A PAOLA RAMÍREZ, JACKSON HERNÁNDEZ, Luis Alviárez, Diego Hernández, José Guerrero, Manuel Castellanos y Daniel Rodríguez les unía el hecho de ser tachirenses y, hoy, el ocupar espacios dentro de la estadística lamentable de fallecidos durante las protestas contra el gobierno venezolano desarrolladas a partir de abril.

La mayoría de sus muertes fueron producidas por efectivos de seguridad del Estado, según información brindada por el Ministerio Público. Miembros de la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Politáchira destacan dentro de los victimarios. Civiles armados, completan la lista.

Los asesinatos de estos siete tachirenses, cuyo promedio de edad era de 24 años, sitúan a la entidad andina dentro de los cinco estados con mayor número de fallecidos producto de las manifestaciones de 2017. Y son un claro testimonio de una actuación estatal que no ha sido coherente con los mandatos de leyes nacionales e internacionales.

“La preeminencia de los Derechos Humanos es uno de los valores superiores que definen el Estado venezolano y que están contemplados en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales que hemos suscrito”, indica Judith Pacheco, presidenta de Amnistía Internacional Venezuela.

El Estado como responsable

La también profesora de la Universidad Católica del Táchira explica que estos tipos de mandatos definen la esencia del pacto social venezolano y trazan la responsabilidad de los sucesos. “El Estado es el principal responsable de estos hechos. En el artículo 19 de nuestra Constitución se establece que este debe garantizar el goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público”.

La responsabilidad estatal no es distinta en contextos de manifestaciones, comenta Pacheco. Al hablar de las restricciones legales para el control del orden público despliega un gran abanico de recursos estampados dentro y fuera de las fronteras venezolanas. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hasta la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Servicio de Policía; son fundamentos que sirven para controlar al Estado y a sus órganos de seguridad.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, deben utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. “Estos podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces. Y cuando el empleo de estas armas sea inevitable, los funcionarios deben reducir al mínimo los daños y lesiones”, enfatiza Pacheco. Sin embargo, la mayoría de fallecidos recibieron disparos en zonas letales.

La posición de la académica encuentra fundamento en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. “Venezuela forma parte de este instrumento promovido por la Organización de Naciones Unidas y debe cumplirlo. Además este protocolo ha servido como referencia para el marco legislativo nacional en esta materia”, precisa.

Una de las herramientas que nació dentro del país en coherencia con estos principios es la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Este instrumento expone en su artículo 12 que: “Los cuerpos de policía actuarán con estricto apego y respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución, en los tratados sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por la República y en las leyes que los desarrollen”.

Pacheco también destaca el artículo 14 de esta ley. “Allí se enfatiza sobre el uso proporcional de la fuerza. Los cuerpos de policía deben actuar en proporción a la gravedad de la situación y al objetivo legítimo que se persiga. Y la mayoría de escenas que hemos visto son de represión contra protestas pacíficas que en nada corresponden con este dictamen”, comenta.

El gobierno como promotor de violencia

Pese a que el andamiaje legal señala al Estado por la violación de derechos humanos, sus gobernantes parecieran evadir responsabilidades y legitimar el uso desmedido de la fuerza por parte de los efectivos de seguridad. El 27 de abril, de este año, el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora,prohibió mediante un decreto las manifestaciones de calle “que generen violencia, zozobra y terror” en la población. En el escrito se indica que no se permitirán en el estado acciones dirigidas a “la alteración de la paz social y el quebrantamiento del orden público”.

Sin embargo, para Wolfgang Rojas, politólogo y profesor de la Universidad Católica del Táchira, el gobierno es el principal causante de violencia al no permitir canales institucionales para la solución del conflicto. “Las manifestaciones pacíficas están contempladas en la Constitución y van dirigidas a lograr un objetivo político. El problema reside en que las protestas no consiguen respuestas que atiendan sus demandas y a partir de allí se debe entender el epicentro de la violencia”.

De esta manera pareciera crearse una espiral de violencia donde el Estado la promueve y la multiplica bajo la represión desmedida. “Esta es una característica de los regímenes autoritarios que necesitan que el miedo sea el motor de la sociedad, porque solo mediante el miedo los ciudadanos pueden sentirse ansiosos de una especie de control que les resguarde y allí llega el Estado para dominarlos”, explica Rojas.

Bajo este contexto, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno nacional: “Es urgente que las autoridades venezolanas detengan inmediatamente el uso excesivo de la fuerza contra aquellos que ejerzan su derecho a manifestarse pacíficamente. En vez de usar sus recursos para, empecinadamente, perseguir y reprimir a quienes opinan distinto, el gobierno de Venezuela debería estar concentrando sus esfuerzos en solucionar la crisis humanitaria”.

Así, en un día a día de peticiones al gobierno, la cifra de heridos y fallecidos a causa de la represión sigue en aumento. “No se trata de si la lacrimógena vino primero o después, debemos entender que si no se responde de manera oportuna a las demandas de la sociedad el escenario de conflicto seguirá profundizándose”, concluye Rojas.