Observatorio Venezolano de Prisiones

El Observatorio Venezolano de Prisiones sostuvo que en la nueva modalidad carcelaria en Venezuela, los pranes se despiden como celebridades en las redes sociales y cargan con sus pertenencias

Tiempo de “fugarse” han tenido los pranes de las cárceles Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala que en poco más de un mes han sido intervenidas por fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), antes de partir los pranes en Puente Ayala, prisión ubicada en el estado Anzoátegui, se llevaron ganado, electrodomésticos y dinero en efectivo.  

“Con la toma de Puente Ayala, que se llevó a cabo este lunes 30 de octubre, desde el OVP notamos como el régimen de Nicolás Maduro implementó una nueva modalidad de intervención penitenciaria: la negociada”, resaltó la ONG en una nota de prensa.

La ONG aseguró que en las “tomas” de estos tres recintos penitenciarios se ha apreciado un común denominador: “son selectivas, porque se ejecutan en ciertas áreas de un recinto y se negocian con los mismos pranes que durante años han azotado a la población penal”.

“Desde hace una semana los vecinos de las adyacencias donde está ubicado Puente Ayala, ya sabían que este recinto sería intervenido e incluso notaron con sorpresa cómo sacaban ganado y electrodomésticos desde el interior del penal”, prosigue la nota.

La ONG denuncia que cinco días antes de la “intervención” había funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acantonados en las adyacencias.

“¿Por qué ninguno de estos funcionarios impidió la mudanza que salía de Puente Ayala? Al igual que pasó con Tocorón y Tocuyito, con esta intervención de dudosa operatividad quedan más dudas que certezas”.

El OVP sentenció que la entrega del penal fue organizada por el pran Yunior Yagüez, alias “Pata e’ Queso”, quien tuvo tiempo de advertir a sus luceros y lugartenientes para que también sacaran sus pertenencias, incluidos dólares en efectivo y motocicletas.

Yagüez es conocido por sus nexos con diversas bandas criminales en Barcelona, en donde operan con el robo de vehículos, extorsiones y venta de drogas.

Con información de Observatorio Venezolano de Prisiones

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El OVP plantea una gran interrogante: «¿Dónde está Néstor Richardi Sequera Campos, alias ‘Richardi’?

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó que el régimen de Nicolás Maduro «miente» al afirmar que la figura del pranato ya no existe en el país, pues, según la ONG, siete pranes mantienen su poder en las cárceles venezolanas.

«Asegurar que en Venezuela se extinguieron los pranes es una verdadera falacia porque son precisamente siete de ellos, los más peligrosos y mafiosos, quienes mantienen el poder tras los barrotes en varios centros penitenciarios del país», señaló el OVP.

La organización advirtió que con la «causa» (impuesto extorsivo que le cobran a la población penitenciaria), «estos siete pranes recaudan más de 50 mil dólares al mes».

«Todo esto sin contar las ganancias que les generan las extorsiones y otros actos ilícitos que ordenan desde la cárcel pero son perpetrados por delincuentes que acechan a la población civil ante la mirada inerte del régimen», agregó.

En ese sentido, enumeraron los siete pranes que controlan las cárceles venezolanas:

Álvaro Montilla, alias “El Loro“, pran del Internado Judicial de Trujillo

Yunior Yagüez, alias “Pata e’ Queso”, líder del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocida como Puente Ayala

Pedro Manuel González Mata, alias “Pedro Rapidito”, líder del Internado Judicial de Monagas, conocido como La Pica

Fredy Barboza Ilarraza, pran del Internado Judicial de San Felipe conocido como La Cuarta

En el Internado Judicial Vista Hermosa, en el estado Bolívar, conviven tres líderes negativos que son: Wilkins Rafael Romero Maluenga, alías “Wilkins”; Giovannny Alejandro Navas Ochoa, alias “Pan”; y Edison González, alias “Chichi”

«Con aires de ‘todopoderoso’, son estos los siete delincuentes que azotan a la población penal, haciendo uso de armas de guerra, rifles y armas AK47, y que por si fuera poco viven de lujos y fiestas desde hace 15 años cuando inició el pranato y 12 años desde la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios», denunció el OVP.

Por otra parte, el OVP recordó que han denunciado «la existencia del pranato mixto, pues ya los reos venezolanos no solo sufren bajo el poderío nefasto de los pranes sino que ahora también deben lidiar con funcionarios corruptos que cobran en dólares para permitir el ingreso de alimentos, teléfonos, sustancias ilícitas».

No hay transparencia en el procedimiento

“La operación fue exitosa”, fueron las declaraciones de voceros del régimen de Maduro después de la toma del Internado Judicial de Tocuyito, ubicado en el estado Carabobo.

Sin embargo, tras la ocupación de este penal, desde OVP recopilaron los testimonios de muchos familiares que entre lágrimas y mucha preocupación claman por un listado en el que puedan conocer con detalle a qué cárceles fueron trasladados sus seres queridos.

Según informó la ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, mediante las redes sociales, los presos de Tocuyito fueron trasladados a recintos penitenciarios de Carabobo, Lara, Falcón, Miranda, Guárico, Sucre y Táchira.

«Todos estos con hacinamiento que supera el 100% y en condiciones infrahumanas que atentan flagrantemente contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad», denunció la ONG.

Por último, el OVP plantea una gran interrogante: «¿Dónde está Néstor Richardi Sequera Campos, alias ‘Richardi’? Este pran o ‘Papa’, como también se les llama a los líderes negativos en las cárceles, negoció la entrega del penal y desapareció, pero no antes sin despedirse de sus 96,1 mil seguidores de Instagram, a quienes mostraba sus lujos, incluido un estudio de producción musical de última tecnología, tras las barrotes».

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De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones a las 11:00 de la noche de este martes 24 de octubre, los reclusos del Complejo Penitenciario de Carabobo en el estado Carabobo, mejor conocido como Tocuyito, avisaron a sus familiares que probablemente serían trasladados a otros estados porque el penal fue entregado al régimen, luego de una presunta negociación con los pranes.

Según el OVP, esto dejó en evidencia que, una vez más, el régimen anunció una “intervención” del sistema penitenciario pero realmente se trató de una negociación con Néstor  Richardi Sequera Campos, alias “Richardi”, “RSiete” o “Papa”, quien era el pran o del penal.

Media hora antes de la llegada de los funcionarios a Tocuyito, “Richardi” subió una storie en su cuenta de Instagram para despedirse, indicando que llegaba el momento de “free Rsiete” (Rsiete en libertad). 

Posteando una foto ataviado con gruesas cadenas de oro y zapatos deportivos de elevado costo, escribió que no sabía cuándo volvería a tener contacto con sus seguidores, pero aseguró que solo se trataba de un hasta luego.

A los minutos de hacerse la publicación, el 25 de octubre en la madrugada, funcionarios de varios cuerpos de seguridad del Estado llevaron a cabo la toma del centro penitenciario 

Algunos familiares que pernoctaban dentro del penal fueron los primeros en salir, después lo hicieron los presos enfermos.

En varios videos se percibe que equipos y estructuras fueron destruidas y hasta incineradas por los mismos reclusos.

Según videos mostrados por el propio Ministerio de Interior y Justicia, se localizaron armas largas que habían sido enterradas y envueltas, lo que evidencia que estaban preparados para cualquier contingencia.

“Nos preguntamos: ¿Dónde está Richardi?, ¿Acaso logró escapar? En el caso de que este pran esté libre, ¿Qué le ofrecieron a cambio de su libertad? Son más interrogantes las que existen en cuanto a este nuevo desalojo y esperamos que no sea como el “Niño Guerrero”, de quien se desconoce su paradero a más de un mes de concretarse el desalojo, pues ahora no solo sería un pran prófugo sino dos los poderosos líderes negativos en libertad”, se desprende de una nota de prensa del OVP.

“Hasta ahora en estos desalojos solo se habla de investigaciones a directores y funcionarios, pero desde OVP nos preguntamos ¿Qué pasa con la responsabilidad de la Ministra del Servicio Penitenciario? La ministra sabía todo lo que ocurría intramuros e incluso parte de su personal tenía entrada al penal”, prosigue el escrito.

La organización resaltó que los desalojos de los penales conocidos como los más peligrosos del país se dieron en fechas importantes. Tocorón fue desalojado cuando se generaba el informe de la Corte Penal Internacional (CPI) y Tocuyito coincidió con el despliegue de los resultados de las elecciones Primarias 2023, donde votaron más de 2 millones de venezolanos. 

Según el OVP el penal contaba con un estudio musical, animales y espacios construidos por los propios reclusos para manejar negocios de venta de comida, alcohol y hasta un banco.

También informó que se cobraba una causa de 20 dólares mensual, lo que le dejaba un  ingreso mensual de 70 mil dólares a las mafias de la cárcel. 

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que en Tocuyito había un hacinamiento de 343%, pues el recinto con una capacidad para 1.000 internos albergaba a una población de 3.761.

Con información de Observatorio Venezolano de Prisiones

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“El Conejo”, “Wilmito” y el “El Koki” han muerto de forma violenta luego de disfrutar de beneficios 

Desde hace una década, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha venido denunciando la presencia de pranes en las cárceles del país.

Sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso de estas observaciones por parte de la ONG que se caracteriza por estudiar el tema carcelario.

De acuerdo con un comunicado del OVP “es una práctica común que después de la toma de los penales, los pranes, luceros y lugartenientes, gozan de libertad durante algún tiempo porque logran fugarse y luego son ejecutados en presuntos enfrentamientos con organismos policiales”.

Luego de la incursión en Tocorón el pasado miércoles 20 de septiembre, el Ministerio para Interiores, Justicia y Paz emitió una alerta de búsqueda en contra de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, máximo líder de la cárcel de Tocorón y del Tren de Aragua.

Guerrero, quien estaba en Tocorón, se escapó del penal junto a sus lugartenientes antes que llegaran los funcionarios que participaron en el operativo denominado “Cacique Guaicaipuro”.

Tras la fuga, se emitió una alerta de captura internacional a través de la Interpol y gobiernos como los de Perú ofrecieron una suma en dólares por noticias sobre su paradero.

Humberto Prado, director del OVP, considera que Guerrero podría enfrentar dos escenarios: “Refugiarse en otros país o morir en un presunto enfrentamiento con cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela”. 

“El Koki hizo y deshizo ante la mirada inerte del Estado, incluso era un secreto a voces que se encontraba refugiado tras los barrotes de Tocorón, pero finalmente fue ejecutado en un procedimiento policial”, alertó la OVP en su comunicado.

Carlos Luis Revete, mejor conocido como “El Koki”, falleció en un operativo para liberar la Cota 905 al oeste de Caracas, zona que era liderada por su banda dedicada al narcotráfico, extorsión, secuestro, robo y homicidios. Revete era además aliado del “Tren de Aragua”.

Una muerte similar tuvo Teófilo Alfredo Rodríguez Cazorla, conocido como “El Conejo”, quien fue pran del Internado Judicial de San Antonio en Nueva Esparta y además líder del cartel Tren del Pacifico.

La situación de “El Conejo” era conocida por la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, a quien se vio posando para una foto en una cama junto al pran dentro del internado.

“El Conejo” también resultó muerto a tiros cuando salía de un club nocturno en Porlamar. El Gobierno nunca explicó cómo un recluso se encontraba en la calle disfrutando en un local privado.

Igualmente, Wilmer José Brizuela, alías “Wilmito”, murió abaleado dentro de la cárcel de Tocorón.

“Wilmito” fue pran de la cárcel de Vista Hermosa en el estado Bolívar y en Tocuyito en Carabobo, donde vivía rodeado de lujos y armamento de alto calibre.

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La ONG exige al Estado revelar paradero de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del “Tren de Agua” 

Demandan al Gobierno de Maduro una explicación sobre el destino de centenares de reclusos y el paradero de las armas incautadas en la incursión militar y policial de este miércoles 20 de septiembre 

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, la supuesta intervención por parte de organismos de seguridad del Estado en Tocorón este miércoles 20 de septiembre fue planificada con los pranes que controlaban la cárcel ubicada en el estado Aragua.

“La intervencion fue conversada con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo líder del penal y del Tren de Aragua, quien se encargó de salir del recinto días antes de la intervención. Asimismo lo hicieron sus más allegados, lugartenientes y luceros, sin informar a la población penal”, dice una nota de prensa del OVP.

La ONG reveló que la información fue confirmada por fuentes cercanas al despliegue militar y policial, vecinos del centro penitenciario y familiares de los privados de libertad.

“Muchos de los presos lograron salir por túneles y se refugiaron en montañas cercanas a Tocorón”, prosigue el comunicado.

La organización argumentó que a una operación así no se le puede llamar exitosa.

De la misma manera instaron a las autoridades a informar sobre el paradero de la población penitenciaria. 

“Por qué el penal de una población de 5.500 presos pasó a albergar 3 mil reclusos y ahora en esta toma hay unos 1.500 ¿Dónde están los presos que faltan?”, preguntó la ONG.

Igualmente la organización pidió explicaciones de las armas, vehículos, motocicletas y demás enseres que fueron incautados este miércoles durante la redada.  

También manifestó que la operación fue dirigida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y no por la cartera de Servicio Penitenciario, responsable de la población penal en el país.   

Operación en Tocorón comenzó el martes 

La ONG expuso que la incursión en Tocorón no comenzó en la mañana de este miércoles como reflejó un comunicado del Gobierno venezolano, sino que inició el martes.

La organización develó que los cuerpos de seguridad obligaron a los comerciantes aledaños al sector a cerrar sus establecimientos a las 3 de la tarde del martes y que prácticamente se impuso un toque de queda a los vecinos.  

“Algunos incluso sufrieron cortes de luz y de señal telefónica por horas”

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Según el director de OVP, el policía municipal, estadal y funcionario de la PNB están formados para la seguridad pública, no para cuidar y velar por los derechos humanos de los presos

Una de las principales preocupaciones de Prado ante el anuncio de Tarek William Saab es la coacción y presión a la que puede exponerse un recluso si el plan de casas de paz se lleva a cabo

Se debe hacer inventario de personas procesadas, penadas, con medidas cautelares y que poseen medidas alternativas de cumplimiento de pena para sacar la cuenta de  cuánto personal se necesita para que el servicio a los detenidos no viole el debido proceso, ni caiga en el retardo procesal

Entre el 17 y 19 de julio, 107 personas que se encontraban detenidas en el centro de detención preventiva de La Morita II del estado Aragua iniciaron un motín para denunciar el atropello y abusos que recibían por parte de las autoridades del calabozo policial, el retardo procesal en sus causas y supuestos hechos de corrupción en tribunales de Aragua.

Durante el hecho, cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron secuestrados por más de 24 horas en el centro de detención. Katerin Vargas, Rubén Rojas, Darwin Alvarado y el oficial Saulo Kiñones fueron liberados luego de que el conflicto culminara al trasladar a 38 privados de libertad al Internado Judicial de Aragua, mejor conocido como Tocorón.

Un día después, y a raíz del hecho, el fiscal general Tarek William Saab, anunció la puesta en marcha de un plan para reducir el número de personas recluidas en las estaciones policiales, consideradas centros de detención preventiva, que actualmente albergan a 25.000 internos en todo el país, reseñó la Agencia EFE.

La Fiscalía, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se comprometieron «a convertir los centros preventivos» en «casas de paz», de modo que puedan celebrarse en esos calabozos las audiencias de juicio para combatir el retardo procesal que mantiene a miles de detenidos durante años en estos lugares, originalmente concebidos para 48 horas de detención.

“¿Cómo traerás casas de paz cuando no hay espacio para calabozos?. Esto no se resuelve con buenas intenciones, se resuelve con experticia, gerencia y disposición para hacerlo”, opinó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en conversación con Runrun.es.

Para el director del OVP, en los calabozos policiales se excede el tiempo establecido por el artículo 44 de la Constitución venezolana y el Código Orgánico Procesal Penal al dejar más de 48 horas a personas detenidas en sus instalaciones. Adicionalmente, en un espacio diseñado para 20 personas, detienen a 100 o 200 detenidos. 

“Los funcionarios de cuerpos policiales no están formados para lo que les ponen a hacer. Los policías carecen de presupuesto para brindar desayuno, almuerzo y cena a los reclusos en sus calabozos”, aseguró Prado.

Según el director de OVP, el policía municipal, estadal y funcionario de la PNB son formados para la seguridad pública, no para cuidar presos. “No están formados para velar por los derechos humanos de los presos, o para registrar comida y personas que visitan a su ser querido que está detenido preventivamente.

“En ningún comando policial existe un área de atención médica para los detenidos, ni siquiera para los policías”, indicó Prado.

Coacción y presión a los reclusos

Una de las principales preocupaciones de Prado ante el anuncio de William Saab es la coacción y presión a la que puede exponerse un recluso si el plan de casas de paz se lleva a cabo. 

El director del Observatorio explicó que un detenido es trasladado al tribunal para que esté libre de coacción y presión. “No es que no esté de acuerdo en poner unos salones para algunas diligencias que se puedan hacer, pero esas diligencias no pueden estar vinculadas con el proceso”, afirmó.

“Si un muchacho fue detenido por policías, ¿cómo lo vas a poner dentro de la misma sede de la policía a declarar contra los policías?. No tiene sentido”, señaló Prado.

Según el director de OVP, el cambio de abogado de un detenido es una de las diligencias que se puede ejecutar, pero en el proceso no se puede hacer mucho porque el traslado al tribunal garantiza que la persona que esté presuntamente involucrado en determinado tema esté libre de presión y coacción, si no se cumple, se viola ese aspecto por saltar encima de la norma.

Prado explicó que las irregularidades que se han dado en el sector carcelario han intentado ser solventadas a través de actividades que son espasmódicas, pues no atacan el problema estructural. 

La reestructuración es la solución del problema

De acuerdo con Prado, la solución al problema de retardo procesal y todas las irregularidades que implica pasa por establecer un sistema gradual para otorgar medidas cautelares y medidas alternativas de cumplimiento de pena para que no haya impunidad. 

Una vez que se inicie esa reestructuración, el problema puede solucionarse en un año de trabajo continuo y sostenido. 

El director del OVP reiteró que, para ello, hay que tener una visión de cómo resolver el problema estructural a corto, mediano y largo plazo.  Sugirió las siguientes acciones:

Devolver la autonomía e independencia del Poder Judicial. “Cuando un juez dicta una medida preventiva y ordena el traslado de una persona al centro penitenciario, tiene que ser trasladado de inmediato, no tiene que estar un año en un calabozo policial”, dijo.

Se debe hacer inventario de personas procesadas, penadas, con medidas cautelares y que poseen medidas alternativas de cumplimiento de pena para sacar la cuenta de  cuánto personal se necesita para que el servicio a los detenidos no viole el debido proceso, ni caiga en el retardo procesal. 

Nombrar más jueces, fiscales y  defensores públicos, según el número de personas que se encuentren privadas de libertad y tengan sentencia firme o un proceso abierto. 

Hacer un concurso de credenciales, entrenarlos y después “soltarlos al ruedo”. “Independientemente de que es un proceso que tomará tiempo, estas personas solucionarán el problema estructural, porque van a nivelar la situación del proceso de cada persona”, señaló Prado.

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Familiares denuncian que los presos no tienen acceso a la comida 

El Centro Penitenciario Región Centro Oriental, mejor conocido como la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar, es una prisión que durante años ha sido utilizada como una especie de castigo, tanto para los 1.400 privados de libertad que permanecen en este centro penitenciario como para los familiares, cuya visita se convierte en una verdadera travesía.

La cárcel de El Dorado tiene tres áreas clasificadas en: La Casa Amarilla, Precursores y Máxima Seguridad, cuyas condiciones son totalmente precarias e inhumanas.

En ese sentido, los familiares de los privados de libertad denunciaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que no tienen comida, por lo que su alimentación diaria está basada en bolas de harina cocida, arepa o yuca. Desde hace mucho tiempo no consumen proteínas ni frutas, las cuales deben ser provistas por el Ministerio de Servicio Penitenciario.

Aunque existe permiso para que los familiares les lleven algunos alimentos crudos, no todos los privados de libertad los reciben porque las visitas son limitadas.

No se trata de que los familiares no quieran ir sino que los gastos en pasaje tan solo en el estado Bolívar superan los 60 dólares, aunado a ello deben sumar el costo de la estadía por noche que está entre 10 y 20 dólares y por lo general pernoctan dos noches en el pueblo.

De la misma forma se debe tomar en cuenta que las visitantes son mujeres que deben cargar con muchos paquetes o maletas, y la mayoría son personas de la tercera edad.

Sumado a ello, gran parte de los familiares viajan desde otros estados porque muchos presos no son oriundos del estado Bolívar, por lo que los gastos en pasajes pueden superar los 200 dólares.

En otro orden de ideas, los seres queridos de los reclusos de El Dorado relataron al equipo del OVP que siguen consumiendo agua del río Cuyuní, la cual no es apta para el consumo humano.

No tienen acceso a asistencia médica y, por si fuera poco, son comunes los casos de tuberculosis y paludismo. Asimismo, hay casos de desnutrición extrema, muchos presentan enfermedades estomacales y de piel.

Son muchos los presos que se automedican con lo poco a lo que tienen acceso, o simplemente transitan la enfermedad sin ningún tipo de atención, solo con la ayuda que le brindan sus compañeros de celda.

No hay traslados 

Otra de las graves situaciones que viven los presos de El Dorado es la nula atención por parte de los órganos de justicia. Aunque muchos de los reclusos están penados, no existe un seguimiento por parte de los jueces de ejecución a sus casos y, según contaron los familiares a OVP, en ese penal parecen no existir las redenciones ni los estudios.

De igual manera, denunciaron que los traslados a los tribunales no se dan porque “no hay gasolina”  y cuando se ha dispuesto que se haga a través de la modalidad de telemática (conectarse con los jueces vía internet) se les indica que no hay servicio o señal, entonces el retardo procesal continúa.

Por su parte, los presos foráneos han solicitado ante el Ministerio de Servicio Penitenciario su traslado a sus estados donde está la causa de origen, pero nunca reciben respuestas.

Para los presos venezolanos, caer en El Dorado es un castigo del que no saben si saldrán con vida.

El Observatorio Venezolano de Prisiones insta al director general del CICPC a tomar en cuenta las denuncias

El pasado 14 de junio los privados de libertad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)  de la Subdelegación Barquisimeto, estado Lara, iniciaron una huelga de hambre como medida de protesta por la falta de agua, el hacinamiento, el retardo procesal, la exigencia de traslado a penales y los cobros indebidos.

Esta noticia fue desmentida a través de sus redes sociales por el comisario Douglas Rico, director general del CICPC. Posteriormente dicha acción fue repetida por los funcionarios de todo el país, quienes compartieron la publicación en sus redes sociales y además en sus estados de Whatsapp.

Esta práctica no es nueva por parte del director del CICPC, el 2 de junio el diario El Carabobeño publicó sobre el motín de los detenidos en los calabozos del CICPC Subdelegación Tocuyito, ubicada en el estado Carabobo y la respuesta de Douglas Rico fue la misma, por lo que estamos evidentemente frente a un patrón por parte del director de esta institución.

En el caso ocurrido en el estado Lara, desde nuestra organización OVP fuimos al sitio, se habló de forma directa con familiares y hasta funcionarios de dicha institución, quienes reiteraron la veracidad de lo que allí ocurría.

Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) le invitamos al director del CICPC, Douglas Rico, a que tramite los traslados de los privados de libertad a los penales, porque el hacinamiento que existe en los calabozos de la institución de cada estado es crítico.

Le recordamos que sus funcionarios fueron formados para la investigación criminal y no para custodiar a privados de libertad. La permanencia de detenidos en sus calabozos por más de un año es contraria a lo establecido en la Constitución en su artículo 44 numeral 1, que especifica que no deben permanecer por un lapso de 48 horas en esos calabozos, esta situación lo que hace es restar operatividad a su trabajo diario.

El OVP ha recibido innumerables denuncias de las condiciones inhumanas y degradantes en las que conviven los detenidos de los calabozos del CICPC en todo el país y ninguna es Fake News (noticia falsa) es simplemente una realidad que atraviesa la institución a su cargo y la vive cada privado de libertad y sus familiares en Venezuela.