Puente Llaguno

El exfuncionario de la Policía Metropolitana lo condenaron a 16 años y 8 meses de prisión por los sucesos de abril de 2002

 

El comisario de la Policía Metropolitana (PM) Marco Hurtado fue liberado este jueves 23 de enero, informó la abogada Theresly Malavé en su cuenta de Twitter. Hurtado estuvo casi 17 años preso tras la controvertida sentencia que lo responsabilizó de los hechos del 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno.

La cara de Marco en ésta foto lo dice todo. Su hija (chiqui) y su valiente esposa María Pascastillo siempre a su lado en todos estos años de lucha y sacrificio y yo, orgullosa de haberte defendido. Bienvenido a la libertad Marco. Te esperan cosas buenas. DIOS CONTIGO. pic.twitter.com/LDEREJQnKI

— Theresly Malave W (@theresly) January 23, 2020

Sus familiares y abogados aguardaban este jueves por la salida de Hurtado del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde. Hurtado debió salir en libertad desde el 19 de diciembre de 2019. El comisario fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno. Ni a Hurtado, ni a sus compañeros, se les dio el beneficio de los derechos procesales contemplados en la ley, como medidas alternativas al cumplimiento de la pena o redención de la pena por estudio y trabajo.

Hace una semana, la abogada Theresly Malavé denunció que la jueza Ada Marina Armas se había negado a emitir la boleta de excarcelación del comisario de la Policía Metropolitana Marco Hurtado, quien terminó de cumplir su pena de 16 años y 8 ocho meses, el pasado mes de diciembre. Malavé señaló entonces que los detenidos han cumplido con todo lo solicitado para obtener su libertad, pero que la magistrada “ni siquiera la ha tramitado”.

Pasado el mediodía, de este jueves 23 de enero, Hurtado vio la luz al salir de Ramo Verde.

El juicio contra los policías metropolitanos por estos asesinatos duró 7 años. En ese tiempo se realizaron 230 audiencias, presentaron 265 experticias, 5.700 fotografías, más de 20 videos; también declararon 198 testigos y participaron 48 expertos, puntualizó Crónica Uno.

A LOS 83 AÑOS FALLECIÓ EN Guatire Maximiliano Toro, padre del inspector Héctor Rovaín, uno de los nueve funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, condenados de manera injusta por las muertes ocurridas el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno.

Maximiliano Toro padecía una penosa enfermedad, cuyo tratamiento se dificultó por la escasez y el alto costo de las medicinas para los pacientes oncológicos. Él estuvo recluido durante 15 días en el hospital de Guatire, donde lograron recuperarlo de una infección urinaria y otros padecimientos.

Sin embargo, el tratamiento se hizo cuesta arriba debido nuevamente a la dificultad para encontrar, y costear, los medicamentos necesarios. Esta tarde, cerca de las 3:30 p.m. murió producto de un paro respiratorio, sumiendo en la tristeza a sus seis hijos, demás familiares y amigos, en especial al inspector Héctor Rovaín, privado de libertad desde hace 16 años y 5 meses por un crimen que no cometió.

La tragedia de la familia Rovaín inició el 11 de abril de 2002. Pero comenzó a concretarse en abril de 2003 cuando Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Julio Rodríguez, Marco Hurtado y Arube Pérez decidieron entregarse para demostrar su inocencia. Tres años más tarde, en el juicio más largo de la historia, Maryorie Calderón los condenó a 30 años de prisión, con excepción de Marco Hurtado que recibió una pena de 16 años y 8 meses y Arube Pérez a 17 años y 10 meses.

Rovaín, Bolívar, Molina, Hurtado y Pérez aún permanecen tras los barrotes de la cárcel de Ramo Verde. Los otros cuatro recibieron medidas humanitarias y casa por cárcel por las graves enfermedades que presentaban, la mayoría como consecuencia del inhumano encierro que los privó hasta de los rayos del sol.

En la última entrevista realizada a Maximiliano Toro, a propósito de conmemorarse en 2017 15 años del 11 de abril, él nuevamente criticó el ensañamiento contra su hijo y sus compañeros.

«Esto es una barbaridad. Es un valle de sufrimiento para todos nosotros. Su madre, mi esposa, falleció el 7 de junio de 2013 sin poder ver la libertad de su hijo. Mi nieto, su único hijo, tenía apenas siete años cuando se produjo la sentencia. El sueño de todo padre Héctor no pudo cumplirlo: llevar a su hijo, de la mano, al preescolar, a la primaria, no pudo asistir a su graduación para verlo con toga y birrete”, dijo.

Maximiliano Toro era un hombre alegre. Le gustaba tocar la guitarra y compartir en familia. Esa alegría la perdió en abril de 2003, cuando su hijo confiado en su inocencia y en la justicia decidió entregarse para iniciar un proceso que le permitiera demostrarla.

Hoy Maximiliano Toro murió y su hijo sigue en prisión. Son aristas de una misma tragedia, esa que inició cuando Hugo Chávez ordenó buscar culpables por los asesinatos de Puente Llaguno, una orden que Eladio Aponte Aponte, Luisa Ortega Díaz, Maryorie Calderón y muchos otros funcionarios del gobierno acataron con prontitud, pese a que violaba todos los principios legales y éticos que en su momento debieron haber jurado defender.

Sus restos serán velados en su casa en Guatire.

Las imágenes de los detenidos no han podido actualizarse porque no le permiten a los familiares tomar fotografías

 

Cinco de los 9 funcionarios considerados como los primeros presos políticos del chavismo cumplen tres lustros tras las rejas  

Francisco Zambrano

@franzambranor

El inspector Héctor Rovaín, los cabos primeros Luis Enrique Molina y Arube Pérez, el subcomisario Marcos Hurtado, el sargento Julio Rodríguez, y el distinguido Erasmo Bolívar no olvidarán jamás lo que pasó un día como hoy hace 16 años en Puente Llaguno de la avenida Urdaneta en Caracas.

Se trató de unaUna masacre enlutó al pueblo venezolano. , Una marcha cuyo epicentro fue la sede de Pdvsa-Chuao, fue desviada al centro de Caracas y concluyó con el trágico resultado de 19 muertos y centenares de heridos.

Por la tragedia que devino en la separación momentánea del cargo del fallecido presidente Hugo Chávez fueron detenidos, enjuiciados y condenados seis funcionarios de la desaparecida Policía Metropolitana, además de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis.

Aprehendidos en 2003, los supuestos responsables de la masacre del 11A ya tienen 15 años privados de libertad.

El de los PM fue uno de los juicios más largos que se ha llevado a cabo en Venezuela., Comenzó en febrero de 2006 y concluyó el 3 de abril de 2009, cuando la jueza 4ta de Juicio del estado Aragua, Marjorie Calderón, dictó sentencia.

Los seis  funcionarios y los tres comisarios son considerados como los primeros presos políticos del régimen chavista.

A Rovaín lo condenaron a  30 años de prisión por los delitos de homicidio intencional calificado y lesiones graves y leves en complicidad correspectiva. “No he tocado a mi hijo desde la muerte de su mamá hace cuatro años, por mi enfermedad no he podido visitarlo, estoy ciego y sufro de la próstata”, declaró el padre de Rovaín el año pasado.

A Molina también lo condenaron a la pena máxima luego de 230 audiencias y 265 experticias del Cicpc. Familiares de Molina alegan que la sanción pena se basó en una fotografía que posteriormente fue incorporada al documental oficialista “Claves de una masacre”. Según el testimonio de allegados, Molina, quien pertenecía a la división motorizada de la PM está tras las rejas solo por recoger el armamento de un compañero minutos antes de producirse un tiroteo.

La esposa de Molina, Laura Pérez, dijo que este ya debería estar gozando de un beneficio procesal. Desde 2010 lo podrían haber favorecido con la redención de la pena por horas de trabajo y estudio o libertad condicional, según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Régimen Penitenciario. “Nada más se acuerdan de los presos políticos de 2014 para acá. Alí está Richard Peñalver pidiendo asilo en España y mi esposo preso por algo que probamos que es inocente”, dijo Pérez. “Tenemos dos hijas una de 17 y otra de 6 que prácticamente no han disfrutado de su papá. Ya basta de castigo, es absurdo someterlos a eso cuando el propio juez Eladio Aponte Aponte reconoció que habían vicios en el proceso”.

“Mi esposo está bastante desanimado porque nadie nos presta atención, nos sentimos desamparados;, la mayoría de los abogados que formaban parte de la defensa se fueron del país. Lla causa además está en Maracay y es un problema trasladarse para allá”, añadió.

A Arube Pérez, otro miembro del comando motorizado de la PM, lo detuvieron el 19 de abril de 2003 y le endosaron una condena de 17 años y 10 meses de prisión.

Según cálculos de la defensa, al cabo recluido en la cárcel de Ramo Verde le correspondía el beneficio de destacamento de trabajo en septiembre de 2007, el régimen abierto en marzo de 2009, la libertad condicional en marzo de 2015 y el confinamiento de la pena en junio de 2016. Nada de esto ha sucedido.

Similar cálculo corresponde al subcomisario Hurtado, condenado a 16 años y 8 meses de prisión. “Tiene casi tres años en la cárcel de gratis”, asomó recientemente María Pascatillo, cónyugue de Hurtado.

El agente Erasmo Bolívar, recluido en Ramo Verde y penado a 30 años de cárcel expuso en una carta abierta que el gobierno no solo se ha ensañado con los policías sino también con los familiares.

“Es importante escuchar lo que dicen nuestros familiares, porque ellos también son víctimas ¿Dónde está el sentimiento y la conciencia de alguien que sentencia a otra persona sabiendo que es inocente y que los culpables siguen libres en la calle?”, escribió.

El sargento Julio Rodríguez, condenado a 30 años de prisión, es el único que recibió casa por cárcel al igual que los comisarios Vivas, Forero y Simonovis.

A Rodríguez le fue otorgado el beneficio por su delicado estado de salud. “Sabemos que por razones humanitarias los comisarios Simonovis, Forero, Vivas y el sargento Rodríguez se encuentran detenidos en sus viviendas, pero eso no ha sido suficiente para reconocerles los beneficios procesales que corresponden a cada uno de estos ciudadanos”, declaró el diputado Edgar Zambrano al departamento de prensa de la Asamblea Nacional.

 

Ha sido el abogado venezolano, José Antonio Carrero Araujo, quien sorprendió a Richard Peñalver cuando introducía una petición de asilo en la comisaría Pérez de Ayala de la Policía Nacional de España, el pasado lunes 2 de abril en Santa Cruz de Tenerife.

–La brigada de extranjería estaba petada de venezolanos y todos lo reconocimos aunque ya no lleva bigote.

Carrero Araujo es especialista en materia de extranjería y vive en las Islas Canarias desde hace ocho años, le ha explicado a este periodista que la Policía Nacional ha recogido la declaración de Richard Peñalver para luego remitirla a la Oficina de Asilo y Refugio.

–Esa instancia decidirá si la acepta o no una vez que la Policía Nacional investigue los antecedentes, ahora bien, lo que está ocurriendo con las solicitudes de asilo de los venezolanos es que son admitidas a trámite de manera automática para después denegarlas al cabo de un año o año y medio.

–Según su experiencia, ¿qué podría ocurrir en el caso de Richard Peñalver?

–Podría conseguirlo, pero ese señor está incurso en crímenes de lesa humanidad y el objetivo es lograr que ni siquiera se la admitan a trámite de asilo, lo que traería aparejada inmediatamente una orden de salida obligatoria de España y del espacio Schengen.

Carrero sostiene que el oficialista venezolano vive con su esposa y sus dos hijos al norte de Santa Cruz de Tenerife y que ha solicitado asistencia humanitaria a la Cruz Roja para recibir “comida y asesoría migratoria”.

Sobre la presencia en las Canarias del pistolero de Puente Llaguno han corrido rumores desde principios de 2018, sin embargo, hasta ahora no existía ninguna prueba concreta de su estadía en España hasta que una casualidad quiso que se lo encontrase el abogado venezolano justo en la oficina que se encarga de las solicitudes de asilo.

Un pasado controversial

A Richard Peñalver se lo conoce porque integró el grupo de los denominados pistoleros de Puente Llaguno durante el golpe del 11 de abril de 2002 en Venezuela, éstos fueron civiles partidarios del oficialismo que disparaban contra supuestos francotiradores enemigos del gobierno.

Peñalver alcanzó notoriedad porque lo grabó un equipo periodístico de la cadena Venevisión, encabezado por el reportero Luis Alfonso Fernández, desde un perímetro cercano al palacio presidencial de Miraflores en Caracas. Cuando ocurre ese episodio a Hugo Chávez aún no lo habían desalojado del poder.

La secuencia sirvió como prueba para inculpar a Peñalver y sus pistoleros en el asesinato de 19 personas durante la refriega que se produjo el 11-A con el arribo de una marcha opositora al centro de Caracas, horas antes de la insurrección militar.

Fue juzgado y absuelto gracias a que sus defensores argumentaron que había actuado en legítima defensa contra unos atacantes ocultos en un edificio cercano.

El proceso no resolvió las interrogantes que se hacía el país, quedó la sospecha sobre unos civiles simpatizantes del gobierno que portaban armas automáticas mientras que la Guardia Nacional se había quedado de brazos cruzados ante el tiroteo. Allí fue patente la simbiosis entre los efectivos de la fuerza armada y los incipientes círculos paramilitares de la revolución bolivariana.

Foto: Vanessa Tarantino

Como cada 13 de abril, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) convocó a una concentración en el Puente Llaguno para conmemorar el regreso del presidente Hugo Chávez al poder en el años 2002, tras el golpe de Estado del 11 de abril del mismo año. El acto, que año tras año reunía a los militantes del chavismo, este año no contó con una multitudinaria participación.

La llovizna caía. No una lluvia torrencial como el 4 de octubre de 2012 cuando Chávez hizo aquel apoteósico cierre de campaña, sino una llovizna y, sin embargo, los alrededores de la tarima seguían solos. No es que no hubiera nadie, sino que los grupos que había estaban a la expectativa, aguardando la llegada multitudinaria de sus compañeros. La mayoría de las personas esperaban bajo los toldos preparados en el puente para la ocasión.

Unos animadores intentaban amenizar el gris ambiente y un grupo de adeptos respondía a las consignas, mientras otros callaban. A las 11:00 am, entre las personas corría el rumor de que a mediodía llegaría el presidente Nicolás Maduro al lugar y al rato señalaron desde la tarima que estaban esperando por una marcha que iba en camino para empezar el acto.

“¡Que toquen, que toquen, que toquen cacerolas!”, gritaba un animador desde la tarima.

“¡Que pa’ sacá a Maduro tienen que echarle bolas!”, respondía la manifestación.

Pero los gritos, una cuadra más abajo, no se escuchaban.

Sigue leyendo esta nota de Juan Briceño en El Pitazo

El oficialismo tomará los alrededores de la Asamblea Nacional y Puente Llaguno desde este martes 11 hasta el jueves 13 como actividad conmemorativa del golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

“Estamos convocados alrededor de la Asamblea, vamos a tomar las cuatro esquinas de la Asamblea y Puente Llaguno porque es es símbolo de la resistencia», informó el jefe del Centro de Control Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), Freddy Bernal, quien añadió que tras los tres días de rememorar la fecha, los afectos al oficialismo están llamados a «tomar las iglesias».

Bernal calificó de «importante» recordar los hechos ocurridos hace 15 años. «Solo un pueblo en la calle consciente, organizado y movilizado derrotó ese golpe de Estado, y este golpe de Estado también lo vamos a derrotar”.

Asimismo, el coordinador de los CLAP considera que los movimientos previos de la oposición se asemejan a lo ocurrido en 2002. «Esta gente quiere una insurrección pero hay una diferencia sector de la Fuerza Armada traicionaron el legado de Chávez a favor de romper con el hilo constitucional, hoy 15 años después la FANB es patriota y se asume chavista, no va a permitir un salto al vacío”.

El oficialismo también convoco a una movilización el miércoles 19 de abril, fecha en que la oposición también llamó a marchar.

 

*Con información de Unión Radio

 

 

 

El magistrado Maikel Moreno fue electo como nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, según la cuenta oficial de twitter de la institución.

Moreno reemplazará en la silla del máximo ente de la justicia en Venezuela a Gladys Gutiérrez.

Extraoficialmente la designación de Moreno habría contado con el consenso de los 32 magistrados.

«Yo desde este momento al frente del Tribunal Supremo de Justicia y conjuntamente con los compañeros magistrados, estaremos 24 horas al día trabajando para acabar con la impunidad, la corrupción en este país», dijo Moreno.

Moreno Pérez, quien seguirá al frente de la Sala de Casación Penal, dio a conocer el resto de las autoridades que le acompañarán en el TSJ, con la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, como primera vicepresidenta y presidenta de la Sala Electoral; y como segundo vicepresidente asume el magistrado Juan José Mendoza Jover, quien presidirá la Sala Constitucional.

Fueron ratificadas como presidentas de las Salas Político Administrativa y de Casación Social, las magistradas María Carolina Ameliach Villarroel y Marjorie Calderón Guerrero, respectivamente, y el magistrado Yván Darío Bastardo Flores es el nuevo presidente de la Sala de Casación Civil.

Como vicepresidentes de las Salas del Alto Tribunal fueron electos: el magistrado Arcadio Delgado Rosales (Sala Constitucional); magistrado Marco Antonio Medina Salas (Sala Político Administrativa); magistrado Malaquías Gil Rodríguez (Sala Electoral); magistrado Francisco Ramón Velázquez Estévez (Sala de Casación Civil); magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno (Sala de Casación Penal) y el magistrado Jesús Manuel Jiménez Alfonzo (Sala de Casación Social).

Moreno se desempeñaba como primer vicepresidente del TSJ. Además fue Cónsul en Roma y agregado en la Embajada de Trinidad y Tobago.

El nombre de Moreno apareció en la palestra pública cuando en 1989 fue encontrado culpable por el asesinato de Rubén Gil Márquez, mientras se desempeñaba como efectivo de la extinta Disip y además era escolta del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez.

Apenas pasó un año en prisión y salió a la calle por un beneficio procesal, trabajó en un juzgado en Caracas como secretario. Luego de múltiples andanzas fue Juez 34° del Área Metropolitana de Caracas y Presidente de la Sala Séptima de Apelaciones.

Actuó en la defensa de Richard Peñalver, uno de los llamados «pistoleros de Puente Llaguno» y fue demandado por los abogados del Comisario Iván Simonovis, quienes lo acusaron de «forjar actas». También participó en las averiguaciones del caso de Danilo Anderson.

El ex magistrado Luis Velásquez Alvaray lo acusó de pertenecer a la banda de los «Enanos», una agrupación compuesta por magistrados, jueces y fiscales que supuestamente sobornan y extorsionan desde las más altas esferas del poder judicial.

 

Magistrado Maikel José Moreno Pérez fue elegido por la Sala Plena como nuevo Presidente del Tribunal Supremo de Justicia

— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) 24 de febrero de 2017

Primera Vicepresidenta del TSJ es la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre y el Segundo Vicepresidente el magistrado Juan José Mendoza Jover

— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) 24 de febrero de 2017

 

La masacre del 11 de abril del 2002, promovida por el teniente coronel Hugo Chávez y varios de sus acólitos, sigue sin ser investigada.  Fueron asesinados 19 ciudadanos, nueve de ellos participantes de la marcha opositora que pretendía llegar a Miraflores a exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez y nueve identificados con el oficialismo. Además, hubo unos 200 heridos, casi todos de la fila opositora. Por razones que ignoramos,  la  juez Marjorie Calderón  y los tres escabinos  solo investigaron dos casos de homicidio y ocho de lesiones  y  sentenciaron hasta a 30 años de cárcel a los Comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, así como a  seis  efectivos de la Policía Metropolitana. Hoy, trece años después, permanecen detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde los  policías Erasmo Bolívar, Luís Molina, Héctor Rovain, Marco Hurtado y Arube Pérez. Los tres Comisarios mencionados están detenidos en sus casas por confrontar serios problemas de salud que demoraron mucho en ser atendidos.

En el juicio se demostró que las balas encontradas en los cuerpos de los ciudadanos cuya muerte se investigó no procedieron de las armas de los policías. Además, las mismas tenían una trayectoria descendente, es decir de arriba hacia abajor, por lo cual es imposible que fuesen disparadas por los policías que estaban en un plano inferior, concretamente al sur de Puente Llaguno sobre la Avenida Baralt.

La juez Calderón, según la prensa,  es esposa de un destacado dirigente del PSUV y fue designada gracias a las gestiones de un ex socio del ex fiscal general Isaías Rodríguez. Como premio, en el 2014 fue designada Magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.    Dos de los tres escabinos eran beneficiarios de las Misiones Sociales del gobierno.  Haifa Aissami, fiscal acusadora en el juicio,  es hermana de Tarek El Aissami, entonces ministro del Interior y Justicia  y actual gobernador de Aragua. Hoy es embajadora ante el Reino de los Países Bajos. Evidentemente fue un juicio político, valiéndose de personas estrechamente relacionadas con el régimen.

Quienes estuvimos en la marcha  del 11 de abril del 2002, y llegamos por la Avenida Baralt hasta la esquina de Pedrera,     podemos atestiguar sobre el comportamiento de la Policía Metropolitana. La misma procedió con profesionalismo intentando mantener separados a los pistoleros de Llaguno de quienes marchábamos pacíficamente.  El libro ¨Las balas de abril¨, del excelente periodista Francisco Olivares ilustra claramente dónde se cometieron los asesinatos.  En los casos de la Baralt los autores fueron paramilitares rojos y en los alrededores guardias nacionales plenamente identificados. En ese entonces se mencionó la presencia de francotiradores desde los edificios circundantes, lo cual nunca fue comprobado.

El libro ¨El caso Vivas-Forero en el derecho internacional de los derechos humanos¨, de Marco Tulio Bruni-Celli,  describe la grave violación al derecho de asilo por parte del gobierno salvadoreño, que entregó a los ciudadanos citados violando el principio internacional de ¨no devolución¨. Los  gobiernos de El Salvador, Costa Rica y Argentina se comprometieron a dar garantías diplomáticas para que hubiese un juicio justo, pero todo fue una farsa.

Los afectos del oficialismo y los familiares de las víctimas deben entender que no se hizo justicia. Quienes fueron sentenciados no son los culpables y los verdaderos asesinos están en libertad.  La gran mayoría de los asesinatos no fueron investigados.   Quienes dispararon son  culpables y es necesario identificarlos, pero igualmente quienes convocaron a grupos civiles armados a ¨defender la revolución¨.  Afortunadamente hay muchos documentos. A los libros citados debemos agregar el documental ¨Radiografía de una mentira¨, de Wolfang Schalk y Thaelman Ungelles, que desmiente la versión oficial recogida en ¨La revolución no será televisada¨. También está  el libro ¨Verdades, mentiras y videos¨, de Albor Rodríguez.

Los efectivos policiales que permanecen detenidos deberían  disfrutar del beneficio de libertad por haber cumplido la mayor parte de una sentencia injusta. La sociedad civil está en deuda con ellos, ya  que sin su intervención  la masacre pudo ser mayor. También debemos agradecer la actuación del general Manuel Rosendo, quien se negó a aplicar el llamado Plan Ávila, que contempla sacar el ejército a la calle para reprimir.   Mi reconocimiento a Mohamed Merhi, cuyo hijo  fue asesinado y durante muchos años exigió justicia. A Malvina Pesate, quien resultó severamente herida, así como a todos los participantes de esa gran jornada cívica. Los olvidados son no solo los policías, sino también las víctimas de ambos bandos a quienes no se les ha hecho justicia. Es justo reconocer que Antonio Ledezma , hoy acusado arbitrariamente de conspiración y preso en Ramo Verde, fue el primer político que mantuvo una defensa constante de los presos políticos.  ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com