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Senamecf negó atención a víctima de violencia de género por llevar minifalda

FUNCIONARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) le negaron atención a una víctima de violencia de género por no estar “correctamente vestida”, debido a que llegó a la sede ubicada en Bello Monte con un suéter largo y una minifalda.

Ana Karina Hinestrosa, de 21 años, le contó a El Universal que los funcionarios le negaron la realización de los exámenes que requiere para formalizar la denuncia por violencia de género, debido a su vestimenta.

El domingo 6 de octubre, Hinestrosa fue agredida por su pareja Eliodino Malavé Gómez, de 37 años, luego de que sostuvieran una discusión por asuntos personales.

“Luego de reclamarle su actitud con una muchacha de la zona me agredió a golpes, yo parecía un muñeco, me agarró por los pelos, me lanzó al piso y por las escaleras, agarró un cuchillo e intentó apuñalarme en las piernas, me golpeó en la cara, el cuello y otras partes, luego el lunes cuando me vio otra vez me cayó a pedradas, me pegó dos en la espalda, ahora no puedo recostarme, todo me duele, tengo morados en todo el cuerpo”, indicó la joven.

Hinestrosa aseveró sentirse desprotegida al no poder formalizar la denuncia contra su agresor, con quien compartía vivienda. “Si uno es víctima de un ataque y no lo atienden porque se viene en una falda, es una discriminación. Tendré que ir a buscar la ropa en la misma casa donde me atacaron y ponerme a lavar los pantalones y la camisa para que me atiendan, eso no tiene lógica, estoy en peligro y por eso vine acá, para denunciar algo que me había pasado, no para que me juzgaran por la ropa que uso”.

En el Senamecf se apegaron a supuestas “normas internas de vestimenta” para negarle asistencia a la víctima, con lo que los funcionarios violan lo establecido en los artículos 2, 3, 4 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre De Violencia.

El artículo 7 de la Ley también establece que los funcionarios del órgano receptor de denuncias responderán por omisión o negligencia en el inicio y sustanciación del expediente.

La activista de derechos humanos y coordinadora del Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, señaló que el hecho de que una víctima no sea atendida “después de ser salvajemente agredida por su pareja porque no está adecuadamente vestida” es muestra del retroceso atroz en materia de derechos de la mujer en Venezuela”.

Además, calificó de inaceptable este tipo de tratos para una víctima de violencia de género.

Por su parte Luisa Kislinger, activista de derechos de la mujer, señaló que este caso es una muestra de “los prejuicios de una sociedad machista” que “se imponen a la hora de dar atención a una víctima de violencia de género”.

Autopsia de Fernando Alban fue practicada por médico forense que dirigió exhumación de los restos de Bolívar en 2012: excoordinador del Senamecf

@boonbar

La autopsia del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, no fue practicada por el médico comunitario Arnoldo Pérez cuya firma aparece en el acta de defunción, sino por la forense Yuanuacelis del Carmen Cruz. Así lo asegura William Jiménez, ex Coordinador Nacional de Investigaciones Estratégicas de la Inspectoría General del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en Colinas de Bello Monte, Caracas.

A través de su cuenta de Twitter, el exfuncionario en el exilio desde mayo de 2018 indicó que el Ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, ordenó el cambio en el contexto de protocolo de “politraumatismo generalizado a traumatismo cráneoencefálico”, al mismo tiempo que instó a Pérez a firmarla. Desmiente la versión oficial presentada por el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab.

Jiménez también indica que en el examen de los órganos que realizó Cruz “se observó agua en los pulmones” del cuerpo de Albán.

 

El ex Coordinador Nacional de Investigaciones Estratégicas del Senamecf también reiteró su testimonio en video difundido a través de redes sociales.

El certificado de defunción de Fernando Albán fue firmado por  Arnoldo José Pérez Durán, quién se graduó en el segundo cohorte como Médico Integral Comunitario (MIC) de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”.

En contraste, la diputada Delsa Solórzano advirtió que toda autopsia debe ser practicada por un anatomopatólogo forense siguiendo los estatutos del Protocolo de Minnesota, procedimiento recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en ejecuciones ilegales.

La forense del Libertador

 

La médico forense Yanuacelis del Carmen Cruz Cruz Calcaño dirigió el equipo que hizo la exhumación de los restos de Simón Bolívar ordenada por el entonces presidente Hugo Chávez en 2012. El estudio concluyó que el Libertador había muerto por una infección respiratoria.

“Todas estas enfermedades deterioraron su proceso respiratorio y trastorno hidroelectrolítico, los cuales generaron cada vez más edema cerebral con compresión de centros importantes cardiorespiratorio a nivel de sistema nervioso central, situación que lo llevó a la muerte”, señaló el 24 de julio de 2012  la científica en cadena nacional.

Cruz afirmó también que el estado anímico del Libertador desencadenó su muerte ya que Bolívar se encontraba deprimido, lo cual reflejaba el avance de la enfermedad.

La investigación forense de 2012 permitieron además la reconstrucción del rostro digitalizado en 3D de El Libertador, que el gobierno Chávez tomó como fidedigno.

 

“Lo de Cicapra fue una ejecución, no hubo enfrentamiento”

Foto: Germán Dam | El Estimulo

@GEDV86 | [email protected]

EL SILENCIO OFICIAL PERSISTE a más de 72 horas del operativo realizado por la 51º Brigada de Infantería de Selva del Ejército en la mina Cicapra -ubicada en el municipio Roscio del estado Bolívar- y en donde murieron 18 personas: 17 hombres y una mujer.

Alegando no estar autorizado para hablar del caso, el gobernador de la entidad, Justo Noguera Pietri, apenas se refirió a lo ocurrido en Guasipati como un “ataque a una comisión militar” en el que fue necesario “el cumplimiento de protocolos” para repeler la acción.

Más allá de estas lacónicas declaraciones, ningún otro vocero del Gobierno se ha referido a lo ocurrido la madrugada del 10 de febrero en el yacimiento aurífero, ni siquiera el Comandante del Ejército venezolano, el mayor general Jesús Rafael Suarez Chourio.

Caso contrario ocurre con los familiares de las víctimas del procedimiento militar, quienes públicamente están exigiendo a la Fiscalía General de la República tomar las riendas de las investigaciones y esclarecer las condiciones en que murieron sus allegados.

Desmiente versión del enfrentamiento

“Lo de Cicapra fue una ejecución, no hubo enfrentamiento. Allí lo que hicieron fue ejecutar a todos los que estaban en el campamento principal y ya”, aseguró Mixae Vera, quien perdió a su hermano y a un cuñado en lo que ya se conoce como La Masacre de Cicapra.

Según su relato, era la primera vez que el agricultor Jovanni Vera (34) y el taxista Joel Contreras (38) entraban a una mina de Bolívar. “La situación del país los llevó contrabandear combustible y este era su primer viaje. Llegaron el jueves en la tarde”, indicó.

A los cuñados los agarró la noche mientras despachaban la gasolina y el diesel y decidieron a dormir en Cicapra. Su plan era regresar a Upata -a hora y media de Guasipati-  el viernes, pero esa madrugada el Ejército incursionó en la mina con otros planes.

“Para nadie es un secreto lo que pasó. Allí ajusticiaron a todo el que quisieron y luego salieron a decir que los enfrentaron. Si el enfrentamiento hubiera sido verdad, entonces habrían militares muertos o heridos, porque según ellos los emboscaron”, precisó Mixae.

Actas de defunción tipo planas

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Otra de las irregularidades denunciadas es que en las actas de defunción entregadas por el personal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) no son del todo precisas en cuanto a las heridas presentadas por las víctimas y “todas son idénticas”.

11 de los 18 muertos en la mina tienen disparos en la cabeza. Una de las personas que recibió este tipo de impactos fue la mujer que murió en el hecho. Sin embargo, el acta de defunción señala otra cosa.

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Así lo revelaron allegados de Angelis Rodríguez Cuevas (34), quien resultó muerta junto a su esposo: Yubier Durán (28) y su hijo: Hiulys Maiker Uramiare Rodríguez (19). “A ella le dieron un tiro en cada seno y otro en la frente y en el acta no aparece eso”, reclamaron.

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En efecto, el acta de defunción de la mujer especifica que la causa de muerte fue un shock hipovolémico producto de una hemorragia interna por herida de arma de fuego en el tórax. La de su hijo reza exactamente lo mismo, pese a que su cadáver presenta 4 disparos.

“Las actas de los señores que llevaban combustible por primera vez a Cicapra (Jovanni y Joel) dicen casi lo mismo, sólo cambia la palabra tórax por esternón… y así mismo dirán las demás, porque a los 18 los mataron de la misma forma”, denunciaron los familiares de Angelis y Hiulys.

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Identificados 12 de 18

“Los mataron la madrugada del viernes, levantaron los cuerpos al mediodía y los llevaron al Fuerte Yocoima. Allí no los refrigeraron y el sábado fue que los llevaron al Cicpc”, revelaron los dolientes sobre el trato dado a los cadáveres por parte de los militares.

En el espacio destinado para el Senamecf los familiares de 12 de los 18 fallecidos en el operativo realizado por el Ejército en la mina Cicapra completaron el proceso de identificación a través de fotografías, ya que los cadáveres comenzaron a descomponerse.

Hasta ahora el listado de víctima es el siguiente:

– Angelys Birlus Rodríguez Cuevas

– Yubier Durán Arteaga

– Hiulys Mayker Uramiare Rofríguez

– Jovanni José Vera Jiménez

– Joel Contreras Bermúdez

– Jesús Eduardo Hernández

– Santiago Tenía García

– Juan José Salazar

– César Manuel Ramírez

– Tigüe Linares

– Deiker Madrid

– Deimos David Arteaga

Investigación a profundidad

Las familias han contado con el acompañamiento del diputado Rachid Yasbeck, representante del estado Bolívar en la Asamblea Nacional, quien se mostró asombrado por cómo el Gobierno trata de retomar el control de las minas de oro ubicadas al sur de la entidad.

“En 2015 pasó algo similar en Cicapra. Ahora en 2018 se repite el mismo patrón: Fuerzas castrenses ingresando a la mina y ajusticiando a objetivos específicos, según las evidencias y testimonios presentados por los familiares de las víctimas”, explicó el político guayanés.

A Yasbeck también le llama la atención el silencio oficial que pareciera encubrir las actuaciones militares, y en este caso en particular el hecho de que en las actas de defunción no aparezcan heridas de las cuales los familiares tienen conocimiento y documentaron para futuro.

“Hay cuerpos que tienen disparos en la cabeza o en la cara y eso no sale en actas… es como si no quisiesen dejar registro de ello. Este caso debe ser investigado a profundidad para esclarecer muchas cosas, sobre todo el tema de la actuación de los militares”, apuntó el diputado.

Familares de Óscar Pérez y Abraham Agostini tramitan retiro de cadáveres en la morgue de Bello Monte

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Aura Pérez, tía del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Oscar Pérez, acudió la tarde de este miércoles, 17 de enero, a la sede principal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en Bello Monte, para pedir la entrega del cadáver de su sobrino, quien murió en manos de las fuerzas de seguridad del Estado al ser sorprendido y atacado en un chalet de El Junquito donde se escondía.

“Yo necesito entrar a ver a mi sobrino y que me lo entreguen para darle cristiana sepultura”, dijo la pariente del hombre que en junio pasado robó un helicóptero policial para lanzar granadas sonoras a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ambas en Caracas. En diciembre, Pérez y un grupo de hombres asaltaron un cuartel de la Guardia Nacional en Los Teques y se llevaron varios fusiles con el fin de armar a la resistencia en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

“Él fue un niño bien estudiado y bien preparado, y buen padre (…) Ya yo tengo dónde se va a enterrar y todo, pero necesito el cuerpo de él”, declaró a los medios de comunicación minutos antes de atravesar una de las alcabalas que la GNB levantó en los alrededores de la morgue desde que llegaron hasta allí los cadáveres de Pérez y sus seis compañeros.

Los diputados Winston Flores y Delsa Solórzano, miembros de la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso, estaban en el sitio e intentaron entrar con la tía del ex inspector. Pero los uniformados no los dejaron.

Mientras esto pasaba se difundió un un video en el que la madre de Óscar Pérez pide a las autoridades que le den en cuerpo de su hijo.

A la morgue también arribaron, en horas de la tarde, la madre y la hermana de Abraham Agostini Agostini, de 33 años de edad, quien también resultó muerto en la operación. Este martes, 16 de enero, acudieron hasta allí amigos del hombre que en vida fue miembro de Poliaragua y de la Fuerza Armada. Estaban a la espera de que los familiares se presentaran en el lugar.

#MonitorDeVíctimas | Apertura de nuevas morgues bloquea acceso a la información de homicidios en Caracas
Cobro de vacuna para el retiro de cadáveres, confusión de cadáveres, ruleteo de familiares, tardanza en la entrega de cuerpos y limitaciones en el acceso a la información son algunas de las irregularidades que se han registrado con la apertura de cuatro nuevas morgues en Caracas. El objetivo de descongestionar con eficiencia la antigua morgue de Bello Monte sigue siendo un reto

 

@nmatamoros

EN JULIO DE 2017 SE CONCRETÓ LA APERTURA de cuatro nuevas morgues para Caracas, anunciada en octubre de 2016 por el Ministro para las Relaciones, Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. La primera en abrir sus puertas fue la morgue de Coche, que funciona en un anexo del hospital Leopoldo Manrique Terrero, ubicado en la calle La Zea de esa parroquia. Le siguió la medicatura de El Llanito, instalada cerca del hospital Domingo Luciani y usada para la práctica exclusiva de exámenes forenses. Paralelamente se activó el servicio de medicina forense en una sede adjunta al hospital Ana Pérez de León II, que recibe los fallecidos en circunstancias violentas, provenientes del este de la ciudad. Recientemente inició operaciones la de Caricuao y solo ofrece exámenes forenses. Aunque la morgue de Bello Monte continúa en funcionamiento, los patólogos que allí laboran solo practican autopsias a los muertos por enfrentamientos.

A los pocos días de haberse concretado este nuevo sistema de distribución de los cadáveres “para mejorar la calidad del servicio”, algunas irregularidades han surgido. Una de ellas ha sido la exigencia de pagos por la entrega de cadáveres. Cobran hasta un millón de bolívares para agilizar la entrega de los cuerpos a sus familiares. El pasado 7 de julio, los funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) que laboran en Bello Monte, identificados como Katherine Castro y Gustavo Espejo, fueron capturados por agentes de la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc, cuando pedían dinero a un deudo a cambio de la entrega de un cadáver.

El familiar de la víctima, indignado denunció el caso al Ministerio Público. En las investigaciones se determinó que a través de mensajes de texto, ellos negociaban pagos con familiares de otras víctimas, a pesar de que en las instalaciones de esta dependencia, adscrita al Viceministerio de Investigación Penal, fueron colocados afiches que indican que está “prohibido cobrar por tramitar la entrega de un cadáver”. Espejo, uno de los implicados, es hijastro del actual director del Senamecf, Coronel retirado de la Guardia Nacional, Carlos Enrique Fernández.

Un funcionario del Senamecf, quien prefirió mantener su nombre en reserva indicó que este tipo de prácticas ilícitas no se han detenido. “No hay supervisión. Los empleados extorsionan y los parientes de las víctimas no se atreven a denunciar por miedo. Los amenazan. Si se atreven a delatarlos ante la Fiscalía, a los medios de comunicación o a los cuerpos de seguridad, no entregan los cadáveres”, dijo.

Alí Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que hay formas de hacer una denuncia pública sin necesidad de que los nombres de quienes la formulen queden al descubierto. “A través de Provea pueden canalizarse. Ellos visibilizan los casos y hacen acompañamientos jurídicos para que las autoridades tomen acciones. Las irregularidades deben ser reclamadas sin miedo. Es la única forma de que este tipo de delitos no queden impunes”, dice el activista de derechos humanos.  

Desinformación deriva en ruleteo

El cobro ilegal es solo una de las fallas derivadas de la activación de las nuevas morgues. El ruleteo de cadáveres y familiares también se ha vuelto una práctica común. A los deudos de Yeison Urbano, quien el pasado 2 de agosto fue asesinado de varios disparos para robarlo en el sector Las Dos Bodegas de Mariche, les dijeron que su cuerpo había sido llevado a la morgue de Bello Monte. Allí los funcionarios informaron que el cadáver no fue trasladado a esa dependencia. No aparecía en la base de datos. Durante la mañana del 3 de agosto Pedro Urbano, padre de Yeison hizo un periplo por otras dos morgues. “Estaba desesperado porque necesitaba saber dónde estaba el cuerpo de mi hijo.

En Coche me dijeron que no lo habían llevado. De allí me fui hasta el Pérez de León, en Petare. Un funcionario que está en la puerta me atendió. Tenía una lista con las identidades de 10 cuerpos, entre ellos figuraba el de mi hijo. No fue sino hasta el día 4 de agosto en la tarde, cuando lo entregaron”, reseña el allegado.

A los parientes los controlan con canales de información restringidos en todas las instancias. Esto los convierte, según el vocero de la ONG, en víctimas por partida doble. Ellos no solo tienen que lidiar con el dolor de haber perdido un familiar en circunstancias violentas, sino también deben peregrinar por varias morgues para ubicar los cuerpos.

“El Senamecf debe habilitar en la página web una pestaña que muestre los números de cédula de los cadáveres que fueron ingresados a esas dependencias para que los allegados ubiquen a sus deudos de forma rápida”, propone Daniels.

Según el comisario, Luis Godoy, ex jefe de Homicidios del Cicpc y hasta ex coordinador nacional del Servicio de Medicina y Ciencias Forenses, en la morgue de Bello Monte se ofrecía todos los domingos ruedas de prensa sobre el número de cadáveres que eran ingresados durante la semana. “Precisaba cuántos eran trasladados por homicidios, suicidios y por accidentes de tránsito. También notificaban de aquellos que no habían podido identificar y daban información sobre algunas características físicas para que sus allegados los localizaran. Bajo este mecanismo, se establecía un control y no había cabida a ruleteos, ni a confusiones como las que se registran actualmente”, recuerda Godoy.

Tres semanas antes del incidente reportado con Yeison, los familiares de Juan Ernesto Calofré, víctima de la violencia, tuvieron que hacer varios recorridos para localizarlo. A Juan Ernesto lo habían asesinado la mañana del 10 de julio, a pocos metros de la estación Capuchinos del Metro de Caracas. Lo mataron para quitarle un celular que había comprado un mes antes del crimen. Tras enterarse de lo ocurrido por un conocido que avistó el cadáver en la vía pública, su padre Manuel

Calofré, acudió a Bello Monte. Allí a través de un celular, dos funcionarios les mostraron las imágenes de los muertos que fueron trasladados ese día. Su hijo no estaba allí. Se trasladó a Coche y le dijeron que tampoco había sido llevado a esa dependencia. Visitó el Pérez de León y nuevamente regresó a Bello Monte y no había noticias sobre el paradero del cuerpo de su hijo de 25 años de edad. La mañana del 12 de julio acudió a Coche y le confirmaron que el cadáver sí estaba allí. “Pague varias carreras de taxi en recorridos infructuosos. Estaba angustiado, me imaginaba que mi hijo fuese enterrado en una fosa común como un perro sin amo. Este tipo de errores, no tiene nombre. Juegan con la paciencia y el dolor de los deudos”, dijo.

Calofré no piensa formular la denuncia ante el Ministerio Público porque no cree en la justicia. “Planteó el caso y qué. ¿Van a destituir a los funcionarios que negaron que mi hijo se encontraba en la morgue de Coche?. No creo, en este país estos casos quedan así. No hay quién repare el daño causado”, expresa el afectado.

El día 13 de julio el cuerpo de Calofré fue entregado. Sus parientes no pudieron velarlo porque estaba en proceso de descomposición. La cava donde lo habían depositado, mientras tramitaban su retiro, se dañó. No pudo conservarse. “No lo pude velar. Hasta eso me fue negado. No sé quiénes lo mataron, ni lo sabré porque estos homicidios quedan impunes. Y,  por estar de un lado a otro, no tuve tiempo de darle un funeral digno, de despedirlo como quería”, dice Calofré, invadido por un sentimiento de impotencia.   

Morgue El Llanito

Morgue en El Llanito. Foto: AVN

Confusión de cadáveres

El caso de la familia Arriechi Ramírez rebasó las irregularidades en la entrega de cuerpos. Los padres del niño Luis Arriechi estuvieron a punto de enterrar un cadáver que no era el de su hijo. Diana Ramírez, madre del pequeño relató que la mañana del 2 de junio de 2017, el pequeño se encontraba con su tía haciendo la cola para comprar pan, frente a un establecimiento, ubicado en El Cementerio. Cuando la tía dio la vuelta, el niño que se había alejado para orinar, no regresó. Lo buscó entre las personas de la fila y no lo halló. Fue reportado como desaparecido. El 7 de julio, su madre recibió una llamada de parte de funcionarios del Cicpc. Le notificaron del hallazgo del cuerpo de un niño en Caucaguita. El cuerpo fue tiroteado y quemado. El cadáver tenía una cicatriz en la mejilla y una cortada en la pierna.

El hijo de Diana Ramírez reunía características similares. Eran muchas coincidencias. La desaparición del niño había sido denunciado ante los medios de comunicación, un representante del Idena había visto la noticia y al ver la fotografía del pequeño, se dio cuenta que el niño estaba vivo y recluido en una institución de protección en Los Chorros. Se comunicó con el esposo de Diana, quien acudió para verificar la noticia. “Faltaban dos horas para enterrar a un cuerpo que no era el de mi hijo”, relata la mujer.

Solo una disculpa recibieron los padres de Luis por parte del Senamecf sobre lo ocurrido. “No investigaciones, ni culpables. No hicimos presión para ello porque la alegría de saber que nuestro hijo estaba vivo, ocupó nuestra atención”, manifiesta Diana Ramírez. La gravedad de lo sucedido, en la opinión del Daniels, ameritaba que el personal a cargo de la autopsia fuese destituido y sometido a un proceso de averiguación. “Un hecho de este tipo es pagado con cárcel en una sociedad donde los derechos humanos son respetados”, dice el especialista.

Para José Monque, patólogo y ex director de la Morgue de Bello Monte, este tipo de casos son un ejemplo de desorganización y falta de información del personal. En las morgues habilitadas, a su juicio, debe haber unas oficinas de atención que manejen una base de datos detallada sobre los cadáveres. “quiénes son, su edad, el móvil del crimen, en caso de que sea un homicidio o la presunta causa de muerte, si está en investigación, o por identificar. “El personal debe recibir un adiestramiento para manejar esa información y tratar con los dolientes, de lo contrario las fallas persistirán”, advierte.

Ocultamiento de cifras

El plan de descongestionamiento y descentralización de la morgue de Bello Monte, si bien puede ser positivo, podría llevar implícito un objetivo que dista de optimizar el servicio forense: el ocultamiento de las cifras de homicidios. Entre el 1ro de mayo y el 31 de agosto de 2017 Monitor de Víctimas registró 637 homicidios en el Distrito Capital (municipios Libertador, Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre), mientras que en 2016 esa dependencia tuvo una tasa 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 3.065 casos.  

Para el comisario Godoy, ocultar cifras forma parte de una política de Estado del actual gobierno. La distribución de los cadáveres es una barrera que impide llevar un conteo preciso de los cadáveres. “No hay interés en que se conozca el número de homicidios porque el gobierno es objeto de críticas sobre su gestión en materia de seguridad, y en lugar de buscar soluciones, opta por cerrar el acceso a la información”. Los jefes de las diversas divisiones del Cicpc ofrecían periódicamente una data sobre los homicidios, robos y secuestros. A final de año, en lo que respecta a los homicidios, se entregaba un informe estadístico de los casos policialmente resueltos, de aquellos que estaban en proceso de investigación y de algunos que por su complejidad, no se habían esclarecido”, refiere el ex jefe policial al añadir que estos datos permitían hacer un diagnóstico de la situación en materia de seguridad para luego proponer planes destinados a reducir la cifra con la ayuda de las comunidades y de expertos.

El cierre de la oficina de prensa del Cicpc a mediados del año 2001, según Godoy, constituyó la primera piedra para la edificación de una muralla para evitar que la comunidad obtenga por la vía oficial cifras de la criminalidad. “La apertura de nuevas morgues es la excusa para impedir que se conozcan esos datos, es un muro impuesto para censurar”, asegura el comisario. Desde ese entonces y hasta la fecha, las ONG que defienden el acceso a la información y la libertad de prensa han iniciado una cruenta lucha para que los periodistas y la población tengan datos. No solo en materia de seguridad, sino en salud, educación y otros sectores.

Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, ha documentado cerca de 300 denuncias sobre atropellos contra los periodistas que cubren la fuente de sucesos. “Cuando llegan a entrevistar a los familiares, los funcionarios le dicen que no pueden pasar a la sala de espera. Han llegado al extremo de amenazar a los deudos con retrasar la entrega de cadáveres si se atrevan a declarar a la prensa. Fue creado un cerco metálico para impedir que los periodistas ingresen a hacer entrevistas”, indica el representante de la ONG.

Correa junto con miembros de otras organizaciones ha acompañado manifestaciones, protagonizadas a las puertas de la morgue de Bello Monte para exigir el derecho de informar. La más reciente se produjo el 3 de agosto de 2016, a causa de la cerca que fue instalada en las afueras de esa dependencia. Los periodistas fijaron carteles con frases como: “Informar no es delito”, “La cerca no tapa los crímenes”. Pese a la contundente protesta, el cercado no fue demolido y en los accesos fueron colocados dos funcionarios del Senamecf que se paran cual perros guardianes para frenar la entrada de los periodistas. El caso, explicó Correa, fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, esta instancia le pidió al gobierno venezolano referencias sobre la tasa de criminalidad y le fue negada.

En 2016 se recrudeció la violencia en Caracas y hubo más homicidios que en 2015
El año que cerró, con 5.741 muertes violentas, ha sido el más violento de los últimos tres años en la capital de Venezuela, de acuerdo con reportes extraoficiales de cadáveres ingresados en la morgue de Bello Monte. En 2016 no se incrementaron los asesinatos de funcionarios, en comparación con años anteriores, pero se recrudecieron los ataques en contra de policías y de militares que en algunos casos fueron desplazados de sus hogares. En el año saliente se multiplicaron los crímenes con mensajes y casos de descuartizamientos en la Gran Caracas

 

@Angelicalugob

EL AÑO ANTERIOR CULMINÓ CON  5.741 MUERTES VIOLENTAS en la Gran Caracas, lo que indica que en 2016 se registraron 467 ingresos más en la sede del Servicio Nacional de Medicina y de Ciencias Forenses (Senamecf), también conocida como morgue de Bello Monte. En 2015, según datos extraoficiales,  se reportaron 5.261 traslados a esa medicatura forense.

En el año que culminó no solo se incrementaron los homicidios, también se multiplicaron los casos de descuartizamientos y de crímenes con mensajes. Fuentes policiales consideran que las bandas implicadas en homicidios y en tráfico de drogas hicieron un esfuerzo en 2016 por hacer sensacionalistas sus asesinatos para enviar un mensaje a la opinión pública y a sus adversarios. Entre el 10 de agosto y el 21 de septiembre se registraron cinco crímenes con mensajes en la Gran Caracas. Uno de los primeros casos reportados fue el de dos adolescentes que fueron decapitados por delincuentes que presuntamente los desmembraron para vengar que estuvieran implicados en un caso de abuso sexual. Los homicidas luego metieron sus cabezas dentro de cada abdomen.

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En el año saliente también aumentó el promedio diario de muertes violentas. Mientras en 2015 en promedio 14 personas murieron en Caracas de manera violenta cada día, en el año que cerró el promedio diario de muertes violentas ascendió a 15.

Se calcula que 85 % de 5.741 víctimas de muertes violentas fueron víctimas de homicidios en la Gran Caracas en 2016, pues se estima que el 15 % restante de los cadáveres ingresados en la medicatura forense corresponden a accidentes de tránsito, suicidios y causas por determinar.

2016 tuvo el mes más violento de los últimos tres años, pues en julio se reportaron 535 traslados a la medicatura forense. Ese mes solo ha sido superado hasta la fecha por diciembre de 2013 cuando 565 cadáveres fueron trasladados a esa dependencia.

Víctimas de masacres y de las OLP entre los ingresos

En 2016 la morgue de Bello Monte también recibió cadáveres de víctimas de masacres y de personas muertas en procedimientos de la Operación Liberación del Pueblo (OLP). La masacre de Villa Heroica, en donde fueron asesinados tres familiares del comisario jubilado del Cicpc, Heberto Alfonzo, junto con la doméstica de su vivienda y el hijo de la mujer, fue uno de los asesinatos múltiples que más consternación generó en la opinión pública y, a su vez, dio un mensaje que pudiera tomarse como prevención: los homicidas lograron ingresar a la casa del comisario gracias a la cooperación del hijo de la doméstica.

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En 13 de julio del año anterior se cumplió un año de la primera OLP que se realizó en la Cota 905. Sin embargo, quedó demostrado que el plan modelo en materia de seguridad del gobierno no frenó la violencia en la capital de Venezuela, pues los delincuentes siguieron disputándose los espacios y plazas de drogas a tiros.

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Durante el año anterior el ejercicio del periodismo en esa medicatura forense se vio limitado en varias oportunidades por las restricciones de las autoridades. Así ocurrió cuando fueron desplegados funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana, pues a esa dependencia fue trasladado el cuerpo del delincuente José Antonio Tovar Colina, conocido como “El Picure” y el de Oswaldo Oropeza Guaiguán, “Lucifer”, quien era uno de los delincuentes que controlaba la “zona de paz” en Caracas ubicada en los ejes Cota 905 – El Cementerio y El Valle.

Justamente en julio, cuando se registró el mes más violento de los últimos tres años en Caracas, fue instalada una cerca para impedir que la prensa tuviera acceso a los familiares de las víctimas de la violencia.

Ensañamiento contra funcionarios

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En 2016, de acuerdo con datos extraoficiales, 131 funcionarios fueron asesinados en la Gran Caracas. Es decir, se registraron 16 asesinatos menos de policías y de militares en la misma área pues en 2015 se reportaron 147 asesinatos de uniformados y, en 2014, la cifra extraoficial de estos asesinatos fue de 134. Sin embargo, en el año que culminó se recrudeció el ensañamiento en contra de los uniformados.

Funcionario Polimiranda asesinado

Foto: Cortesía Polimiranda

El director de Polimiranda y secretario de seguridad ciudadana del estado Miranda, Elisio Guzmán, envió una nota de prensa para manifestar su posición con respecto a los ataques en contra de los funcionarios en 2016: “Cada vez son menos quienes siguen dispuestos a trabajar como efectivos de seguridad. La deserción y casi nula captación, además de la mortalidad del oficio, agudizan la realidad de las instituciones. Tanto el gobierno como la sociedad deben trabajar junto a nosotros para impedir el acelerado crecimiento de la delincuencia. De lo contrario seguiremos aislados, como ya estamos, llorando muertos, cada cual por su lado. De cada venezolano depende el porvenir de las instituciones y en especial el de la generaciones de relevo que velarán por la justicia y el bien común”.

Uno de los casos emblemáticos de ensañamiento contra funcionarios en 2016 fue el del jefe de la brigada motorizada de Policaracas, Larry Morillo, que el 23 de marzo fue asesinado a tiros y posteriormente quemado en el barrio Primero de Mayo de El Cementerio por delincuentes que controlan el sector popular y que luego asesinaron a tiros al hijo del funcionario, Yonaiker Morillo, de 20 años de edad.

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Tres días después del asesinato del jefe de la brigada motorizada de Policaracas un funcionario de Polibaruta, cuya identidad no fue revelada, fue amenazado de muerte por al menos 18 delincuentes que el 26 de marzo pasadas las 7 de la noche acorralaron su vivienda, ubicada en el sector El Tanque de Coche para exigirle que se retirara de la zona.

La periodista Vanessa Moreno Losada registró en un reportaje publicado en Efecto Cocuyo, cómo en 2016 algunos policías estuvieron en situación de desplazados tras ataques del hampa en contra de sus viviendas.

El año que cerró, con 5.741 muertes violentas, ha sido el más violento de los últimos tres años en la capital de Venezuela, de acuerdo con reportes extraoficiales de cadáveres ingresados en la morgue de Bello Monte.

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El fin de semana se registraron 48 muertes violentas en la Gran Caracas

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El cuarto fin de semana del mes en curso, entre el viernes 25 y el lunes 18 de noviembre, 48 cadáveres fueron ingresados en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), también conocida como morgue de Bello Monte.

Los cadáveres de las 12 personas que fueron halladas en dos fosas comunes en Barlovento son parte de los ingresos reportados el fin de semana en la medicatura forense. El traslado de estos cuerpos originó que las adyacencias de esa dependencia permanecieran militarizadas los dos primeros días de la semana, lo que limitó las labores de los trabajadores de la prensa cuando intentaron tener acceso a los familiares de las víctimas de la masacre en la que, según información oficial, participaron funcionarios del Ejército.

Pedro Silva, tío de una de las víctimas de la masacre identificado como Carlos Gabriel Marchena Silva, de 20 años de edad, declaró en la morgue de Bello Monte que antes de confirmarse que su pariente fue asesinado, había denunciado la desaparición. Sin embargo, dijo que dos medios de comunicación ignoraron su denuncia.

Durante los cuatro fines de semana del mes de noviembre fueron ingresados 180 cadáveres en la morgue de Bello Monte, según cifras extraoficiales. El fin de semana con más ingresos fue el primero, entre el viernes 4 y el lunes 7 de noviembre, con 51 traslados en esa dependencia, seguido del fin de semana que cerró, con 48 cadáveres ingresados en esa sede.

51 cadáveres fueron ingresados en la morgue de Bello Monte el fin de semana

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El primer fin de semana del mes en curso, entre el viernes 4 y el lunes 7 de noviembre, se registraron 51 muertes violentas en la Gran Caracas, de acuerdo con la cifra extraoficial de ingresos reportado en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Una de las víctimas de la violencia del fin de semana en Caracas fue Rafael Sahir González, de 28 años de edad. En una nota publicada en El Nacional se detalla que el hombre fue asesinado de dos disparos cuando se dirigía a comprar licor con tres amigos, quienes resultaron heridos, en el sector La Cadenita del barrio Nuevo Horizonte de Catia el domingo a la 1 de la madrugada.

En la nota se detalla que González y sus amistades resultaron heridos por dos hombres que hicieron los disparos desde una moto a otras personas que perseguían. Posteriormente, el autor del hecho murió en un presunto enfrentamiento con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

El primer fin de semana de noviembre supera en muertes violentas a los cinco fines de semana del mes de octubre cuando, según cifras extraoficiales, hubo dos fines de semana con 46 ingresos reportados en la morgue de Bello Monte y otros tres con 41, 37 y 28 muertes violentas.