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Prisión

Estas son las opciones jurídicas que le quedan a Lula da Silva para no ir a la cárcel

El 4 de abril se allanó el camino del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisión, luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazara su solicitud de habeas corpus.

Seis de los 11 jueces de la Suprema Corte del país votaron a favor de su encarcelamiento, en un juicio que duró 12 horas y se centró en una pregunta: ¿debe el popular exmandatario iniciar el cumplimiento de la sentencia por corrupción a la que fue condenado por un tribunal de Porto Alegre o puede esperar en libertad hasta que su caso sea analizado por las instancias superiores?.

Investigadores de la llamada Operación Lava Jato, de la cual forma parte el juicio a Lula da Silva, han señalado que para la continuidad de las investigaciones es importante que los procesados inicien el cumplimiento de sus penas después de haber sido condenados en segunda instancia.

Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, tras ser hallado culpable en julio de 2017 de aceptar sobornos por US$1,1 millones de la constructora OAS.

El dinero habría sido utilizado para reformar y amueblar un apartamento de tres pisos de lujo (triplex) en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

 

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Aunque Lula da Silva negó en todo momento ser propietario de ese inmueble que formalmente aparece registrado a nombre de OAS, durante el juicio los fiscales señalaron que “varias pruebas dicen lo contrario”, incluidos testimonios de la portería, un síndico y dos ingenieros de OAS.

En enero de este año, tras la apelación, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región ratificó la condena de forma unánime y aumentó la pena hasta los doce años y un mes de prisión.

Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil, aspira a presentarse a las elecciones presidenciales de octubre de 2018, pero la condena y su posible estancia en la cárcel van en contra de sus aspiraciones.

Pero el expresidente brasileño tiene tres opciones jurídicas a las que puede recurrir para lograr evadir la prisión:

1. Su defensa puede presentar nuevos pedidos de habeas corpus.

2. Su condena puede ser anulada por los tribunales superiores.

3. El Supremo puede modificar su posición sobre la prisión después de condenas en segunda instancia para todos los reos del país, lo que beneficiaría al líder del Partido de los Trabajadores.

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La justicia brasileña da luz verde al ingreso de expresidente Lula a la cárcel

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se está quedando sin espacio por donde continuar su huida hacia delante. El tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, que hace justo dos meses ratificó su condena por corrupción y aumentó la pena de prisión inicial de nueve años de cárcel a 12 y un mes, ha dado luz verde para que el juez Sérgio Moro ordene el ingreso en prisión del expresidente más popular de Brasil.

Moro, responsable de juzgar a Lula en el complejo caso Petrobras, fue quien dictó la primera condena y no debería tener problemas en obedecer dentro de 12 días, cuando se haya agotado el plazo para recurrir (diez días) y de responder a esos recursos (48 horas), según un reporte del diario El País.

Lula será, pues, el primer expresidente sobre el cual pesa semejante orden, un precedente terrible para la democracia brasileña, y más terrible aún para todos los políticos acusados de corrupción que sin embargo disfrutan del aforamiento de sus cargos.

El expresidente ya ha ido tejiendo una compleja red de recursos ante varios tribunales que deberían ir retrasando más y más la ejecución de las sentencias en su contra. Por ejemplo, esta sentencia depende de lo que decida el Tribunal Supremo sobre el recurso de habeas corpus que el expresidente ya ha solicitado. Si concede este recurso, se paralizará la ejecución de la sentencia de la instancia. Si no lo hace y Moro da la orden, Lula no tendrá más remedio que ir a prisión. Eso se decidirá el 4 de abril, fecha en la que el Supremo se reunirá para votar.

Ganador e inelegible a la vez

Lula lidera desde hace años las encuestas de intención de voto a las elecciones de este octubre, pero nadie sabe si llegará candidato o no.

En el peor de los casos, estará en la cárcel cuando se celebren los comicios; en el mejor, estará recurriendo su condena, lo cual, según la ley Ficha Limpa aprobada en 2010, inhabilita a aspirar a la presidencia.

Por ahora, la estrategia del petista es hacer campaña, mucha y muy escandalosa; de esta forma, llegado el momento de registrarse como candidato en agosto, el Tribunal Superior Electoral lo tendrá más difícil para impedírselo. Y aunque eso ocurra, el Partido de los Trabajadores aún puede recurrir la decisión del Tribunal ante el Tribunal Supremo y seguir haciendo campaña hasta que sea demasiado tarde para uno de los dos bandos. Hasta el final, Lula será a la vez un candidato formidable y uno inelegible.

Cristina Fernández a prisión preventiva por presunto encubrimiento a terroristas

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Un tribunal de alzada de Argentina confirmó hoy el procesamiento y la prisión preventiva dispuestos sobre la expresidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a terroristas, informaron fuentes judiciales.

La Cámara Federal ratificó hoy las medidas que había adoptado el pasado 7 de diciembre el juez Claudio Bonadio y que la exmandataria apeló días después.

Además de procesarla, Bonadio ordenó detener a Fernández, actual senadora, por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a la mutua judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos.

Pero como Fernández (2007-2015) tiene fueros parlamentarios tras haber asumido este mes una banca en el Senado, el juez solicitó a la Cámara Alta que le despoje de esa protección.

Según informó hoy el Centro de Información Judicial, la Cámara Federal también confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva del excanciller Héctor Timerman, quien goza del beneficio de la prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud.

El expediente judicial de Bonadio se abrió tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, en condiciones que aún se investigan.

El fiscal aseguraba que ese pacto, que oficialmente buscaba llegar a la verdad sobre el atentado, pretendía en realidad encubrir a los imputados iraníes con el fin de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la exmandataria y su equipo siempre ha negado e insisten en que con él buscaban llegar a la verdad del atentado.

Entre los imputados están el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí.

El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer.

Ruperti financia la defensa del estadounidense Joshua Holt encarcelado en Venezuela

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Las esperanzas de un hombre de Utah de ser liberado de una cárcel venezolana en la que lleva más de un año residen ahora en un magnate naviero muy cercano al gobierno de Venezuela.

Aún no está clara la razón por la que Wilmer Ruperti está financiando la defensa del ex misionero mormón Joshua Holt. El empresario venezolano no ha comentado al respecto, y los padres de Holt solo dicen que están agradecidos por la ayuda después de que su hijo ha pasado 16 meses confinado, acusado de acopio de armas en un caso que, de acuerdo con los simpatizantes de Holt, era una trampa orquestada como represalia contra Estados Unidos en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas.

El apoyo financiero para la defensa jurídica de Holt es incluso más notable debido a que Ruperti también respalda al equipo que defiende a los dos sobrinos del presidente Nicolás Maduro en un juicio por narcotráfico en Estados Unidos, además de que sigue haciendo negocios con el gobierno de Maduro. El año pasado, una de sus compañías ganó una licitación de 138 millones de dólares de la paraestatal petrolera PDVSA para retirar una duna de 12 millones de toneladas métricas de un derivado del petróleo utilizado como combustible en plantas termoeléctricas.

Ruperti, de 57 años, rechazó una solicitud de comentarios, pero el año pasado dijo a The Wall Street Journal que ayudaba a la defensa de la familia del mandatario porque piensa que los cargos que presentó Estados Unidos son un intento de desestabilizar a Venezuela y proyectar al país como un narcoestado.

Los sobrinos de Maduro, Efraín Campos y Francisco Flores, fueron arrestados en 2015 en Haití y trasladados a Nueva York, donde hace un año se les declaró culpables de asociación delictuosa para contrabandear más de 800 kilogramos (1.700 libras) de cocaína hacia Estados Unidos.

En el caso de Holt, Ruperti se ha convencido de que el estadounidense está siendo retenido injustamente como moneda de cambio, afirman personas con conocimiento de su participación. Señalan que Ruperti, quien ha presionado activamente a las autoridades para la liberación del estadounidense, es un católico devoto con hijos de la misma edad que Holt.

Holt, de 25 años, viajó a Venezuela en junio de 2016 y se casó con una mormona que conoció en internet mientras practicaba su español. Había planeado pasar varios meses en Caracas con ella y las dos hijas de ella para tramitar las visas para que todos pudieran mudarse a Estados Unidos.

Sin embargo, fue arrestado en el apartamento de su esposa en un conjunto habitacional público. La policía alega que escondía dos fusiles de asalto y granadas, y funcionarios del gobierno posteriormente lo relacionaron con intentos no específicos por parte de Estados Unidos de perjudicar al gobierno de Maduro durante un momento de inestabilidad económica y política.

Después de guardar silencio durante meses sobre el insólito benefactor de su hijo, Laurie y Jason Holt ahora le dan el crédito a Ruperti por mantener abierto un caso que temían quedara en el olvido debido al apuro del presidente estadounidense Donald Trump por imponer sanciones tanto a Venezuela como a altos funcionarios de ese país.

Ruperti visitó este año a la familia de Holt en su residencia de Salt Lake City, y se ha reunido con Holt en algunas ocasiones dentro de la prisión de Caracas en la que está encerrado junto con algunos de los más destacados rivales políticos de Maduro. Al empresario también se le vio la semana pasada mientras salía de un tribunal de Caracas con una pulsera en la muñeca que traía la leyenda #JusticeForJosh (Justicia para Josh), la cual fue regalo de la familia Holt.

“Es como el padrino de Josh”, dijo Laurie Holt a The Associated Press. “Intenta ocuparse de todo lo que necesita Josh”.

Las posturas aparentemente contradictorias de Ruperti ofrecen un vistazo a la enmarañada y a menudo desconcertante red de conexiones políticas y empresariales que dominan el proceso de toma de decisiones en Venezuela.

Ruperti, quien también trabajó como capitán de un buque petrolero antes de iniciar su propio negocio naviero, tiene añejos nexos con el gobierno venezolano. En 2002 salió al rescate del entonces presidente Hugo Chávez al alquilar una flota de barcos cisterna rusos para importar gasolina después de que los trabajadores de PDVSA se declararon en huelga y provocaron un desabasto de combustible en Venezuela.

Gracias a sus esfuerzos, Chávez lo condecoró con honores militares, y Ruperti vio prosperar su negocio al convertirse en un valioso contratista de PDVSA. El empresario demostró su gratitud al regalarle al mandatario dos pistolas que utilizó Simón Bolívar, héroe de la independencia venezolana, y que según reportes tuvieron un costo de 1,6 millones de dólares. Sin embargo, posteriormente fue demandado por una unidad de una compañía naviera rusa por el supuesto pago de millones de dólares en sobornos. La disputa comercial se resolvió el año pasado.

El empresario se involucró en el caso Holt hace cuatro meses a pedido de un amigo estadounidense que práctica la navegación en yates, Bill Duker, según tres personas familiarizadas con la situación que acordaron discutir el asunto solo si no se mencionaban sus nombres por la naturaleza delicada del tema. Indicaron que con el respaldo financiero de Ruperti, Duker solicitó la ayuda de su amigo David Boies, cuya firma de abogados de Manhattan también está defendiendo a uno de los dos llamados «narcosobrinos» de la primera dama venezolana Cilia Flores. Ambos acusados firmaron una exención de conflicto de intereses después que los fiscales estadounidenses les advirtieron que un tercero que esté pagando su defensa podría no seguir la estrategia que más les convenga. Su sentencia está programada para el próximo mes.

Mientras tanto, Holt también consiguió comparecer un día ante la corte bajo la custodia de Ruperti.

El mes pasado, los abogados pidieron que se desestimaran los cargos durante una audiencia preliminar que debió realizarse en los 20 días posteriores al arresto de Holt, pero que se retrasó sin explicación durante 15 meses, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos a cuestionar los motivos de su detención. La jueza Ana María Gamuza aún tiene que emitir un fallo. La próxima audiencia está programada para el miércoles.

Aun así, los intereses comerciales y políticos de Ruperti podrían complicarse aún más.

El gobierno de Trump ha estado aumentando la presión sobre el gobierno socialista de Venezuela, y gran parte de la atención se ha centrado en la corrupción en PDVSA.

Como parte de una investigación estadounidense los fiscales han obtenido declaraciones de culpabilidad de 10 personas por su papel en el pago de sobornos a funcionarios de PDVSA. Y el mes pasado en España, la policía arrestó a cuatro ex funcionarios de alto rango vinculados con Rafael Ramírez, quien dirigió PDVSA durante una década hasta que fue designado embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en 2014.

El gobierno de Estados Unidos dice que sospecha que funcionarios desviaron al menos 2.000 millones de dólares de PDVSA durante la gestión de Ramírez.

Por ahora, los padres de Holt dicen que han dejado de preguntarse por qué Ruperti está ayudando con el caso de su hijo. Simplemente están preocupados por la salud de Holt.

Laurie Holt dijo que su hijo ha estado perdiendo peso en las últimas dos semanas como resultado de una infección intestinal, y que su esposa Thamara Candelo, quien está detenida como presunta cómplice, necesita una cirugía en el manguito rotador para aliviar el dolor que se ha propagado por el lado derecho del cuerpo.

«No tenía que hacer esto», dijo Laurie Holt sobre Ruperti. «Pero realmente ama a Josh y Josh lo ama. Él sabe que es inocente».

TSJ declara a alcalde de Lechería en desacato y lo condena a 15 meses de prisión

Gustavo Marcano Alcalde Lechería

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en desacato al alcalde del Municipio Diego Bautista Urbaneja, Gustavo Marcano, y lo condenó a 15 meses de prisión, además de ordenar su captura e inhabilitarlo políticamente.

El desacato fue declarado por los magistrados de la Sala Constitucional con base en el mandamiento de amparo cautelar dictado el 31-05-17 en Sentencia 377. La audiencia se llevó a cabo sin la presencia de Marcano y sin representantes del Ministerio Público.

Tanto el alcalde de Lechería como demás políticos opositores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) declararon que no acatarían las decisiones que emane el TSJ.

La Sala Constitucional dictaminó que el sitio de reclusión de Marcano sería la sede del Sebin en Caracas hasta que un juez de primera instancia de ejecución determine el centro de reclusión definitivo. Aclaró también que se mantiene la prohibición de salida del país para el alcalde.

Marcano, al igual que su homólogo del municipio Chacao, Ramón Muchacho, fueron citados por el TSJ por incurrir en presunto desacato del mandato de amparo cautelar contenido en las sentencias números 377 del 31 de mayo 2017 y 369 del 24 de mayo 2017, respectivamente.

 

 

 

Lula apeló fallo que lo enviaría a prisión y aún aspira a la presidencia de Brasil

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El expresidente Luiz Inácio da Silva se defendió públicamente el jueves, tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero, al acusar a sus oponentes políticos de tratar de impedir que vuelva a ser presidente.

Un juez federal lo halló culpable en la víspera y lo condenó a casi 10 años de cárcel, aunque el carismático dirigente sigue en libertad mientras apela el fallo.

En un discurso breve y por momentos emotivo, Silva dijo a sus partidarios en Sao Paulo que la corte no tenía pruebas y la condena respondía a motivos políticos.

“Desde este momento quiero pedirle al Partido de los Trabajadores el derecho de ser candidato a presidente”, vociferó.

“¡Lula presidente!”, rugió la multitud.

El expresidente fue acusado de recibir un apartamento frente al mar y reparaciones a la propiedad como soborno de una empresa de construcción, OAS. Silva nunca poseyó el apartamento, pero los fiscales sostienen que la intención era dárselo.

El caso es parte de la investigación por corrupción más grande que se haya realizado en Brasil, y decenas de políticos y empresarios han sido encarcelados. Pero Silva es la figura más importante en ser condenada hasta la fecha, el primer expresidente hallado culpable en un proceso penal, al menos desde la restauración de la democracia en los 80.

Aunque el juez Sergio Moro defendió la decisión afirmando que se basaba únicamente en la ley, Lula tachó el juicio de caza de brujas.

Mientras tanto, el actual presidente, Michel Temer, afronta sus propias acusaciones de corrupción. “Es muy inusual tener a un expresidente condenado por corrupción y al mismo tiempo a un presidente en el cargo también bajo investigación”, dijo Sérgio Praça, politólogo en la universidad Fundaçao Getúlio Vargas en Río de Janeiro. “Hoy es un momento enorme para la historia brasileña, para bien o para mal”.

Los brasileños han pasado por tres accidentados años conforme la creciente operación “Autolavado” revelaba un nivel de corrupción que ha conmocionado hasta a los más cínicos. Al mismo tiempo, Dilma Rousseff fue impugnada y destituida por gestionar de forma ilegal el presupuesto federal. Y ahora su sucesor, Temer, se ve asediado mientras la cámara baja del Congreso decide si se le suspende y somete a juicio.

La pesquisa se centró en un principio en miembros del Partido de los Trabajadores al que pertenece Lula, pero desde entonces ha derivado en cargos por mala conducta contra políticos de todas las corrientes. Eso ha avivado el descontento contra los privilegiados mientras Brasil lucha con su peor crisis económica en décadas.

Los brasileños toman las calles con frecuencia, ya sea para apoyar a políticos que creen están siendo atacados de forma injusta o para respaldar a los fiscales y jueces que los investigan.

Nadie ha reunido multitudes mejor que Lula.

“Intentará movilizar a su multitud, a su grupo, pero no creo que se haya dado cuenta de que los tiempos han cambiado, de que la batalla no se libra en las calles”, dijo Praça. “La gente está simplemente cansada de todo”.

Unos pocos centenares de seguidores protestaron el miércoles contra su condena en Sao Paulo, y un grupo algo más pequeño también salió para celebrar la decisión de Moro.

El carismático líder dejó la presidencia al final de 2010 con una popularidad por las nubes, tras aprovechar un boom económico para financiar programas sociales que sacaron a millones de brasileños de la pobreza y aumentaron el peso internacional del país más grande de América Latina.

En muchos barrios, Lula sigue siendo venerado tanto por sus políticas económicas como por su papel en la lucha por la democracia durante la dictadura en el país. El líder de 71 años estaba considerado como uno de los favoritos para las elecciones presidenciales del año que viene.

El equipo de defensa de Lula emitió un duro comunicado después del fallo, en el que dijo que los cargos son un ataque a la democracia y prometió probar que el expresidente es inocente.

“El presidente Lula ha sido víctima (…) del uso de la ley para fines políticos, el famoso método que se usó con efectos brutales en varias dictaduras en la historia”, dijeron los abogados.

Lula está acusado de recibir un apartamento en primera línea de playa y reparaciones en la propiedad como sobornos de la constructora OAS. Silva nunca fue propietario de la vivienda, pero la fiscalía afirmó que era para él. La fiscalía también alegó que OAS pagó para almacenar las pertenencias del expresidente, pero Moro rechazó esa parte del caso.

Lula también afronta cargos en otros cuatro casos. Él niega haber hecho algo incorrecto.

Miro dijo que no había ordenado la detención inmediata de Lula porque la condena de un expresidente es un asunto de tal seriedad que creía que debía instruirse primero la apelación.

El caso pasará ahora a un grupo de magistrados. Si respaldan la condena, Silva quedaría inhabilitado para optar a un cargo público. Además de condenarle a nueve años y medio de prisión, Moro concluyó que el político debería ser inhabilitado de cargo público durante 19 años.

La fiscalía que gestionó el caso dijo que apelaría la sentencia para pedir que se aumentara.

Wilmito sentenciado por sicariato, secuestro y robo de blindado recibió beneficio de Iris Varela

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WIMER JOSÉ BRIZUELA VERA, alias “Wilmito”, está sentenciado a más de 20 años de prisión por robo de blindado, secuestro y complicidad en sicariato (homicidio), y le habían asignado como sitios de reclusión -por una sentencia- la cárcel de Vista Hermosa y -por otra- la mínima de Tocuyito. Sin embargo, este viernes 17 de febrero, el delincuente conocido por su condición de “pran” se encontraba en libertad disfrutando de unas vacaciones en familia en una playa de la isla de Margarita. Allí fue atacado por desconocidos que dispararon contra él y sus acompañantes.

Pero ¿cómo aparece “Wilmito” en Margarita?, ¿por qué no estaba preso?

Sencillo: “Wilmito” había abandonado hace dos meses el centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón -a donde tampoco está claro cómo llegó-, gracias a un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada que habría sido otorgado por la ministra de Servicio Penitenciario, María Iris Varela, el pasado 18 de diciembre de 2016.

Un documento denominado Acta Especial de Traslado, al que tuvo acceso Runrun.es, explica que Brizuela fue traído al despacho carcelario, en Caracas, desde Tocorón unos días antes de la Navidad de 2016 y se le otorga la medida “al constatar que el mencionado ciudadano lleva un tiempo de reclusión que supera los 15 años purgando una condena por acumulación de 23 años, 4 meses, 15 días, 13 horas y 20 minutos, sin haber computado a su favor las redenciones por trabajo y estudio que realiza en su centro de reclusión…”, dice el documento, que tiene algunas inconsistencias en el número de cédula del detenido y tiene lo que parece ser la firma de la titular del despacho penitenciario.

Al parecer, estos argumentos fueron suficiente para que la ministra Varela autorizara un “Régimen de Confianza Tutelado para el ciudadano Wilmer José Brizuela Vera … quien será trasladado al Centro de Régimen Especial Simón Bolívar, ubicado en la parroquia El Paraíso… bajo la custodia permanente de los funcionarios de seguridad…”, dice el documento de traslado.

beneficio

La figura de Régimen de Confianza Tutelada está establecida en el Título VIII del Código Orgánico Penitenciario aprobado en Gaceta Oficial N° 6207 del 28 de diciembre de 2015. “Consiste en la ubicación de un penado o penada en una unidad de producción o un área especial del recinto penitenciario, donde continuará con el cumplimiento de la pena mientras sea otorgado por el juez o la jueza de ejecución algún beneficio para el cual reúne requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”, dice el artículo 161. Aquí comienzan las inconsistencias del procedimiento.

¿Por qué “Wilmito” no tenía derecho a un beneficio de Régimen de Confianza?

1. Debe permanecer en un área especial del penal donde cumple la condena

Según artículo 161 del Código Penitenciario, el recluso debe permanecer en un área especial del penal donde se encuentra cumpliendo condena. En el caso de “Wilmito” sería la cárcel de Tocorón, en Aragua. Sin embargo, el documento en que se le otorga el régimen de confianza le asigna un centro especial ubicado en El Paraíso, municipio Libertador de Caracas, lo cual no está contemplado en la ley.

Pero además, el viernes 17 de febrero de 2017, el penado Wilmer Brizuela se encontraba en playa Parguito, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, a 580 kilómetros de Caracas y 567 kilómetros de Aragua. El preso disfrutaba de unas vacaciones familiares y esta irregularidad se conoció porque el pran “Wilmito” fue protagonista de un ataque a tiros, en el que resultaron heridos él y sus parientes.    

Carlos Nieto Palma, abogado y director de la ONG Una Ventana a la Libertad asegura: “Todo lo que se hizo es ilegal. La ministra Iris Varela no le paró a lo que dice la ley”.  

2. No puede haber sido acusado de cometer nuevos delitos estando preso

El artículo 162 del Código Penitenciario precisa que el ministerio de Servicio Penitenciario tiene competencia para otorgar el régimen de confianza, “siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, para optar a una de las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena”.

Sobre eso, el capítulo II del Copp se refiere a la suspensión condicional de la ejecución de la pena -que es una de las fórmulas alternativas de cumpliemiento de pena- y dice lo siguiente: “Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se requerirá… Que no haya sido admitida en su contra, acusación por la comisión de un nuevo delito…”, artículo 482.

“Wilmito” ordenó el asesinato de Mariela Casado, presidenta del circuito judicial penal del estado Bolívar, en 2010, mientras estaba preso en la cárcel de Vista Hermosa. Pero hubo un error y terminó muerta la hermana de la jueza. “El Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, a cargo de la jueza Magaly Guadalupe Nieto, sentenció a los acusados (“Wilmito” y su hermana, entre otros) en el proceso judicial seguido por los asesinatos de María Gabriela Casado Acero y Manuel Enrique Gutiérrez, ocurridos en Ciudad Bolívar, el 14 de junio de 2010”, dice una nota publicada en la página del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de enero de 2014.

“El fallo ordena al acusado Wilmer José Brizuela Vera, alias «Wilmito, a cumplir la pena de 14 años y 10 meses por la comisión de los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir”, dice la información y asigna como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Vista Hermosa. Además agrega que la decisión se fundamenta en la Ley contra la Delincuencia Organizada por tratarse de un sicariato.

El apartado 1 del artículo 488 del Copp, referido al beneficio de régimen abierto, también establece: “Que no haya cometido algún delito o falta, dentro o fuera del establecimiento, durante el cumplimiento de la pena”.

“Ellos están presuntamente implicados en este asesinato, que fue ordenado por el entonces reo del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, Wilmer Brizuela “El Wilmito”, quien fungía como jefe de varios grupos de delincuentes que actúan en Ciudad Bolívar”, dice una nota de AVN (que puede considerarse como oficial, por tratarse de la agencia de noticias del Gobierno) referida a la detención de otros implicados en el crimen.

3. No podrá salir del lugar de la ciudad o lugar residencia

El artículo 483 del Copp establece que para disfrutar de una medida de suspensión de la pena, el penado deberá cumplir varias obligaciones, y una de ellas es: “No salir de la ciudad o lugar de residencia”, dice el apartado número 1.

“Adicionalmente a las condiciones impuestas por el Juez o jueza, el Ministerio con competencia penitenciaria podrá imponer otras condiciones, siempre y cuando éstas no contradigan lo dispuesto por el Juez o Jueza”, dice el artículo 484.

4. No haber participado en hechos de violencia que alteren la paz de la prisión

El artículo 488 del Copp, sobre régimen abierto condiciona este beneficio y exige al penado “que no haya participado en hechos de violencia que alteren la paz del recinto o el régimen penitenciario”.

El pran lideró algunos conflictos dentro de la prisión. Se le relacionó con un motín en el que murió un funcionario de la GNB, dice una nota publicada por El Universal el 28 de marzo de 2014: “Ayer fue trasladado hasta la cárcel de Mínima Seguridad de Tocuyito, en Carabobo, Wilmer Brizuela, mejor conocido como «Wilmito», señalado de ser el pran de la cárcel de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar”.

Se especifica que: “supuestamente las autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios tomaron la decisión de trasladarlo, como consecuencia del tiroteo ocurrido en Vista Hermosa el martes, donde fue asesinado el teniente Lewis Rudas Bastidas, de 28 años, quien recibió dos tiros en un enfrentamiento entre reos y los efectivos de la GNB”.

Ese incidente motivó que Brizuela difundiera un comunicado en el que decía que su traslado no obedecía a un acto de cobardía. «Los guiaré en la vida diaria de estas cuatro paredes sin temor a que se ponga en peligro mi vida», decía parte de la declaración enviada por el pran de Vista Hermosa.

El abogado y ex fiscal, Luis Izquiel, recuerda que “Wilmito” es identificado públicamente como un pran, y su condición de pran (jefe o líder de la prisión) la obtiene gracias a que desde la cárcel coordina, planifica y ejecuta diversos delitos: como robo de blindados, extorsiones, venta de droga y homicidios, entre otros.

Además «Wilmito» no es cualquier pran. Según expertos él es el primer pran conocido en Venezuela. Llegó a tener control sobre casi todas las cárceles del país y en los últimos meses fungía como asesor de Héctor «Niño» Guerrero, actual pran de Tocorón. “Esto le impedía recibir algún beneficio”, aseguró Izquiel.

5. Delito de homicidio por el que fue sentenciado está entre las excepciones para obtener beneficios del Copp

El parágrafo segundo del Copp establece excepciones para obtener beneficios cuando el penado cometió algunos delitos. “Cuando el delito que haya dado lugar a la pena impuesta, se trate de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, las fórmulas alternativas previstas en el presente artículo solo procederán cuando se hubiere cumplido efectivamente las tres cuartas partes de la pena impuesta”.

La última sentencia que recibió Wilmer Brizuela fue en enero de 2014, de 14 años y 10 meses, por complicidad en sicariato y asociación para delinquir, ambos delitos contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Esto implica que debía haber cumplico ¾ partes de la condena para optar a una fórmula alternativa del cumplimiento de la pena.

En números significa que “Wilmito” no tiene derecho a recibir un beneficio de Régimen de Confianza hasta después de enero de 2025, cuando hay cumplido 11 años de condena, que son las ¾ partes que establece el Copp.  

“Teóricamente él debía estar preso. Por los delitos que está condenado no le correspondía ningún beneficio”, completó el experto en materia penitenciaria, Carlos Nieto Palma.

En abril de 2015, se supo que uno de los asesinos del pelotero Gustavo Polidor recibió el mismo beneficio de Régimen de Confianza por parte de la ministra Iris Varela. En esa ocasión quedó en libertad Marco Tulio Quintero, quien incumplió la medida. Varela otorgó el beneficio con base al Código Penitenciario, que para ese momento no había sido promulgado. Fue en diciembre de ese año cuando finalmente entro en vigencia el instrumento legal, que faculta a la ministra con atribuciones que hasta entonces estaban reservadas para los jueces de ejecución.

EFE: Las cárceles de Venezuela se sacuden las heridas de un sistema fallido

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Las cárceles de Venezuela, que durante décadas fueron ciudades intramuros de violencia, armas, drogas y delito, ahora son objeto de la transformación del «nuevo sistema penitenciario», un régimen diseñado por el gobierno socialista para la construcción «del hombre nuevo».

El desalojo de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), uno de los más peligrosos reductos del infausto sistema, a finales de octubre de 2016, es uno de los más recientes golpes del Ministerio de Servicios Penitenciarios para la reestructuración del sistema.

La prisión de máxima seguridad, que albergaba a una población de 5.000 internos, parecía desde fuera un retén como cualquier otro, con custodios en las garitas vigilando la alambrada, pero en el interior, al igual que en la mayoría de las prisiones venezolanas, el control era ejercido por los reclusos, incluso desde la entrada.

Restaurantes, panadería, servicio de manicura, tiendas para mascotas, drogas, motocicletas, discoteca, gimnasio, parque infantil, y un arsenal de armas a disposición, todo introducido por la puerta abierta de la corrupción entre los funcionarios y los reclusos.

Adentro las normas eran dictadas por el «pran», un condenado que lidera a los demás internos, controla los alimentos, la venta de droga, las armas, el alquiler de las celdas, y el recaudo de la «causa», una especie de «impuesto a la vida» que deben pagar los reclusos.

Los «pranatos» se convirtieron en una forma de «gobierno» que se emuló en buena parte de los 96 centros penitenciarios del país, un sistema que parece estar llegando a su fin.

Una escalada de violencia, la más larga y masiva del sistema penitenciario de la nación petrolera, en la cárcel de El Rodeo II, cercana a Caracas, dio pie para que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) creara el Ministerio de Servicio Penitenciario, una cartera que desde entonces ha buscado la refundación de los penales del país.

Ese episodio puso las cárceles en la cabeza de la lista de urgencias del gobierno de Chávez, que llegó a comparar la situación con un «cáncer» y admitió las «mafias incrustadas» entre algunos miembros del Ministerio del Interior y de Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

Desde entonces, Iris Varela, una chavista polémica por su encendido discurso, ha promovido la implantación de un riguroso «nuevo régimen» que se ha puesto en marcha hasta hoy en 83 cárceles nacionales y que ha provocado el cierre de otras seis.

Mientras custodios derriban las paredes de la PGV en busca de las armas ocultas que dejaron los presos antes del desalojo, en el que los reclusos solo pudieron llevar consigo sus calzoncillos, a unos kilómetros está la «26 de julio», uno de los 83 nuevos centros penitenciarios que operan bajo «el nuevo régimen».

Una rigurosa disciplina militarizada conduce los movimientos de los internos que hasta hace poco habitaban las amuralladas capitales del delito, entre juergas, drogas y fusiles automáticos.

Ahora permanecen uniformados y alineados en una formación marcial.

El nuevo régimen bajo el que están dos tercios de la población de los penales de jurisdicción del gobierno venezolano impone el toque de diana a las 5.30 horas locales y una lista de actividades que copan todo el día hasta el toque de silencio a las 21.00 horas.

Las nuevas prisiones tienen inhibidores de señal, escáneres en las entradas que bloquean el ingreso de armas, drogas, equipos electrónicos y teléfonos celulares, además de un estricto régimen de visita.

Media docena de presos vestidos de amarillo y guardados en su celda a la espera del toque de silencio recuerdan con terror el antiguo régimen y uno de ellos afirma: «Ahora nos sentimos seguros, al menos comemos tres veces al día, estudiamos, y hacemos cosas que no pensábamos en hacer en la calle».

En el patio, luego de disolverse la formación, otro recluso asegura que ya no tiene miedo de los «pranes», ahora «son como uno más», dice.

Al otro lado del país, en el centro penitenciario del estado Mérida, el primero en ser pacificado, los reos siembran hortalizas en los patios, tallan madera, y pintan murales con el rostro de Chávez convencidos de la posibilidad del «hombre nuevo».

Todavía siete centros penitenciarios de los 93 que existían en el país están bajo el antiguo régimen controlados por los «pranes» aunque, según Varela, se encuentran ya en «transición».

En uno de ellos, el de Puente Ayala del estado Anzoategui, en el oriente de Venezuela, un «lucero», como se conoce en el vocabulario de los prisioneros a los escolta de los pranes, se inquieta por la posibilidad de la llegada del nuevo régimen, y presiente que pronto será también su turno de entregar el «gobierno».