A dos semanas del motín ocurrido en el Centro Penitenciario Yare III, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las autoridades aún mantienen un silencio total sobre los hechos, sin ofrecer cifras oficiales de heridos ni una explicación clara sobre qué detonó la crisis.
Mediante una publicación hecha en sus redes sociales, la organización cuestiona si se trató de un conflicto entre internos o de un ataque de los custodios hacia la población penal, señalando que la opacidad y la impunidad parecen ser una política recurrente para ocultar el colapso del sistema carcelario.
“El régimen prefiere pasar la página antes que asumir la responsabilidad sobre la vida de quienes están bajo su custodia. La opacidad y la impunidad es una política recurrente para ocultar el colapso del sistema carcelario”, denunció el OVP.
A la fecha, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo han presentado datos de la investigación ni informes sobre el estado de salud de los recluidos. Ante esta situación, el OVP exige una “fe de vida” para todos los internos y que los jueces de ejecución se trasladen al penal para verificar la integridad física de los detenidos.
Una tragedia bajo opacidad
La crisis inició la madrugada del 20 de abril bajo un muro de silencio por parte del Ministerio de Servicio Penitenciario. Aunque inicialmente el Ministerio Público anunció una investigación, no fue sino hasta el 21 de abril que el Ministerio Penitenciario confirmó el fallecimiento de cinco privados de libertad: Keivin Matamoros, Eliécer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez.
Mientras la versión oficial calificó el suceso como una “riña” entre internos en un recinto de “máxima seguridad”, el OVP y los familiares han rechazado esta narrativa. Las denuncias indican que los fallecidos presentaban heridas por armas de fuego, lo cual resulta alarmante en un centro bajo control estatal total.
El 24 de abril, madres y parientes de los detenidos protestaron frente al Palacio de Justicia en Caracas exigiendo justicia y fe de vida. Los familiares aseguraron que “las balas salieron de los armamentos de los funcionarios” y que el ataque fue contra una población desarmada. Además, denunciaron que en el Hospital de Ocumare hay decenas de heridos, pero que las autoridades no suministran listados con los nombres de los afectados ni información sobre traslados.
La falta de información oportuna ha sido calificada por el OVP como una forma de tortura hacia los seres queridos de los privados de libertad, quienes además reportan condiciones inhumanas de reclusión y deficiencias graves en la alimentación dentro de los penales.
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