables, miembros de la comunidad y entes gubernamentales con competencias específicas en obras públicas, mantenimiento y servicios generales».

 

Asimismo, alertaron sobre la «renovada acción de militarización en la reparación, adecuación y mejoramiento» de la planta física y del entorno donde se encuentran las escuelas venezolanas.

«Los resultados asociados a la falta de continuidad de este tipo de iniciativas (…) solo conducen a una atención puntual y coyuntural que poco contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación venezolana», apuntaron.

El plan de crear estas brigadas fue anunciado el 20 de junio por Nicolás Maduro, e incluye, en una primera fase, casi 4.000 escuelas y más de un millar de hospitales.

*Con información de EFE

CIC UCAB cumple 30 años como semillero de investigación entre los estudiantes
La profesora y doctora en Ciencias Sociales, Edixela Burgos, comentó que en los últimos años se han dado una serie de acontecimientos en el ámbito digital que impactan profundamente en los entornos social, cultural y político.

A 30 años de la fundación del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (CIC-UCAB), su norte sigue siendo la formación de semilleros y oportunidades de investigación entre los estudiantes.

Esa fue la reflexión durante el conversatorio “CIC UCAB: 30 años investigando comunicaciones”, realizado este martes 24 de mayo en las instalaciones del Auditorio Nohemí Irausquín del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza, S.J., UCAB.

El evento se realizó como parte del “Mes de las comunicaciones” y fue organizado por el Centro de Investigación de la Comunicación (CIC UCAB), en alianza con la Asociación Civil Medianálisis.   

La conducción del evento estuvo a cargo de la profesora e investigadora Ana Julia Niño, abogada experta en temas de libertad de expresión; y el panel de invitados lo conformaron: Humberto Jaimes, periodista y profesor, Carmen América Affigne, coordinadora del Postgrado de Literatura y profesora e investigadora de Universidad Simón Bolívar, junto a los profesores investigadores del CIC de la UCAB, Johanna Pérez, Edixela Burgos, León Hernández y el director del CIC, Gustavo Hernández. 

 

«Los verdaderos protagonistas de esta historia son los profesores y panelistas que hoy nos acompañan, por querer hacer algo muy diferente dentro de las áreas de la investigación y línea de comunicación consolidadas en el CIC”, manifestó el profesor y director del centro, Gustavo Hernández.

Líneas y propósito del equipo de investigación

La profesora y doctora en Ciencias Sociales, Edixela Burgos, comentó que en los últimos años se han dado una serie de acontecimientos en el ámbito digital que impactan profundamente en los entornos social, cultural y político. 

Asimismo, menciono que siguieron los temas de desinformación y libertad de expresión en Twitter y que observaron desde el CIC cómo el Gobierno busca generar «tendencias inorgánicas» y las consecuencias que repercuten en la sociedad.

Por otra parte, indicó que parte del propósito del centro es formar ciudadanos más críticos y no educar solamente para los medios, sino para una sociedad que sepa a qué se enfrentan cuando están navegando dentro de la red digital.

 

A su vez, el profesor e investigador del CIC de la UCAB, León Hernández, abordó el tema de la libertad de expresión y la comunicación para la democracia, expuso que los efectos antidemocráticos de las fake news impactan de manera grave en Venezuela.

Johana Pérez Daza, periodista  y magíster en Relaciones Internacionales, informó que actualmente tienen alianzas importantes con el Centro Cultural y se abrió un espacio para la investigación y gestión de la fotografía dentro de la UCAB.

«El equipo del CIC se ha ido engranando gracias a la gestión del profesor Gustavo Hernández. Nos sentimos realmente articulados como la familia CIC junto con los jóvenes becarios de la institución”, expresó Pérez Daza.

Nota de prensa

*También puede leer: Reuters: Gobierno de Maduro pide excluir a Noruega como mediador para retomar el diálogo

Enjuve: Solo 26,4% de los jóvenes opositores manifestó que participará en comicios del #21Nov
En 2013, la Enjuve señaló que 54% de los jóvenes entre 15 y 29 años consideraba importante votar en las elecciones municipales. 
Ocho años después, solo 26,4% de los jóvenes opositores indicó que participará en las regionales, mientras que 48,9% no lo hará.
En el caso de los jóvenes identificados con el oficialismo, 44,7%  participará en los comicios del 21 de noviembre, mientras que 16% no irá a votar

Faltan solo tres días para la celebración de las elecciones regionales y municipales y las expectativas sobre la participación de jóvenes venezolanos en el evento son bajas en los que se identifican con la oposición y un poco más altas en los que se asumen como chavistas.

La Encuesta Nacional Sobre Juventud (Enjuve), presentada por la Universidad Católica Andrés Bello el pasado mes de octubre, reiteró que 67% de la población juvenil venezolana está descontenta con las elecciones llevadas a cabo en el país.

«Solo 13% de los jóvenes tiene mucho interés por la política. En 2013, 37% de la población joven estaba interesada en la política», señaló el estudio.

La intención de participar en las regionales varía según la inclinación política, pero también demuestra el desinterés en general de la juventud hacia este tema.  Según la Enjuve, actualmente, 29% de los jóvenes no tiene ningún interés por la política. Esta cifra aumentó nueve puntos desde 2013. 

En 2013, la Enjuve señaló que 54% de los jóvenes entre 15 y 29 años consideraba importante votar en las elecciones municipales.  Ocho años después, solo 26,4% de los jóvenes opositores indicó que participará en las regionales, mientras que 48,9% no lo hará.

En el caso de los jóvenes identificados con el chavismo, 44,7% de los jóvenes participará en los comicios del 21 de noviembre, mientras que 16% no irá a votar.

42% de los jóvenes que dijo que no irá a votar aseguró que se debe a que no está inscrito en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mientras que 17% los que no participará en las regionales explicó que se debe a que consideran que «siempre ganan los mismos». Otro 11% de los jóvenes comentó que no votará porque «no le interesa la política».

Desconfían y no quieren involucrarse en política

Otros datos de la Enjuve reflejaron que las instituciones políticas y las del Estado son las que menos confianza aportan a los jóvenes.

«Solo 53% de los jóvenes confía en instituciones políticas y 51% en instituciones del Estado», indicó la encuesta. 

Además de desconfiar,  los jóvenes han perdido el interés de involucrarse en grupos políticos.

«Solo a 30,3% de los jóvenes le interesa participar en grupos políticos. Es el grupo en el que menos quieren participar», aseguró el estudio.

Según la Enjuve, solo 6,9% de la población joven encuesta había participado en partidos políticos. 

 

Radiografía de la educación básica: Más de 1.21 millones de estudiantes abandonaron las aulas en tres años
Desde el año 2018 han emigrado unos 530 mil estudiantes (43.7%), mientras que unos 682 mil, (56.3%) aún permanecen en el país

 

Más de 1.21 millones de estudiantes venezolanos han abandonado las aulas de clases desde el año 2018, según los resultados de la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos (ENEED 2021), presentada este martes, 9 de noviembre.

Los datos recolectados en el estudio, realizado por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), junto con las organizaciones Anova Policy Research y Devtech Systems, demuestran que la disminución de la matricula escolar, que para el año 2018 se ubicaba en 7.71 millones, actualmente es de 6.50 millones, una reducción de 15.7%. 

A la deserción escolar se suman carencias en infraestructura y servicios básicos y el impacto negativo de la suspensión de las actividades presenciales por la pandemia del COVID-19.

Según los cálculos del estudio, desde el año 2018 han emigrado unos 530 mil estudiantes (43.7%), mientras que unos 682 mil, (56.3%) aún permanecen en el país. Con estas cifras, la deserción escolar se ubica en en 1,21 millones de estudiantes de educación básica.

Entre los principales motivos de inasistencia escolar, el estudio señala que la falta de comida en el hogar fue la principal razón por la cual los estudiantes abandonaron la escuela (45.6%). Le siguen los altos precios de los útiles e implementos (30.2%), la falta de servicios básicos (24.5%), trabajar como obligación (24.3%), no querer seguir estudiando (19.1%), no considerar el estudio como importante (16.8%), costo del transporte (30.2%), necesidad de ayudar en las tareas del hogar (14.4%) y la inasistencia de docentes (13.4%).

Sin profesores 

El diagnóstico de educación básica, para el cual cual fueron consultados 399 centros educativos a nivel nacional, determinó que el número total de profesores de educación inicial, básica y media es de aproximadamente unos 502.6 mil en todo el país, lo cual implica una una disminución de docentes activos de 24.9% en comparación con los datos registrados en el año 2018.

Según los cálculos del estudio, se estima que hay una deserción docente aproximada de unos 98.3 mil, de estos, 68 mil han emigrado del país (40.9%) en busca de mejores condiciones de vida. 

Según cifras del diagnóstico de personal docente, del total nacional de profesores de educación básica y media, 71.1% son docentes integrales y 28.9% especializados. De la misma manera, según su nivel de dedicación laboral 87.5% son titulares, 10.7% interinos y el restante (1.8%) voluntarios.

Infraestructura decadente, fallas en servicios básicos y el PAE

Basados en los datos aportados por los colegios consultados, se concluye que la mayoría de las escuelas tienen grandes carencias en infraestructura, principalmente, la ausencia de servicios de salud (93%), bibliotecas (48%) y canchas deportivas (43%).

Los servicios básicos no escapan, pues la mayoría de las escuelas afirmó que tienen fallas con el agua por tuberías (56,6%), electricidad (69,9%), e internet (85,7%).

Sobre el acceso al transporte público, 83% de las autoridades consultadas afirmó que sus estudiantes se van caminando a las escuelas, 10% utiliza autobuses, 2% vehículo particular y menos del 2% de las instituciones cuenta con transporte para los estudiantes y menos del 1% ofrece dicho servicio para los profesores. 

*Puede leer más aquí: Cuidado de la salud física y mental debe ser la prioridad en la vuelta a clases

Respecto a la alimentación el 48.8% de los estudiantes dijo comer menos de tres veces al día y se estima que 56,9% se encuentra en situación de vulnerabilidad alimentaria. 50% de los docentes reportó haber perdido entre 6 y 15 kilogramos de peso en los últimos dos años y 85,7% dijo no contar con seguro médico.

A pesar de que el 90,2% de los colegios reportó estar afiliado al Programa de Alimentación Escolar (PAE), el 83,6% califica el servicio de regular a negativo, pues solo 32,27% de los colegios recibe el servicio todos los días de clases y 36,67% varias veces a la semana.

Un análisis a la comprensión lectora 

Sobre la Evaluación de Nivel de Lectura Temprana (EGRA, por sus siglas en inglés), los estudiantes consultados demostraron que comprenden el contenido de una lectura cuando esta es leída en voz alta por otra persona.

Más de la mitad (52%) de los estudiantes respondió de forma correcta cuatro de cuatro preguntas de compresión oral y (62%) es capaz de responder seis de seis preguntas de comprensión de la lectura después de haber leído el pasaje. Sin embargo, cuando se analizan los módulos de fluidez lectora y decodificación, la gran mayoría de los estudiantes de la muestra (68%) de tercer grado lee con rezago (bajo 10%, moderado 17% y alto 41%).

Más del 40% de los estudiantes de la muestra solo lee 64 palabras por minuto (ppm) o menos cuando deberían estar leyendo entre 85-90 ppm, y por consecuencia, presentan dificultad para leer de manera fluida.

Universidades venezolanas no garantizan educación de calidad
Fallas de energía eléctrica y conectividad hizo cuesta arriba completar periodo anterior en medio de la pandemia

En marzo, cuando se anunció el primer caso de covid-19, universidades públicas y privadas suspendieron sus clases. Algunas estaban por culminar semestre mientras que otras estaban a días de regresar a las aulas; sin embargo, ninguna pudo continuar con sus actividades. Autoridades y docentes se reunieron y trabajaron a contrarreloj para tratar de elaborar un plan de contingencia que les permitiera −según era el caso− comenzar o cerrar el ciclo académico, pese a la deficiencia en los servicios básicos (electricidad e Internet) y la falta de recursos o dispositivos tecnológicos.

Durante los primeros cuatro meses de pandemia, estudiantes y docentes universitarios hicieron un gran esfuerzo para cumplir con las actividades. Todo a distancia y con los pocos recursos disponibles. Algunas instituciones lograron cerrar con “éxito” el semestre. Sin embargo, el escenario luego del periodo vacacional era incierto.

El pasado 21 de agosto, Nicolás Maduro planteó un regreso a clases parcialmente presencial a partir de octubre en colegios y universidades, propuesta que rechazaron tanto educadores como estudiantes. Dos días después, informó en el programa Aquí con Ernesto Villegas que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Universitaria realizarían una encuesta para conocer la opinión de los venezolanos sobre el regreso a clases de manera presencial.

Tres semanas después, el 13 de septiembre, César Trómpiz, ministro de Educación Universitaria de Maduro, informó que 79% de los encuestados (más de 395.000 miembros de la comunidad universitaria del país, entre ellos estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades) aprobó continuar con la educación a distancia, debido a que los casos de contagios diarios de covid-19 en el país no descienden, solo aumentan.

Finalmente, el mismo día Maduro anunció que el regreso a clases no sería presencial. En una transmisión por VTV desde Miraflores informó que tomó la decisión luego de revisar los resultados de la encuesta realizada a maestros y profesores, y tras “evaluar” las consecuencias del inicio de clases presenciales en otros países. “Sin lugar a duda, el regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia. Por eso no hay regreso presencial a clases en Venezuela y veremos si en enero de 2021 regresamos. He decidido el no regreso presencial a clases”, dijo entonces.

Aunque las condiciones de servicios básicos no son óptimas y la falta de herramientas tecnológicas representa un obstáculo para profesores y estudiantes, las autoridades universitarias tratan de elaborar una estrategia que les permita continuar con sus actividades, pese a las crisis que vive el sector universitario en el país que se ha agudizado con la pandemia.

Universidades públicas: se hace el intento

La pandemia afectó la dinámica de cada universidad, en mayor o menor medida, dependiendo de si eran instituciones públicas o privadas y si tenían experiencia o no en el tema de la educación a distancia. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, Nicolás Bianco, vicerrector académico, indica que la institución tiene una amplia experiencia en la materia, que le sirvió para poder afrontar el reto en los últimos meses.

“Toda el desarrollo entre 2008 y 2020 permitió responder a una situación inesperada como es la pandemia y, particularmente, por el desarrollo gerencial y sistemático del vicerrectorado pudimos hacer, por primera vez, un enfoque de contingencia utilizando tanto el sistema de educación a distancia de la UCV como el Sistema de Actualización Docente (Sadpro). Ambos nos permitieron entrenar en las técnicas de educación a distancia a unos 3.000 profesores”, asegura Bianco.

Hay carreras que se acoplan, sin mayores problemas, a la modalidad de educación a distancia. Sin embargo, hay otras que requieren de la presencia de los alumnos para su buena formación, como Medicina, Odontología y Enfermería, entre otras. En estos casos, estas facultades, en su mayoría, continuaron solo con las materias teóricas. “Desde que empezó la pandemia algunas materias han avanzado de forma online, pero únicamente la parte teórica porque la práctica está paralizada. Aún no hay respuesta de cómo se va a manejar esa situación cuando retornemos a las aulas”, comenta María Gamboa, estudiante de cuarto año de Odontología.

En estos últimos meses, uno de los mayores problemas que han presentado tanto docentes como estudiantes de la UCV para continuar con las actividades han sido las fallas en la conectividad. Una consulta realizada el año pasado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en la que participaron 6.193 personas concluyó que 63% no tenía acceso a Internet. Este año, entre abril y mayo, otro estudio arrojó que 62,2% de los encuestados no contaba con un servicio con la suficiente capacidad para trabajar o estudiar a distancia. En septiembre, otro estudio determinó que sólo 34% de las personas cuenta con acceso al servicio de Internet en el hogar.

“Hay una población en la universidad que no tiene acceso a Internet o que, simplemente, vive en un lugar donde no tiene conexión. Por esa razón, hay una parte del estudiantado que no puede ingresar al campus virtual de la universidad, que ya tiene bastantes fallas por lo que hemos usado otras herramientas como Google Meet o Zoom”, agrega Gamboa, quien cree que se extenderá el año, que debería terminar en noviembre, para culminar con la teoría y, dependiendo de cómo transcurra el próximo, ver si se puede retornar a la universidad y finalizar con la práctica.

En el caso de los estudiantes de Sociología, tenían apenas mes y medio de haber iniciado clases cuando decretaron la cuarentena, por lo que estuvieron un mes paralizados tratando de coordinar con los profesores las estrategias que aplicarían para continuar con las clases. Desde entonces, algunos docentes optaron por enviar las asignaciones que definieron en el plan de evaluación por correo electrónico. La estudiante Mariandreina Montilla explica que apenas tuvo tres sesiones de clases de 45 minutos cada una para aclarar dudas. “Fue algo muy superficial, no es algo que te pueda satisfacer como estudiante porque el aprendizaje es muy escaso”, dice.

En la Universidad Simón Bolívar faltaban dos semanas para culminar el trimestre enero-marzo cuando se decretó la cuarentena en el país. Las autoridades pensaron que esta no duraría mucho y tenían planeado regresar al campus para concluir el trimestre. Pero cuando los contagios no hacían más que aumentar, la opción quedó descartada.

Pero tampoco era fácil migrar a lo digital. Gran parte de la oferta académica de la USB son carreras tecnológicas, en las que es obligatorio el uso de laboratorios como parte del proceso formativo. La decisión de las autoridades fue crear un período especial entre junio y julio, con 300 asignaturas que podían dictarse a distancia, pues la casa de estudios, a su favor, ya contaba con profesores familiarizados con la tecnología. Al menos 2.300 estudiantes de pregrado y posgrado participaron en esta iniciativa.

“Fue algo importante, sobre todo, por el carácter intempestivo. Lo armamos entre mayo y junio, sobre la marcha. Fue algo nuevo. Para hacer las inscripciones se diseñó todo un proceso que se asemeja a los que manejamos usualmente, pero todo a distancia, por lo que fue un reto que requirió mucho esfuerzo. Desde entonces continuamos con la capacitación de más docentes. Sabemos que el covid-19 es una situación que permanecerá en el tiempo”, explicó Cristian Puig, secretario de la USB.

Al finalizar este periodo de clases especial, la Universidad Simón Bolívar realizó una encuesta entre alumnos y profesores para evaluar el desarrollo de las asignaturas a distancia. El resultado, en líneas generales, fue positivo, comenta el secretario de la USB: “Por supuesto, hubo afectación por conectividad y fallas en los servicios, pero las clases se pudieron llevar a cabo. Aproximadamente 70% de los profesores pudo realizar actividades asíncronas, 90% de los estudiantes indicaron que utilizaron las estrategias y los métodos designados. Todo contextualizado en la situación país que tenemos, pero el periodo especial de clases pudo transcurrir y pudimos atender los objetivos académicos de las materias”.

Para Daniel Varnagy, profesor titular e Investigador del departamento de Ciencias Económicas y Administrativas en Universidad Simón Bolívar, la experiencia durante el período especial de clases también fue positiva, aunque agotadora. “Yo di una materia teórica en el doctorado de Desarrollo Sostenible, por lo que no tuve ningún inconveniente para adaptar el curso. Por supuesto, fue más denso y retador. Para mí fue exitoso y para mis estudiantes también”, afirma. Asimismo, reconoce que para todos no fue así: “Hubo distintos problemas: administrativos, financieros y técnicos. Me siento afortunado, pero muchos de mis colegas tuvieron dificultades”.

Si bien Varnagy pudo culminar su curso sin mayores problemas, las fallas intermitentes en la conectividad estuvieron presentes. Al principio, comenta, probaron con varias plataformas como Google Meet y Google Classroom, hasta que se decidieron por Zoom. “No era la plataforma preferida por la universidad, pero era la más funcional. Todos teníamos una cuenta personal, por lo que cada 40 minutos había que volver a abrir una sesión. Sin embargo, en ese tiempo la llamada se quedaba pegada, algunos estudiantes no se podían conectar porque no todos viven en Caracas, no todos tienen teléfonos inteligentes, computadora o buena conexión. Todo eso se sumó e hizo la experiencia muy rica, pero agotadora”.

Más allá de la capital, las fallas en los servicios básicos son mayores. Previo al confinamiento, desarrollar una dinámica de clases presenciales era cuesta arriba. Ahora que la única opción es a distancia, el panorama es desalentador. No todos los profesores y estudiantes tienen acceso a equipos tecnológicos o conexión estable.

Aun así, las universidades prepararon un plan para continuar o finalizar las actividades académicas. En la Universidad de Carabobo se decidió que las facultades que tuvieran adelantado 75% del programa podrían continuar con las evaluaciones a distancia para avanzar en el semestre, algunas pudieron hacerlo y otras no, explica el secretario de la UC, Pablo Aure.

El consejo universitario también aprobó establecer un “período académico especial”, precisamente para que las facultades que no pudieron terminar el semestre lo lograran.

Aure considera que en la UC no se ha diseñado un verdadero plan o estrategia para sortear las dificultades que enfrentan estudiantes y profesores para continuar con las actividades a distancia, debido a la falta de motivación y preparación del personal. “El principal obstáculo es que no hubo la suficiente familiarización con estos métodos de clases no presenciales, además del tema de los suelos y la falta de herramientas”, dice.

Por su parte, la Universidad del Zulia ofreció cursos intensivos y vacacionales a distancia en la mayoría de las facultades para dar continuidad de las actividades académicas, pese a las fallas eléctricas en el estado, uno de las más afectadas de Venezuela y que evidencia la encuesta del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OSVP): 80,5% de los encuestados valoró negativamente el funcionamiento del servicio de energía eléctrica así como el de Internet fijo, que al menos la mitad indicó presenta fallas constantes.

Judith Aular, rectora de la Universidad del Zulia, indicó que la institución ya tenía experiencia en educación remota a través del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad del Zulia (Sedluz), que desde hace años dicta cursos en todas las facultades. “Allí, por solicitud de los profesores, se hacen los cursos para la organización de aulas virtuales. Ellos manejan ciertas estrategias metodológicas para sobrellevar cualquier situación. De alguna manera, la mayoría de la universidad tenía conocimientos de estudios a distancia. Entonces, muchas facultades estaban preparadas, mientras que otras no, porque muchos de los equipos de tecnología ya están obsoletos y no hemos tenido presupuesto para comprar nuevos”, explica.

A las deficiencias en el servicio eléctrico en el estado Zulia, se sumó el problema económico: no todos los estudiantes y profesores podían cubrir los gastos de conectividad. Por esto, Aular elaboró un informe en el que detallaba las facultades que dictarían clases a distancia, la cantidad de datos móviles que la universidad podía pagarle a los profesores y una encuesta para conocer las condiciones de los estudiantes. Todo se envió al Ministerio de Educación Universitaria para solicitar apoyo y fortalecer los cursos intensivos; sin embargo, no hubo respuesta. “A parte de que no tenemos electricidad ni gasolina ni presupuesto y, además, tenemos una pandemia, no nos llega apoyo para ayudar a los alumnos y docentes”, lamenta.

Salarios insuficientes

Durante los 20 años que el profesor Daniel Varnagy ha dado clases en la Universidad Simón Bolívar ha visto cómo su salario se ha empobrecido. Cuando empezó en la institución como profesor asistente, en el año 2000, su sueldo equivalía a $348,7. Más adelante, en 2011, cuando era profesor asociado percibía $538,2. Actualmente, su ingreso mensual como profesor titular es de $4,24 al mes. “Quise reflejar la carrera académica y mostrar qué pasaba con el sueldo cuando uno iba ascendiendo, con todo lo que eso significa”, comenta a propósito del tuit que escribió con la información. “Mi pregrado es en Ingeniería, tengo una Maestría en Administración de Empresas, a parte del doctorado en Ciencias Políticas, de tal manera que para mí el tema financiero es fundamental”.

El 10 de septiembre, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) indicó que la reanudación de un nuevo período académico no era posible sin un salario suficiente, bajo ninguna modalidad. “En las actuales circunstancias de vulneración de nuestros derechos humanos, en las que el supuesto salario que se percibe en el mes no cubre ni siquiera la comida de un día, lo que constituye un atentado contra el derecho a la vida, y en las que el covid-19 se ha sumado al hambre generalizada y a la situación de colapso de las universidades que ya se tenía, los docentes universitarios estamos viviendo una verdadera tragedia”.

Asimismo, la Fapuv le exigió al Ministerio de Educación Universitaria la discusión con el gremio de nuevas tablas salariales, definidas en dólares, aunque se paguen en bolívares, y que el monto sea superior al costo de la canasta básica familiar definida por el Cendas.

Por su parte, Nicolás Bianco, vicerrector de la UCV, teme que disminuya la cantidad de profesores. Aunque la deserción no ha sido masiva, las condiciones son paupérrimas, dice. “De dónde se pueden sacar profesores que puedan sobrevivir con salarios como estos. No se puede”.

Universidades privadas: adaptación improvisada

Más allá de la crisis general de servicios básicos, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Monteávila y la Universidad Metropolitana, principales casas de estudio privadas del país, destinaron sus recursos a capacitar al profesorado, que ya tenía experiencia previa con educación a distancia. También se apoyaron en encuestas a la comunidad universitaria para conocer cómo percibían el proceso educativo e implementar mejoras en el siguiente periodo lectivo.

Las universidades Monteávila y Metropolitana estaban a mitad del curso o ya por finalizarlo. Ambas casas de estudio se apoyaron en las plataformas digitales disponibles que se popularizaron en estos últimos meses como Zoom y en la experiencia previa que tenían en la modalidad a distancia. “Las clases se pudieron completar, hay que decirlo, de forma improvisada, pero se pudo”, comenta Benjamín Scharifker, rector de la Unimet.

Por su parte, en la Universidad Católica Andrés Bello, pocos días antes de comenzar el semestre, las autoridades decidieron postergar el inicio de clases para capacitar a los profesores y preparar un plan que les permitiera adaptar el contenido a la nueva modalidad. “Tuvimos un mes de preparación, por eso nuestro semestre comenzó a finales de abril y terminó a principios de agosto”, dice José Virtuoso, rector de la UCAB.

En este periodo de tiempo, el Centro de Estudios en Línea de la UCAB se encargó de indagar en las herramientas y condiciones que docentes y estudiantes tenían a su disposición para así definir la estrategia que aplicarían en el semestre y, de ser necesario, ayudarlos. “Vimos que la mayoría tenía dispositivos inteligentes y acceso a datos; sin embargo, la universidad les permitió o les ofreció una serie de opciones para poder conectarse. Por ejemplo, a los profesores se les dio apoyo o bonos de conectividad”, indica Marysabel Suárez, directora del Centro de Estudios en Línea.

Además de las fallas de energía eléctrica y de conectividad, las casas de estudios encontraron algunas dificultades en el proceso de adaptar el contenido diseñado a la modalidad a distancia. Fue el caso de la UMA y la Metropolitana. Mientras que en la UCAB lo más complicado del semestre anterior fue continuar con el acompañamiento al estudiante. “La educación a distancia pone unos retos de acompañamiento que es muy difícil realizar por estos medios. Todo ese tema de la cercanía, la capacidad de preguntar, responder, conocer a tu profesor y relacionarte con tus compañeros. Prácticamente las relaciones entre estudiantes y docentes quedan bastante desdibujadas en este contexto, y es una falla muy grande porque la educación no solo es un proceso de transmitir información, es un proceso de diálogo y trabajo conjunto”, explica Virtuoso.

Ahora las universidades continúan en una modalidad a distancia, que, en la UCAB, la definen como “presencialidad remota”. “Creo que ninguna universidad en el mundo ha tenido tiempo para poder hacer un proceso de virtualización total, por eso la mayoría de las prácticas han sido esto que llamo presencialidad remota”, explica el rector.

El nuevo semestre inicia el 13 de octubre. El precio semestre varía para cada estudiante, pues depende de la cantidad de unidades de crédito que inscriba. La tarifa base por unidad es de 2.304.000 bolívares. En el caso de la Unimet iniciaron un periodo intensivo el 13 de septiembre, de acuerdo con el calendario académico. Y en la Universidad Monteávila, que tiene un régimen anual y semestral para pregrado, inició el 21 de septiembre: cuesta para alumnos nuevos, según su página web, 1.000 dólares de contado, con pago en bolívares a precio del dólar Dicom, o la posibilidad de pagar en cuotas.

Sin condiciones para regresar

Hablar de un regreso a clases presencial, tanto en universidades públicas como privadas, es casi imposible. Más allá de las constantes fallas en los servicios básicos, las cifras de contagios diarios por covid-19 no hacen más que aumentar: para finales de este año, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) proyecta que habrá aproximadamente 14.000 casos diarios en el país, según su último informe.

Aunque aún no hay condiciones sanitarias en Venezuela para regresar al campus, las universidades privadas preparan protocolos y medidas de seguridad para un eventual retorno. Sin embargo, por ahora descartan retomar las actividades de forma presencial hasta que los casos de coronavirus en Venezuela desciendan considerablemente. “El regreso tiene que ser progresivo, pensando en el bien de la comunidad universitaria”, señala Francisco Febres-Cordero Carrillo, rector de la Universidad Monteávila.

Por su parte, las universidades públicas, con o sin pandemia, no están en condiciones para regresar a las aulas. La carencia de servicios básicos, las deficiencias en la infraestructura, la falta de equipos e insumos, los bajos salarios del personal docente y, ahora, los contagios de covid-19 hacen que sea casi imposible hablar de un eventual retorno al campus. Mientras tanto, la prioridad para estas instituciones es intentar culminar los semestres en curso antes para luego planificar los próximos. “No creo que ninguna universidad en este momento pueda garantizar la misma calidad de antes, nosotros quisiéramos que sí, pero en estas condiciones no hay manera. Estamos en tal grado de dificultad institucional y operativa, y hacemos todos los esfuerzos posibles, pero no podemos garantizar esa calidad”, finaliza Nicolás Bianco.

Medianálisis celebra 10 años de investigación y monitoreo del periodismo
En alianza con UCAB llevarán a cabo una serie de foros virtuales 

La Asociación Civil Medianálisis, organización dedicada a la investigación de medios, formación y capacitación de periodistas además del monitoreo de la acción pública dentro de Venezuela, acaba de llegar a 10 años de funcionamiento.

Para celebrarlo, ha organizado junto con la Dirección de Egresados de la Universidad Católica Andrés Bello un ciclo de foros virtuales, que contará con la participación de un destacado panel de invitados. En ellos se pretende analizar y discutir temas de interés y actualidad vinculados al ejercicio periodístico en un contexto de creciente complejidad e incertidumbre.

Del 15 al 19 de Junio, estudiantes de comunicación social, periodistas, profesores, egresados UCAB y público en general podrán participar y conectarse en tres actividades virtuales, comenzando el lunes 15 de junio con Jairo Lugo, periodista venezolano y docente de la Universidad Northwestern, campus Qatar, en el foro “La crisis del coronavirus y la reivindicación del periodismo científico”.

El miércoles 17 de Junio le corresponderá a la periodista Raisa Uribarri, investigadora asociada del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá desarrollar su ponencia y dar respuesta a inquietudes en el foro “¿De qué manera el periodismo puede ayudar a las audiencias en tiempos de incertidumbre social?”.

Para cerrar la semana aniversario, el viernes 19 de Junio María Teresa Garrido, abogada y docente de la Universidad para la Paz, en Costa Rica, estará abordando con los participantes“¿Cómo la pandemia del Coronavirus ha afectado la libertad de expresión?”.

Cada actividad tendrá una duración de una hora, entre 9:00 am a 10:00 am, hora de Venezuela. Solo podrán participar quienes se registren en cada una de las actividades. Para más información, le recomendamos estar atentos a nuestras cuentas en Twitter o Instagram @medianalisis.

Recurrir a justicia transicional es una alternativa para rescatar la democracia
Dos universidades y Acceso a la Justicia participaron en el foro Propuestas para la Justicia en Venezuela

La situación de subordinación al Gobierno en la que se encuentra el Poder Judicial no es algo nuevo ni oculto, por el contrario, organizaciones nacionales y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen años denunciando que en el país «existe un quebrantamiento del principio de separación de poderes» que, a su vez, se ha traducido en «una clara alteración del orden constitucional». Con el propósito de revertir esta situación Acceso a la Justiciareunió a expertos y organizaciones de derechos humanos para que expusieran las medidas que consideran necesario adoptar para que en el futuro el sistema judicial deje de ser un apéndice del Gobierno y sirva verdaderamente a los ciudadanos.

En el foro Propuestas para la Justicia en Venezuela, realizado el jueves 4 de junio vía Zoom Meetings, participaron representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ambos; y de Acceso a la Justicia.

Reformas a los instrumentos que regulan la actuación de los órganos del Poder Judicial, el uso de la tecnología o la aplicación correcta de las normas vigentes fueron algunos de los planteamientos formulados por los expertos.

Atacar la provisionalidad y la opacidad

Tras recordar que Venezuela ha intentado, sin mucho éxito, poner en marcha todos los modelos existentes de Gobierno Judicial, el profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, Jaiber Núñez Urdaneta, planteó realizar «una interpretación real del modelo constitucional vigente, evaluando su real desempeño a mediano y largo plazo, para implementarlo de la mejor manera posible».

La Constitución de 1999 deja en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el «gobierno y administración del Poder Judicial», con lo cual oficialmente el Ejecutivo no debería inmiscuirse en sus asuntos como sí podía hacerlo antes, pues tenía una representación en el extinto Consejo de la Judicatura, y por lo tanto, tenía voz y voto en el nombramiento o remoción de jueces y cualquier cambio que se quisiera aplicar en el sistema. Sin embargo, el Palacio de Miraflores ha conseguido mantener su influencia fundamentalmente mediante las cuestionadas designaciones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Núñez propuso aprobar una nueva Ley de Carrera Judicial que permita asegurar que los titulares de los juzgados se hagan con sus puestos mediante concursos de oposición transparentes y confiables, tal y como lo manda el artículo 255 de la Carta Magna. Esto permitiría revertir la actual situación en que casi nueve de cada diez jueces son provisorios, temporales o accidentales y, por lo tanto, son nombrados y destituidos discrecionalmente por la Comisión Judicial del TSJ.

Asimismo, propuso garantizar la autonomía de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) mediante una reforma a la Ley Orgánica del TSJ que otorgue a su máxima autoridad un período de cuatro años. Este organismo administra el 85% de los fondos del Poder Judicial y tiene entre sus tareas el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica de los juzgados.

Por su parte, Andrea Santacruz, del Centro de Derechos Humanos de la Unimet, propuso que el Poder Judicial retome la senda de la modernización tecnológica que comenzó a recorrer a finales del siglo pasado y principios de este, para así «estimular el acceso a la justicia y la transparencia judicial».

Sin embargo, la experta reconoció que en la actualidad los obstáculos son muchos y difíciles de salvar, en particular en lo relacionado con la falta de recursos para adquirir equipos e instruir al personal, así como las deficiencias en los servicios de conexión a internet o de energía eléctrica.

Abriendo las puertas a la justicia transicional

Otro planteamiento que se hizo durante el evento fue el de recurrir a la justicia transicional para investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país en las últimas dos décadas. La propuesta la formuló Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, quien la justificó indicando que sobre todo la justicia penal venezolana requiere de una «reinstitucionalización».

Tras afirmar que esta iniciativa solo se podría poner en marcha «bajo el supuesto del paso del autoritarismo hacia la democracia», el experto indicó que el éxito de la misma dependerá de que «haya acuerdos entre las partes en conflicto» para conseguir «la verdad y la reconciliación». También aseguró que la justicia transicional no buscará la impunidad, sino «hacer que las penas sean verdaderamente efectivas».

Respecto al tipo de mecanismo de justicia transicional, Trujillo recordó que hay dos grandes: las comisiones de la verdad y las leyes de amnistía.

Sacudiendo los cimientos

Por su parte, desde Acceso a la Justicia se propuso desenterrar la participación ciudadana, para así hacer más transparente al Poder Judicial. Esta figura fue eliminada en la última reforma que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) sufrió en 2012 y en la que se suprimieron los escabinos, esos ciudadanos que junto al juezdecidían si un acusado era inocente o culpable, por considerarlos responsables del retardo procesal.

«Se cree que la participación ciudadana no es oír, sino escuchar, porque la voz de la ciudadanía debe ser tomada en cuenta, afirmó el director de la organización, Alí Daniels, quien también planteó la necesidad de hacer más transparente y someter arendición de cuentas al TSJ y al conjunto del sistema de justicia.

Sin embargo, para lograr esto último propuso «hacer una auditoría del Poder Judicial, así como determinar cuántos y quiénes son los jueces activos. También debe hacerse pública su trayectoria profesional y especificar quiénes son los jueces titulares y suplentes».

Por último, Alí Daniels reclamó el restablecimiento de la justicia de paz.