Ollanta Humala

Luego que la oposición no lograra los votos necesarios para declarar la vacancia del mando, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se salvó  de ser destituido por el Congreso por mentir sobre sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, .

“No ha sido aprobado el pedido de vacancia por causal de incapacidad moral permanente”, dijo el presidente del Congreso, el opositor Luis Galarreta, tras la votación, que arrojó 79 votos a favor de la destitución, 19 en contra y 21 abstenciones.

La oposición necesitaba 87 votos para declarar la vacancia presidencial.

“Peruanos. Mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú”, escribió Kuczynski en Twitter tras la votación al término de una sesión parlamentaria de 14 horas.

“Mi expectativa es empezar a vivir otra vez en reconciliación nacional, en un espacio de paz por el bien de nuestros pobladores, porque cada poblador quiere vernos trabajar juntos”, dijo la segunda vicepresidenta peruana, Mercedes Aráoz.

“El peligro no ha pasado. Esto debe asumirse con humildad y sentido autocrítico. No hay tiempo para celebrar, es tiempo de trabajar”, dijo el expresidente Ollanta Humala, bajo prisión preventiva por el caso Odebrecht.

Humala es acusado de recibir tres millones de dólares para su campaña electoral de 2011

La oposición acusaba al presidente de haber mentido sobre sus vínculos con Odebrecht.

El mandatario y de su abogado presentaron sus descargos durante más de dos horas y luego se inició el debate de los legisladores.

“Es un triunfo de la corrupción, porque lo que han hecho los parlamentarios que han votado a favor es avalar que el presidente pueda cobrar dinero de Odebrecht. La lucha contra la corrupción va retroceder”, dijo el legislador Mauricio Mulder, del partido Aprista.

En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. El mundo económico brasileño se echó a temblar; el mundo político, también. Y no han parado desde entonces de hacerlo. Los secretos que podía guardar el nieto (y ya por entonces presidente) de la mayor constructora de América Latina, con 168 mil empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Venezuela, Colombia, Perú o Estados Unidos, eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por si solos, derribar presidencias o hacer caer gobiernos en toda la región.

Durante muchos meses, Marcelo, un hombre pagado de sí mismo y de carácter fuerte, se negó a aceptar el regalo envenenado de la Fiscalía brasileña: confesar lo que sabía (esto es: a quién había sobornado para conseguir contratos golosos) a cambio de rebajar la condena. Pero la situación en caída libre de la empresa, sobre la que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más las pruebas recogidas por los investigadores (la carpeta olvidada de una secretaria en la que figuraban los nombres y apodos de los políticos sistemáticamente sobornado constituyó una de las más concluyentes) le hicieron doblegarse.

Aceptó cantar y delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años). Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad.

Además de pedir perdón públicamente, la empresa, asimismo, se avino a pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción: 3 mil 500 millones de dólares, repartidos entre los Gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza (países que también investigaban a Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio, dejaba de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras públicas, su principal fuente de ingresos.

Pero una vez que las investigaciones se habían puesto en marcha, nada iba a impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo. Desde Estados Unidos y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y al expresidente peruano Alejandro Toledo. “Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios de la empresa (un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera) que, sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes», afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano.

Nada apunta a que la tormenta vaya a parar. Al contrario. Las confesiones de los más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht) están hoy por hoy en Brasil protegidas por el secreto de sumario. Pero no lo estarán por mucho tiempo y, más pronto o más tarde, se harán públicas. La prensa brasileña las denomina, acertadamente, “la confesión del fin del mundo”. Hace un mes se filtró la declaración de uno de esos altos cargos. Solo uno. Se llamaba Cláudio Melo Filho y su trabajo consistía, según afirmó ante la policía, en presionar (y sobornar) a políticos brasileños a cambio de que favorecieran los intereses de la empresa a la hora de conceder contratos o modificar leyes. Aseguró también que el actual presidente, Michel Temer, aceptó en la terraza de su palacio 10 millones de reales (más de 3 millones de euros) para su campaña electoral. Lo que esconda la declaración de Marcelo Odebrecht, que trataba con presidentes y ministros de muchos países, es dinamita pura a punto de estallar.

Esto es lo que se va conociendo de las diferentes investigaciones:

VENEZUELA

Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.

COLOMBIA

La posibilidad de que el caso Odebrecht, empresa que confesó haber pagado en Colombia 11 millones de dólares en sobornos, salpicase al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha desatado un tsunami político desde el martes por la noche en el país sudamericano. La Fiscalía aseguró que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año “habría” terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Este miércoles, el fiscal salió a matizar ese condicional y explicó que responde únicamente al testimonio del exsenador detenido pero que no hay prueba física de que ello ocurriese, por lo que ha pedido que se investigue, un reclamo que ha hecho el propio presidente. Mientras, el Gobierno en pleno salió en defensa de Santos.

El pasado 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. A partir de la declaración de Bula, la Fiscalía emitió el comunicado matizado después.

BRASIL

Las tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de Brasil se entremezclan y el caso Odebrecht no es una excepción. Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales.

Hasta el momento, la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería de que una instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de sus ejecutivos. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La confesión se encuentra bajo secreto de sumario pero la prensa brasileña ha ido filtrando al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, Michel Temer y a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva. Están también dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), desde José Serra, actual ministro de Exteriores, a Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo y hombre fuerte para las generales de 2018. 

PERÚ

La Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo, que se encuentra en París junto a su mujer Eliane Karp, se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Desde la capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde negó haber recibido los sobornos denunciados.

Toledo no es sin embargo el único expresidente peruano salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del expresidente Ollanta Humala se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha de Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial. Antes de esta revelación, la justicia peruana ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.

Además, el pasado 31 de enero, las autoridades peruanas detuvieron a su llegada de Estados Unidos a Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Alan García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a Cuba de obtener dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitación de unas obras de metro.

Pero no sólo por corrupción ha salpicado Odebrecht la vida de los peruanos. Perú tuvo que cancelar la semana pasada el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia de este país. El consorcio encargado de la obra, encabezado por Odebrecht, no contó con la financiación necesaria para terminarla. Ha sido multado.

ARGENTINA

En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de Néstor y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278 millones de dólares. Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco inesperado y ha tocado de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio Macri.

El jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente (hasta el punto de que le alquila el departamento de lujo en el que vivía antes de trasladarse a la residencia oficial) se ha visto obligado a declarar ante la justicia argentina por unas transferencias de casi 600.000 dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. La hipótesis que manejó La Nación, el diario que publicó la noticia, es que se trataba de una coima por la obra del tren Sarmiento, en la que participaba el primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

El Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri defendió a su amigo: “No entiendo de dónde sacan la vinculación con Odebrecht, es un cuento”, llegó a decir.

MÉXICO

Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado (mexicano)”. Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso. Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal) también se pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula, Hidalgo.

En el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central en la apertura del sector energético mexicano. A finales de enero, Arely Gómez, la titular de la SFP, dijo que el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos es una de sus prioridades, pero no presentó ningún avance en la investigación.

REPÚBLICA DOMINICANA

Odebrecht pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe, detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña, alcanzado el pasado 20 de enero, por el cual esta se comprometió a abonar dicha cantidad.

Según el acuerdo, «dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles». Destacó que, además de Brasil, República Dominicana es «el único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos».

ECUADOR

Ecuador también se ha visto afectado. Funcionarios del Gobierno recibieron pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016. En la actualidad, la Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo español que puede aportar información sobre el caso Odebrecht en Ecuador, según informa EFE. Durán es investigado por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.

PANAMÁ

Así como ha pasado con República Dominicana, la firma Odebrecht ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.

Las autoridades peruanas allanaron el sábado la casa del ex presidente Alejandro Toledo, a quien investigan por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para permitir la construcción de carreteras que unen a Perú con Brasil.

Se trata del más reciente caso de corrupción donde se ve implicada la empresa brasileña y funcionarios de varios países latinoamericanos.

La fiscalía indicó en su cuenta oficial de Twitter que continúa trabajando «por más de cinco horas en el allanamiento de casa de Alejandro Toledo» y añadió que «la documentación hallada en la vivienda será evaluada por el Ministerio Público».

Imágenes de televisión mostraron a personal encabezado por el fiscal Hamilton Castro, quien investiga los sobornos de Odebrecht en Perú, ingresar a la casa de Toledo en un barrio residencial de Perú.

En la víspera, Toledo negó al diario El Comercio haber recibido coimas de Odebrecht. «Yo no tengo nada», dijo por teléfono desde París donde asiste al Foro de Mercados Emergentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El abogado Luciano López (que defendía a Toledo desde 2013) renunció el viernes pero sin mencionar las razones. «Nuestra firma no dará ninguna declaración a la prensa sobre nuestro ex cliente por responsabilidad profesional», dijo el abogado en un comunicado.

En enero, Odebrecht acordó otorgar información a la fiscalía sobre sus actos corruptos en Perú. Al momento han sido apresados tres funcionarios del gobierno del ex mandatario Alan García (2006-2011).

El actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien fue sucesivamente ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Toledo (2001-2006), escribió en Twitter «la justicia debe ser igual para todos. Si alguien cometió actos de corrupción, debe ser sancionado».

En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht reconoció sobornos por 29 millones de dólares a funcionarios peruanos para ganar las licitaciones de obras públicas. Los hechos ocurrieron durante los gobiernos de Toledo, García y Ollanta Humala (2011-2016).

El Departamento de Justicia detalló que la constructora brasileña indicó que entre 2005 y 2008 pagó sobornos por 20 millones de dólares a un «alto funcionario» de Perú para ganar la licitación de un proyecto de infraestructura que se produjo durante el gobierno de Toledo.

Durante la gestión de Toledo empezó la construcción un plan de carreteras que unen Brasil con el norte y el sur de la costa del Pacífico peruana.

La procuraduría anticorrupción de Perú confirmó que pedirá interrogar en la investigación por los sobornos pagados por Odebrecht en Perú a 75 personas, entre ellas el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y sus predecesores Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Además, también pidió interrogar a Marcelo Odebrecht, encarcelado en Brasil, en el marco de esta investigación.

Esta petición dirigida a la Fiscalía también solicitó investigar a Jorge Barata, exgerente de Odebrecht en Perú, y a Gonzalo Monteverde, presunto responsable de blanquear los sobornos, según explicaron hoy la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, y el procurador anticorrupción, Amado Enco en rueda de prensa.

Entre la lista de funcionarios a interrogar también hay una serie de ministros de los Gobiernos de Toledo (2001-2006), García (2006-2011) y Humala (2011-2016), períodos en los que Odebrecht admitió haber pagado sobornos a cambio de adjudicarse millonarios proyectos.

En esa condición se encuentra la inclusión del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía y posteriormente primer ministro del Ejecutivo de Toledo.

Enco detalló que la solicitud de ampliación de denuncia se basa en información y datos de diferentes fuentes, como el informe de una comisión parlamentaria que investigó las actuaciones de constructoras brasileñas en Perú, y en denuncias periodísticas publicadas en los últimos meses.

Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE ELECCIONES DEL PERÚ – PPK VS FUJIMORI.

Augusto Manuel E. Álvarez Torres

Analista (Perú)

A raíz de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú, hemos venido analizando el panorama político electoral del país. En la actualidad puede apreciarse un país absolutamente polarizado, cuyas expectativas no pueden ser más preocupantes al comparar países, que como Venezuela,  están viviendo una experiencia similar sin que sea posible llegar a un mínimo acuerdo de gobernabilidad entre las partes.

De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE),  para el 7 de Junio, a las 13:15 hrs, día de celebración de la jura de la Bandera, en memoria al Coronel Bolognesi y los héroes de Arica, constatamos que efectivamente el organismo oficial nos muestra un País totalmente polarizado en dos facciones. Por un lado, la existencia de una tendencia a la baja, del candidato Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el cual en estos instantes lleva (de acuerdo al 95% del total de actas contabilizadas), una ventaja de 0.34 %, aproximadamente 55,800 votos de diferencia, en relación con la candidata Keiko Fujimori. Esto representa a favor de PPK un 50.14% de los votos escrutados, sobre un  49.98%  de la Sra. Fujimori.

Es importante aclarar que aún faltan por ser contabilizadas las actas del extranjero, actas de zonas rurales alejadas (Iquitos, Nauta,  zonas del VRAEM) y 1,200 actas impugnadas que tendrán que ser evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones Provincial y el Jurado Nacional de Elecciones Especiales.

Estas circunstancias nos lleva a pensar que el llamado “flash a boca de urna”, que ha dado como ganador a PPK por 50.8%,  resulta altamente peligroso y contraproducente, por cuanto que conforme van avanzando las horas, la ventaja  a favor del candidato PPK va disminuyendo, creándose una atmosfera de desconfianza de la colectividad respecto al resultado electoral.

Vale la pena llamar la atención respecto a la actitud asumida por sectores políticos irresponsables, cuyos miembros se presentaron ayer noche en un canal de televisión, con el objeto de denunciar que la ONPE “estaba montando un fraude a favor de la Sra. Fujimori”.  Estas circunstancias obligaron al Jefe del referido organismo, Mariano Cucho, a rechazar públicamente tales acusaciones, considerándolas como calumnias y actos de difamación en contra del Organismo.

Un hecho que ha causado preocupación igualmente, es la actitud de los partidos que apoyaron a PPK en la segunda vuelta. Es así que en horas de la mañana de hoy, estos, a pesar de no tener a su disposición los resultados totales, se han presentado ante la televisión del país, llamando la atención en relación a  las comisiones que presidirán en el Congreso del Perú, y a los pactos a los cuales habían llegado a fin de apoyar al partido del candidato PPK, “Peruanos por el Cambio”.

Estas circunstancias, en donde se ha creado una gran tensión por el desconocimiento de los resultados electorales, y en donde adicionalmente se pretende poner en tela de juicio la transparencia del organismo electoral, más pareciera la reclamación de un “botín  de guerra”, que la preocupación de unos líderes políticos por el destino del país.  Para los que no conocen la realidad peruana es necesario destacar, que en función de la invitación realizada en la campaña electoral por el candidato Kuczynski, de “todos contra Keiko”, a este se unieron una diversidad de partidos políticos con tendencias e ideologías absolutamente contrarias las unas con las otras.

Para muestra podemos señalar la coalición de “Peruanos por el Cambio” con el partido “Alianza para el Progreso”, cuyo candidato,  dueño de  varias Universidades en el país, fue tachado para correr en la contienda electoral por repartir dinero a los electores, y copiar libros y títulos académicos.

Otro de los partidos de la coalición es el “Partido Frente Amplio”, conformado por la izquierda, así como el “Movimiento de Amnistía y Defensa de los DDHH”, brazo político de Sendero Luminoso, cuya lideresa ha trabajado directamente con la Primera Dama del Perú, Nadine Heredia, la cual ha sido involucrada en el caso conocido  caso de “las agendas”, entre otros delicados casos.  Nos referimos a la aparición de unas agendas llevadas por la Sra. Heredia, en donde se registraban los supuestos pagos que se hacían al partido del presidente Humala, entre los cuales se encuentran dineros provenientes del gobierno del para entonces Presidente Hugo Chávez.

Verónica Mendoza, quien se ha convertido en defensora acérrima del gobierno del Sr. Maduro de Venezuela,  y  en donde en el 2014  fue incluida en un video acompañando a miembros del partido comunista de la vieja guardia haciendo una defensa de la lucha armada, llamo a votar directamente por PPK. PPK ha sido denunciado por firmar pactos con la Confederación General de Trabajadores (CGTP) de tendencia socialista radical y con el colectivo “Keiko no va”. Este último cuya mayoría está formado por jóvenes  que predicaban el no regreso a la dictadura y corrupción de Fujimori, el cual recibió los votos de los anti mineros de Cajamarca, grupo opositor a la explotación de la minería.

El Problema de Keiko es la mochila pesada que carga, al tener a su padre preso por corrupción y delitos de lesa humanidad, y al haber estado acompañada por personajes  que han sido denunciados por actuar con “métodos Montesinistas”, así como con el narcotráfico. Por supuesto que estas circunstancias, en donde se reviven los fantasmas del pasado a la población,  han creado una actitud de rechazo en contra de la señora Fujimori en algunos sectores, obligándola a advertir en reiteradas oportunidades que ella no es su padre.

Lo cierto del caso es que PPK es un conglomerado de partidos sin ideas específicas y  con ambiciones particulares en beneficio propio, y el partido “Fuerza Popular” de Keiko Fujimori es un partido organizado con 10 años de experiencia. Recordemos que en las elecciones presidenciales pasadas fue derrotada por Ollanta Humala, quien actuó de manera similar a como lo ha hecho PPK, contando con el apoyo del novelista Mario Vargas Llosa, entre otros.

De no ser por los intereses personales de los dos actuales candidatos, bueno es recordar que en lo que ambos candidatos coinciden es en la marcha de la economía. De allí que el factor económico y la divisa de referencia, que es el dólar, ha seguido igual, lo mismo que la bolsa de valores y los índices de precios al consumidor.

De declararse ganador el candidato PPK, este tendrá que hacer un trabajo de amplia base para poder obtener el apoyo del Congreso, cuya mayoría está en manos de Keiko Fujimori, con 73 de los 130 curules, lo que representa un 60 % de presencia. “Peruanos por el Cambio” (PPK)  posee únicamente 18 escaños, “Frente Amplio por la Justicia y el Cambio” (Verónica Mendoza) ha obtenido 20 curules, “Alianza para el Progreso” (Acuña) 9 escaños, “Alianza Popular” (Alan García) 5 escaños, “Acción Popular” (Gustavo Barrenechea) 5 curules, por lo que PPK tendría que dialogar y pactar con el partido de la señora Fujimori para poder tener una buena gobernabilidad, terminar con la sensación de inseguridad y mantener el crecimiento de la economía.

Tengamos presente que  a pesar que las democracias latinoamericanas son incipientes y adolecen de ciertas fallas, son la mejor forma de gobierno, y para nosotros los peruanos después de salir de un periodo oscuro, esta cuarta elección presidencial  nos debe permitir decir que  vamos por el camino correcto, gane PPK o la señora Fujimori. En todo caso, todos queremos que lo que triunfe sea la Democracia, aquella que han definido como el “Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo”, y no grupos con intereses políticos particulares y excluyentes.

El fiscal Germán Juárez Atoche, titular de la Segunda Fiscalía contra el Lavado de Activos, formalizó hoy la investigación preparatoria a la primera dama de Perú Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos.

En este caso, el Ministerio Público indaga los aportes al Partido Nacionalista Peruano en las campañas electorales del 2006 y 2011, en las que Ollanta Humala fue candidato presidencial.

Para el despacho de Juárez Atoche, los más de S/5 millones que Ilan Heredia –hermano de Nadine Heredia y encargado de las finanzas del nacionalismo– depositó en las cuentas del partido no están justificados.

También serán indagados en este caso Ilan Heredia, su madre Antonia Alarcón, y Rocío Calderón Vinatea, amiga de la primera dama y ex funcionaria de este gobierno.

Nadine Heredia y Calderón Vinatea también fueron incluidas como coautoras del delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento.

Entre una serie de medidas, la fiscalía ha pedido al Poder Judicial que declare el impedimento de salida del país de Nadine Heredia, Ilan Heredia y Rocío Calderón Vinatea.

“Igualmente se ha dispuesto requerir la medida de comparecencia con restricciones contra Antonia Alarcón Cubas y Mario Julio Torres Aliaga”, indica el comunicado oficial difundido por el Ministerio Público.

Los peruanos acuden a las urnas el domingo para elegir un nuevo presidente tras una campaña marcada por irregularidades electorales que muy probablemente dejarán a muchos votantes insatisfechos con los resultados.

Desde 2015, las encuestas han mostrado a Keiko Fujimori, la hija mayor del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, como la gran favorita entre los 10 candidatos en la contienda del domingo, con una ventaja de dos dígitos sobre su rival más cercano.

Aun así, es improbable que logre obtener más del 50% de votos que necesita para ganar en la primera vuelta, por lo que toda la atención se centra en la lucha encarnizada por el segundo lugar, donde cuatro importantes firmas encuestadoras coinciden en un empate técnico entre Pedro Kuczynski, ex inversor de Wall Street, y Verónika Mendoza, psicóloga y legisladora izquierdista.

La centroderechista Keiko Fujimori, de 40 años, se beneficiará de un apoyo todavía fuerte a su padre, cuya sombra se proyecta sobre su hija. Su figura ha polarizado la elección.

Los peruanos en el campo recuerdan a un Fujimori que detuvo la hiperinflación y la insurgencia maoísta que asoló durante su gobierno de una década a partir de 1990. Pero los citadinos recuerdan al gobernante como el hombre que ordenó sacar los tanques del ejército para cerrar el Congreso en 1992, reorganizó el sistema judicial para mantenerlo bajo su control y provocó una crisis política con la redacción de una nueva Constitución en 1993.

Durante las últimas semanas, miles de personas han salido a las calles para rechazar la candidatura de la hija del ex mandatario porque consideran que su triunfo representaría el regreso de un gobierno autoritario.

En un intento por proyectar una imagen más moderna, la candidata ha jurado no indultar a su padre en caso de ser elegida. Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por su autoría mediata en el asesinato de 25 personas, entre ellas un niño de ocho años, por un escuadrón militar, y tiene otras cuatro sentencias por corrupción.

Casi la mitad de los peruanos afirma que nunca votaría por la hija del ex mandatario.

Muchos predicen que si las tendencias de votación se mantienen es probable que la eventual segunda vuelta sea muy intensa independientemente de quién se perfile como el adversario de Keiko Fujimori. El voto es obligatorio en el Perú, lo que garantiza una alta participación.

De los dos rivales más fuertes, Mendoza representaría el mayor cambio en el modelo económico que empezó con Alberto Fujimori y ha continuado el saliente presidente Ollanta Humala, quien está impedido por la Constitución a buscar un segundo mandato consecutivo.

Admiradora del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Mendoza renunció a la bancada oficialista del gobierno de Humala por una represión a un grupo de campesinos que protestaban contra un proyecto minero.

Mientras que escándalos de corrupción y problemas económicos provocados por el fin del auge de las materias primas han impulsado a gran parte de Sudamérica hacia la derecha, como se evidencia por la derrota de candidatos izquierdistas en Argentina y Venezuela, los sondeos muestran que más de la mitad de los peruanos está pidiendo a gritos más intervención del Estado en la economía, justo el tipo de propuesta que favorece Mendoza.

Título de caja

También puedes ver: 3 puntos para entender las elecciones presidenciales y sus candidatos

De ser elegida, la candidata izquierdista se ha comprometido a cambiar el modelo económico pro-empresarial, que impulsó el crecimiento la última década, por un aumento gradual del gasto público y una reducción de la dependencia en la extracción de recursos naturales que, dice, degrada el medio ambiente.

Perú es el tercer productor de plata, cobre y zinc y el séptimo de oro.

En medio de esa intensa polarización, Kuczynski ha intentado posicionarse como el candidato centrista que, asegura, evitará los peligros de los dos «extremos».

Pero el inversor de 77 años ha sido criticado por su trabajo en gobiernos anteriores y los peruanos tienen preferencia por nuevos candidatos. Tres de los cuatro últimos presidentes de Perú nunca habían dirigido un cargo ejecutivo antes de ser elegidos.

La exclusión de dos populares candidatos, Julio Guzmán y César Acuña, aumentó la desconfianza de los peruanos en las autoridades electorales, en especial porque uno de los aspirantes presidenciales expulsados, el economista Guzmán, era el único capaz de rivalizar con Keiko Fujimori.

Guzmán y Acuña fueron expulsados por razones técnicas a menos de mes de las elecciones, un hecho inédito en la historia de los comicios peruanos. Más de la mitad de los peruanos cree que hubo influencias políticas en la decisión del Jurado Nacional de Elecciones.

La Organización de los Estados Americanos condenó la exclusión de ambos candidatos y pidió su reincorporación para evitar una elección «semi-democrática», lo cual no ocurrió. El domingo también están en juego 130 escaños para el congreso unicameral y cinco para el Parlamento Andino.