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Observatorio Venezolano de Prisiones

OVP exige investigación imparcial tras hechos en la policía de Anaco

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES denunció que el video en el que se muestra como unos reclusos son sometidos a una presunta requisa en la Policía Municipal de Anaco en el estado Anzoátegui, es “la clara evidencia de la violación flagrante de los derechos humanos por parte de unos funcionarios policiales”.

La ONG exigió una investigación imparcial y profunda por el hecho que atenta contra la integridad de los privados de libertad.

“En el video que llegó a manos del OVP se ve claramente el grupo de presos tirados en el piso totalmente desnudos, con sus manos sobre la cabeza, se observan mojados, sobre algunos de ellos fueron colocados unos gallos de pelea y además sus pertenencias se ven esparcidas por el lugar”, dice un comunicado de la organización.

La directora del OVP Carolina Girón solicitó que la investigación tome en cuenta la tortura, los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos los detenidos en Venezuela.

Los hechos fueron notificados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Personas Detenidas en Las Américas de la CIDH, Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de la CIDH, al Sistema Universal al Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Degradantes e Inhumanos a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias.

A través de su cuenta de Twitter, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab anunció que por los hechos serán imputados el comisario Hernán Díaz y dos funcionarios subalternos,

OVP denunció que dos presos resultaron gravemente heridos en instalaciones de Cicpc de Guárico

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES (OVP) denunció que dos presos resultaron heridos de gravedad en las instalaciones de la sede principal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en San Juan de Los Morros, estado Guárico, la mañana del lunes 16 de septiembre, tras originarse un motín.

Un grupo de detenidos había sido llevado a esa dependencia en el mes de julio, tras producirse una fuga en la sede de la División de Homicidios; y según los familiares, desde entonces los internos estaban siendo objeto de maltratos.

En horas de la mañana de este lunes, durante el motín, intervinieron los funcionarios del Cicpc para contener la supuesta revuelta y resultaron heridos de gravedad Hember Miguel Ángel Flores y Jesús Torres, quienes fueron trasladados al hospital de esa ciudad; según pudo conocer el equipo del OVP.

Flores y Torres recibieron heridas de perdigones disparados directamente a sus rostros. Uno será sometido a una intervención quirúrgica y el otro será evaluado para conocer si perdió su visión.

El OVP condena estás agresiones en los calabozos del CICPC, donde corren peligro las vidas de los detenidos y exige al Ministerio Público que se abra una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre lo ocurrido. También le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que cumpla con su función.

“Exigimos que se otorguen los cupos en los penales porque el responsable del colapso en los calabozos policiales, como ya el OVP ha venido advirtiendo, es el Ministerio de Servicios Penitenciarios. De tales hechos han sido notificados la Comisión Interamericana de DDHH, el Relator de Personas Detenidas en Las Américas de la CIDH, el Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de CIDH, el Sistema Universal del Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Degradantes e Inhumanos y  la Relatoría de Detenciones Arbitrarias”. 

OVP: Fugas masivas son consecuencia del hacinamiento

ESTE MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE se reportaron tres fugas masivas, dos de ellas en el Área Metropolitana de Caracas y una en el estado Aragua, las mismas terminaron con un saldo fatal de dos presos muertos, un preso herido, además de 25 fugados y 41 recapturados según los datos que pudo recopilar el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 

Los hechos se presentaron en tres centros de detención, el primero fue en la sede del CICPC Subdelegación El Paraíso de Caracas. De este, se fugaron 29 presos de los cuales seis fueron recapturados. Cabe destacar que en los calabozos de esta sede estaban hacinadas al menos 300 personas conviviendo en condiciones inhumanas. 

El segundo hecho del que supo el equipo del OVP fue en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la Zona 7 conocida como Boleíta, de allí se fugaron 30 presos, estaban descalzos y sin franelas, en plena madrugada fueron recapturados al menos 26, según unas gráficas que se divulgaron a través de redes sociales se puede observar como en una camioneta del mismo organismo policial los montan a todos sin siquiera tomar las medidas de seguridad, ni respetar los derechos algunos de los presos. 

El operativo para ubicar a estos detenidos en horas de la mañana trajo como resultado la muerte de dos presos que según la información policial sería un presunto enfrentamiento, pero familiares aseguran que estos reclusos no cargaban armamento alguno. De este organismo policial continúan dos prófugos de la justicia según el monitoreo realizado por OVP.

El pasado 3 de septiembre, 953 presos del centro de reclusión en Boleíta protestaron por el hacinamiento y en medio de sus exigencias de traslado a un penal se registró un motín el cual culminó con dos presos fallecidos, y 80 reclusos trasladados quedando una población de al menos 871 presos. La OVP ha denunciado en reiteradas oportunidades que esos calabozos tienen capacidad para 250 personas por lo que persiste el hacinamiento. 

El tercer hecho se generó a las 11 de la mañana en el estado Aragua, en un centro de detención de la Policía de Maracay donde nueve presos se alzaron y en un supuesto intento de fuga un funcionario policial hirió a Veiker David Blanco Sequera (20) quien recibió un disparo de perdigón en el pecho. 

El OVP ha venido advirtiendo que el hacinamiento, la falta de infraestructuras adecuadas para la permanencia de reclusos en estos sitios, la nula preparación de los funcionarios que los custodian es una bomba de tiempo que podría traer problemas mayores y desencadenar una masacre como ha venido ocurriendo en estos últimos tres años. 

La responsabilidad de esta situación recae de forma directa en el Ministerio de Servicio Penitenciario y quien está al frente de el, quien ha fomentado el hacinamiento en cada calabozo policial del país y continúan asegurando poseer “el mejor sistema penitenciario del mundo”. 

 

*Con información de NP OVP

Familiares de presos en internado de San Felipe denuncian extorsión en dólares

FAMILIARES DE PRESOS EN EL INTERNADO Judicial de San Felipe, conocido como La Cuarta, denunciaron el cobro de cinco dólares para trasladar a los privados de libertad a tribunales.

Los familiares deben pagar vacuna a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana para permitir visitas en ese recinto carcelario, ubicado en Yaracuy.

La información la dio a conocer Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones. Refirió que, semanalmente, los familiares de los presos cancelan 5.000 bolívares en efectivo o por medio de pago móvil.

“Si el familiar no quiere hacer la cola, debe cancelar 6.000 bolívares. Las visitas en este penal son tres veces por semana, lo que equivale a 15.000 o 18.000 bolívares semanales”, detalló.

La Causa

Prado indicó que los presos deben cancelar una cuota semanal al pran del penal. El monto varía, de acuerdo a las exigencias impuestas por el líder de la cárcel.

“A eso se denomina pagar la causa. El preso avisa a sus familiares para que traigan el dinero. Dejar de pagarla puede traer como consecuencia la muerte del preso. El efectivo se compra en la cárcel, pero cada billete tiene un costo de 30% más que su valor real”, agregó.

El también abogado y defensor de los derechos humanos de los privados de libertad acotó, que existen personas con tuberculosis a quienes no se les brinda atención médica.

“Para salir a los tribunales la falta de vehículo hace de las suyas y deben buscar la forma de cancelar un transporte particular, el cual se cotiza en cinco dólares por traslado”.

Prado indicó que en este penal existe una población de 1.402 reclusos, cuando su capacidad es para 450 personas.

UN VIDEO MUESTRA LA REALIDAD de lo que se vive en los penales del país. Presos, familiares, penalistas y penitenciaristas narran hechos que motivaron al Observatorio Venezolano de Prisiones a realizar el cineforo «El horror detrás de las rejas, cárceles venezolanas».

Humberto Prado, director del OVP y organizador del evento, invitó al diputado de la Asamblea Nacional,  Gilber Caro. El ex preso político indicó que aspira a que en un futuro Venezuela tenga las mejores cárceles.

Prado dijo que foros similares se estaban realizando en estados como Táchira, Lara, Carabobo y Mérida.

En su intervención, Caro manifestó que cree en la reinserción del preso en la sociedad, una vez cumplida la pena.

Luego hizo una recomendación para evitar caer en la cárcel: «Corrige al niño y evitarás castigar al adulto».

En un video presentado a los invitados se conoció la situación en que viven los privados de libertad en el país y los problemas  que confrontan, como el retardo procesal.

El abogado penalista, Alberto Arteaga, calificó este hecho como muy grave, porque es una de las causas del hacinamiento. Además, los internos no tienen atención médica ni buena alimentación.

Los especialistas estiman que las cárceles no cuentan con personal adecuado para tratar a los prisioneros que sufren maltratos. Otro problema es que la población penal no está clasificada.

En el video, los presos denunciaron que en una oportunidad les dieron carne podrida, llena de gusanos, que tuvieron que hervir para poder comerla.

Humberto Prado alertó que en los retenes policiales hay 42.462 detenidos.

Tribunales militares siguen juzgando a civiles

 

DURANTE 2018 el Poder Judicial venezolano reeditó la misma practica aplicada en 2017 para juzgar a civiles en tribunales militares. 

En el informe El camino a la dictadura con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). la ONG Acceso a la Justicia revela que el órgano judicial mantuvo en 2018 la función represora ejercida el ano pasado contra quienes disienten del regimen de Nicolas Maduro.

Segun la sentencia numero 403 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia: “la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares”.

En vista de esta practica recurrente, Acceso a la Justicia, junto al Observatorio Venezolano de Prisiones y Provea intervino en la 168º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, efectuada en mayo en República Dominicana. 

Representantes de las ONG venezolanos denunciaron el juzgamiento de civiles ante la justicia militar, en detrimento de la Constitución que en el artículo 261 establece que la “competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.

Acceso a la Justicia expuso que los fiscales militares acusan a personas de asalto al centinela y ataque al centinela, cuya pena es de 14 anos de prisión.

La ONG recordó que el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) esta en vigencia de la dictadura de Juan Vicente Gómez y supedita las decisiones al presidente de la República.

 

El sufrimiento por un preso se extiende hasta después de su muerte

LOS PRESOS MUEREN EN PENALES VENEZOLANOS y sus familiares son los últimos en enterarse sumado a ello cuando acuden a la morgue para retirar los cadáveres deben esperar días porque la falta de patólogos retrasa la entrega de los cadáveres, así fue el caso de Maikel Antonio Camacho (31) quien fue sacado del Rodeo II y fue entregado a su familia seis días después de su muerte. 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo documentar este caso. Maikel Antonio era un preso que estaba en condición de procesado, tenía dos años privado de su libertad por el delito de homicidio, en principio fue detenido por el CICPC Subdelegación El Llanito allí permaneció cuatro meses posteriormente fue trasladado al Internado Judicial El Rodeo II, cárcel ubicada en Guatire estado Miranda.   El joven tan solo fue sacado a tribunales en dos ocasiones, la falta de transporte para traslado aumentaron el retraso en su proceso judicial y aun cuando casi tenía dos años preso no había tenido una audiencia preliminar. 

Familiares relataron a OVP que Maikel Antonio era huérfanos de padres, sus tías paternas fueron las que se encargaron de su cuidado pero ninguna llevaba su apellido y cuando fue trasladado al penal por no llevar su apellido no podían visitarlo, se las ingeniaron y pudieron verlo al menos cinco veces, pero continuamente le llevaban alimentos y chucherías pero nunca le llegaban lo sabían cuando el joven se lograba comunicar vía telefónica que les decía como estaba, era padre de tres niños, la menor de 9 años de edad y a los que nunca pudo ver cuando estuvo tras las rejas porque en el penal no le permitían visita de sus hijos. 

Desde hace un mes que Maikel Antonio comenzó a presentar fiebre, había rebajado al menos 40 kilos, en vista de ello sus familiares se movilizaron a tribunales para solicitar un traslado a un centro asistencial y la respuesta era que pedían una autorización directa del director del penal para sacarlo. Pasaron las semanas y nada de soluciones, el martes 30 de julio una llamada desde El Rodeo II recibió una de las tías del joven se identificaron como una enfermera del centro penitenciario le informaron que lo iban a trasladar a un centro asistencial pero nunca se llevó a cabo el traslado. 

El jueves 1 de agosto Maikel Antonio fue sacado de su celda y trasladado hasta el Hospital Dr. Domingo Luciani del estado Miranda fue ingresado al área de emergencia y tan solo veinte minutos duró con vida. Ese mismo día su familia acudió al Rodeo II para llevarles medicamentos y nadie le informó nada, fue al siguiente día el viernes 2 a las 6:30 de la mañana cuando supieron que había muerto y se enteraron por terceras personas. 

La familia denuncia al OVP que dejaron morir a Maikel Antonio y fue por falta de atención médica, aseguran que así fuera quitando dinero prestado ellos costeaban los medicamentos para el tratamiento del joven quien estaba padeciendo de hepatitis y no fue tratado para ello. Además que se enteraron tarde de su muerte y no por el Ministerio de Servicio Penitenciario la entrega del cadáver se paralizó por la falta de patólogos que no trabajan los fines de semana y por seis esperaron por la entrega. 

Familiares de todos los detenidos del Rodeo II denuncian que en ese penal “comen comida de perros (bazofia), los están matando de hambre es por eso que se enferman esos muchachos” a la misma vez denuncian al OVP que mensualmente se hacen requisas dentro del recinto carcelario y les botan los uniformes, sabanas y pertenencias personas y es la familia quien debe costear eso. 

Humberto Prado, coordinador general del OVP explica que las violaciones de los derechos humanos en las cárceles venezolanas son continuas y repetitivas es por ello que se le está notificando a la Comisión Interamericana de DDHH, al Relator de Personas detenidas en Las Américas de la CIDH, Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de CIDH, al Sistema Universal al Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Degradantes e Inhumanos a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias de la muerte de este joven en El Rodeo II y de las condiciones en las que están los presos en ese recinto carcelario.

No le hicieron autopsia a preso que mataron en la cárcel de Fénix

Jesús Alirio Sayago Apóstol (26) era un joven que tenía casi siete años detenido, seis de ellos lo pasó en comisarías de la Policía del estado Lara, estaba detenido por el delito de droga, no le habían hecho su audiencia preliminar porque siempre le diferían la audiencia en donde tenía previsto asumir los hechos para ser penado, fue trasladado hasta una cárcel de Lara bajo la promesa de que su proceso se agilizaría para obtener una libertad y este joven salió del penal pero como salen muchos, muertos. 

Jesús Alirio estaba bien, sano y con buen peso cuando fue pasado a uno de los penales según información obtenida por el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) por ser procesado debía estar en el Centro Penitenciario David Viloria pero fue llevado hasta la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara una cárcel construida para penados. En su estadía en ese recinto carcelario este joven no recibía casi visitas, vivió lo que muchos presos pasan el ingerir alimentos como arepa pura, arroz solo y poca agua y la que reciben es agua salada.

A pesar de las promesas de que Jesús Alirio sería sacado para tribunales estas resultaron ser infructíferas las boletas de traslados no llegaban al penal, no había vehículos o simplemente el fiscal no acudía, así seguía transcurriendo el tiempo y este joven no se le hacia su audiencia supo el OVP. 

Por una fuente interna de Fénix Lara OVP conoció que el 18 de julio del 2019,  desde ese penal funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la GNB se llevaron detenida a María Rodríguez (32), una supuesta abogada y trabajadora del Servicio Penitenciario quien presuntamente ayudó para la evasión de un interno. Desde ese momento llegó una comisión del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) quienes se instalaron en el penal y según denuncias de familiares de presos y de los mismos privados de libertad los comenzaron a maltratar como castigo por la evasión que se había registrado. Supuestamente en medio de esos maltratos Jesús Alirio había sido agredido. 

Posterior a los maltratos que aparentemente fueron más constantes el joven detenido comenzó a padecer de evacuaciones liquidas por lo que el lunes 29 de julio fue sacado hasta la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto atendido y devuelto al penal, dos días después a las 3 de la tarde del 31 de julio fue ingresado nuevamente. En esta ocasión Jesús Alirio estaba inconsciente presentaba una deshidratación severa y las evacuaciones no las controlaba y había convulsionado, fue recibido nuevamente en emergencia, allí lo vieron doctores y enfermeras que lo habían examinado el lunes, según devela una fuente interna del centro asistencial al equipo de OVP ellos quedaron impresionados porque las condiciones del paciente eran graves, nada que ver a como estaba el lunes, además presentaba una fuente lesión en el cráneo y su brazo izquierdo estaba como fracturado, se le notaban algunos hematomas. 

Tras interrogar a los custodios solo respondían que lo llevaban por la diarrea, a la par el personal del centro asistencial trataba de ubicar a la familia pero del penal negaban que estuviera por allí. Al OVP le confirmaron que esa misma noche los familiares del joven llegaron aunque se los habían negado, estos se encargaron de su cuidado y limpieza; este joven le fueron hecho una serie de exámenes, se le suministró medicamentos para atacar el cuadro diarreico más la deshidratación y además se le ordenó hacerle una tomografía para conocer el daño causado por la lesión que tenía en la cabeza, que según informe médico al que OVP tuvo acceso consta que se trata de un traumatismo cráneo encefálico. 

La tomografía se exigía que fuese acompañado de un médico pero en vista que era un preso se indicaba que la normativa era que fuera un doctor del penal y con una ambulancia de la cárcel que se hiciera el traslado para la realización del examen pero este no se pudo hacer porque no había vehículos, ni personal para ello y Jesús Alirio murió a las 11 de la noche del viernes 2 de agosto. 

Manipulado y sin autopsia 

El cuerpo del preso fue pasado hasta la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda pero durante el fin de semana no se le pudo practicar una autopsia porque no había patólogos y el domingo 4 de agosto en dicho centro asistencial apareció Liana Reyes, quien es Directora General de Atención Integral a la Familia de los Privados y Privadas de Libertad del Ministerio de Servicios Penitenciarios OVP conoció que ella se acercó al padre de la víctima y prometió brindarle ayuda, en ese momento aseguró que el cuerpo no podía ser retirado pues debían hacerle autopsia luego de que la familia le contara que se trataba de un traumatismo la causa de su muerte, los seres queridos de Jesús Alirio le hicieron saber que había sido una golpiza la causante de la lesión y su posterior muerte. 

Sin embargo a espalda de la familia el equipo de OVP verificó como se recibían llamadas que ordenaban la entrega del cuerpo y a pesar que el lunes 5 de agosto estaba pautada la autopsia la propia Liana Reyes quien siempre estuvo a un lado de la familia del preso le dijo al padre de la víctima que “si quería autopsia debía denunciar a fiscalía y esto demoraría más la entrega del cuerpo”, develó una fuente del lugar. Los familiares de Jesús Alirio ante el temor que el cadáver pasara un día más en la morgue cedieron ante la petición de la autopsia y recibieron el cadáver. 

La causa de muerte expresaba que se trataba de un shock hipovolémico, una  deshidratación y cuadro diarreico severo. Reyes en un principio prometió la ayuda para la familia pero una vez que logró la entrega del cuerpo se fue, relató a OVP una fuente ligada al caso quien además fue testigo de cómo el padre del joven tuvo que buscar donaciones para la urna y el dinero del entierro, no tuvo opción de velarlo, debió enterrarlo de inmediato.    

Dos en julio 

En el mes de julio dos presos de este mismo penal Fénix Lara murieron el primero de ellos fue el 23 de julio se trataba de Wilquin Abraham Carrero (22) quien murió de un supuesta obstrucción intestinal,  este interno según fuentes internas del penal duró días quejándose de dolor y nunca fue sacado para recibir atención médica, CICPC buscó su cadáver en la cárcel, este interno era del estado Miranda y su familiar duró al menos dos días durmiendo en el Hospital Central para resolver como se lo llevaba porque no tenía recursos y no les quedó de otra que enterrarlo en una fosa común en la región larense. 

El 29 de julio falleció Tomás Ernesto Piñango Seijas (50) quien tenía un día  hospitalizado, estaba inconsciente, supuestamente padecía de VIH y Tuberculosis (TBC), este preso era del estado Aragua. Los familiares se enteraron por otros internos. 

Humberto Prado, coordinador general de OVP recalca que a ninguno de los familiares de los presos fallecidos les han avisado sobre su muerte o enfermedad desde el Ministerio de Servicio Penitenciario, siempre terminan enterándose de lo sucedido por terceras personas buscando así esconder las muertes de las cuales recalca Prado “son su responsabilidad porque cada privado de libertad está bajo su custodia”. 

El coordinador general de OVP  recuerda que cada una de estas muertes está siendo documentada, “ocurrieron en un sistema que es denominado el mejor del mundo, pero la verdad es que no le garantiza la vida a un preso”, destaca el defensor de los DDHH de los privados de libertad en Venezuela. 

Estos hechos ocurridos en Fénix Lara están siendo notificadas a la Comisión Interamericana de DDHH, al Relator de Personas detenidas en Las Américas de la CIDH, Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de CIDH, al Sistema Universal al Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Degradantes e Inhumanos a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias.