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Crímenes sin Castigo: El oro y el retén

 

Dos hechos simultáneos ameritan análisis e investigación: la sustracción de oro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela y la matanza de detenidos y de visitantes en el retén de la Comandancia General de la Policía de Carabobo

 

Javier I. Mayorca

@javiermayorca

 

 

               1. El oro a escondidas

 

Mucho revuelo ocasionó la información sobre el traslado de 2.1 toneladas de oro que estaban almacenadas en el Banco Central de Venezuela, el pasado miércoles 28 de marzo. Mientras que algunos –generalmente anónimos o militantes robotizados- acudieron a los tradicionales insultos, las amenazas y las descalificaciones personales, otros manifestaron su estupor y legítima curiosidad por conocer algunos detalles adicionales.

En esta operación aplicaron el sigilo y la opacidad que caracterizaron a por lo menos tres traslados previos del metal precioso, de los que se tiene alguna información documentada. Sobre este punto, cabe destacar que el transporte del metal se hizo de madrugada.

En esta oportunidad, sin embargo, se pudo conocer que la aeronave fletada a la línea Rotana Jet, un Airbus A319, siglas A6-RRJ, estacionó en la rampa 31, ubicada en el extremo oeste del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Hasta allí llegaron a las 5:30 am unos veinte efectivos militares comisionados para vigilar el cargamento traído desde las bóvedas del Banco Central de Venezuela, el cual entró por la llamada Puerta Cojedes del terminal, que da hacia Catia La Mar. El oro en barras iba en 57 cajas. La operación de carga culminó a las 9 am. Aunque el destino final sería Dubai (Emiratos Arabes Unidos), el jet hizo escalas en Nassau (Bahamas) y Belfast (Irlanda del Norte), de acuerdo con datos arrojados por la herramienta flightradar.com. El Airbus aterrizó en Dubai al día siguiente, 29 de marzo. Una fuente militar indicó que esta operación forma parte de las actividades relativas al “cono monetario” vigente, pero no explicó la relación entre el traslado del oro y la emisión del papel moneda. Lo cierto es que el domingo siguiente, 1 de marzo, llegaron a Venezuela en vuelo desde Sri Lanka 80 millones de billetes de 20.000 bolívares, y fueron descargados en una de las rampas del sector este del aeropuerto.

En este jet sale el oro

El embarque del oro –el más cuantioso efectuado este año, hasta donde se tiene información- ocurrió en forma simultánea a la masacre de 68 personas en el retén de la Policía de Carabobo, en Valencia. Hasta ahora, no hay datos que permitan establecer la existencia de alguna correlación entre ambos hechos. Ahora bien, es claro que la opinión pública centró su atención en la matanza mientras sacaban el metal precioso por Maiquetía. Llama la atención que el 15 de enero, justo cuando efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB disparaban cohetes contra la vivienda donde se atrincheraba el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, salía hacia Dubai otro avión cargado con oro del Banco Central de Venezuela.

 

             2. Los muertos que no quieren contar

 

Para el momento de la redacción de esta nota, ha pasado más de una semana desde que ocurrieron los hechos en el retén de la Policía de Carabobo. El conteo oficial indica que ese día murieron 66 detenidos y dos mujeres, que supuestamente hacían pernocta en una de las celdas. La mayoría de estas personas perdió la vida como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos y exposición a las llamas. Pero también fueron sacados cadáveres que tenían heridas por proyectiles y armas blancas. De ello hay evidencia fotográfica.

Las primeras minutas elaboradas por las policías que llegaron al lugar indican que la mortandad se inició por una disputa entre presos, a propósito de la presencia de estas mujeres. Una situación similar a la que desató una reyerta en el internado judicial de Los Teques, en septiembre de 2013. A partir de esa pelea se desataron otras acciones, entre ellas un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los custodios de guardia, que supuestamente arrojaron una granada lacrimógena para aplacar los ánimos, y en cambio eso sirvió como iniciador de las llamas.

La presencia de mujeres en el lugar formaba parte de un sistema de sobornos a los funcionarios policiales, que fue denunciado por los familiares de los reclusos. Un factor que incidió sobre la magnitud de la tragedia fue el hacinamiento. Quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de visitar ese retén, para hacer una entrevista al boxeador Edwin Valero, alias El Inca, apenas horas antes de que se suicidara, en abril de 2010. Esa instalación apenas tenía capacidad para albergar unas 40 personas, pero según recuentos extraoficiales para el momento del incendio estaban allí 255 personas. Un hacinamiento mayúsculo, que ya ha sido denunciado por las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema penitenciario.

La sobrepoblación en los retenes es consecuencia directa de la política de “cupos” aplicada por el ministerio para Servicio Penitenciario, que impide el traslado de los detenidos a los internados judiciales, una vez que han sido presentados en los juzgados de control. Entonces, el despacho de Varela traslada costos y responsabilidades penales por el cuido de los presos a las gobernaciones, las alcaldías y cuerpos como la Policía Nacional y a la Guardia Nacional.

Por otra parte, el claro que el Ministerio de Relaciones Interiores no encuentra en dónde colocar estas 68 muertes sin que se le disparen las cifras por homicidios. Es lo mismo que hicieron a propósito de la matanza en el retén de Puerto Ayacucho. Esos muertos, simplemente, no existen ni siquiera desde el punto de vista estadístico. Según fuentes de ese despacho, durante el primer trimestre de 2018 fueron contabilizados 56 asesinatos en internados judiciales o retenes policiales. Con los 68 de PoliCarabobo totalizarían 124. Por cierto, según fuentes ministeriales trece días antes de esta matanza, el 15 de marzo, hubo otra de menor magnitud en el mismo retén. En ese episodio, cinco hombres murieron a cuchilladas.

De todas las muertes reportadas durante el primer trimestre, solo doce ocurrieron en instalaciones administradas por Servicio Penitenciario. De manera que Varela tuvo éxito en trasladar la violencia a lugares donde ella dice que no es responsable.  

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 05.04.2018: ALTO: Destruido en socialismo robolucionario
ALTO
SILENCIO ANTE LA MUERTE: 

El enfrentamiento “más sangriento” de los últimos años en la frontera palestina de Gaza con Israel produjo, hasta el último informe conocido, un total de 17 fallecidos la semana pasada. A pesar de la compleja sensibilidad política que viven esos dos pueblos se generó un gran despliegue no solo en los medios de ambos bandos en conflicto, sino en los principales medios de comunicación del mundo. Mientras ello ocurría, aquí en Venezuela, en una dependencia de la Policía del Estado Carabobo mueren 68 venezolanos entre calcinados por un provocado incendio como abaleados por sus guardianes. A pesar de que en Venezuela, por ley, el Estado es el responsable de la vida de un detenido o preso, este hecho, dramático en sus causas y consecuencias, ha sido forzadamente “invisibilizado” por los grandes medios informativos y las fuentes oficiales que para nada detallan sobre las causas, los responsables y los procedimientos para hacer justicia. Un nuevo caso en el cual el cerco rojo rojito a la libertad de información se expresa en pleno funcionamiento y de la manera más descarada. El colmo es que el régimen chavista-madurista se inventó en el 2011 un ineficiente ministerio y una ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, quien en esta oportunidad lo único que dijo es que lo ocurrido no es de su competencia porque tan desgraciado e inhumano acontecimiento no ocurrió en una dependencia a su cargo. ¡Insólito! ¡Inmoral! Junto a ello, y aún más representativo de que vivimos en una transparente dictadura, es el simple anuncio de que se “abrirá una averiguación”. El Fiscal General, tras anunciarla, informó las detenciones de los jefes de esa dependencia donde las víctimas calcinadas tenían disparos y sus autopsias hechas a la velocidad del rayo. En 20 años han tenido todos los poderes del Estado, la mayor riqueza petrolera de la historia, han conformado el más grande gabinete de ministros en cada renglón (en números, no en conocimiento y por eso rotan de un despacho a otro), han manejado los órganos de justicia a su pleno capricho y ni siquiera han podido medio mejorar las condiciones de las cárceles venezolanas. Inventaron el eufemismo “privados de libertad” para identificar a los presos. ¿Se hará justicia? La mayoría de ellos estaban sin presentación ante los tribunales ni juicios abiertos.  Llevados allí por la destrucción de las cárceles que sirvieron de negocio para los funcionarios construyendo nuevas instalaciones en las que todavía hoy están hacinados a nivel nacional. Ayer informaron de un contratista del MPPRIJP en 2008 que no terminó de entregar las obras carcelarias encargadas y -para sorpresa de todos- es hoy, en Europa, un gran coleccionista de los maestros Cruz Diez y Soto. Ya no caben los detenidos en las policías regionales (hay 30.000 y para cuidarlos se destina el 30% de los policías que debían estar patrullando.) y sus jefes recomiendan a los funcionarios dejarlos en libertad, aunque los agarren in-fraganti, pues no hay espacio ni alimentación posible. En cárceles hay 45.000.  Tenemos récord este año con mas de 200 fugas de presos a nivel nacional.  En mi show de esta semana en vivoplay.net el penalista Luis Izquiel desnuda la corrupción carcelaria. ¿Hecho en socialismo? Mejor decir “Destruido en socialismo robolucionario” …

 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Miguel Matheus, informó este lunes que Primero Justicia (PJ) propondrá ante la plenaria del Parlamento que se inicie el proceso de voto censura para “destituir” a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, debido a su “silencio” frente a los acontecimientos ocurridos en la Comandancia General de la Policía de Carabobo el pasado miércoles, donde al menos 68 personas perdieron la vida.

“Primero Justicia propone que se haga una asistencia directa a los familiares de las víctimas, los cuales están siendo amenazados para que no digan la verdad. Asimismo, vamos a solicitar una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que venga a Venezuela a hacer un evalúo del sistema penitenciario (…)”, dijo.

Igualmente agregó que propondrán “la Ley de Reforma Integral del Sistema Penitenciario Venezolano, también la creación de una comisión mixta en la AN para que se investiguen los hechos y se esclarezca la situación y, por último, vamos a proponer que se inicie el proceso de voto de censura para destituir a Iris Varela”.

Alegó Matheus que no existe “información oficial” con respecto al número de fallecidos y heridos en Policarabobo, “pero tampoco de las autopsias (…) En Valencia no se pudieron realizar y una comisión de forenses fue desde Caracas hacia allá para hacer unas autopsias colectivas sin que los familiares tuvieran conocimiento de los datos. Todos murieron por asfixia, pero extraoficialmente, hay personas que presentan impactos de bala, pero eso no se ha podido corroborar”.

“Lo que ocurrió en Carabobo, puede volver a ocurrir en cualquier recinto donde haya hacinamiento y se puede derramar más sangre si esta situación continúa”, añadió el diputado.

Wilmito y su régimen de confianza, por Carlos Nieto Palma

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El pasado fin de semana la opinión pública se sorprendió con la noticia que uno de los pranes más famosos de la historia de pranes venezolana había sido herido junto a su familia mientras disfrutaba de unas vacaciones en Playa Parguito en la isla de Margarita.

Parte de la gran sorpresa se debía a que todo el mundo pensaba que Wilmer Brizuela Vera conocido como “Wilmito” estaba preso, porque a su condena aun le faltaba o le falta un largo camino por recorrer, pero no es así, el día 18 de diciembre de 2017, la Ministra Para el Servicio Penitenciario María Iris Varela le había otorgado una medida establecida en el Código Orgánico Penitenciario llamada “Régimen de Confianza Tutelado”.

A esta medida quiero referirme hoy para que mis lectores entiendan un poco de que se trata esto y saque sus propias conclusiones. El Régimen de Confianza Tutelado se encuentra establecido en el artículo 161 del Código Orgánico Penitenciario y “Consiste en la ubicación de un penado o penada en una unidad de producción o un área especial del recinto penitenciario, donde continuará con el cumplimiento de la pena mientras le sea otorgado por el juez o jueza de ejecución algún beneficio para el cual reúne los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”.

El mismo instrumento legal establece en su artículo 162 “El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria podrá otorgar un Régimen de Confianza Tutelado a un penado o penada, siempre y cuando reúna todos los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, para optar a una de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena”.

Ahora bien ¿Cuáles son estos requisitos? El artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal dice que estos son: 1. Que no haya cometido algún delito o falta, dentro o fuera del establecimiento, durante el cumplimiento de la pena; 2. Que el interno o interna haya sido clasificado o clasificada previamente en el grado de mínima seguridad por la junta de clasificación designada por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria; 3. Pronóstico de conducta favorable del penado o penada, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo evaluador designado por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria; 4. Que alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena otorgada al penado o penada no hubiese sido revocada por el Juez o Jueza de Ejecución con anterioridad; 5. Que no haya participado en hechos de violencia que alteren la paz del recinto o el régimen penitenciario y 6. Que haya culminado, curse estudios o trabaje efectivamente en los programas educativos y/o laborales que implemente el Ministerio con competencia en materia penitenciaria.

Resulta difícil imaginar que uno de los pranes más famosos de la historia carcelaria de Venezuela haya cumplido tan solo con la mitad de los requisitos necesarios para optar al Régimen de Confianza Tutelado que le fue otorgado, sin entrar a discutir si era el o no, el que fue herido mientras estaba de paseo en playa parguito en Margarita, como ahora, pretende hacerlo creer el Ministerio para el Servicio Penitenciario, quien a través de las redes sociales están circulando unas fotos algo sospechosas, haciendo ver que él nunca ha salido del lugar donde lo enviaron en el régimen otorgado por la Ministra Varela que fue el Centro de Régimen Especial Simón Bolívar en El Paraíso en la ciudad de Caracas.

Este Régimen de Confianza Tutelado, la Ministra para el Servicio Penitenciario desde hace ya un buen tiempo a su estilo, como siempre hace todo, sin importarle las leyes, ni las consecuencias, todo en la oscuridad, lo ha usado para casos similares al de Wilmito, si no pasa el evento de Margarita es probable que nunca nos hubiéramos enterado de esa nueva extralimitación de funciones de la ministra, a quien la legalidad le importa poco o nada.

Por cierto, y ya para finalizar hace poco en una entrevista a EFE, María Iris Varela anuncio que iba a pedir que la permanencia de los privados de libertad en las cárceles le fuera tomado como cumplimiento del servicio militar y pasaran a una especie de reserva del país, un nuevo disparate de quien en 5 años no ha entendido que las cárceles no son cuarteles, ni los presos soldados.

 

@cnietopalma

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El Nacional

EFE: Las cárceles de Venezuela se sacuden las heridas de un sistema fallido

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Las cárceles de Venezuela, que durante décadas fueron ciudades intramuros de violencia, armas, drogas y delito, ahora son objeto de la transformación del “nuevo sistema penitenciario”, un régimen diseñado por el gobierno socialista para la construcción “del hombre nuevo”.

El desalojo de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), uno de los más peligrosos reductos del infausto sistema, a finales de octubre de 2016, es uno de los más recientes golpes del Ministerio de Servicios Penitenciarios para la reestructuración del sistema.

La prisión de máxima seguridad, que albergaba a una población de 5.000 internos, parecía desde fuera un retén como cualquier otro, con custodios en las garitas vigilando la alambrada, pero en el interior, al igual que en la mayoría de las prisiones venezolanas, el control era ejercido por los reclusos, incluso desde la entrada.

Restaurantes, panadería, servicio de manicura, tiendas para mascotas, drogas, motocicletas, discoteca, gimnasio, parque infantil, y un arsenal de armas a disposición, todo introducido por la puerta abierta de la corrupción entre los funcionarios y los reclusos.

Adentro las normas eran dictadas por el “pran”, un condenado que lidera a los demás internos, controla los alimentos, la venta de droga, las armas, el alquiler de las celdas, y el recaudo de la “causa”, una especie de “impuesto a la vida” que deben pagar los reclusos.

Los “pranatos” se convirtieron en una forma de “gobierno” que se emuló en buena parte de los 96 centros penitenciarios del país, un sistema que parece estar llegando a su fin.

Una escalada de violencia, la más larga y masiva del sistema penitenciario de la nación petrolera, en la cárcel de El Rodeo II, cercana a Caracas, dio pie para que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) creara el Ministerio de Servicio Penitenciario, una cartera que desde entonces ha buscado la refundación de los penales del país.

Ese episodio puso las cárceles en la cabeza de la lista de urgencias del gobierno de Chávez, que llegó a comparar la situación con un “cáncer” y admitió las “mafias incrustadas” entre algunos miembros del Ministerio del Interior y de Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

Desde entonces, Iris Varela, una chavista polémica por su encendido discurso, ha promovido la implantación de un riguroso “nuevo régimen” que se ha puesto en marcha hasta hoy en 83 cárceles nacionales y que ha provocado el cierre de otras seis.

Mientras custodios derriban las paredes de la PGV en busca de las armas ocultas que dejaron los presos antes del desalojo, en el que los reclusos solo pudieron llevar consigo sus calzoncillos, a unos kilómetros está la “26 de julio”, uno de los 83 nuevos centros penitenciarios que operan bajo “el nuevo régimen”.

Una rigurosa disciplina militarizada conduce los movimientos de los internos que hasta hace poco habitaban las amuralladas capitales del delito, entre juergas, drogas y fusiles automáticos.

Ahora permanecen uniformados y alineados en una formación marcial.

El nuevo régimen bajo el que están dos tercios de la población de los penales de jurisdicción del gobierno venezolano impone el toque de diana a las 5.30 horas locales y una lista de actividades que copan todo el día hasta el toque de silencio a las 21.00 horas.

Las nuevas prisiones tienen inhibidores de señal, escáneres en las entradas que bloquean el ingreso de armas, drogas, equipos electrónicos y teléfonos celulares, además de un estricto régimen de visita.

Media docena de presos vestidos de amarillo y guardados en su celda a la espera del toque de silencio recuerdan con terror el antiguo régimen y uno de ellos afirma: “Ahora nos sentimos seguros, al menos comemos tres veces al día, estudiamos, y hacemos cosas que no pensábamos en hacer en la calle”.

En el patio, luego de disolverse la formación, otro recluso asegura que ya no tiene miedo de los “pranes”, ahora “son como uno más”, dice.

Al otro lado del país, en el centro penitenciario del estado Mérida, el primero en ser pacificado, los reos siembran hortalizas en los patios, tallan madera, y pintan murales con el rostro de Chávez convencidos de la posibilidad del “hombre nuevo”.

Todavía siete centros penitenciarios de los 93 que existían en el país están bajo el antiguo régimen controlados por los “pranes” aunque, según Varela, se encuentran ya en “transición”.

En uno de ellos, el de Puente Ayala del estado Anzoategui, en el oriente de Venezuela, un “lucero”, como se conoce en el vocabulario de los prisioneros a los escolta de los pranes, se inquieta por la posibilidad de la llegada del nuevo régimen, y presiente que pronto será también su turno de entregar el “gobierno”.

OVP: En las cárceles y calabozos policiales hay hacinamiento crítico

DURANTE UN FORO EFECTUADO EN LA ISLA DE MARGARITA, como parte de una gira nacional para dar a conocer las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, en compañía de los abogados Thelma Fernández, Marino Alvarado y el penitenciarista Pedro Rondón, dio a conocer que las cárceles del país tienen una capacidad instalada para 33 mil internos, pero actualmente hay más de 55 mil en las cárceles e internados.

En ese sentido, desglosó que 33 mil detenidos se encuentran en los calabozos policiales, lo que suma más de 95 mil presos. Esto significa un 58% de sobrepoblación carcelaria, más de 800% de hacinamiento crítico en las cárceles y por encima del 100% en los calabozos, lo que contradice totalmente lo estipulado en las Reglas Mandela.

“La situación de nuestras cárceles está muy distante de éstas normas, pero hay que saber que es una orden para los países ponerlas en funcionamiento y adecuar su legislación a esa reglas, por eso esperamos que gobiernos como el nuestro, que dice respetar los derechos humanos, las tomen, implementen e impulsen”, sentenció Prado, quien agregó que uno de los grandes errores del Gobierno es no reconocer las fallas del sistema penitenciario.

Tal como lo ha demostrado el Observatorio Venezolano de Prisiones a través de exhaustivas investigaciones de campo, la solución a la crisis penitenciaria no es construir más cárceles, como lo ha asegurado la ministra Iris Varela, sino revisar la normativa legal del Estado.

“La práctica mundial dice que construir una cárcel es llenarla, y ahora que vamos por el plan número 25 de seguridad, será  colmarla de los más pobres. Lo que debería hacer el Gobierno es garantizar que las personas se desarrollen en sociedad, que haya trabajo y estudio porque eso es prevención del delito”, puntualizó el director de esta organización no gubernamental.

Una de las propuestas del OVP, que cabe destacar ha sido ignorada por el Estado venezolano, es la descentralización del sistema penitenciario. “Sabemos que a los gobernadores no les va a gustar que les digan, tomen su cárcel, pero no es cuestión de gusto es que la Constitución en el artículo 272 dice que las cárceles se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos regionales o municipales”.

En tanto, añadió que “no compartimos ese supuesto 98% que ellos dicen están bajo supervisión militar, para nosotros significa solo que 56% está uniformado y en orden cerrado. No se trata de presentar un grupo de presos haciendo orden para que se vea que tienen su control, eso lo que representa es represión y amedrentamiento a la población reclusa. Si tuviéramos  un sistema tan bueno como el que se promueve, nuestro sistema carcelario no estaría bajo el ojo del sistema interamericano de los derechos humanos”.

A su paso por el estado Nueva Esparta, Humberto Prado recorrió los calabozos de las policías de Mariño, Maneiro y Arismedi, donde constató las denuncias sobre hacinamiento, propagación de enfermedades de la piel y respiratorias, VIH/Sida, además de la falta de colaboración del Gobierno nacional para encontrar soluciones inmediatas.

Cabe destacar que esta situación desvirtúa las declaraciones de la viceministra de Asuntos Penitenciarios, quien ha tenido el atrevimiento de asegurar que en las cárceles venezolanas no hay hacinamiento, pero no dan explicaciones de por qué no otorgan cupos a las policías regionales, municipales, Cicpc y policía nacional.

“Lamentablemente en Venezuela priva más la parte política que la atención al problema social que se vive día a día en esos centros de coordinación policial, próximamente presentaremos una petición para trabajar en una Ley para los gobiernos regionales y de allí se pueda lograr el otorgamiento de un presupuesto para dar alimentación a los detenidos en estos espacios, según lo establecido en el artículo 272 de la Contitución”, agregó Prado.

Prado también se pronunció sobre el caso del periodista y editor de Reporte Confidencial, Braulio Jatar, quien resultó apresado hace cinco meses por publicar una información una información sobre una protesta contra el presidente Nicolás Maduro.

“El caso de Jatar es esa suerte de tantos otros presos políticos, no le dan calificación de vida, se detiene y no se le da un trato humano sino que de una vez lo van trasladando de cárcel en cárcel, y de esto es responsable el Estado en su conjunto, es decir, Poder Judicial, Ministerio Público y Ejecutivo Nacional, pues independientemente que se piense diferente, al adversario hay que respetarlo, hacer valer sus derechos porque toda persona es un sujeto de derechos y debería estar amparado por la Defensoría  del Pueblo, pero no con  palabras del Defensor que asegura estar  supervisando el caso, sino con acciones que hagan cumplir las normas”, puntualizó Prado.

Mi amigo Gilber Caro, por Carlos Nieto Palma

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Foto: Gabriel Osorio / Univisión

 

Conocí a Gilber Caro hace unos cuantos años, como en el 2005, en ese momento realizaba junto al Dr. Elio Gómez Grillo una investigación sobre centros de ayuda post-penitenciaria para un proyecto que teníamos en mente en ese entonces, alguien nos comentó de un grupo de ex-presidiarios que habían creado una casa de abrigo para personas que estuvieron privadas de libertad y no tuvieran donde acudir al salir de la cárcel.

Fue así como conocimos a Gilber y a ese maravilloso proyecto que el lideraba llamado “Liberados en Marcha”, una gran obra de apoyo a personas que han sido abandonadas por todos después de salir de la cárcel y sin donde ir, sin oportunidades de trabajo y tener una vida digna, un ex-presidiario siempre va a tener que cargar con esa cruz y la estigmatización de la gente, pocos somos lo que creemos que los delincuentes se pueden recuperar y ser útiles a la sociedad, Gilber es un claro ejemplo de que si es posible y no es una utopía.

Con Gilber he compartido muchas experiencias extraordinarias y cada día aprendía algo más de él, fuimos a infinidades de foros donde siempre peleaba con él porque no dejaba hablar a mas nadie, en verdad su historia es fascinante y los asistentes a los foros se maravillaban con su historia y como había logrado salir del mundo del crimen para ser un hombre de bien.

Acompañe a Gilber en otra de sus grandes iniciativas que se llamó “Santa llega a las cárceles” donde llevaba acompañado de muchos de sus amigos, juguetes a los hijos de los presos en varias cárceles del país, una forma humilde de hacer felices a estos niños en navidad y supliendo lo que su padre no podría hacer por estar preso.

Gilber nunca ha ocultado su condición de ex–presidiario, de delincuente recuperado, son muchas sus vivencias en la cárcel que ha contado en todos lados, en foros, entrevistas en medios de comunicación y hasta en un libro que recientemente bautizo escrito por Manuel Llorens y el que se llama “Los hombres libres nunca tendrán prisión”, su vida pasada siempre ha sido del dominio público.

Creo que la grandeza de Gilber es después de una vida equivocada, que vivió por muchos años, que lo llevaron a pasar otros tantos años en prisión, hoy sea un hombre de bien, que se ha dedicado a ayudar a sus semejantes y tender la mano a los más necesitados.

De la mano de Leopoldo López ingreso en la política y ha estado con el desde la fundación de Voluntad Popular, organización de donde hoy es uno de sus más importantes dirigentes, allí creo un área penitenciaria desde donde en ocasiones me ha tocado apoyarlo.

Junto a Gilber tuve mi primera experiencia en la política, cuando me pidieron que junto a él coordinara la elaboración del plan de gobierno del entonces candidato Henrique Capriles, allí logramos reunir a las mentes más lúcidas del ámbito penitenciario y elaboramos un plan que estoy seguro que en un momento cercano lo lograremos ejecutar y nuestro sueño de tener las mejores cárceles del mundo va a ser una realidad, ese momento va a llegar y te juro Gilber que lo haremos con toda la pasión del mundo, será nuestro gran reto.

Gilber en su afán de seguir progresando participo en una propuesta de la Fundación Futuro Presente llamado Lidera y donde se han formado a muchos de los jóvenes que serán los líderes del futuro, de allí ingreso a la Universidad “Santa María” a estudiar derecho y ya lleva una parte de la carrera recorrida, pronto será un abogado de la república.

Gilber también logro ser Diputado suplente en las ultimas elecciones del 2015 para la Asamblea Nacional y desde allí ha trabajado con dedicación por mejorar las condiciones de las cárceles venezolanas, nunca ha olvidado su origen y su vida pasada.

Hoy Gilber está nuevamente preso, víctima de una celada de la dictadura y hasta el momento que escribo estas líneas, miércoles 1 pm, sigue incomunicado, nadie ha podido verlo a pesar que su detención fue el pasado 11 de enero, han pasado 7 días, se han violado todas las normas constitucionales que lo protegen no solo como Diputado a la Asamblea Nacional sino como ciudadano poseedor de derechos humanos que el régimen está desconociendo y violando la constitución que tanto dicen respetar.

No sé qué va a pasar con Gilber, Venezuela está en una dictadura que cada día se vuelve más agresiva hacia todo el que piensa diferente, los voceros de la dictadura lo intentan descalificar por su condición de ex-presidiario como si nadie supiera de donde viene o lo hubiera ocultado toda su vida.

El libreto de la detención de Gilber ya lo conocemos, lo vimos con Jon Goicochea, Carlos Melo, el concejal de San Cristóbal y lo seguiremos viendo ante un régimen que los derechos humanos les importa poco o nada.

Gilber, hermano, esto va a pasar, nada dura para siempre y nuestros sueños de tener el mejor sistema penitenciario del mundo lo lograremos, fuerza y fe querido amigo.

 

 

@cnietopalma

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Una Ventana a la Libertad: Nuevo plan de seguridad fracasará si no hay nuevas cárceles

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La ONG Una Ventana a la Libertad considera que el nuevo plan de seguridad anunciado por el Presidente Nicolás Maduro será un total fracaso, si no hay nuevos recintos carcelarios a dónde llevar a los responsables de hechos delictivos que sean detenidos.

Para el Coordinador General de la organización, Carlos Nieto Palma, tanto las cárceles nacionales, que dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario, como los Centros de Detención Preventiva, que están adscritos a los diferentes cuerpos policiales, no tienen espacios para albergar nuevos detenidos, por lo que no habrá lugar para recluir a quienes sean aprendidos en el marco de la nueva fase del Plan Patria Segura, anunciado por el Presidente Maduro el martes 17 de enero.

Un informe elaborado, en el mes de diciembre, por Una Ventana a la Libertad dio como resultado que en los Centros de Detención Preventiva hay un 378% de hacinamiento y en las cárceles a cargo del Ministerio para el Servicio Penitenciario supera el 250%. “Tenemos una población de 100 mil reclusos y solo hay cupo para 20 mil, se necesitan espacios para tener 80 mil reclusos, lo que equivaldría a 80 nuevas cárceles para mil reclusos cada una”, explicó Nieto Palma.

Estos nuevos recintos carcelarios deberían reunir unas condiciones mínimas, para garantizar el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad; entre las que destacan: contar con espacios para la recreación y la recepción de vistas y proveer a los presos de insumos fundamentales como alimentos, servicios médicos y agua potable.

“No puede ser eficiente un plan de seguridad que no tiene un lugar a dónde llevar a los delincuentes que sean detenidos. El Estado venezolano debe avocarse a solucionar este problema si pretende desarrollar un plan de seguridad que sea exitoso y beneficie a la comunidad”, acotó Nieto Palma.

Una Ventana a la Libertad ve con preocupación que, a pesar de los muchos ofrecimientos de construir recintos carcelarios, esto no se haya cumplido y no haya espacios para recluir a nuevos detenidos, lo que sin duda frenará la acción efectiva de los cuerpos policiales a la hora de detener a responsables de delitos.

“Es necesario que el Ministerio para el Servicio Penitenciario trabaje en la búsqueda de soluciones a esta problemática, pues los cuerpos policiales están en la obligación de cuidar a los ciudadanos, en lugar de permanecer en sus comisarias cuidando presos”, señaló Nieto Palma.

De igual forma, la organización considera fundamental que la aplicación de este plan de seguridad se sustente en un espíritu de respeto a los derechos humanos.