Politáchira

Este miércoles, mediante una carta que llegó a manos de sus familiares por parte de un grupo de reos que aún continúa recluido en el cuartel de prisiones de Politáchira, se confirmó que varios internos se cosieron los labios y se encuentran en huelga de hambre, debido a que, entre otras cosas, presuntamente estarían siendo maltratados física, verbal y psicológicamente por funcionarios policiales.

Dicha carta le fue entregada al dirigente social Asdrúbal Ortiz, quien ayer explicó que en la misiva los internos aseguran que a un grupo de ellos lo tienen en el sótano y a otro en lo que anteriormente era la proveeduría, áreas que no cuentan con sanitarios ni duchas, situación que reñiría contra los derechos humanos y constitucionales de un ciudadano, aun cuando se encuentre privado de libertad.

“Somos un grupo de 76 personas que nos encontramos secuestradas, amedrantadas y heridas, algunas pendiendo su vida de un hilo (…) Ya, gracias a Dios, salimos de ese yugo (haciendo referencia al motín); ahora nos encontramos nuevamente casi igual, como cuando estábamos en los calabozos, por los funcionarios que se encuentran al mando de nuestra custodia. Ya casi para 16 días estamos durmiendo en el piso, sin medicamentos para los que se encuentran heridos; secuestrados, sin ninguna comunicación con nuestros familiares. Lo único que hemos recibido es maltrato, moral y psicológico, tres veces al día (…) Nos dicen que en adelante lo que recibiremos es perdigones, golpes y gas, y eso es lo que estamos recibiendo diariamente”, dice una parte de la carta.

Después de finalizar el motín -explicó Ortiz-, se hizo una serie de traslados a otros centros de reclusión, 109 reos fueron distribuidos a estaciones policiales de San Antonio, Ureña, Córdoba, Torbes y Ayacucho; pero ahí, en el retén de Politáchira, continúan 150 reos, contando las mujeres y algunos exfuncionarios policiales. 76 de ellos fueron recluidos en espacios no aptos, por cuanto los calabozos quedaron completamente destruidos.

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El diputado por el Táchira Franklin Duarte, como miembro de la subcomisión especial de derechos humanos de la Asamblea Nacional, estregó este miércoles a la Comisión Permanente de Política Interior, el informe y pruebas, entre ellas los videos donde se evidencia la crueldad con la que actuaron los privados de libertad en los calabozos de la Policía del Táchira durante un mes que duró la situación de secuestro y “en la que la negligencia por parte de funcionarios del gobierno nacional y regional fue la característica que más resaltó”.

La mayoría de los miembros de la Comisión de Política Interior de la AN, presidida por Delsa Solórzano, aprobó asumir el caso y elevarlo a la plenaria del parlamento para ser discutido, y propiciar políticas que permitan evitar que hechos tan bochornosos sigan ocurriendo en las cárceles del país.

En el informe presentado por Duarte como miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos se explica a grandes rasgos lo ocurrido desde el 8 de septiembre cuando se inicia el motín donde fueron secuestrados en calidad de rehenes 10 mujeres, familiares de detenidos, y 2 funcionarios policiales que estaban de guardia ese día, y las barbaridades que se cometieron hasta el 7 de octubre cuando la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, se presentó a resolver la situación.

Durante ese mes, en el cual ni el gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, como comandante de la Policía regional, ni la ministra de asuntos penitenciarios, institución creada específicamente para administrar y resolver la situación de las cárceles en país, manifestaron su voluntad para tratar de resolver la situación, dejando que ocurrieran atrocidades como mutilación de privados de libertad (les cortaban los dedos), extorsiones a familiares de los presos con la excusa de respetarles la vida, acoso psicológico permanente, y lo más grave, el asesinato de dos reos, Anthony Kelvis Correa Sepúlveda y Juan Carlos Herrera, a quienes luego descuartizaron y sus partes obligadas a comer al resto de los reclusos (prácticas de canibalismo), detalla Duarte.

Destaca el informe presentado la condición de transitoriedad de los calabozos de Politáchira, los cuales no cuentan con las mínimas normas para la reclusión de penados, y procesados, lugar destinado para albergar 120 personas, pero allí se encontraban más de 370 reclusos, “generando a todas luces una situación de hacinamiento grave que es reconocida por el propio Defensor del Pueblo quien expresó que ‘una estación policial no puede ofrecer nada a un detenido’, frase que se patentó de manera brutal en el Táchira, donde el gobernador además ha venido incumpliendo con el Decreto N° 277 de fecha 03 de Noviembre de 2011, publicado en Gaceta Oficial del Estado Táchira Número Extraordinario 3261 de la misma fecha, que regula la recepción de ciudadanos aprehendidos en flagrancia, por lo que incurrió en el delito de prevaricación como funcionario público, al igual que Iris Varela, el ministro de Interior y Justicia y el propio presidente Nicolás Maduro, quienes permitieron que toda esa salvajismo ocurriera”.

Ante lo expuesto, en el informe presentado por Franklin Duarte se solicita a la Comisión de Política Interior condenar los hechos suscitados en los calabozos del Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira, establecer la responsabilidad política, penal, administrativa y civil de la Ministra de Asuntos Penitenciario, del Ministro de Interior y Justicia, del Gobernador de Estado Táchira, y del Presidente de la República, y solicitar ante la Fiscalía General de la Republica las Responsabilidad contra estos mismos funcionarios, así como remitir el caso al Comité DDHH de la Organización de las Unidas, (ONU).

 

A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad seis oficiales de la Policía del Táchira, quienes estarían vinculados con la situación de rehenes registrada desde el día 08 de septiembre hasta el pasado 07 de octubre en el centro de resguardo de ciudadanos aprehendidos de ese organismo situado en el sector La Concordia de San Cristóbal.

Hay que destacar que Anthony Kelvis Correa Sepulveda y Juan Carlos Herrera Aragoza se encontraban detenidos en ese lugar y habrían fallecido durante este hecho.

En la audiencia de presentación, los fiscales 22ª nacional, 7º y auxiliar de esa jurisdicción, Otilia Gallegos, Rolnar Sanabria y Marleny Cárdenas, respectivamente, imputaron a Willyosmer José Moncada Useches (27), Héctor Luis Carvajal Caicedo (27), Milena Janeidy Niño Sánchez (26), Yeisson Geovainy Ortiz Flores (23), Luis Alfonso González González (21) y Johan Alfredo Bohorques Luna (20) por ser presuntos autores en la introducción de armas en retén policial, cómplices necesarios en el delito de privación ilegítima de libertad, y asociación para delinquir.
Tales tipos penales están tipificados en el Código Penal y en las leyes para el Desarme, Control de Armas y Municiones, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Luego de ser evaluados los elementos de convicción expuestos por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 9º de Control de Táchira, con sede en San Cristóbal, dictó la medida privativa de libertad contra los seis funcionarios, quienes fueron remitidos a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en la citada ciudad andina.
En el transcurso de los mencionados días, los hoy imputados estaban en funciones de resguardo en el cuartel de prisiones cuando se presentaron hechos irregulares, en los que fallecieron los privados de libertad antes citados.

Por tal motivo, se realizaron diligencias de investigación a través de las cuales se presume la vinculación de los seis policías regionales con la situación de rehenes, por lo que resultaron detenidos la tarde del pasado miércoles 11 de octubre en la referida sede policial por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Tales procedimientos se llevaron a cabo en virtud de órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales del caso y acordadas por la referida instancia judicial.

Carlos Herrera, padre de Juan Herrera, quien estaba privado de libertad y habría sido asesinado durante el motín y toma de rehenes en el Cuartel de Prisiones de Politáchira, exigió que al menos le entregaran los restos de su hijo para sepultarlo. Contó que fue extorsionado por uno de los cabecillas de la toma, identificado como Juan Gabalzón, que le exigió la entrega de un vehículo para que volviera a hablar con su hijo que estaba preso por robo de carros. El hombre se negó a hacerlo.

“Dejé de escuchar la voz de mi hijo el viernes a las 11:30 pm y lo que me dijeron es que el sábado, empezando a la 1:00 am, arremetieron contra él más de 40 presos. Lo apuñalaron, lo colgaron para que se desangrara y llamaron a este señor Dorángel (llamado Comegente) para que comenzara a descuartizarlo y así lo hicieron con el otro joven. El dolor que más me da es que no voy a tener nada para hacerle un funeral”, contó el hombre en medio del llanto.

Mientras ocurría el motín, sucedieron varios hechos. “Hablé con uno de los que salieron en libertad (rehenes) y estaba al lado de mi hijo cuando comenzaron a hacer esto. Los picaron en pedazos y se los dieron a los detenidos para que se los comieran”, señaló Herrera.

 

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La ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, fue enfática en afirmar que  en el caso del Cuartel de Prisiones de la Policía del Estado Táchira, no se negociará con los privados de libertad, ni se permitirá que ellos impongan condiciones a las autoridades, “únicamente dialogaremos para lograr una solución pacífica que garantice los derechos humanos”.

“La autoridad se ejerce de manera legitima, no puede ser que unas personas a fuerza de la violencia quieran conseguir su propósito y la autoridad tenga entregar lo que están pidiendo. Empezaron solicitando traslados al Ministerio Penitenciario, y nadie impone hacia dónde deben ir los traslados” dijo.

Explicó que la negociación con bandas criminales está negada desde que comenzó el Gobierno Revolucionario en el año 1999, cuando el presidente Hugo Chávez, y con el presidente Nicolás Maduro, se ha endurecido la línea en este ámbito.

 

 

Para la Ministra el conflicto del Cuartel de Prisiones, se ha “enredado” con algunas personas ajenas, “pareciera que estuvieran en contacto con las bandas criminales, hasta el punto que se atreven a dar detalles de las personas y acontecimientos de lo que se desarrolla dentro del recinto”.

Ante la evidencia consideró que, “nadie es tonto para no dejar de pensar que hay una complicidad, si no es por acción es por omisión, y todo es un delito. Hace rato que sacamos del estado Táchira las mafias penitenciarias, las cuales pasaron a la historia y no van a volver”.

Varela aseguró que existen personas sindicadas de homicidio, secuestro, violación y otros crímenes atroces “que tienen contacto con los voceros de la oposición, quienes se acercan al recinto, para luego buscar espacios en los medios de comunicación, situación que es aplaudida por los criminales”.

Es interés del pueblo tachirense que el problema del Cuartel de Prisiones se solucione, “se tiene la disposición, además se ha coordinado con el gobernador José Gregorio Vielma Mora; lo que nos interesa es la tranquilidad y seguridad de las personas que están en medio del conflicto y no tienen nada que ver”.

 

 

“Vamos a solicitar que se investiguen las cosas irregulares que han venido pasando. Hay complicidad de alguien que quiere generar un conflicto, pretenden hacer creer que el gobierno regional es incapaz de resolver un problema de esa naturaleza”.

Advirtió que la gestión del gobernador José Gregorio Vielma Mora es profesional capaz de resolver y que existe toda la disposición de apoyo mutuo.

 

 

 

La organización Una Ventana a la Libertad dedicada desde hace más de 18 años a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, manifiesta su preocupación por la situación de secuestro que se registra en los calabozos de la Policía del Táchira (Politáchira), en San Cristóbal (occidente del país),  la cual alcanza hoy los 26 días continuos y lamenta la falta de acciones efectivas, por parte de las autoridades penitenciaras, para resolver este conflicto.

La situación de secuestro se inició el jueves 8 de septiembre, luego de que un grupo de reos retuvieran a dos funcionarios policiales y a unos 10 familiares que hacían la visita, en protesta por las condiciones de hacinamiento en las que permanecen detenidos en el comando policial.

Según informaciones recibidas por “Una Ventana a la Libertad”, los internos exigen ser trasladados a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, ya que en el Cuartel de Prisiones de Politáchira permanecen en hacinamiento y sus derechos humanos son violados permanentemente. Esta petición de traslado les ha sido negada.

Estos calabozos tienen capacidad para albergar a 120 personas y actualmente mantiene 350 detenidos. Este centro de detención preventiva fue diseñado para mantener privados de libertad por un tiempo máximo de 48 horas, sin embargo actualmente permanece en las instalaciones por tiempo indefinido.

Al lugar han acudido representantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, del Circuito Judicial Penal del Táchira, de la Gobernación del Estado Táchira, de la directiva de Politáchira y representantes del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, para intentar dialogar  con los detenidos y buscar una solución, sin lograrlo.

El pasado 15 de septiembre, tras ocho días de haber iniciado la situación de secuestro, los privados de libertad decidieron liberar a una joven de 25 años de edad, con ocho meses de embarazo.

Con el paso de los días la protesta se ha radicalizado. Durante las dos últimas semanas los privados de libertad que lideran la situación de secuestro han enviado imágenes, sonidos y vídeos de situaciones violentas que han perpetrado contra otros privados de libertad.

El pasado 26 de septiembre el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Franklin Duarte, quien es miembro de la Comisión Especial de la AN designada para atender la problemática registrada en los calabozos de Politáchira, presentó a la prensa regional un vídeo en el que se observa cuando los presos que protagonizan la protesta le mutilan, a sangre fría, el dedo a un compañero. Aunque se presume que el hecho constituyó una nueva medida de presión por parte de los privados de libertad amotinados, para recibir respuesta a sus peticiones, el director de Politáchira, comisionado Amador Torres, informó que la agresión al interno, quien no forma parte del grupo de amotinados, obedeció a un caso de extorsión.

Han circulado también imágenes de otros presos, golpeados en el rostro, o amenazados con cuchillos o armas de fuego en la cabeza, que habrían sido enviadas a familiares, como advertencia de lo que les podría pasar si no acceden a pagar extorsión.

Por otro lado, el pasado miércoles 28 de septiembre, durante la entrega de almuerzos a los privados de libertad, siete detenidos que permanecían en un vehículo de traslados, en el patio interno de Politáchira, lograron engañar a los funcionarios que los custodiaban, en un descuido salieron del camión e ingresaron a los calabozos donde se desarrolla el motín, y se unieron a los demás internos que encabezan el conflicto, agudizando más la situación.

A casi un mes del inicio de la situación irregular permanecen secuestradas 9 personas que se encontraban de visita en la comandancia cuando inició la situación irregular:1- I. Franco Trujillo, 34 años. 2.- H. Bonilla Luna, 21 años. 3- L. Durán , 28 años. 4- S. Hernández, 27 años. 5- M. Guerrero Carrillo. 6- I. Zabaleta Centeno. 7- L. Carvajal Palacio, 26 años. 8- L. García Puerto, 44 años. 9- K. Mendoza Vivas. A este grupo se suman  los funcionarios activos de Politáchira: Oficiales M. Muñoz Archila, de 31 años, y  L. Sira.

El pasado domingo 3 de octubre, Monseñor Mario Moronta, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal confirmó su intervención en el conflicto en calidad de mediador.

Monseñor Moronta hizo un llamado a los internos a tomar conciencia de sus actos y pidió que sea reguardada la vida de todos los involucrados en el hecho.

Una Ventana a la Libertad insta a las autoridades a ejercer acciones inmediatas, en un contexto de respeto a los derechos humanos de los secuestrados y de los privados de libertad, para solucionar la situación y las causas que la originaron.

 

 

Dos hombres en una moto se acercaron a las inmediaciones de la Policía del Táchira y lanzaron la bomba lacrimógena y se dieron a la fuga. Aunque no se activó ni generó heridos o daños los efectivos policiales acordonaron la zona y movieron a los familiares que estaban en el sitio.

La bomba lacrimógena fue tomada por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) para realizar las investigaciones pertinentes.

Desde el pasado 8 de septiembre inició la revuelta en Politáchira por un grupo de presos que solicitan traslado hasta la cárcel de Tocorón. Además denunciaron hacinamiento y solicitaron otros beneficios, como visita conyugal y un cafetín.

Pese a que familiares y presos han pedido en reiteradas oportunidades la presencia de la ministra para el Servicio Penitenciaro, Iris Varela, aún no se ha comunicado con ninguno para dar solución a este conflicto.

Durante estos días de motín, fue liberada una mujer embarazada que era rehén, fue mutilado un preso catalogado de paramilitar, los familiares han denunciado que los alimentos que llevan no llega a sus seres queridos y la esposa de uno de los policías retenido alertó que los han amenazado con también cortarles partes de sus cuerpos.

 

Desde el pasado 08 de septiembre, en los calabozos de la Policía del Estado Táchira en la ciudad de San Cristóbal, los reclusos mantienen secuestradas a 11 personas, 2 de los cuales son funcionarios de ese cuerpo policial que prestan servicios de custodia y el resto familiares de reclusos que se encontraban de visita en ese momento.

Al momento de escribir estas líneas habían transcurrido 20 días desde que se inició el secuestro y no ha habido ninguna solución por parte de las autoridades encargadas. Al parecer nadie es responsable y todos escuren el bulto, el Gobernador del Estado acusa a la oposición de esta situación, el Ministerio Penitenciario se hace el loco, solo ha habido pronunciamientos por parte del Defensor del Pueblo donde dice estar mediando, hasta ahora sin resultado favorable.

Desde hace tiempo en este espacio semanal he venido denunciando el grave problema que se está viviendo en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela, son alarmantes los niveles de hacinamiento en estos recintos que agrupan un aproximado de 33 mil privados de libertad y con una capacidad real inferior a los 5 mil reclusos. No hay que olvidar que estos recintos son creados para albergar a detenidos por un lapso que no debería superar las 48 horas, hoy en día hay reclusos ya condenados recluidos en estos sitios, se han convertido en mini cárceles.

La Policía del Estado Táchira tiene una capacidad en sus calabozos para 120 personas y en la actualidad tiene 350, estamos hablando de un hacinamiento de 292%, cifra alarmante si tomamos en cuenta que en materia penitenciaria cuando la sobrepoblación excede de un 30% ya se considera crítica, la situación de este cuerpo policial no es diferente a la que se vive en los calabozos de todos los cuerpos policiales del país: Policías Estatales, Policías Municipales, Policía Nacional, CICPC, SEBIN, DIM y Guardia Nacional Bolivariana, ninguna se escapa de este caos.

La responsabilidad, como muchas veces lo hemos señalado, es exclusivamente del Ministerio para el Servicio Penitenciario, quien violando el propio decreto de su creación así como el Código Orgánico Penitenciario donde se le atribuye la custodia única de los privados de libertad del país, y no como pretenden hacer creer que es competencia de gobernadores, alcaldes y a todo aquel que se les ocurra, para eludir sus compromisos.

El artículo 8 del Código Orgánico Penitenciario establece: “El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria debe garantizar a las personas privadas de libertad condiciones de vida que coadyuven a minimizar los efectos negativos de la privación de libertad y a incrementar las posibilidades de transformación, a través de la creación de programas y actividades tendientes a la inclusión educativa, laboral, deportiva, artística, cultural y recreativa, entre otras”.

Por otra parte, el artículo 6 del mismo instrumento legal dice “El Estado garantiza la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de sedes penitenciarias, aptas en cantidad y calidad, que cuenten con espacios apropiados para el alojamiento y la convivencia de las personas privadas de libertad, así como para la recreación, educación, formación, expresión artística, práctica deportiva, el trabajo, la atención médica y sanitaria, aplicando los avances científicos y tecnológicos existentes en cada una de estas áreas”.

Es claro que la culpa de todo lo que sucede es del Ministerio Penitenciario. En los dos artículos citados anteriormente se establece el derecho de los privados de libertad a vivir dignamente y con las condiciones adecuadas e igualmente el Estado garantiza la construcción de nuevas cárceles. Evidentemente esto no ocurre.

El problema que actualmente se vive en Politáchira es consecuencia directa no solo del cierre de más de seis cárceles en el país desde la creación del Ministerio Penitenciario sino que tampoco se han construido nuevas cárceles a pesar de las muchas promesas de nuevos recintos, incumplidas en su totalidad, no podemos olvidar que cuando este ministerio fue creado, su titular ofreció la construcción de 24 nuevos recintos para procesados, uno en cada estado del país.

Si esta promesa de construcción de 24 nuevas cárceles se hubiese cumplido en los más de cinco años de creado el Ministerio Penitenciario y hecho el ofrecimiento, la historia podría ser diferente y este tipo de situaciones como la que se vive en Politáchira no ocurrirían. Las autoridades tiene que entender de una vez por todas que los policías son para cuidar a la ciudadanía en la calle y no para andar cuidando presos en sus calabozos.

Mientras el Ministerio para el Servicio Penitenciario no cumpla con sus responsabilidades y enfrente la dramática situación que se vive en los Centros de Detención Preventiva, situaciones como la que se vive en la Policía del Táchira seguirán ocurriendo y me atrevo a decir que con mayor frecuencia cada día.

 

 

@cnietopalma

El Nacional