Los dos policías señalados por este caso fueron identificados como Javier Useche Blanco y Henry José Ramírez Hernández, imputados por «los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos futiles e innobles en perjuicio» de Chacón
Información de Efe / Foto: Alfredo Romero
Dos funcionarios de la Policía de Táchira fueron condenados a 21 y 27 años de prisión por las heridas causadas al adolescente Rufo Chacón, a quien dejaron ciego, luego de que participara en una protesta para exigir el cese de fallas en el servicio gas doméstico en su comunidad, en julio de 2019.
«Rufo Chacón fue disparado [sic] en su cara por policías del estado Táchira, perdió sus dos ojos a sus 16 años. Hace pocos minutos (…) salió de la audiencia final de juicio. Dos funcionarios condenados a 27 y 21 años de prisión«, informó el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, en su cuenta de Twitter.
#4oct 9:15PM Rufo Chacón fue disparado en su cara por policías del estado Táchira, Perdió sus dos ojos a sus 16 años. Hace pocos minutos equipo @foropenal Táchira, coordinado por @Raquelysc, salió de audiencia final de juicio. 2 funcionarios condenados a 27 y 21 años de prisión. pic.twitter.com/UTWllT6uZ5
Los dos policías señalados por este caso, según informó en su momento el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fueron identificados como Javier Useche Blanco y Henry José Ramírez Hernández, imputados por «los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos futiles e innobles en perjuicio» de Chacón.
También se les habían atribuido los delitos de «trato cruel y uso indebido de arma orgánica» contra otras cuatro personas que se encontraban en la protesta, identificados como Jefferson García, Adrián Chacón, Erika Suárez y Gabriel García.
Protesta por gas
Rufo Chacón, Jefferson García, Adrián Chacón, Erika Suárez y Gabriel García protestaban el 1 de julio de 2019 en Táriba, estado Táchira, exigiendo el servicio de gas doméstico.
Durante la manifestación, Chacón recibió «múltiples heridas» en el rostro que le ocasionaron «la pérdida total de la visión por incrustación de perdigones en los globos oculares», según el parte médico.
Tras lo sucedido, el TSJ instó «a resguardar los intereses del adolescente» al pedir abstención para «realizar publicaciones sobre el rostro».
El joven tachirense, Rufo Chacón quien perdió la visión luego de que funcionarios al servicio del régimen dispararan varios perdigones a nivel de su rostro el pasado 2 de julio, recibió las prótesis oculares con sistema de inteligencia artificial.
La noticias la dio a conocer Adriana Parada, madre de Rufo a través de la cuenta en Instagram del joven.
“Hoy es un día muy especial para nosotros y particularmente para mi hijo Rufo Chacón. Hemos recibido la bendición de lo más avanzado que ofrece la ciencia hasta el momento para mejorar su calidad de vida e independencia”, escribió Parada.
Parada informó que “Rufo, por ahora, no recobra su visión pero se ha ganado el apoyo y respeto de todo un país. Mi hijo es un ejemplo vivo de la Venezuela posible, la que a pesar de los maltratos e injusticias se levanta y lucha por seguir adelante en busca del progreso y bienestar. Dios te bendiga hijo amado, gracias Sr. Yaser Dagga, gracias Fundación Frigilux, gracias Dr. Miguel Salinas de Ocular Lab y todo su maravilloso equipo. Gracias por todo su apoyo VENEZUELA”.
«Todo ha ido perfecto, le hemos conseguido mucho movimiento, hemos implementado el dispositivo Arcan, para detectar objetos y caras y darle mucha autonomía», afirmó el médico Miguel Salinas.
Salinas señaló que el siguiente paso es que Rufo use las prótesis para que las cavidades se vayan adaptando a ellas pero que de momento se ha conseguido muy bien a nivel estético.
El médico amplió que el dispositivo inteligente hace una fotografía y lee a Rufo exactamente lo que hay en la foto. Continúa diciendo que el sistema no es precisamente para deambular, sino que hace un reconocimiento de su entorno y memoriza objetos y rostros. “”Si su mamá se pone adelante, el sistema le dice el nombre”, señala el médico.
«Ya estamos en la fase final del proceso, ya tenemos las prótesis al 95% terminadas, falta un pequeño ajuste que esperamos hacerlo a última hora cuando Rufo viaje a Venezuela», afirmó Salinas.
Rufo Chacón fue impactado múltiples perdigones en el rostro cuando estaba en una protesta reclamando gas domestico en el sector Táriba del estado Táchira.
EL FUNCIONARIO DE POLITÁCHIRA QUE disparó perdigones al rostro del joven tachirense de 16 años de edad, que quedó privado del sentido de la vista a consecuencia de los impactos, tenía un expediente abierto por haber cometido un hecho similar en contra de una habitante de San Juan de Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira, durante las manifestaciones registradas en 2017.
La información la dio a conocer la diputada a la Asamblea Nacional, Karim Vera, quien exigió a los diputados del Consejo Legislativo del estado Táchira –Clet- que interpelen al director de Politáchira, institución intervenida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para que explique el porqué este funcionario fungía como jefe de la Brigada de Orden Público y estaba en actuaciones de control de manifestaciones cuando sabían su proceder.
“¿Por qué el funcionario que atentó contra la vida de Rufo Chacón, un joven de 16 años que hoy quedó ciego por el uso excesivo de la fuerza pública, estaba ejerciendo el cargo de jefe de la Brigada de Orden Público de la Policía del estado Táchira cuando en 2017, ese mismo funcionario, Javier Useche Blanco, fue quien hirió de gravedad a la joven Ornelly Chacón en el municipio Ayacucho del estado Táchira, cuando ejercía manifestación pacífica en la ciudad de San Juan de Colón y fue víctima también de perdigonazos en la cara y en el cráneo, que la llevaron a estar varios días muy delicada de salud, incluso bajo cuidados intensivos?”, se preguntó.
Sigue leyendo esta nota de Mariana Deque en El Pitazo
DOS FUNCIONARIOS DE POLITÁCHIRA FUERON detenidos tras causar heridas a un joven de 16 años en el rostro dejándolo ciego y por «accionar sus armas de fuego» contra otras cuatro personas que participaron en una protesta el lunes para exigir gas doméstico.
En un comunicado publicado este jueves, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó sobre la detención de Javier Useche Blanco y Henry José Ramírez Hernández, quienes fueron imputados por «los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles en perjuicio» del joven Rufo Chacón, de 16 años.
También fueron imputados por «trato cruel y uso indebido de arma orgánica» contra los jóvenes Jefferson García y Adrián Chacón y los adultos Erika Suárez y Gabriel García.
Las víctimas participaban en una protesta el lunes en la comunidad de Táriba del estado Táchira para exigir el servicio de gas doméstico y Rufo Chacón recibió «múltiples heridas» en el rostro que le ocasionaron «la pérdida total de la visión por incrustación de perdigones en los globos oculares».
En el hecho, también fueron perjudicadas las otras cuatro personas, aunque el tribunal no detalla el tipo de lesiones.
La Fiscalía, sin embargo, señaló en otro texto que el joven Adrián Chacón presentó «un traumatismo craneal leve».
Lo sucedido con Rufo Chacón ha conmocionado a parte de la sociedad venezolana y la oposición ha expresado su contundente rechazo.
«No nos acostumbraremos, no dejaremos de llamarlos asesinos. No nos acostumbramos (…) ni lo haremos con el sádico acto en contra de los ojos de Rufo Chacón que tampoco se acostumbró a vivir sin gas en un país que tenía de sobra», dijo en Twitter el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, el pasado lunes.
En el comunicado, el TSJ insta también «a resguardar los intereses del adolescente» al pedir abstención para «realizar publicaciones sobre el rostro».
Sector autopartes: Situación económica afecta más a los transportistas
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de autopartes, Giuseppe Penélope, explicó que el sector automotor es bien sensible y están luego del sector alimentos y salud. “Nadie llega a su trabajo o no se transportan las cargas si este sector”.
“Lo dramático de la situación autopartista nacional, tenemos el tema del transporte público que se encuentra en situación grave. Hemos recibido el llamado del Ministerio de Transporte, tanto nosotros como los otros gestores para buscar soluciones, básicamente para proponer, de diágnostico y quejas estamos saturados, todo lo hemos dicho y repetido. Hay que revisar las políticas que nos han llevado a esta situación, hacer las correcciones sino vamos a tener un problema mucho peor”.
Recalcó en entrevista al programa A Tiempo de Unión Radio, que, los mismos pasajeros peligran al ser trasladados en vehículos de carga pesada porque no están apto para eso.
Estima que la reparación de ciertos transportes es prioritaria como ocurre en el campo, donde hay que realizar cosechas.
El representante de este sector cree que el Gobierno mismo debió darse cuenta de la problemática del transporte cuando sus mismos autobuses Yutong se accidentaron y no les consiguieron repuestos. (Unión Radio)
Laidy Gómez denunció intervención de Politáchira
Laidy Gómez, gobernadora electa del estado Táchira, denunció este viernes que la intervención de la Policía de esa entidad es una conducta política del gobierno para atentar contra la voluntad de los venezolanos.
“Politáchira es un patrimonio de los tachirenses, la toman para presionar políticamente conductas contrarias a la voluntad del pueblo”, escribió en su cuenta Twitter.
El presidente Nicolás Maduro amenazó con cárcel a la dirigente y la vinculó con el paramilitarismo colombiano. La gobernadora exigió respeto al mandatario y le pidió reconocer los votos del pueblo.
Gómez obtuvo la victoria en Táchira al acumular 324.541 votos (63,27%) frente a 181.605 manifestaciones de voluntad del ex candidato oficialista José Gregorio Vielma Mora (35,41%). (El Nacional)
Precio del petróleo venezolano sube, cierra la semana en 50,49 dólares
El precio de la cesta venezolana de crudo y derivados cerró la semana en 50,49 dólares por barril (dpb), apuntalado por las tensiones en el Oriente Medio y la disminución de los inventarios comerciales de crudo de Estados Unidos, según informó el ministerio de Petróleo el viernes.
Entre el 16 y el 20 de octubre, el crudo local aumentó 1,44 dólares también por las estimaciones de una mejora en la demanda de China, de acuerdo con el ministerio.
Desde principios de septiembre, Venezuela expresa el precio de venta de su crudo en yuanes chinos y no en dólares estadounidenses, alegando que busca una vía para sortear las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y que limitan su financiamiento. El país enfrenta un difícil escenario ante la disminución de las divisas que entran a su economía por la venta de crudo, fuente de más del 90 por ciento de los dólares que recibe. (Panorama)
Próxima sanción al régimen de Maduro debe ser con el petróleo
A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro sigue asegurando que en Venezuela existe el mejor sistema electoral del mundo, democracia y plenas libertades, cada vez son más los voceros internacionales los que afirman que en el país en realidad impera una dictadura. Y más luego de los cuestionados comicios regionales llevados a cabo el domingo, en los que según el CNE el chavismo ganó 18 gobernaciones frente a cinco de la oposición.
Uno de esos portavoces es Mario Díaz–Balart, congresista federal republicano por el Distrito 25 del estado de Florida, quien considera que cualquier votación bajo el gobierno de Maduro no será ni transparente ni genuina, así que estima que es necesario seguir presionando al chavismo a través de sanciones. En conversación telefónica con El Nacional Web, el político de origen cubano dijo que hay que buscar métodos para ayudar a la oposición venezolana, víctima de persecuciones y amedrentamientos.
“Eso es básicamente la política que autorizó el presidente (Ronald) Reagan para destruir a la Unión Soviética. Funciona, económicamente y diplomáticamente, presionar al régimen, y al mismo tiempo ayudar a la sociedad civil, a la oposición interna”, explicó el congresista, que no escatima en calificar al gobierno venezolano de “régimen narcoterrorista y dictatorial”. (El Nacional)
Turquía ve «dañada» su relación con EEUU por relaciones con milicias kurdas
El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, consideró este viernes que los vínculos obvios de las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG) con el fundador de la guerrilla kurdoturca PKK, Abdullah Öcalan, «causan el mayor daño a la relación con Estados Unidos».
Yildirim hizo referencia a una fotografía que muestra a combatientes kurdosirias bajo las enseñas verdiamarillas del YPG y su rama femenina, el YPJ, posando en la siria Al Raqa ante una enorme pancarta con el retrato de Öcalan.
El fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK) se halla desde 1999 en la prisión turca de la isla de Imrali, donde cumple cadena perpetua, y su formación figura en la lista de organizaciones terroristas tanto de Turquía como de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. (Globovisión)
Desde septiembre hasta octubre del año 2016 hubo un motín en los calabozos de la Policía del Táchira, donde dos jóvenes fueron, supuestamente, canibalizados por sus compañeros.
Casi un año ha transcurrido desde que algunos presos denunciaron que fueron obligados a comer carne humana de dos personas asesinadas durante el motín realizado.
Sin respuesta, sin pruebas de ADN, sin rastros de sus hijos y sin poder darles sepultura se encuentran Luz Marina Sepúlveda, madre de Anthony Correa Sepúlveda, y Juan Carlos Herrera, padre de Juan Carlos Herrera.
Durante un año han pedido constantemente a las instituciones correspondientes las pruebas de ADN. “Solo queremos que nos den respuesta de dónde están nuestros hijos, pero lejos de eso tan solo nos evitan y tratan mal”, dijo Juan Carlos Herrera, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.
“En el Ministerio de Asuntos Penitenciarios fui tratado mal. Leía en los carteles que ahí no se hablaba mal de Chavez, y yo me quedé pensando que es verdad, que fue presidente y merece respeto. Pero mi hijo también merece respeto; donde esté lo merece y en un año no se ha hecho justicia”, narró Herrera.
Lo ocurrido en los calabozos de Politáchira no ha sido aclarado por ninguna de las autoridades regional y nacional. Tan solo por versiones extraoficiales de algunos presos y sus familiares se ha asegurado que ambas personas fueron asesinadas y, posteriormente, descuartizadas y canibalizados por parte de otros reclusos a quienes los habrían obligado a ingerir carne humana.
A PAOLA RAMÍREZ, JACKSON HERNÁNDEZ, Luis Alviárez, Diego Hernández, José Guerrero, Manuel Castellanos y Daniel Rodríguez les unía el hecho de ser tachirenses y, hoy, el ocupar espacios dentro de la estadística lamentable de fallecidos durante las protestas contra el gobierno venezolano desarrolladas a partir de abril.
La mayoría de sus muertes fueron producidas por efectivos de seguridad del Estado, según información brindada por el Ministerio Público. Miembros de la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Politáchira destacan dentro de los victimarios. Civiles armados, completan la lista.
Los asesinatos de estos siete tachirenses, cuyo promedio de edad era de 24 años, sitúan a la entidad andina dentro de los cinco estados con mayor número de fallecidos producto de las manifestaciones de 2017. Y son un claro testimonio de una actuación estatal que no ha sido coherente con los mandatos de leyes nacionales e internacionales.
“La preeminencia de los Derechos Humanos es uno de los valores superiores que definen el Estado venezolano y que están contemplados en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales que hemos suscrito”, indica Judith Pacheco, presidenta de Amnistía Internacional Venezuela.
El Estado como responsable
La también profesora de la Universidad Católica del Táchira explica que estos tipos de mandatos definen la esencia del pacto social venezolano y trazan la responsabilidad de los sucesos. “El Estado es el principal responsable de estos hechos. En el artículo 19 de nuestra Constitución se establece que este debe garantizar el goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público”.
La responsabilidad estatal no es distinta en contextos de manifestaciones, comenta Pacheco. Al hablar de las restricciones legales para el control del orden público despliega un gran abanico de recursos estampados dentro y fuera de las fronteras venezolanas. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hasta la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Servicio de Policía; son fundamentos que sirven para controlar al Estado y a sus órganos de seguridad.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, deben utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. “Estos podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces. Y cuando el empleo de estas armas sea inevitable, los funcionarios deben reducir al mínimo los daños y lesiones”, enfatiza Pacheco. Sin embargo, la mayoría de fallecidos recibieron disparos en zonas letales.
La posición de la académica encuentra fundamento en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. “Venezuela forma parte de este instrumento promovido por la Organización de Naciones Unidas y debe cumplirlo. Además este protocolo ha servido como referencia para el marco legislativo nacional en esta materia”, precisa.
Una de las herramientas que nació dentro del país en coherencia con estos principios es laLey Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Este instrumento expone en su artículo 12 que: “Los cuerpos de policía actuarán con estricto apego y respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución, en los tratados sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por la República y en las leyes que los desarrollen”.
Pacheco también destaca el artículo 14 de esta ley. “Allí se enfatiza sobre el uso proporcional de la fuerza. Los cuerpos de policía deben actuar en proporción a la gravedad de la situación y al objetivo legítimo que se persiga. Y la mayoría de escenas que hemos visto son de represión contra protestas pacíficas que en nada corresponden con este dictamen”, comenta.
El gobierno como promotor de violencia
Pese a que el andamiaje legal señala al Estado por la violación de derechos humanos, sus gobernantes parecieran evadir responsabilidades y legitimar el uso desmedido de la fuerza por parte de los efectivos de seguridad. El 27 de abril, de este año, el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora,prohibió mediante un decreto las manifestaciones de calle “que generen violencia, zozobra y terror” en la población. En el escrito se indica que no se permitirán en el estado acciones dirigidas a “la alteración de la paz social y el quebrantamiento del orden público”.
Sin embargo, paraWolfgang Rojas, politólogo y profesor de la Universidad Católica del Táchira, el gobierno es el principal causante de violencia al no permitir canales institucionales para la solución del conflicto. “Las manifestaciones pacíficas están contempladas en la Constitución y van dirigidas a lograr un objetivo político. El problema reside en que las protestas no consiguen respuestas que atiendan sus demandas y a partir de allí se debe entender el epicentro de la violencia”.
De esta manera pareciera crearse una espiral de violencia donde el Estado la promueve y la multiplica bajo la represión desmedida. “Esta es una característica de los regímenes autoritarios que necesitan que el miedo sea el motor de la sociedad, porque solo mediante el miedo los ciudadanos pueden sentirse ansiosos de una especie de control que les resguarde y allí llega el Estado para dominarlos”, explica Rojas.
Bajo este contexto, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno nacional: “Es urgente que las autoridades venezolanas detengan inmediatamente el uso excesivo de la fuerza contra aquellos que ejerzan su derecho a manifestarse pacíficamente. En vez de usar sus recursos para, empecinadamente, perseguir y reprimir a quienes opinan distinto, el gobierno de Venezuela debería estar concentrando sus esfuerzos en solucionar la crisis humanitaria”.
Así, en un día a día de peticiones al gobierno, la cifra de heridos y fallecidos a causa de la represión sigue en aumento. “No se trata de si la lacrimógena vino primero o después, debemos entender que si no se responde de manera oportuna a las demandas de la sociedad el escenario de conflicto seguirá profundizándose”, concluye Rojas.
A POCO MÁS DE UN AÑO de que la palabra “femicidio” apareciera en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cuerpo decapitado y desmembrado de Yessika Durán apareció en el refrigerador de su casa. El 28 de diciembre de 2015, el maltrato que recibía de su pareja terminó en una escena dantesca. En el congelador, su cabeza. El resto de su cuerpo mutilado, en la parte inferior de la nevera.
Un mensaje de texto del homicida a su padre develó el suceso. El hombre ante la noticia se dirigió a la estación de Politáchira en la ciudad de Colón para denunciar a Gaudy Mejía, su hijo. Casi de inmediato se activó un bloque de búsqueda para detener al asesino. Sin embargo, a más de 12 meses del hecho, aún continúa prófugo de la justicia.
La corrupción es la causa que para Luis Durán, padre de la víctima, mantiene libre al homicida de su hija. “Ese hombre es de familia adinerada y ya se ha visto en reiteradas ocasiones en Colón y en Colombia, aun así no lo han detenido. Si mi hija hubiera sido la culpable seguro ya estaría tras las rejas”.
Yessika tenía 25 años y llevaba alrededor de tres meses conviviendo con Mejía, quien la sometía a múltiples maltratos. “No le permitía salir con sus amigos, no la dejaba vestirse como quería, la limitaba muchísimo. Incluso, ese 24 de diciembre ella lo pasó sola, porque él se fue sin razón”, cuenta una amiga cercana.
Kharina Rico también hizo poner en práctica los protocolos de esta ley a tan solo 27 días de su reforma. El 22 de diciembre de 2014 murió asfixiada por su cónyuge, así lo afirma Marta Rico, su hermana, y las pruebas preliminares que hicieron mantener a su presunto asesino dos años tras las rejas.
6 años de convivencia con su pareja fueron el preámbulo del suceso. Las señales de violencia siempre fueron percibidas por su familia. “Él la agredía verbalmente, la trataba malísimo”, cuenta Marta. Detrás del maquillaje las consecuencias de un maltrato que traspasaba las palabras. “Notábamos morados en su cuerpo, que ella intentaba tapar con maquillaje. Nosotros le preguntábamos y siempre tenía alguna excusa, nos decía que se había pegado con cualquier cosa pero jamás responsabilizó a Wagner”.
Pese a que el pasado mes de febrero el tribunal encargado del proceso acordó un sobreseimiento de la causa, que le otorgó libertad plena a Wagner Newman, Marta no tiene duda de que su hermana fue asesinada por su pareja. “Kharina tenía un golpe en la base del cráneo y su autopsia determinó que murió por asfixia mecánica. Todo indica a que él la mató”. En su cuerpo quedaron señales de un maltrato que se acentuaba con el tiempo: “Mi hermana quedó con unas cicatrices de hebilla de correa en sus piernas que demuestran el maltrato al que era sometida”.
La familia de la víctima, al igual que el padre de Yessika, apunta de inmediato a que el giro en el proceso judicial es producto de la corrupción. “Nosotros sabemos que ellos han movido mucho dinero para que el caso quede impune. Él no debe estar libre si está siendo procesado por femicidio agravado. Nosotros solo pedimos justicia”.
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La señal más clara de las irregularidades en el proceso, según Marta, se ilustra en la exhumación del cuerpo de Kharina. Así lo aprobó la jueza luego de más de un año en que la familia del acusado solicitara el procedimiento para demostrar que Wagner no había sido responsable. El resultado dictaminó que la muerte de la mujer de 30 años fue por causas naturales. “La exhumación del cuerpo de mi hermana no era necesaria. Desde el inicio hubo suficientes pruebas que incriminan a ese señor. Además se hizo de manera muy sospechosa y sin nuestro consentimiento”, explica.
Pese a que la ley expone que aquel que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, y será sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión, aún ambas familias esperan por justicia.
De la ley a las políticas públicas
La deuda de Venezuela no es en materia legislativa sino en la aplicabilidad de la norma, argumenta Judith Pacheco, abogada y presidenta de Amnistía Internacional Venezuela. “Fue un gran avance haber incluido la palabra femicidio en la ley, que se tipificara un delito tan grave como este. Ahora hace falta aplicar políticas públicas que vayan orientadas a detener realmente la violencia contra la mujer”, precisa.
Al momento de encontrar razones para que este tipo de actos sigan ocurriendo en el estado, la cultura es una variable a atender. “En Táchira vivimos aún con muchas manifestaciones de la cultura del patriarcado, el machismo es una de ellas y esto hace que exista misoginia y la consecuencia más lamentable es que continúen apareciendo estos casos tan lamentables”.
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La Ley entiende esta realidad y en su objeto busca promover “cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”. Sin embargo para Pacheco aún queda mucho trabajo que hacer pues las sombras culturales parecen haber invadido el andamiaje institucional.
“Si los funcionarios de los órganos de justicia no están conscientes de que las victimas deber ser atendidas de manera especial no vamos a ningún lado. La capacitación debe ser indispensable para la concienciación. Aún la cultura machista está en las instituciones y hace que estos casos no tengan justicia con la celeridad debida”, enfatiza Pacheco.
Mujeres que vencen el miedo
Para vencer ese círculo de violencia es necesario denunciar cualquier caso de maltrato. Así lo entendieron 138 mujeres que fueron atendidas por el Instituto Tachirense de la Mujer solo en febrero. No es un número aislado. El promedio de atención de la institución adscrita a la gobernación del Táchira supera los 100 casos mensuales. Esto dibuja una larga fila de más de 1.000 mujeres que vencieron el miedo en 2016.
En Táchira funcionan cuatro de las 69 dependencias fiscales especializadas en violencia contra la mujer que operan en el país. Se trata de las fiscalías sexta y 18, en San Cristóbal; la 32 en Rubio; y la 26 San Antonio. En La Fría, la de guardia también recibe estos casos.
En el edificio del Ministerio Público en la capital saben que los despachos que llevan los expedientes de mujeres maltratadas son de los más álgidos; el trabajo de los fiscales muchas veces se extiende hasta la noche.
En los periódicos no hay espacio para tantos hechos de violencia. El Observatorio Venezolano de Violencia con sede en la Universidad Católica del Táchira, que se encarga de monitorear la prensa regional, solo registró 14 casos. “Solo se reseñan los sucesos en los que ya no se puede hacer nada, casos de femicidio o de violencia muy grave que se hacen noticia”, comenta Mirian Bustos, periodista de sucesos de Diario La Nación.
La tarea entonces es promover la denuncia, vencer el miedo, romper con el machismo como rasco cultural para que estos casos tengan justicia y no se sumen más mujeres a las cifras de una estadística lamentable. Pues como lo expresó la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet: “La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violación a los derechos humanos”.
