En un acto simbólico, un grupo de jueces venezolanos exiliados impuso el miércoles una sentencia de más de 18 años de prisión al presidente Nicolás Maduro tras procesarlo por hechos de corrupción y lavado de dinero vinculado con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de sobornos millonarios en varios países de la región.

El juicio, empero, no tiene transcendencia legal puesto que esos jueces no son reconocidos por las autoridades de Venezuela. La sentencia se enmarca en una estrategia política opositora que, según sus promotores, apunta a poner en conocimiento de los venezolanos y la comunidad internacional los supuestos crímenes cometidos por Maduro y su gobierno socialista.

El llamado «Tribunal Supremo de Venezuela en el Exilio» –reunido simultáneamente en Miami y la capital de Colombia– determinó que el mandatario venezolano es culpable de los delitos de «corrupción propia y legitimación de capitales”, lo cual habría “comprobado con plenas pruebas” la comisión de los hechos punibles y la responsabilidad de Maduro.

El fallo leído por el juez ponente, Rommel Gil, señaló que no se trata de un juicio político. “Este es un juicio legítimo” y ordena librar orden de captura internacional contra Maduro.

Luisa Ortega Díaz, la exfiscal general de Venezuela depuesta de su cargo el año pasado tras romper con el gobierno de Maduro, acusó al mandatario de pedirle a Odebrecht cincuenta millones de dólares para su campaña presidencial en el 2013.

Ortega Díaz suministro a los jueces en el exilio una serie de documentos y testimonios de ejecutivos de la empresa constructora, los cuales implicarían a Maduro en delitos de corrupción y lavado de dinero.

Según Ortega –que también fungió como la fiscal encargada de comprobar que Maduro habría cometido actos de corrupción– a cambio de los 35 millones de dólares que finalmente recibió, Maduro le prometió a Odebrecht contratos para obras públicas en Venezuela, así como ayuda para gestionar pagos atrasados de decenas de millones de dólares.

Los jueces también ordenaron notificar a las organizaciones multilaterales y regionales para que tomen las previsiones en el entendido que Maduro “no es presidente legítimo de Venezuela y está detentando ilegalmente la presidencia del Estado venezolano”. En consecuencia, los tratados suscritos por el gobernante “no serán legítimos ni válidos” y “menos comprometen a la república”.

El tribunal en el exilio está integrado por abogados que huyeron de Venezuela el año pasado luego de que la Asamblea Nacional de mayoría opositora los nominara al Tribunal Supremo de ese país. Maduro los acusó de traición y podrían ser encarcelados si regresan.

En Venezuela siguen en funciones el Tribunal Supremo de Justicia, elegido por los aliados políticos de Maduro en 2015, quienes declararon sin efecto el nombramiento de sus sucesores amparados en una sentencia en la que la Sala Electoral de la Corte suspendió en diciembre de ese año a cuatro diputados, tres de ellos opositores, por supuestas irregularidades en su elección. Desde entonces el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato y en consecuencia considera nulos todos sus actos.

Pese a que varios países de la región han permitido que los jueces exiliados realicen actos y conferencias en su territorio, ninguno ha dado su reconocimiento de manera clara y determinante al tribunal. Éste sólo ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos, donde su secretario general acusa a Maduro de haberse convertido en un dictador.

SIETE DÍAS LE TOMÓ A YOLANGEL CASTILLO llegar a España desde Caracas en agosto de 2017. Imposibilitada de tomar un avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetia porque su pasaporte estaba anulado, la ex Fiscal 17 Nacional contra la corrupción, recorrió 1365 kilómetros desde Puerto Páez en el estado Apure a Bogotá, Colombia. Cruzó en chalana el paso entre los ríos Meta y Orinoco. Abordó otra lancha que tardó 20 horas en llegar a un puerto del que no recuerda nombre porque se accidentó en reiteradas ocasiones y carecía de reflectores para transitar de noche. Cogió un autobús hasta la capital neogranadina y luego de un par de días un vuelo a Madrid.

El periplo de Castillo se parece al de decenas de funcionarios del Ministerio Público que debieron abandonar el país luego que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, denunciara la ruptura del hilo constitucional en mayo de 2017 a propósito de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que dejaban sin funciones a la Asamblea Nacional. Disposiciones que luego fueron echadas hacia atrás por el propio poder judicial con las escuetas y todavía no disponibles sentencias 157 y 158.

Castillo ya sabía que su pasaporte había sido anulado, así como el del ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, quien a mediados de julio del año pasado no pudo representar a Ortega Díaz en una reunión extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en Argentina y hoy en día vive exiliado en Colombia.

A mediados de agosto de 2017, Ortega Díaz denunció que a 64 funcionarios del Ministerio Público se les había dictado prohibición de salida del país sin fórmula procesal alguna. “Muchos fueron desalojados de sus puestos de trabajo. A fiscales especializados en corrupción se les impide salir de Venezuela por capricho del gobierno”, dijo entonces.

A juicio de Mundaray, más 200 fiscales entre titulares y suplentes han salido del MP desde que la asamblea nacional constituyente nombró a Tarek William Saab como Fiscal General de la República y destituyó a Ortega Díaz. Obligando además a esta última a huir hacia la vecina nación colombiana.

Exiliados, despedidos, reubicados u obligados a renunciar, los fiscales de la administración Ortega Díaz dejaron sobre el tapete casos de corrupción en PDVSA y Odebrecht, aunado a decenas vinculados con los asesinatos de las protestas antigubernamentales en 2017.

“El interés de Tarek y toda su camarilla fue ir detrás de esos casos y destruirlos porque ellos sabían que nosotros íbamos por la cadena de mando que ordenó los hechos. Cadena que va desde el presidente de la República, pasando por el Ministro de la Defensa. Ordenaron disparar a los manifestantes con armas de fuego y con proyectiles modificados, me refiero a esferas de vidrio o metal disparadas con carabinas para gases lacrimógenos o perdigones”, acotó Mundaray.

José Antonio López, fiscal 28 del estado Carabobo, optó por marcharse de Venezuela y dejó los casos de Daniel Queliz y Hecder Lugo.

Queliz fue asesinado el 10 de abril de 2017 en Valencia por un supuesto efectivo de la Policía de Carabobo, mientras que Lugo corrió con la misma suerte a manos de presuntos  efectivos de la Guardia Nacional el 4 de mayo en San Diego.

Por la muerte de Queliz están imputados los oficiales Marcos Antonio Ojeda Arias, quien aparentemente tiró del gatillo y Edien Romero.

Alexander Queliz, padre de Daniel, dijo que el Fiscal López le manifestó un día que se iba del país por razones personales, pero está claro que desde la salida de Ortega Díaz los empleados del Ministerio Público están sometidos a múltiples presiones.

“Me imagino que allí hubo un poco de eso (presión), los fiscales que no siguieron la línea fueron sacados”, dijo Queliz.

Queliz asegura que en su caso, la Fiscalía no es el problema. “El inconveniente lo representan los tribunales, el Ministerio Público siempre ha hecho acto de presencia en las audiencias, esto ha sido diferimiento tras diferimiento, un retardo procesal constante. Mi peor enemigo es el tiempo, porque el tiempo pasa y el Código Orgánico Procesal es bien claro, cuando tu estas encerrado 24 meses y no se hace juicio, vienen los beneficios”.

A Daysi Pérez, madre de Hecder Lugo, no le sorprendió la partida del fiscal que llevaba el caso de su hijo. “No se si se fue por amenaza o por la situación del país, lo cierto es que esto es político, todos saben quién mató a mi hijo, ya ellos tiene todas las evidencias, pero si el culpable pertenece al gobierno, no van a resolver nada”.

Por el asesinato de Lugo no hay persona alguna imputada. Hecder es uno de los 19 muertos durante las manifestaciones en el estado Carabobo y uno de los 31 que cayeron en medio de la represión de la Guardia Nacional.

A juicio de Manuel Virgüez, de la ONG Movimiento Vinotinto, la impunidad fue la principal protagonista en las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro de 2017.

“En el estado Lara por ejemplo, dónde Movimiento Vinotinto contabilizó 22 asesinatos, el índice de impunidad es de 91%”.

Virguez indicó que con la llegada de Saab al Ministerio Público la opacidad se ha acentuado, hay expedientes que se pierden y fiscales que no aparecen.

En una nota de El Impulso, escrita por Karina Peraza, se hace referencia a la remoción de 16 fiscales. Carlos Muñoz, Fiscal 21 del estado Lara en Derechos Fundamentales, no fue despedido, pero renunció luego que llevara los casos de Tony Canelón, Brayan Principal, Manuel Sosa, Eyker Daniel Rojas Gil, Nelson Daniel Arevalo Avendaño, Ruben Alexander Morillo, José Gregorio Mendoza Duran, Yanet Angulo Parra, José Miguel Pestano y Luis Beltrán Zambrano. Todos víctimas de la violencia y represión en las manifestaciones.

Muñoz había logrado órdenes de aprehensión para los presuntos responsables de las muertes de Canelón, Rojas y Sosa, pero ninguna se hizo efectiva. Hay un solo preso por el asesinato de Brayan Principal, un miembro de un colectivo de nombre Hector Yohan Zapata, quien fue detenido por orden de la Fiscal 20, Cristina Coronado, también removida de su cargo. “17 años después, a mi y a los míos se nos ‘enlista’ por haber actuado conforme a la lealtad que esta investidura amerita”, declaró en ese entonces Coronado.

Estampida fiscal

Una vez juramentado Tarek William Saab ante la anc de manera supuestamente provisional, el constituyentista Diosdado Cabello asomo un cambio de línea radical en la Fiscalía. “Propongo también declarar la emergencia en el Ministerio Público para que se proceda a su reestructuración desde el primer funcionario hasta el último”.

Para Zair Mundaray, el gobierno tenía muy claro su objetivo. “Los primeros fiscales contra los que arremetieron fueron los de corrupción y los de derechos fundamentales, la meta era cercenar la línea investigativa, especialmente casos como el de Odebrecht”.

Antes de ser destituida, Ortega Díaz envió al Fiscal 55 Nacional, Pedro Lupera y a la Subdirectora de Investigaciones contra la Corrupción, Raiza Sifontes a Brasil con la finalidad de entrevistar personalmente al empresario Joao Santana y a su esposa Mónica Moura en procura de conseguir evidencias sobre aparentes sobornos que la constructora brasileña pago a funcionarios venezolanos a cambio de millonarios contratos de obras públicas.

En vista de la persecución de la que ya eran objeto, ambos fiscales fueron por tierra hasta Colombia y de allí tomaron un vuelo a Brasil. Se supone que regresarían después de recabar los testimonios de Santana, creador de los “Ojos de Chávez” y cerebro de la última campaña electoral del fallecido presidente, pero eso nunca pasó.

En la frontera colombo-venezolana, Sifontes llegó a pensar que iba a perder su libertad. “Cuando los funcionarios del Saime se dieron cuenta de quienes éramos nos retuvieron los pasaportes, hasta el Sebin se presentó. De alguna forma pudimos recuperar nuestros documentos, pero nunca conseguimos el sello de salida. Una vez en Colombia pedimos protección especial y pudimos volar a Brasil”, recuerda.

Alejandro José Prada, jefe adscrito en la dirección contra la corrupción, organismo dependiente de la Dirección de Actuación procesal del MP, también temió por su seguridad cuando le preguntaron a qué se dedicaba en Maiquetia el pasado 13 de agosto de 2017.

“Trabajo por mi cuenta”, se limitó a decir Prada al oficial de inmigración a horas de abordar el vuelo que lo llevó a Estados Unidos.

Prada trabajaba conjuntamente con Sifontes en la investigación de Odebrecht y venía de formar parte de la Contraloría General, donde estuvo encargado de casos como el del ex alcalde de Maturín, Numa Rojas, condenado a seis años, siete meses y 22 días de prisión por enriquecimiento ilícito y el de Luis Salvador Velásquez, ex director de Comercialización de Sidor apodado “El Rey de la Cabilla”, sobre quien pesan acusaciones de corrupción y por el que Prada considera que fue obligado a renunciar del órgano que dirige Manuel Galindo.

“Cuando sucedio lo de Lupera y Sifontes supe que debía irme, porque el próximo en la lista iba a ser yo”, advirtió Prada.

Prada, quien es contador público con una maestría en finanzas, sostuvo que la indagación a Odebrecht comprendió un amplio espectro, pero hicieron hincapié en los proyectos de la Línea 5 y la conexión Guarenas-Guatire de la compañía Metro de Caracas.

“Estuve dos noches en el Ministerio Público ayudando a escanear toda la documentación sobre Odebrecht que afortunadamente la fiscal Luisa Ortega pudo consignar en la Corte Penal Internacional”, añadió Prada.

Pero no todo se pudo digitalizar, expuso el fiscal 50 Nacional, Marcos Palacios, actualmente radicado en Colombia.

“No pudimos hacerlo todo, un expediente puede tener hasta 200 folios, es algo engorroso”, aseveró Palacios, cuyo pasaporte fue anulado y debió salir de incógnito por vía terrestre a finales de agosto del año pasado.

Palacios llevaba casos de corrupción en Pdvsa. Fue el que citó al actor Manuel “Coco” Sosa a comparecer por irregularidades en el otorgamiento de órdenes de compra con sobreprecios en los bienes adquiridos por Petropiar S.A. Sosa fue condenado posteriormente en la gestión de Saab a cuatro años de arresto domiciliario, el pago de 40% del daño patrimonial causado y la inhabilitación para ejercer cargo público por un lustro.

Palacios imputó a la hija del Contralor General de la República, Mayra Galindo, por su aparente responsabilidad en hechos de corrupción al frente de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría.

“Para que el oficial de seguridad en la Contraloría me pudiera recibir el documento de imputación dije que era una comunicación que estaba llevando. A raíz de eso, el director de seguridad de la Contraloría fue destituido y yo citado por Katherine Harrington (actual Vicefiscal), quien me pidió los expedientes de todos los casos que estaba manejando. No se los di. Por supuesto la hija del contralor no fue al acto de imputación”.

Posterior a la destitución de Ortega Diaz, Palacios asegura que recibió recomendaciones de allegados en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de marcharse de Venezuela.

“No tenía tres días en la Fiscalía y uno hace amigos, ellos mismos me dijeron que me fuera porque venían por mi”.

A Luis Sánchez, auxiliar de Pedro Lupera en la Fiscalía 55, no le alcanzó la pericia o la suerte para quedar en libertad. Fue aprehendido a mediados de agosto de 2017 y acusado por el constituyentista Cabello de formar parte de una red de extorsión junto al esposo de Ortega Diaz y diputado de la Asamblea Nacional, Germán Ferrer y la asistente del despacho del Ministerio Público, Gioconda González.

“Este ciudadano está involucrado por haber abierto cuentas en millones de dólares. Él actuaba como enlace con tribunales, el propio MP y con empresas que eran víctimas de extorsión. Era el operador experto dentro de la red”, sentenció en ese entonces Saab.

Sánchez, junto a Lupera, fueron los encargados de citar a los directivos de la Constructora Conkor, Alejandro Jose Ruiz Mazzeo y Elias Ramon Koury Guevara, a mediados de julio del año pasado por estar presuntamente vinculados con irregularidades registradas en contrataciones con Pdvsa.

“Apresaron a Sánchez con unos cargos falsos y lo tienen allí en el Sebin con unos alegatos totalmente inverosímiles”, dijo el ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Los destinos

Colombia, Ecuador, Francia, Canadá, Estados Unidos, España y Perú son los países donde, según Mundaray, se encuentran los fiscales que debieron salir de manera abrupta del país antes, y especialmente luego, de la destitución de Luisa Ortega Díaz.

“Con algunos tenemos contacto discreto porque aún su estatus migratorio es incierto, esperan por asilos y no se sienten del todo seguros”, advirtió Mundaray.

“Habíamos logrado bastante independencia de los demás organismos de la investigación penal, teníamos equipos de primer orden, una serie de expertos formados en los mejores institutos de Europa y Latinoamérica”, se ufana quien acompañó a Ortega Díaz en la Corte Penal Internacional a denunciar violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. “Nuestro mejor talento está en otros países”, lamentó.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público

Raiza Sifontes, Subdirectora de Investigaciones contra la Corrupción, sigue trabajando con el equipo de Ortega Díaz en Bogotá. “Hice una reválida aquí en Colombia con la ayuda de una universidad y afortunadamente sigo con la doctora (Ortega Díaz). Nos trajimos toda la información en lo que se refiere a Odebrecht”.

Mundaray aseguró que aunque estén fuera siguen laborando en pro de hacer justicia en Venezuela algún día. “Hay una fiscalía en el exilio que es legítima y sigue trabajando con toda la anomalía que eso implica”.

A diferencia de Sifontes, Yolangel Castillo, fiscal 17 contra la corrupción no ha podido seguir con su carrera. Castillo está en Tenerife haciendo un curso en gestión comercial de ventas con la meta de insertarse en un futuro en el mercado laboral.

“No tengo títulos, no tengo nada que me avale como abogado”, apuntó. Antes de huir de Venezuela, Castillo estaba abocada a investigar a fiscales y jueces militares de Carabobo y Falcón que abrieron procedimientos a civiles en tribunales castrenses.

“A los acusados ni siquiera les daban derecho a escoger defensores”, indicó.

Quien fue también fiscal contra la corrupción en Vargas salió sola del país. Una fuente vinculada al gobierno le advirtió que le querían imputar delitos como traición a la patria y la iban juzgar precisamente en tribunales militares. “No solamente tenía una función en el Ministerio Público, también daba clases de postgrado en el área de argumentación jurídica en la Escuela Nacional de Fiscales”.

Marcos Palacios, fiscal 50 Nacional, está en Colombia, pero no trabaja directamente con Ortega Díaz. “Estoy haciendo asesorías y eventualmente podría plantearme laborar en áreas distintas. Me pasó esto solo por el hecho de trabajar, de ejercer mis funciones”.

Con la certeza de tener el pasaporte anulado, Palacios estaba imposibilitado de abandonar Venezuela por los canales regulares. “Tuve que salir por tierra y fueron muchas paradas para llegar hasta acá; salí solo porque era muy arriesgado hacerlo con mi familia, afortunadamente ya estoy con los míos”.

Alejandro José Prada, jefe adscrito en la dirección contra la corrupción, igualmente está con su esposa e hijos en Estados Unidos. A diferencia de Palacios salieron todos juntos por Maiquetía.

“La vida del inmigrante aquí es muy dura, por suerte hemos contado con la ayuda de amigos y de una iglesia que nos ha dado alimentos y enseres. Todavía no puedo trabajar porque estoy esperando el asilo político”, manifestó. No descarta retomar su profesión en un futuro, pero cuando reciba luz verde para laborar planea hacerlo “en lo que salga”.

Los tropiezos de Luisa

Entre las manchas más notables en la gestión de una década de Luisa Ortega Díaz al frente de la Fiscalía General de la República están la pasividad para imputar a responsables en el desfalco a la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) y su disposición al encarcelamiento del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, luego de las protestas de 2014.

El propio presidente Maduro admitió la responsabilidad de empleados públicos en hechos de corrupción en Cadivi desde 2011 y según el exministro de Planificación, Jorge Giordani, 25 mil millones de dólares fueron a parar a empresas de maletín.

Durante la estadía de Ortega Díaz en el MP solo se imputó al teniente coronel Francisco Navas Lugo y a su sobrino José Daniel Stekman Lugo por delitos de corrupción en Cadivi, instancia en la que estuvo como directivo el capitán en condición de retiro, Humberto Ortega Díaz, quien en una entrevista concedida al Correo del Orinoco en 2011 aseguró que no era familia de la Fiscal.

Luisa Ortega Díaz incluso formó parte de la Comisión Presidencial para la Verificación de la Conformidad del Otorgamiento de Divisas por parte del Estado Venezolano y su Uso Correcto creada por Maduro en 2013. Allí trabajó con los diputados Ricardo Sanguino y Jesús Faría (ambos designados presidentes del BCV posteriormente), además del ministro de la defensa, Vladimir Padrino López. Se desconocen los alcances de dicha comisión.

Después de ser nombrado por la anc, Tarek William Saab, dijo que 80% de las empresas involucradas en irregularidades con Cadivi y también Cencoex (Centro de Comercio Exterior) fueron sobreseídas por Ortega Díaz. “La ex Fiscal lo tenía escondido y engavetado, es la principal responsable. Parte del drama que vive nuestro país se debe a este tema”, manifestó.

Saab aseguró en octubre de 2017 que por el caso Cadivi-Cencoex habían sido aprehendidas 11 personas y cerca de 900 empresas estaban involucradas en delitos de sobreprecios en divisas.

Instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir fueron los cargos que le imputó la Fiscalía a Leopoldo López. El Fiscal 41 con competencia nacional, Franklin Nieves y la 47 de Area Metropolitana, Narda Sanabria promovieron la pena de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas para el líder de VP, sentencia que ejecutó la juez Susana Barreiros en septiembre de 2015. Un mes después de que López fuese condenado y habiendo solicitado asilo político en Estados Unidos, Nieves aseguró que había recibido presiones de “sus superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas que inculparon a López”.

También una vez fuera de Venezuela, Ortega Díaz manifestó que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, la había coaccionado para encarcelar al ex alcalde de Chacao.

“Me presionaron para que yo dijera que la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya había sido culpa de Leopoldo”.

Pese a la sentencia que conminó a López a la cárcel de Ramo Verde y luego a su domicilio, Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, indicó que probaron la culpabilidad de los victimarios de los sucesos del 12 de febrero de 2014 en las inmediaciones de la Fiscalía en La Candelaria.

“Unas investigaciones independientes llevadas por expertos del Ministerio Público determinaron que el Sebin mató a Da Costa y que a Montoya lo asesinó un miembro del colectivo al que pertenecía”.

Mundaray confesó que cada vez que el MP investigaba a alguien vinculado al alto gobierno, los tribunales torpedeaban el procedimiento.

“Pedimos orden de aprehensión contra la ex ministra de salud, Eugenia Sader y el Tribunal Supremo de Justicia la mandó a levantar. Pasó igual con el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos, pero el Tribunal 37 de control y la Corte de Apelaciones dejaron sin efecto la medida de privativa de libertad. Asimismo con Claudia Díaz, ex tesorera nacional, vinculada a los Panama Papers, el tribunal también echó para atrás la orden. Los fiscales son procuradores de la justicia y simplemente en Venezuela no tienen donde procurarla”.

Sobre Villalobos, Tarek William Saab se quejó de que la justicia española, que le aprehendió en octubre de 2017, no haya aprobado una orden de extradición a Venezuela en vez de a Estados Unidos por el caso de la Banca de Andorra. Mientras que acerca de Díaz dijo que había sido detenida también en el país ibérico junto a su esposo, Andrés Velasquez Figueroa, pero las autoridades europeas le desmintieron pocas horas después.

Un año con el fiscal provisional

Tarek William Saab cumplió el pasado domingo 5 de agosto un año como Fiscal General designado provisionalmente por la anc. El otrora Defensor del Pueblo aseguró que desde entonces 616 personas han sido condenadas por corrupción de un total de 3598 imputaciones y 989 acusaciones.

Por Pdvsa dijo que han sido procesados penalmente 90 funcionarios, entre los cuales se encuentran 23 gerentes, dos ex ministros y un presidente de la petrolera.

“En la anterior gestión se llegaba a imputar para luego extorsionar, no se lograba alcanzar la fase de la acusación y mucho menos la condena final”.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, sostuvo que con estas supuestas acciones, Saab solo persigue reconocimiento dentro y fuera de las fronteras venezolanas.

“Organismos internacionales siguen reconociendo a Luisa Ortega Díaz como la Fiscal, porque la designación de Saab proviene de una institución nula como la anc. Por eso se han hecho asambleas de la Asociación Iberoamericana de Fiscales y la invitada es Ortega Díaz”.

Para Mundaray es inaudito que Saab pretenda que se le reconozca internacionalmente cuando forma parte de una lista de funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea, Suiza, Canadá, Panamá y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“Cómo puedes ejercer la función de Fiscal General si tienes prohibida la entrada a varios países”, se preguntó Mundaray.

Sentenció que desde la llegada de Saab al MP, el organismo se ha centralizado y hay dependencias que inclusive fueron desarticuladas.

“Los casos de investigación se los dieron al Sebin y eliminaron departamentos, ahora el venezolano tiene menos instancias a las que acudir”.

“La dirección contra la corrupción, se quedó sin director y sub directores, por más de nueve meses y han estado nombrando fiscales sin experiencia en el área”, aseguro Raiza Sifontes.

Mundaray aseveró que pese a la reestructuración que hizo el fiscal designado por la anc, el MP no está totalmente perdido.

“En Venezuela quedan muchos funcionarios con valía, pero no los dejan trabajar, están anulados”.

Para los fiscales que están en el exilio, retornar a Venezuela a continuar con su trabajo es una posibilidad que pasa obligatoriamente por la salida del poder de Maduro y su gabinete.

“Yo seguiré siempre a la orden para liberar a Venezuela”, salió al paso el ex miembro de la Contraloría y la Fiscalía, Alejandro Prada.

“La vida me cambió enormemente, pero no arrepiento de lo que hice. Venezuela va a estar destruida en el momento que salga la actual administración. Si las cosas cambian no dudaría en regresar”, apuntó Marcos Palacios.

@franzambranor

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió una demanda por incumplimiento de un contrato para construir 2.400 viviendas en Mariches, estado Miranda, interpuesta por la Compañía Anónima Metro de Caracas (Cametro) contra la Constructora Norberto Odebrecht y Seguros Caroní, en su condición de fiadora solidaria de la empresa brasileña.

La abogada Martha Cortiñas Márquez, en representación de Cametro, introdujo el escrito inicial el 14 de diciembre de 2017, pero el TSJ determinó que los términos de la acción judicial no eran precisos, porque entre otras cosas, no quedaba claro qué aspiraba la empresa de transporte público; es decir, no se decía con precisión si quería una indemnización por daños o si, simplemente, aspiraba a la devolución de las fianzas de Anticipo y Fiel Cumplimiento.

Luego de aclarados los términos de la demanda, exactamente seis meses después del procedimiento inicial, la Sala admite la demanda y decide citar a los presidentes, representantes o apoderados judiciales a comparecer ante el TSJ y, además, a solicitud de Cametro, estudia un embargo de carácter cautelar de los activos de las empresas demandadas en el país, a objeto de garantizar los pagos, si esta corte falla a favor de la empresa pública.

Sigue leyendo esta nota de Armando Pernía en TalCual

“Eso es cabilla, cemento y eso lo sabemos hacer los venezolanos”. Con esa frase el presidente Nicolás Maduro anunció como cosa fácil el “borrón y cuenta nueva” con la constructora Odebrecht, el 5 de febrero de 2017. Un año y cuatro meses después de aquel pronunciamiento, el Tribunal Supremo de Justicia admitió la primera demanda de la que se tenga conocimiento contra la empresa brasileña por el pago de más de 76 millones 50 mil dólares, más la cancelación de 854 millones de bolívares, por un ente público encargado de ejecutar las obras.

Es una demanda presentada por el Metro de Caracas  contra la sociedad mercantil Constructora Norberto Odebrecht, S.A., ante la Sala Político Administrativa del máximo tribunal que fue admitida el 19 de junio de 2018, seis meses después de ser interpuesta la acción judicial,el 14 de diciembre de 2017.

El monto total demandado en moneda nacional, de acuerdo al cálculo hecho por la misma instancia judicial supera los 254 mil millones de bolívares: 

Dej[a] expresa constancia que las cantidades reclamadas en Dólares de los Estados Unidos de América –(EUA$ 50.700.000,00) y (EUA$ 25.350.000,00)-, que representa un total de SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN CÉNTIMOS (EUA$ 76.050.000,00), equivale[nte] a la tasa de cambio oficial vigente para la presentación de la demanda (Bs. 3.345.00 x 1 US$) a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 254.387.250.000,00)[1].

Si el TSJ utilizara la tasa DICOM[2] para la fecha de la admisión de Bs. 96.000 x1 US$), estaríamos hablando de Bs. 7.300.800.000.000,00(Siete billones trescientos mil ochocientos millones de bolívares).

En la acción judicial, el Metro de Caracas C.A. exige a la empresa brasileña, y también a Seguros Caroní, S.A, quien actuó como afianzadora,que devuelvan al Estado el dinero otorgado en anticipo no amortizado, por incumplimiento de sus obligaciones en el contrato N- MC-4749, suscrito el 18 de diciembre de 2012, destinado a “la construcción de 2.400 viviendas a edificarse en terreno ubicado en Mariche, carretera nacional Petare-Santa Lucía, sector Las Tapias, (…), municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda  (…)”. La cantidad  está “estimada en los montos garantizados a través de los contratos de fianzas de fiel cumplimiento.”

¿Qué sabemos sobre el contrato que reclama el Metro de Caracas?

De la información que ha analizado Transparencia Venezuela sobre el contrato Nro. MC-4749, entre la estatal Metro de Caracas C.A.y Odebrecht, se desprende que le fueron asignados recursos del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), de acuerdo a las memorias y cuenta de los años 2013, 2014 y 2015 del Ministerio de Transporte. Se trata de una obra que debió haber finalizado el 1º de marzo de 2017, pero las viviendas nunca fueron construidas.

De acuerdo a la memoria y cuenta 2015 el avance físico era sólo de 6,67%, a pesar del dinero otorgado en anticipo,que conforme a la demanda presentada por Metro Caracas C.A., fue del 30% – es decir Bs. 563.100.000 más US$ 50.700.000.

El monto de ese contrato, como muchos otros, se mantienen en secreto, pero esta sentencia permite hacer estimaciones. El monto reclamado por fianza de fiel cumplimiento asciende a Bs. 281.550.000,00 más US$ 25.350.000,00 y según la Ley de Contrataciones Públicas vigente para la época,el valor de las fianzas debían se equivalentes al 15% del monto del contrato. Si cumplieron con la ley, el monto del contrato no debió ser inferior a Bs. 1.877.000.000 más US$169.000.000para construir 2.400 viviendas. Viviendas muy caras que no se construyeron.

La otra pregunta es ¿Por qué el Metro de Caracas, C. A., construye viviendas?

Siempre me ha parecido hermosa la definición que hace Hannah Arendt de la política: es el arte de convivir entre los que son diversos. La política trata de los diferentes en su estar juntos sin matarse, sin defraudar la confianza en el orden social y sin degradar la demarcación entre lo que es válido de lo que resulta absolutamente inaceptable. Nadie ha dicho nunca que la política sea el ambiente de los tramposos, los mentirosos y los perversos. Pero el poder, ya lo sabemos, es una gran tentación. Nadie que no esté preparado, en fortaleza y carácter, debería consumir dosis muy altas de poder, porque de inmediato pretenden ser como dioses. Esa es precisamente la tentación original.

Obviamente, ya lo planteó Maquiavelo, que el gobernante tiene un conjunto de obligaciones con la vigencia de esta convivencia que lo aleja radicalmente de los deberes que un cristiano tiene con los suyos y con la salvación de su alma. Al gobernante “le es preciso ser tan cuerdo que sepa evitar la vergüenza de aquellas cualidades que le significarían la pérdida del Estado”. ¿Qué puede originar la perdición de un político? La falta de coraje y el exceso de perversidad. No es que le estén vedados esos dos defectos, pero no debe dejar que ellos lo posean hasta el punto de determinar su ruina. El político que está verdaderamente preparado para conducir la suerte de un país no puede ser un cobarde. La cobardía tiene muchas caras. Todas ellas están relacionadas al actuar indebidamente. José Antonio Marina afirma que el cobarde huye, se desvincula, baja la cabeza, se pliega. Nadie quiere que sus políticos, a la hora de la verdad, se quiebren, se sometan, se paralicen o simplemente se humillen.

El exceso de perversidad es todavía una cualidad peor. Es el político que manosea la realidad, juega con la verdad y la mentira, se solaza en la crueldad, no es capaz de honrar su palabra, y confunde los intereses y deseos personales con los de sus ciudadanos. Claro que el gobernante debe tener opciones siempre a mano, y que la razón de estado es uno de sus determinantes. Pero una cosa es pensar en la preservación del país, que a veces exige tomar decisiones difíciles, y otra muy diferente es invocar al país cuando de lo que se trata es de salvar el pellejo. La corrupción, el uso del poder público para el lucro privado, las transacciones indebidas y los conflictos de interés, nunca forman parte de los argumentos para invocar el uso de las medidas extraordinarias. Maquiavelo lo señala claramente: Es solamente “cuando hay que resolver acerca de la salvación de la patria, no cabe detenerse por consideraciones de justicia o de injusticia, de humanidad o de crueldad, de gloria o de ignominia. Ante todo, y, sobre todo, lo indispensable es salvar su existencia y su libertad”. Un estadista sabio delibera cuales son los riesgos, los costos y cuál es la ganancia. Nadie dijo que el cohecho forma parte de la grandeza de los gobernantes.

Algunos políticos juegan a la extrema corrección. Hablan de paz, amor, diálogo, negociación, transiciones y elecciones como si ellas fueran rutas dogmáticas para resolver cualquier situación. Ellos juegan “al deber ser” olvidando las truculencias de la realidad. Ellos hipotecan cualquier posibilidad de salvación de sus ciudadanos porque prefieren comportarse como párvulos recitando una lección de memoria y esperando el aplauso convencional. No es así como se juega el difícil arte de la política. Que convivan los diversos, mantener el orden social, asegurar la libertad, tiene poco de glamoroso y mucho de determinación. También Maquiavelo advertía contra los buscadores del encomio fácil, “porque si consideramos esto con frialdad, hallaremos que, a veces, lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que parece vicio sólo acaba por traer el bienestar y la seguridad”.

Pero esta frase, a veces utilizada para apuntalar el cinismo en la política, tiene que verse con mayor detenimiento. La cordura política está asociada al mantenimiento del poder a cualquier costo, pero no de cualquier manera. Ya para los tiempos del filósofo florentino la gestión pública tenía exigencias incuestionables. “Trate el príncipe de huir de las cosas que lo hagan odioso o despreciable, y una vez logrado, habrá cumplido con su deber y no tendrá nada que temer de los otros vicios. Hace odioso, el ser expoliador y el apoderarse de los bienes y de las mujeres de los súbditos, de todo lo cual convendrá abstenerse. Porque la mayoría de los hombres, mientras no se ven privados de sus bienes y de su honor, viven contentos; y el príncipe queda libre para combatir la ambición de los menos, que puede cortar fácilmente y de mil maneras distintas. Hace despreciable el ser considerado voluble, frívolo, pusilánime e irresoluto, defectos de los cuales debe alejarse como una nave de un escollo, e ingeniarse para que en sus actos se reconozca grandeza, valentía, seriedad y fuerza. En los tiempos modernos, la mentira, el colaboracionismo y la improvisación han causado el descrédito de los aficionados a la política, que, además, desde el balcón de su cinismo se burlan de quienes mantienen sus posiciones y defienden sus principios. Nada más odioso que un esfuerzo inútil, una promesa falseada, una ruta que se transforma en una emboscada. Nada más despreciable que el político tramposo, el que juega a las triquiñuelas, el que no tiene carácter ni aplomo, el que se deja manejar por sus adversarios y el que quiere jugar a ventrílocuo cuando no pasa de ser uno de sus muñecos.

El peor vicio de cualquier gobernante es la corrupción. Porque lo pone en el espacio vacío en el que ni es buen cristiano ni es buen político. Ni responde a la virtud del buen hombre ni tiene forma de demostrar que tiene las cualidades para dirigir a otros. Pero hablemos de eso con detenimiento. En Venezuela está operando una intensa y bien articulada operación de encubrimiento de la corrupción institucional manejada por Odebrecht. Tal vez no sea la única, pero si es la más publicitada. Lo cierto es que la prensa libre acaba de publicar informes completos donde Euzenando Prazeres de Acevedo, presidente de la constructora Odebrecht en Venezuela, confiesa haber manejado un inmenso mecanismo de sobornos que cubre altas esferas del gobierno y también a una parte de la oposición. En el resto de América Latina el escándalo ha tumbado presidentes, perseguido gobernantes, apresado ejecutivos de empresas y demandado una exigente aclaratoria de todos los aludidos.

El caso venezolano es esplendoroso en su tragedia. El régimen al final perdió toda compostura. Ni siquiera intentaron construir obras con sobreprecio. Se dedicaron a pagar las que ni siquiera se construyeron. Fue una orgía del saqueo que explica en mucho la caída de las reservas y la aridez de recursos públicos. No fue el imperio, ni el bloqueo, fue la imposición de una cultura del robo descarado y el cinismo de la propaganda. Creyeron que era suficiente con el anuncio y la puesta en escena. Así ocurrió también con la trama de Derwick Associates, y las consecuencias terribles en términos de la infraestructura eléctrica. ¿No les parece a ustedes que hemos sido poseídos por el demonio del desparpajo? El problema es que la corrupción institucional involucra lo público y lo privado, el gobierno y su oposición, como si fuera posible intentar una inmensa mordaza. Perdonen en todo caso que me preocupe mucho más la corrupción entre nosotros que la que malogra al régimen.

Podría ser que el corruptor tenga interés en mostrar un país infestado de corruptos y además tenga ganas de cobrarse la última factura en términos de involucrar en el charco a quienes son inocentes. Pero aquí de nuevo nos conseguimos con imperativos éticos irrenunciables. El político correcto tiene que dar la cara, asumir los costos de una acusación como esa, defenderse y argumentar apropiadamente. Quien así lo haga, podrá contar con la indulgencia de los ciudadanos, y la expectativa del debido proceso con presunción de inocencia. Lo totalmente cuestionable es lo que aquí ha ocurrido con una corriente de la oposición, que en lugar de exigir las debidas aclaratorias, pretenden todo lo contrario: relativizar el hecho, transformarlo en una circunstancia menor, hacerlo pasar por una situación producida por la extrema necesidad o por la extrema injusticia. Hacer buena la pésima política de los dos raseros, insistir en la lógica particularista que exculpa a los propios con la misma intensidad que acusa a los contrarios. El más absoluto familismo amoral que quiere convertir a todos los ciudadanos en cómplices, o por lo menos, exculpadores magnánimos de una sinvergüenzura.

¿Qué es el familismo amoral criollo? Es poner encima de cualquier consideración racional-institucional la necesidad de privilegiar la relación con las personas que forman el círculo primario de pertenencia, subordinando a la convivencia interpersonal cualquier criterio de productividad; Y en segundo lugar, el asumir como regla preferencial de actuación la que impone “la maximización de las ventajas materiales o de prestigio social inmediatas (“inmediatas” está usado en el sentido de “a corto plazo”) para sí mismos y para su círculos inmediatos de pertenencia, suponiendo que todos los demás actores hacen exactamente lo mismo”. Los que viven dentro de este ethos no son capaces de discernir apropiadamente entre espacios, tiempos y contextos, y asumen como dogma utilizable para cualquier propósito las versiones determinadas por los grupos en los que coexiste. Es familista amoral aquel que, en lugar de exigir claridad, quiere imponer complicidad. Y va más allá, es capaz de tergiversar la realidad y tratar de reinterpretar los hechos para hacerlos más permisivos.

Este tétrico argumento plantea nada más y nada menos que los políticos de la oposición han debido corromperse para luchar contra la corrupción. Y que eso es bueno. Incluso épico. Lo que pasa es que en el camino no se aprecia demasiada lucha y si una coreografía de colaboración en donde nada termina de salir de su quicio. Lo que se aprecia es lo obvio. Que el dinero de la corrupción compromete y amarra, define discursos, limita las acciones, y engatilla a los liderazgos. Eso no tiene nada de heroico. Recordemos la frase de Maquiavelo: “A causa de estos regalos, la juventud se corrompía y prefería la licencia propia a la libertad de todos”. La corrupción envilece.

Cuando se hace política desde los principios, el origen del dinero si importa. La cualidad de los aliados es también decisiva, y la estrategia es entonces la diferenciación. Una coalición unitaria que tenga flacidez en su integridad, que no aclare ni una cosa ni la otra es solamente un esfuerzo de institucionalizar el familismo amoral y de darle continuidad a una dirigencia de impresentables. Odebrecht dice que dio millones de dólares a la campaña de la oposición. Eso no se puede esconder bajo la alfombra. Porque además hemos sido testigos de uso de recursos para encumbrar liderazgos y líneas partidistas, que además se hicieron con liberalidad presuntuosa, incluso llegando a financiar y patrocinar encuestas y líneas de opinión que se comportaron como furiosos censores de las otras alternativas. ¿En eso se usó el dinero sucio?

Volvamos a Maquiavelo. Cuando la democracia se degrada a licencia (donde todo vale) rápidamente se trastoca en una tiranía. “Donde no hay esta honradez no cabe esperanza de bien alguno”. Por lo tanto, es inútil esperar que la república pueda restaurarse desde la corrupción. Ya sabemos que ese dinero provoca compromisos para que esa corrupción continúe. Pero hay que ir más allá. El político honesto debe parecerlo. Maquiavelo estudia el caso con fruición y llega a señalar que “aquellas repúblicas donde se conservan incorruptibles las instituciones no toleran que ciudadano alguno sea o viva como noble…hasta el punto de que, si alguno cae en sus manos, lo matan por considerarle principio de corrupción y motivo de toda clase de escándalos”. Lo que pasa es que desde antiguo el ser y el parecer están fusionados en la congruencia. No puedes ser el líder de un país perseguido y hambreado, y pasearte por el mundo usando pasajes de primera clase. El exilio político siempre es estoico. Algunos no pueden con eso.

Algunos indigestos intelectuales pretenden ser los heraldos del “todo vale”. Los que terminan creyéndolo también acaban desfigurados. Maquiavelo presentó un dilema concluyente para el político: Ser amado o temido. Al respecto concluyo que, como el amor depende de la voluntad de los hombres y el temer de la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en lo suyo y no en lo ajeno, pero, como he dicho, tratando siempre de evitar el odio, y sorteando los obstáculos del desprecio. Nadie sigue a un “pirata”. Nadie se engancha con una “rata”. El secreto de la política es la integridad. Lo que siempre está en juego es el respeto de los ciudadanos, porque como lo advertía Virgilio en La Eneida “Si entonces ven un hombre que tiene autoridad por sus méritos y valores, callan y lo escuchan con los oídos atentos”.

@vjmc

El presidente Nicolás Maduro ordenó este jueves 14 de junio a la nueva ministra de Obras Públicas, Marleny Contreras a finalizar todas las obras inconclusas que dejó la constructora brasileña Odebrecht, añadiendo que hay que tomar el plan de organización, actualizarlo e impulsarlo.

Desde el Palacio de Miraflores, le pidió al nuevo vicepresidente Sectorial del Área Económica, Tareck El Aissamil, realizar una reestructuración “a fondo de todas las empresas del Estado”, así como “una redefinición de los mandos, un nuevo sistema de cultura empresarial y el modelo de gestiones.

En la juramentación de nuevo gabinete ejecutivo, el primer mandatario agradeció a la nueva vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez “su labor en la ANC“, añadiendo que “hoy se despidió por ahora, porque los constituyentes han recibido permiso para venir a cumplir funciones”, al tiempo que le ordenó hacer hincapié en el diálogo nacional “la reconciliación, el entendimiento y la paz”. Asimismo, le encomendó apoyar y coordinar a los ministros con el tema de los servicios públicos, haciendo énfasis

También felicitó al nuevo ministro de Industrias y en paralelo vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami por haber entregado “una vicepresidencia victoriosa” debido a todos los hechos ocurridos en el país durante su tiempo en el cargo.

Prometió que con este movimiento en el gabinete, por fin se logrará “la Venezuela victoriosa”. No tardó en resaltar los programas sociales de su Gobierno, asegurando que “si no fuera por Hogares de la Patria y los Clap, la guerra económica habría hecho estragos” en el país.

LIMA (AP) — La fiscalía peruana inició una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski en base a declaraciones del exjefe local de la constructora brasileña Odebrecht.

En una información difundida por la cuenta oficial en Twitter de la Fiscalía se indicó que el fiscal José Domingo Pérez dispuso investigar por ocho meses a los exmandatarios luego de que el responsable de la constructora en Perú, Jorge Barata, dijera en febrero a los investigadores peruanos en declaraciones realizadas en Sao Paulo que la compañía otorgó dinero a las campañas presidenciales de García en 2006 y Toledo y Kuczynski en 2011.

Pese al presunto dinero de Odebrecht inyectado en sus campañas, Toledo y Kuczynski no lograron ganar los comicios generales en 2011. Toledo intentaba un segundo periodo y Kuczynski buscaba por primera vez llegar al poder.

La fiscalía informó también que investigará a las personas que supuestamente funcionaron como nexos para recibir el dinero, entre ellas la actual embajadora peruana en el Reino Unido, Susana de la Puente, a quien Barata calificó de intermediaria para que la campaña de Kuczynski obtuviera 300.000 dólares. Kuczynski llegó al poder en un segundo intento en 2016.

El exministro Luis Alva también fue sindicado como nexo para que el dinero de la constructora llegara a la campaña de García, quien ganó las elecciones en 2006 y gobernó hasta 2011. Otro investigado es el ciudadano israelí Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo, quien recibió 700.000 dólares para la campaña de Toledo en 2011.

Los tres exmandatarios a través de sus abogados han rechazado las imputaciones.

Los expertos afirman que el fiscal debe demostrar en un juicio que Toledo, García y Kuczynski sabían que había ingresado dinero de Odebrecht a sus campañas.

Los tres ya son investigados en otros casos ligados a Odebrecht por presuntos delitos de corrupción. Toledo gobernó entre 2001 y 2006 mientras que Kuczynski lo hizo entre 2016 y 2018.

Perú ha solicitado a Estados Unidos la extradición de Toledo por los delitos de corrupción, un trámite que puede durar varios meses.

En marzo y después de meses de turbulencia política, el Congreso peruano aceptó la renuncia a la presidencia de Kuczynski por señalamientos relacionados con Odebrecht.

La tormenta de escándalos de corrupción sembrada por Odebrecht en Latinoamérica ha salpicado a todos los exmandatarios peruanos y a los principales políticos del 2001 en adelante.

El exalcalde metropolitano, Antonio Ledezma, desmintió en su cuenta de Twitter las declaraciones realizadas por el director superintendente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevendo. Aseguró que él “nunca” contrató los servicios de la empresa brasileña durante toda su gestión pública.

“A lo largo de toda mi gestión pública nunca contraté los servicios de Odebrecht para ninguna obra que hubiese decidido mi administración o que haya sido heredada de gestiones anteriores”, escribió en la referida red social.

Afirmó que en ninguna ocasión se reunió en sesiones privadas ni formales con el directivo o gerente de Odebrecht. “Nunca hice contacto ni formulé promesa o compromiso alguno sobre intereses que pudiera tener esa empresa en el país”, prosiguió explicando el también dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP).

Ledezma manifestó que se comunicará con sus abogados para que Euzenando Azevendo “enmiende ese error” y “limpie su nombre”. Por otro lado, la también exalcaldesa del área metropolitana, Helen Fernández, tildó de “una infamia” estas acusaciones.

El pasado domingo, el portal web ArmandoInfo publicó una investigación donde Euzenando Azevedo, exdirector superintendente de Odebrecht en Venezuela, confesó el pago de soborno y financiamiento a campañas de políticos venezolanos incluyendo al ex gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles.