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Militares implicados en la muerte de Acosta Arévalo fueron condenados a 6 años de prisión

LOS DOS MILITARES IMPUTADOS por la muerte del capitán corbeta Rafael Acosta Arévalo fueron condenados hoy a seis años y ocho meses de prisión. 

La información la dio a conocer Alonso Medina Roa, abogado y especialista en Derecho Penal a través de su cuenta en Twitter, afirmando que la audiencia se realizó sin la previa notificación a la representación de la víctima lo que constituye una burla a las normas procesales. 

Los guardias nacionales permanecerán recluidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, donde estaba detenido el capitán de corbeta.

El Teniente Ascanio Antonio Tarascio (23) y el sargento Estiben Zarate (22), ambos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana fueron acusados de “homicidio preterintencional con causal” por la muerte de Acosta el pasado 29 de junio. 

Acosta Arévalo era acusado por funcionarios del Ejecutivo de Nicolás Maduro de estar involucrado junto a otras personas en un supuesto plan para asesinar al gobernante venezolano, pero nunca se le pudo imputar delito alguno pues al momento de su audiencia preliminar, el juez ordenó su traslado inmediato a un hospital al ver su condición.

Familia de Edgar Zambrano logró visitarlo en prisión

La tarde del sábado 20 de julio, familiares del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, lograron finalmente visitarlo después de dos meses de su detención.

El día en el que el Parlamentario cumplió 64 años, pudo compartir con sus hijas Soley Zambrano y Zue Zambrano, también estuvo presente su esposa, su yerno y su única nieta, así lo escribió a través de su cuenta de Twitter la pareja del diputado, Sobella Mejías .

En la recién creada cárcel de máxima seguridad ubicada en Fuerte Tiuna a la que fue trasladado Zambrano, también llegaron integrante del conocido Grupo de Boston, organización que logró que al haber transcurrido más de 70 días del arresto del diputado sus familiares lograran finalmente visitarlos en prisión.

La reunión contó con la presencia de varios integrantes del Grupo de Boston, entre ellos su coordinador Pedro Díaz Blum y los delegados Francisco Torrealba del sector oficial y Pedro Pablo Alcántara por la oposición.

Desde el 10 de julio Zambrano lleva a cabo una huelga de hambre, para que se le de cumplimiento a varias exigencias, entre las que se encuentra la inmediata liberación de Rosario Pedro, Abraham Rodríguez, Martín Hernández y Martín Peña, todos integrantes de su equipo detenidos junto a él el pasado 8 de mayo.

El Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Función de Control, con competencias en casos vinculados a “terrorismo”, dictó medida privativa de libertad contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, tras el allanamiento ilegal de su inmunidad parlamentaria por la impuesta asamblea constituyente.

Según las autoridades, el parlamentario habría cometido flagrantemente los delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada durante los sucesos del 30 de abril, en el contexto de la llamada “Operación Libertad”.

Zambrano, junto a los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla Peraza, Américo De Grazia y Richard Blanco Delgado, estuvieron al lado de Juan Guaidó durante las acciones en el Distribuidor Altamira con un puñado de militares, hecho que el gobierno que preside Nicolás Maduro califica de “escaramuza de intento de golpe de Estado”.

Lula Da Silva fue condenado a 12 años de prisión en nuevo caso de corrupción

LA JUSTICIA BRASILEÑA condenó este miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso por delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

Lula (2003-2010) ya cumple condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de sobornos.

En la nueva causa, la jueza federal Gabriela Hardt consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que tres empresas -Odebrecht, OAS y Schain- hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.

La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al expresidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.

No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la misma por parte de empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.

Además de Lula, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención).

Se trata de la segunda sentencia en menos de dos años contra Lula, de 73 años, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, por orden del entonces magistrado Sergio Moro.

Moro comandó en primera instancia la operación que destapó las corruptelas en Petrobras, si bien dejó el cargo a finales del año pasado para poder asumir en enero el Ministerio de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

El juez fue sustituido entonces por Hardt, quien interrogó a Lula el pasado noviembre sobre el caso por el que ha sido condenado este miércoles.

 

Con información de EFE

Policías Metropolitanos cumplieron 15 años y 6 meses en prisión

ESTE 15 DE OCTUBRE SE CUMPLIERON 15 años y 6 meses desde que los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) están presos injustamente. Así lo denunció María Pascastillo, esposa del Comisario Héctor Hurtado, quien purga condena en una celda de la Cárcel Militar de Ramo Verde.

Pascastillo, a través de un video, recordó que los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana Marco Hurtado, Héctor Rovain, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Arube Pérez aún se encuentran en prisión a pesar de que dos de ellos ya cumplieron la pena impuesta por el Tribunal Cuarto de Juicio del estado Aragua a cargo, en aquella oportunidad, de la Juez Maryorie Calderón.

“Hoy exigimos al tribunal que les conceda la libertad plena, que se respeten los derechos constitucionales y los derechos penales. Estamos hablando de 15 años de injusta prisión”, dijo María Pascastillo.

Estos 5 funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) fueron sentenciados a penas de prisión por los hechos que se registraron el día 11 de abril del año 2002 a pesar de que no hubo pruebas de su culpabilidad. En este juicio, que duró 7 años, se realizaron 230 audiencias, se presentaron 265 experticias, 5.700 fotografías, más de 20 vídeos, declararon 198 testigos y participaron 48 expertos.

El Comisario Marco Hurtado, condenado a 16 años y 8 meses de prisión,  y el Cabo Primero Arube Pérez, condenado a 17 años y 10 meses de prisión,  ya tienen la pena cumplida dado que ambos han trabajado dentro de la prisión y así lo ha constatado el tribunal de la causa.

De igual manera, debido al buen comportamiento demostrado, el resto de los imputados, condenados a la pena máxima de 30 años, también califican para ser beneficiados con medidas sustitutivas de libertad, tanto es así, que el mismo tribunal se ha pronunciado en varias oportunidades a favor de otorgarles beneficios procesales.

Tal como es de conocimiento público los comisarios de la extinta Policía Metropolitana, Henry Vivas y Lázaro Forero, así como el ex jefe de Seguridad de la Alcaldía Mayor, comisario Iván Simonovis recibieron, en su oportunidad, medidas humanitarias que le permitieron purgar sus condenas dentro de sus residencias, sin embargo, todos presentan evidentes problemas de salud.

Inexplicablemente funcionarios del Sebin, sin orden judicial, le colocaron un dispositivo de geolocalización en el tobillo izquierdo al comisario Simonovis, quien tiene casa por cárcel desde el 20 de septiembre de 2014.

Lula: ¿A la prisión o a la presidencia? por Milos Alcalay

La decisión mayoritaria del Tribunal Supremo Federal del Brasil en su Sesión Plenaria del 4 de Abril al negar la solicitud del Habeas Corpus interpuesta por los abogados de Lula,  puso fin a la intención de postergar la aplicación de las sentencias de condena de prisión al ex mandatario. El máximo Tribunal ratifica con su decisión la pertinencia de las sentencias pronunciadas anteriormente en aplicación a la legislación penal que tipifica el delito de corrupción. Es evidente que esa posición adoptada por los Magistrados de Brasilia produjo una escalada en el clima de tensos enfrentamientos entre seguidores y detractores del ex sindicalista que ocupó en dos ocasiones el más alto cargo del gigante verde-Amarillo, hoy convertido en reo de la Justicia.

Lo cierto es que la opción condenatoria fue pronunciada en las investigaciones policiales, Federales y Regionales y de manera concreta tanto por los jueces de la primera como de la segunda instancia de los Tribunales Regionales, que coincidieron en su condena.  La negativa al rechazar el “habeas corpus” permitió que el Juez Sergio Moro -que es el juez que lleva la causa en Curitiba- pudiera retomar el expediente y ofrecer que el dirigente condenado pudiera presentarse al sitio de su reclusión por sus propios medios el 6 de abril antes de las 5 pm en el que se le otorgarían algunos privilegios por su alta investidura pasada. En vez de aceptar el llamado del juez, el dirigente político más bien decidió atrincherarse en la sede del sindicato metalúrgico de São Bernardo dos Campos en el interior de São Paulo convocando ademas a más de 30.000 militantes y simpatizantes para resaltar su fortaleza.

Lo grave de esta provocación de Lula al postergar la aplicación de la condena por los escandalosos hechos de corrupción obedece al hecho de que al ejecutarse la condena ya no podría continuar con su aspiración para a presentar su candidatura Presidencial para las elecciones de Octubre de este año, porque estaría inhabilitado jurídicamente.

A pesar de la claridad de las sentencias adoptadas por las diferentes instancias jurisdiccionales contra el ex mandatario, los seguidores del líder del PT, dentro y fuera del Brasil, han querido “politizar” la sentencia y maquillar el hecho delictivo alegando que se trata de un detenido político y que con ello  se pretende impedir el futuro Presidencial de Lula. Otros sectores del Brasil profundamente indignados por los “mecanismos” escandalosos de la operación iniciada con las irregularidades conocidas como “lavajato”, se oponen a que se eluda el peso de la Ley y de la Justicia, y esperan que se condene a prisión al Presidente culpable, como se ha hecho con otros importantes políticos de Gobierno y de Oposición que están actualmente cumpliendo su condena. A pesar de la vehemencia de unos y otros, no puede haber otro camino distinto al de un procedimiento constitucional que rechace la impunidad de Lula, porque de no aplicarse la condena, se abriría la “caja de Pandora” imposible de impedir que la corrupción sea el mecanismo para promover a dirigentes políticos de las diferentes posiciones.

Estas son las opciones jurídicas que le quedan a Lula da Silva para no ir a la cárcel

El 4 de abril se allanó el camino del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisión, luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazara su solicitud de habeas corpus.

Seis de los 11 jueces de la Suprema Corte del país votaron a favor de su encarcelamiento, en un juicio que duró 12 horas y se centró en una pregunta: ¿debe el popular exmandatario iniciar el cumplimiento de la sentencia por corrupción a la que fue condenado por un tribunal de Porto Alegre o puede esperar en libertad hasta que su caso sea analizado por las instancias superiores?.

Investigadores de la llamada Operación Lava Jato, de la cual forma parte el juicio a Lula da Silva, han señalado que para la continuidad de las investigaciones es importante que los procesados inicien el cumplimiento de sus penas después de haber sido condenados en segunda instancia.

Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, tras ser hallado culpable en julio de 2017 de aceptar sobornos por US$1,1 millones de la constructora OAS.

El dinero habría sido utilizado para reformar y amueblar un apartamento de tres pisos de lujo (triplex) en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

 

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Aunque Lula da Silva negó en todo momento ser propietario de ese inmueble que formalmente aparece registrado a nombre de OAS, durante el juicio los fiscales señalaron que “varias pruebas dicen lo contrario”, incluidos testimonios de la portería, un síndico y dos ingenieros de OAS.

En enero de este año, tras la apelación, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región ratificó la condena de forma unánime y aumentó la pena hasta los doce años y un mes de prisión.

Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil, aspira a presentarse a las elecciones presidenciales de octubre de 2018, pero la condena y su posible estancia en la cárcel van en contra de sus aspiraciones.

Pero el expresidente brasileño tiene tres opciones jurídicas a las que puede recurrir para lograr evadir la prisión:

1. Su defensa puede presentar nuevos pedidos de habeas corpus.

2. Su condena puede ser anulada por los tribunales superiores.

3. El Supremo puede modificar su posición sobre la prisión después de condenas en segunda instancia para todos los reos del país, lo que beneficiaría al líder del Partido de los Trabajadores.

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La justicia brasileña da luz verde al ingreso de expresidente Lula a la cárcel

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se está quedando sin espacio por donde continuar su huida hacia delante. El tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, que hace justo dos meses ratificó su condena por corrupción y aumentó la pena de prisión inicial de nueve años de cárcel a 12 y un mes, ha dado luz verde para que el juez Sérgio Moro ordene el ingreso en prisión del expresidente más popular de Brasil.

Moro, responsable de juzgar a Lula en el complejo caso Petrobras, fue quien dictó la primera condena y no debería tener problemas en obedecer dentro de 12 días, cuando se haya agotado el plazo para recurrir (diez días) y de responder a esos recursos (48 horas), según un reporte del diario El País.

Lula será, pues, el primer expresidente sobre el cual pesa semejante orden, un precedente terrible para la democracia brasileña, y más terrible aún para todos los políticos acusados de corrupción que sin embargo disfrutan del aforamiento de sus cargos.

El expresidente ya ha ido tejiendo una compleja red de recursos ante varios tribunales que deberían ir retrasando más y más la ejecución de las sentencias en su contra. Por ejemplo, esta sentencia depende de lo que decida el Tribunal Supremo sobre el recurso de habeas corpus que el expresidente ya ha solicitado. Si concede este recurso, se paralizará la ejecución de la sentencia de la instancia. Si no lo hace y Moro da la orden, Lula no tendrá más remedio que ir a prisión. Eso se decidirá el 4 de abril, fecha en la que el Supremo se reunirá para votar.

Ganador e inelegible a la vez

Lula lidera desde hace años las encuestas de intención de voto a las elecciones de este octubre, pero nadie sabe si llegará candidato o no.

En el peor de los casos, estará en la cárcel cuando se celebren los comicios; en el mejor, estará recurriendo su condena, lo cual, según la ley Ficha Limpa aprobada en 2010, inhabilita a aspirar a la presidencia.

Por ahora, la estrategia del petista es hacer campaña, mucha y muy escandalosa; de esta forma, llegado el momento de registrarse como candidato en agosto, el Tribunal Superior Electoral lo tendrá más difícil para impedírselo. Y aunque eso ocurra, el Partido de los Trabajadores aún puede recurrir la decisión del Tribunal ante el Tribunal Supremo y seguir haciendo campaña hasta que sea demasiado tarde para uno de los dos bandos. Hasta el final, Lula será a la vez un candidato formidable y uno inelegible.

Cristina Fernández a prisión preventiva por presunto encubrimiento a terroristas

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Un tribunal de alzada de Argentina confirmó hoy el procesamiento y la prisión preventiva dispuestos sobre la expresidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a terroristas, informaron fuentes judiciales.

La Cámara Federal ratificó hoy las medidas que había adoptado el pasado 7 de diciembre el juez Claudio Bonadio y que la exmandataria apeló días después.

Además de procesarla, Bonadio ordenó detener a Fernández, actual senadora, por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a la mutua judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos.

Pero como Fernández (2007-2015) tiene fueros parlamentarios tras haber asumido este mes una banca en el Senado, el juez solicitó a la Cámara Alta que le despoje de esa protección.

Según informó hoy el Centro de Información Judicial, la Cámara Federal también confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva del excanciller Héctor Timerman, quien goza del beneficio de la prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud.

El expediente judicial de Bonadio se abrió tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, en condiciones que aún se investigan.

El fiscal aseguraba que ese pacto, que oficialmente buscaba llegar a la verdad sobre el atentado, pretendía en realidad encubrir a los imputados iraníes con el fin de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la exmandataria y su equipo siempre ha negado e insisten en que con él buscaban llegar a la verdad del atentado.

Entre los imputados están el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí.

El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer.