Prisión

Los recursos de apelación que interpusieron los juristas están sustentados en los artículos 444 y 445 del Código Procesal Penal

Los abogados de los sindicalistas Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Emilio Negrín recurren ante la Corte de Apelaciones de Caracas la decisión del Tribunal 2° de terrorismo por condenarlos a 16 años de prisión, por protestar contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). 

Así lo informó, este 4 de septiembre, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, que publicó una fotografía de parte de los documentos que introdujeron los abogados Rafael Alberto Maimone, Eduardo Torres, Alonso Medina Roa, Kelvin Zambrano, Ana Leonor Acosta y Luis Guillermo Navas.

«Abogados de los 6 #LuchadoresSociales introducen recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Caracas. Reynaldo, Gabriel, Alcides, Emilio, Alonso y Néstor #SonInocentes y fueron sentenciados a 16 años de cárcel. #LiberenALosLuchadores», dice el mensaje que publicó la organización.

APELACIÓN | #4Sept | 📸 | Abogados de los 6 #LuchadoresSociales introducen recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Caracas. Reynaldo, Gabriel, Alcides, Emilio, Alonso y Néstor #SonInocentes y fueron sentenciados a 16 años de cárcel. #LiberenALosLuchadores. pic.twitter.com/vyDjZtXTIc

— Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) September 4, 2023

Los recursos de apelación que interpusieron los juristas están sustentados en los artículos 444 y 445 del Código Procesal Penal.

¿Qué pasó con los seis sindicalistas?

Los seis sindicalistas fueron hallados culpables de conspiración y asociación para delinquir; sin embargo, sus familiares y ONG de derechos humanos aseguran que son inocentes y que fueron enjuiciados injustamente y sin pruebas.

Fueron condenados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Casos de Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada, por los delitos de conspiración y asociación a cumplir una pena de 16 años de prisión

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) August 3, 2023

Ernesto, Reynaldo, Alcides y Alonso son dirigentes políticos del partido Bandera Roja. Emilio es defensor de los derechos humanos y Gabriel es activista sindical en Caracas y, antes de su detención, trabajador humanitario y defensor de los derechos humanos.

La sentencia, que se dio a conocer el 1 de agosto, generó diversas reacciones y rechazo. Expertos en derechos humanos que trabajan con la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguraron en su momento que la condena era un “abuso crónico” de la ley contra quienes defienden derechos de los trabajadores y buscan mejorar las condiciones laborales.

Los especialistas Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule afirmaron que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades y excepcionalidades y denunciaron que «tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al Derecho internacional».

«Estamos asistiendo a un abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores»

Relatores ONU condenan el empleo de la legislación antiterrorista para encarcelar a seis sindicalistas venezolanos https://t.co/StdsPDjab5 pic.twitter.com/OSsN7QFIg2

— PROVEA (@_Provea) September 1, 2023

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Sarkozy es el primer expresidente francés en recibir una pena de este tipo

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias.

El Tribunal Correccional de París precisó que dos de esos años de cárcel están exentos de cumplimiento y que el tercer año de prisión firme puede ser convertida en detención domiciliaria o vigilancia con un brazalete electrónico.

Los jueces consideraron probado que existió un pacto de corrupción para beneficiar los intereses judiciales de Sarkozy en otras causas abiertas tras su salida del Elíseo en 2012.

La corte condenó, además, a una pena similar al abogado del expresidente, Thierry Herzog, a quien impuso además cinco años de inhabilitación para ejercer la abogacía, y al alto magistrado Gilbert Azibert.

Las penas son algo inferiores a lo que había reclamado la Fiscalía, que pedía dos años de cárcel firmes contra los tres acusados.

Esas actuaciones salieron a la luz en unas conversaciones telefónicas intervenidas por la policía en 2014 entre Sarkozy y su abogado, en la que se desprendía que habían contactado a Azibert, entonces miembro del Tribunal Supremo, para obtener información en otra causa abierta contra el expresidente a cambio de ayudar al magistrado a lograr un puesto en Mónaco.

La sentencia recoge la «particular gravedad» del delito cometido por Sarkozy por su condición de expresidente, que «se sirvió de su cargo y de sus relaciones» para «su interés personal», lo que llena de descrédito un cargo que, por la Constitución, le otorga el poder de equilibrio de la justicia.
Además, recoge el veredicto, Sarkozy tenía que conocer las infracciones cometidas por su condición de abogado de formación.

La histórica condena a Sarkozy, que puede apelar la sentencia, se produce dos semanas antes de que se abra otro proceso en el que está implicado el expresidente, el de las presuntas irregularidades sobre la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2012.

*Con información de EFE

QUITO (AP) — El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró el martes culpable de corrupción al expresidente Rafael Correa y lo sentenció a ocho años de prisión.

Correa fue condenado junto a otros 19 altos funcionarios y empresarios involucrados en una red de millonarios pagos ilegales a cambio de la entrega de obras públicas.

El juez Iván León leyó la sentencia y dijo que la víctima del delito es el Estado y que la “fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción”.

Añadió que los jueces consideran que se ha probado que los pagos fueron reportados a Correa y Jorge Glas -entonces vicepresidente y actualmente en prisión por caso de corrupción- quienes comandaban la organización.

Además de Correa, también fueron sentenciados a la misma pena Glas y 16 acusados de cohecho agravado. La exasesora del mandatario, Pamela Martínez, y su asistente, Laura Terán, recibieron penas de 38 y 19 meses, respectivamente, por su colaboración para descubrir la trama.

La justicia consideró que los 20 implicados tuvieron diversos grados de responsabilidad en la recepción de 7,55 millones de dólares que fueron utilizados para promocionar al entonces partido de gobierno Alianza País.

Los inculpados pueden apelar, aunque deben esperar que el Tribunal notifique por escrito la sentencia en los próximos 10 días.

Correa aseguró en su cuenta de Twitter que “de seguro ganaremos a nivel internacional” y comentó que “todo esto es falso. Pidan algún contrato o egreso que se haya dado por pago a la persona responsable del mismo… no existe. No se ha probado nada. Son los jueces prepagos”.

La trama de corrupción fue descubierta inicialmente por una investigación periodística.

La sentencia se dio a conocer en medio de una rigurosa cuarentena impuesta por el gobierno para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Debido a ello, las partes se mantuvieron en tres salas separadas con la obligación de usar mascarillas y guantes y tras pasar controles sanitarios antes de ingresar al edificio de la Corte.

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LOS DOS MILITARES IMPUTADOS por la muerte del capitán corbeta Rafael Acosta Arévalo fueron condenados hoy a seis años y ocho meses de prisión. 

La información la dio a conocer Alonso Medina Roa, abogado y especialista en Derecho Penal a través de su cuenta en Twitter, afirmando que la audiencia se realizó sin la previa notificación a la representación de la víctima lo que constituye una burla a las normas procesales. 

Los guardias nacionales permanecerán recluidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, donde estaba detenido el capitán de corbeta.

El Teniente Ascanio Antonio Tarascio (23) y el sargento Estiben Zarate (22), ambos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana fueron acusados de «homicidio preterintencional con causal» por la muerte de Acosta el pasado 29 de junio. 

Acosta Arévalo era acusado por funcionarios del Ejecutivo de Nicolás Maduro de estar involucrado junto a otras personas en un supuesto plan para asesinar al gobernante venezolano, pero nunca se le pudo imputar delito alguno pues al momento de su audiencia preliminar, el juez ordenó su traslado inmediato a un hospital al ver su condición.

#24sep. Tribunal 36 de Control, convoca para hoy, la Audiencia Preliminar en el caso del Homicidio del Cap. Acosta Arevalo, SIN notificar previamente a la representación de la Victima; burlándose una vez más, de las normas procesales

— Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) September 24, 2019

#24Sept. Tribunal 36 de Control, condena a 6 AÑOS y 8 MESES, a dos funcionarios del DGCIM (un TTe y Sgto) implicados en la muerte del Cap. Acosta Arevalo; ignorando todo lo establecido en la “Ley Contra la Tortura..”

— Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) September 24, 2019

La tarde del sábado 20 de julio, familiares del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, lograron finalmente visitarlo después de dos meses de su detención.

El día en el que el Parlamentario cumplió 64 años, pudo compartir con sus hijas Soley Zambrano y Zue Zambrano, también estuvo presente su esposa, su yerno y su única nieta, así lo escribió a través de su cuenta de Twitter la pareja del diputado, Sobella Mejías .

En la recién creada cárcel de máxima seguridad ubicada en Fuerte Tiuna a la que fue trasladado Zambrano, también llegaron integrante del conocido Grupo de Boston, organización que logró que al haber transcurrido más de 70 días del arresto del diputado sus familiares lograran finalmente visitarlos en prisión.

La reunión contó con la presencia de varios integrantes del Grupo de Boston, entre ellos su coordinador Pedro Díaz Blum y los delegados Francisco Torrealba del sector oficial y Pedro Pablo Alcántara por la oposición.

Desde el 10 de julio Zambrano lleva a cabo una huelga de hambre, para que se le de cumplimiento a varias exigencias, entre las que se encuentra la inmediata liberación de Rosario Pedro, Abraham Rodríguez, Martín Hernández y Martín Peña, todos integrantes de su equipo detenidos junto a él el pasado 8 de mayo.

El Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Función de Control, con competencias en casos vinculados a “terrorismo”, dictó medida privativa de libertad contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, tras el allanamiento ilegal de su inmunidad parlamentaria por la impuesta asamblea constituyente.

Según las autoridades, el parlamentario habría cometido flagrantemente los delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada durante los sucesos del 30 de abril, en el contexto de la llamada “Operación Libertad”.

Zambrano, junto a los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla Peraza, Américo De Grazia y Richard Blanco Delgado, estuvieron al lado de Juan Guaidó durante las acciones en el Distribuidor Altamira con un puñado de militares, hecho que el gobierno que preside Nicolás Maduro califica de “escaramuza de intento de golpe de Estado”.

LA JUSTICIA BRASILEÑA condenó este miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso por delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

Lula (2003-2010) ya cumple condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de sobornos.

En la nueva causa, la jueza federal Gabriela Hardt consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que tres empresas -Odebrecht, OAS y Schain- hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.

La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al expresidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.

No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la misma por parte de empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.

Se trata de la segunda sentencia en menos de dos años contra Lula, de 73 años, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, por orden del entonces magistrado Sergio Moro.

Moro comandó en primera instancia la operación que destapó las corruptelas en Petrobras, si bien dejó el cargo a finales del año pasado para poder asumir en enero el Ministerio de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

El juez fue sustituido entonces por Hardt, quien interrogó a Lula el pasado noviembre sobre el caso por el que ha sido condenado este miércoles.

Con información de EFE

ESTE 15 DE OCTUBRE SE CUMPLIERON 15 años y 6 meses desde que los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) están presos injustamente. Así lo denunció María Pascastillo, esposa del Comisario Héctor Hurtado, quien purga condena en una celda de la Cárcel Militar de Ramo Verde.

Pascastillo, a través de un video, recordó que los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana Marco Hurtado, Héctor Rovain, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Arube Pérez aún se encuentran en prisión a pesar de que dos de ellos ya cumplieron la pena impuesta por el Tribunal Cuarto de Juicio del estado Aragua a cargo, en aquella oportunidad, de la Juez Maryorie Calderón.

“Hoy exigimos al tribunal que les conceda la libertad plena, que se respeten los derechos constitucionales y los derechos penales. Estamos hablando de 15 años de injusta prisión”, dijo María Pascastillo.

Estos 5 funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) fueron sentenciados a penas de prisión por los hechos que se registraron el día 11 de abril del año 2002 a pesar de que no hubo pruebas de su culpabilidad. En este juicio, que duró 7 años, se realizaron 230 audiencias, se presentaron 265 experticias, 5.700 fotografías, más de 20 vídeos, declararon 198 testigos y participaron 48 expertos.

El Comisario Marco Hurtado, condenado a 16 años y 8 meses de prisión,  y el Cabo Primero Arube Pérez, condenado a 17 años y 10 meses de prisión,  ya tienen la pena cumplida dado que ambos han trabajado dentro de la prisión y así lo ha constatado el tribunal de la causa.

De igual manera, debido al buen comportamiento demostrado, el resto de los imputados, condenados a la pena máxima de 30 años, también califican para ser beneficiados con medidas sustitutivas de libertad, tanto es así, que el mismo tribunal se ha pronunciado en varias oportunidades a favor de otorgarles beneficios procesales.

Tal como es de conocimiento público los comisarios de la extinta Policía Metropolitana, Henry Vivas y Lázaro Forero, así como el ex jefe de Seguridad de la Alcaldía Mayor, comisario Iván Simonovis recibieron, en su oportunidad, medidas humanitarias que le permitieron purgar sus condenas dentro de sus residencias, sin embargo, todos presentan evidentes problemas de salud.

Inexplicablemente funcionarios del Sebin, sin orden judicial, le colocaron un dispositivo de geolocalización en el tobillo izquierdo al comisario Simonovis, quien tiene casa por cárcel desde el 20 de septiembre de 2014.