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Observatorio Venezolano de la Violencia

#MonitorDeVíctimas | Cada 8 días ocurre un suicidio en Táchira
52 % de los ciudadanos que se quitaron la vida entre marzo y julio eran adolescentes o personas mayores de 60 años, según registros de Monitor de Víctimas, que comenzó a cubrir el estado Táchira en marzo de 2021

Monitor de Víctimas Táchira

 

Táchira es uno de los tres estados con más casos de suicidios en el país. Así lo registró un informe realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en 2020. En 2021, Monitor de Víctimas ha contabilizado un suicidio cada ocho días entre marzo y julio en la entidad andina, para un total de 19 casos.

La cifra ha venido en aumento y es considerada alarmante por expertos en la materia. Los especialistas recomiendan que se brinde ayuda profesional a las personas que están atravesando por procesos depresivos, y que la sociedad conozca los posibles factores de riesgo. 

Uno de los casos que causó conmoción en la entidad fue el de una adolescente de 15 años de edad. La joven se mostraba alegre, divertida y enamorada. Poco hacía presagiar que tomaría la decisión de acabar con su vida.

Algunos avisos de lo que haría tuvieron sentido luego de su muerte. En Facebook advirtió el día que concretaría el hecho y así lo hizo un día de julio de 2021. 

La joven es una de los cuatro adolescentes que se suicidaron en cinco meses en Táchira. Los más jóvenes y los adultos mayores de 60 años suman 52 % de los casos registrados por Monitor de Víctimas en ese período de tiempo.

Los expertos coinciden en que los suicidios pueden prevenirse si se detectan las situaciones por las que podría estar pasando una persona cercana. Al observar la presencia de alguna de estas alarmas, es imprescindible buscar ayuda profesional con un psicólogo o médico psiquiatra para tratar de controlar los aspectos emocionales ocasionados por factores externos. 

Cecodap, la ONG dedicada a la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, recomienda: preguntar a su hijo sobre las ideas suicidas para ayudar a la prevención, así como evitar reprochar al niño, niña o adolescente su forma de pensar o actuar. También se aconseja tomar a los menores en serio, sin críticas o desafíos, se deben utilizar frases amables y de respeto, hablar abiertamente de su idea de cometer el suicidio, buscar soluciones y acompañarlo. 

 

Táchira entre los cinco estados con más casos

 

Gustavo Páez, investigador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) Mérida, quien viene estudiando los suicidios en la región andina, explicó que Táchira, Mérida y Trujillo, históricamente han figurado entre las primeras cinco entidades con mayor tasa de suicidios en el país.

Según un informe publicado por el OVV en 2020, Venezuela tiene una tasa de 9 suicidios por cada 100.000 habitantes, y en ese contexto Táchira se ubica como el quinto estado del país con más casos, con una tasa de 5,4 suicidios por cada 100.000 habitantes.

El análisis de los patrones de violencia llevado a cabo por Monitor de Víctimas en Táchira entre marzo y julio de este año arrojó que la tendencia suicida aumentó mes a mes en el estado andino. Incluso durante algunas semanas las muertes violentas sólo se reflejaron en casos de suicidios.

También se identificaron las formas más frecuentes de suicidio: 37 % de los casos fueron de ahorcamiento, 26 % fueron con armas de fuego, en 21 % de los casos se presume que el suicidio fue inducido por consumo de sustancias químicas o fármacos, 11 % de las personas se lanzáron de lugares altos y 5 % utilizó arma blanca.  

En el estado Táchira hubo suicidios en 13 de los 29 municipios que lo conforman, siendo San Cristóbal y Bolívar los que presentaron mayor incidencia en los cinco meses de monitoreo. 

De los 19 suicidios registrados en marzo y abril hubo dos cada mes; en mayo se registraron tres, en junio se documentaron cinco casos y en julio la cifra se ubicó en siete; mientras que 37 % de los casos se presentó durante ese último mes. 

En cuanto al sexo de las víctimas de los casos ocurridos en la región en periodo de tiempo analizado, 79 % eran hombres y 21 % mujeres.

De acuerdo con los registros del Cicpc Táchira, se pudo establecer que 42% de las personas que se quitó la vida tenían una edad comprendida entre 31 y 60 años. El 32 %, entre 61 y 80 años; mientras que 21% de los hechos fue cometido por adolescentes, cuyas edades oscilaron entre 15 y 17 años. Un 5% eran personas entre 18 y 30 años de edad. 

Esto significa que 53 % de las personas que se suicidaron eran adolescentes o adultos mayores. Este porcentaje es casi igual al que arrojan los datos de los reportes de Monitor de Víctimas, que es 52 %.

Además estas cifras, sobre todo en el caso de los adolescentes, reflejan un preocupante aumento de suicidios de menores, situación que no era común en Táchira.

De acuerdo con la criminóloga Anna María Rondón, coordinadora del OVV Táchira, en esta región se solían ver otras formas de violencia, en las que no predominaba la violencia auto infligida.

Las motivaciones

 

Yorelis Acosta, psicólogo clínico y social, investigadora del área política del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) considera importante estudiar los suicidios tomando en cuenta las particularidades del contexto venezolano.

“En el caso venezolano, a lo largo de 10 años ha habido una afectación psicosocial que va debilitando la resistencia emocional y física. A eso se le suma el efecto pandemia. Esta situación llevó a la Federación de Psicólogos de Venezuela, en el pasado, a hacer un pronunciamiento sobre un problema de salud pública en el tema del sufrimiento que había que atender”, explicó la experta. 

Por su parte, Gustavo Páez precisó que el suicidio es un tipo de muerte multifactorial y que es muy difícil buscar explicación de un caso de suicido por un solo factor. 

Aseveró que por lo general estos hechos tienen detrás un conjunto de factores que se entretejen a diferentes niveles: individual, familiar, comunitario, incluso social. “No necesariamente una persona que sufra depresión u otros trastornos mentales se va suicidar. Si bien en más de las tres cuartas partes de los casos pudiese estar presente la depresión, también es cierto que entre 15 y 20 % de las personas que no tienen ese trastorno se suicidan. Una persona que sufra depresión, ansiedad, bipolaridad o esquizofrenia no va a terminar en suicidio de manera obligatoria”. 

El investigador agregó que la violencia también puede ser un factor que ocasione suicidios. Algunos casos ocurren porque la persona está huyendo de la justicia o se encuentra dentro de recintos carcelarios, donde padece los males de una cárcel venezolana, por lo que decide quitarse la vida.

Otras de las causas más frecuentes de suicidios son los problemas de salud, añadió el comisario jubilado Tomás Rodríguez, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). “Las víctimas no disponen de dinero para comprar medicamentos o alimentos ni para pagar consultas médicas, por ello se quitan la vida. También la depresión, ligada a la ruptura del núcleo familiar, enfermedad y desempleo”, dijo. 

Rodríguez también considera que un significativo número de muertes por suicidios se debe a la situación económica del país.

“Si uno hace el seguimiento, la mayoría de los casos se debe a la crisis económica, cierre de empresas, empresarios que no encuentran cómo levantar sus negocios y el sentir que no tiene nada, esto les causa daño psicológico”, indicó.

Según datos extraoficiales obtenidos en el Cicpc, alrededor del 70 % de los suicidios en el estado Táchira tendrían como condicionante la situación económica del país, 10 % estaría asociado a enfermedades físicas graves, 10 % de los casos tienen motivaciones afectivas y emocionales, mientras que las causas del otro 10 % está en investigación. 

Los casos registrados este año por Monitor de Víctimas en Táchira muestran como la mayoría de los fallecidos son adultos mayores. 

La migración también influye

 

En el caso de los adultos mayores la migración de hijos y otros parientes puede ser un detonante. “Los familiares se van del país, ayudan a sus padres enviándoles dinero, pero éstos se sienten solos, sin afecto, se deprimen y dicha situación los conlleva a la muerte”, explicó el comisario Rodríguez.

En este sentido el criminólogo Jesús Alberto Berro apuntó al referirse a los infantes proclives al suicidio que “en los niños, el temor, pánico, incertidumbre, el ver que su familia se está desmembrando, que está atravesando por alguna crisis económica, les puede generar ese tipo de reacción”.

Este último especialista indicó que si a eso se le suman factores heredo-biológicos, genéticos, la situación se vuelve peor.

La psicoterapeuta Luisa Amelia León, egresada de la Universidad Complutense de Madrid, también concordó en que en Venezuela la situación país y las fracturas familiares han sido determinantes en el aumento de las cifras de suicidios.

“En el caso de los jóvenes, muchos han sido abandonados por sus padres por el fenómeno migratorio, viven con la tía, el vecino, la abuela, atraviesan un duelo permanente por estar fuera del núcleo familiar y eso les provoca descompensación, angustia y ansiedad”, advirtió.

León alertó que muchos jóvenes han buscado refugio en las redes sociales y en juegos macabros de competencia. La psicoterapeuta indicó que los menores que están en esta situación permanecen solos en casa la mayoría del tiempo y caen en una gran depresión que los puede llevar a quitarse la vida. 

“Los adolescentes con intención de suicidio no hablan, se refugian en su habitación, buscan personas que estén en la misma situación de depresión, se aíslan, no practican ninguna actividad y hasta maquinan la manera de morir”, advirtió la especialista.

 

 

Atención, amor y comunicación 

 

En este sentido, la psicólogo Yorelys Acosta recalcó que el comportamiento suicida es continuo, va desde la ideación en sus diferentes expresiones, pasando por amenazas, gestos, hasta llegar al acto suicida propiamente. 

“Las ideaciones son los pensamientos que podría tener una persona de desánimo a querer seguir viviendo. La persona podría pensar: ¿Para qué estoy en este mundo? No quiero seguir viviendo, a mí todo me sale mal. Esas son algunas señales de que una persona ya está en sufrimiento”, explicó Acosta. 

Si se logra educar a las madres, familiares y amigos para que estén atentos a las personas que están a su alrededor, para que logren identificar esas señales que manda el pre suicida, se podría detener, ayudar y ofrecer tratamiento a quienes están en alto riesgo.

El Estado debe proveer asistencia psicológica y médica, con centros de atención para los jóvenes que hayan intentado cometer un acto suicida. También debe suministrar fármacos antidepresivos si es necesario, a razón de que en momentos de crisis muy aguda las personas los van a necesitar. 

Según el criterio del excomisario Rodríguez, el Estado venezolano debe garantizar ayuda psicológica y psiquiátrica gratuita, sobre todo en estos tiempos de pandemia, tras el aumento del desempleo y la salida de cientos de venezolanos del país, que cada vez es mayor.

No obstante, a principios de la pandemia, en la Unidad de Salud Mental del Hospital Central de San Cristóbal sólo podían recibir a tres personas, según se reportó en medios regionales, tras la falta de recurso humano para atender a los pacientes con estas patologías.

Un problema de salud pública

 

A juicio de Berro, de no atacarse de raíz los factores que están influyendo en el venezolano, tanto, como para atentar contra su propia vida, podría generarse una sindemia, que no es otra cosa que la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales en una población con interacciones biológicas, que exacerban el pronóstico.

“El incremento de violencia auto infligida es preocupante porque es un problema de salud pública que amerita todo un programa de acción, plan y política para contrarrestarlo. De lo contrario, podría generarse una sindemia, es decir, la coincidencia de dos fenómenos de salud pública –en este caso, la COVID-19 y el aumento sustancial del suicidio– que puede causar estragos en la población en un período, un espacio, un lugar y un tiempo determinado”, explicó Berro.

La psicóloga Acosta coincide: “Hay que estar muy atento a las crisis económicas, porque pueden provocar en algunos países una reducción del presupuesto sanitario y la salud mental es un campo que ha sido muy olvidado. Esto termina entonces generando un problema mucho más grave, convirtiéndose en un problema de salud pública”, dijo.

Además agregó que “es necesario colocar el tema en la opinión pública, que se hable de ello y que se trabaje. Incluso es necesario trabajar el aspecto de la estigmatización de algún problema mental y psicológico, pues todavía en Venezuela hay personas que les cuesta decir que sufre de ansiedad o depresión”.

La emergencia sanitaria por COVID-19 ha tapado la realidad de otros tipos de pacientes como los psiquiátricos. De acuerdo con la especialista, en lugar de abrirse el compás de ayuda, se ha cerrado, las personas que están atravesando por esto pueden sentirse perdidas, desesperadas y empujadas a tomar esa decisión irreversible.

Gustavo Páez, del OVV Mérida, destacó que en Venezuela existe un subregistro de casos de suicidios, debido a la opacidad informativa del Estado y a la poca información que se muestra en medios de comunicación relacionada con suicidios.

 

La prevención

 

“El Estado tiene una gran responsabilidad para hacer este tipo de promoción, contar con centros de atención, hacer énfasis en lo que está sucediendo, desarrollar planes de vida saludable, así como prácticas de deporte, sexualidad responsable, hábitos no tóxicos, dar recomendaciones sobre cómo usar el tiempo, abordar temas como los factores que pensamos que no están relacionados con el suicidio, pero realmente sí lo están”, sostuvo la psicóloga Acosta.

Mientras que Berro, abogado y criminólogo, analizó que como “ya no son hechos aislados, sino individuales, podemos estar o tener un estado de depresión masivo, generalizado. Esta cifra podría tener tendencia a incrementarse. Hay mucha gente desesperada”.

“En materia preventiva se debe desarrollar una fuerte campaña de información y de formación para, con el colectivo social, explorar la psiquis colectiva, con base en las cifras que puedan arrojar los psiquiatras y los psicólogos, tanto de carácter público como privado. Se debe  saber si han aumentado y cuánto, las consultas por estado de depresión”, propuso Berro como una solución viable. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda formar a los medios de comunicación para que difundan de forma responsable noticias sobre suicidios y fomentar entre los adolescentes las competencias socioemocionales para la vida.

Aconseja detectar tempranamente, evaluar, gestionar y hacer seguimiento de las personas con pensamientos y comportamientos suicidas.

Otras medidas, como restringir el acceso a armas de fuego, reducir el número de comprimidos en las cajas de determinados medicamentos e instalar barreras en los sitios altos desde los que se pueda saltar, también pueden ser de utilidad.

Los que no se rinden | La violencia de género es otra pandemia
El Observatorio Venezolano de Violencia registró 186 casos en el primer trimestre de 2021 
De acuerdo a  la ONG, el encierro potencia eventuales conductas inapropiadas 
La cuarentena trajo consigo nuevas modalidades de delitos como los robos y hurtos a residencias

@franzambranor

La violencia de género se incrementó de forma exponencial durante los primeros doce meses de la pandemia de acuerdo a cifras recabadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia.

Durante el primer trimestre de 2021, los delitos contra la mujer pasaron de 45 en el mes de enero, a 67 en febrero y 74 en marzo. Para el primer semestre de 2020, el OVV registró un promedio de 13 casos al mes, mientras que para el segundo la cifra se elevó a 24. 

El OVV informó que el año pasado los estados donde se contabilizaron mayor número de casos de violencia de género fueron Aragua, Bolívar, Distrito Capital, Lara, Mérida, Monagas, Táchira y Zulia, mientras que en 2021 continuaron con esta línea ascendente Distrito Capital, Mérida, Zulia, Lara y Monagas y se sumaron Carabobo, Amazonas y Portuguesa.  

En el primer trimestre de 2021, 14% de la violencia registrada en el Observatorio de Lara fue de género. 

“Todo indica que en muchos casos el confinamiento sí tiene que ver con esa propensión aludida. Al hombre le ha tocado pasar mucho más tiempo en el hogar con su familia, donde en algunos casos y por diversas razones, esta situación ha tenido un carácter permanente”, dijo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia. 

Para el experto en materia criminalística, el problema no es el hecho de que el hombre pase más tiempo en casa “encerrado” con su familia, sino que si existen conductas inapropiadas recurrentes o antecedentes de actos violentos en la mayoría de los casos contra su pareja.   

El escenario se complica aún más si entra en juego el consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol o estupefacientes, factores que con frecuencia están presentes en innumerables casos de violencia de género. En otras palabras, el encierro aumenta la tensión y entonces el hogar se convierte en un lugar no seguro para las mujeres cuando se encuentran confinadas con sus agresores”, sostuvo Briceño León. 

Para Briceño León no solo la pandemia potencia el flagelo de la violencia de género, la crisis humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela contribuye a un ambiente hostil. Por ejemplo, la carencia de recursos económicos o la de alimentos en el hogar, la propia competencia por la poca disponibilidad de alimentos puede ocasionar conflictos cuando no hay nada que comer”.

Asimismo la situación de los servicios públicos acentúa la impotencia e irritabilidad en los hogares. Sobre todo el de la electricidad o el gas doméstico, eso también genera fuertes presiones sobre los miembros familiares; y ni hablar de la disponibilidad de gasolina o gasoil para poder movilizarse, bien sea por medio de vehículo particular o en transporte público. Hay miedo, frustración, intolerancia, irritabilidad, preocupación, angustia, entre muchos otros, y si no se logran manejar bien entre todos, entonces el ambiente familiar podría tornarse agresivo o violento, principalmente en familias donde exista violencia de género”. 

Briceño León denunció que esta realidad no ha sido atendida correctamente por el Estado. Durante la pandemia han sido frecuentes los casos de mujeres que denunciaron a agresores ante las instituciones competentes y no hubo respuestas sino cuando el asesinato ocurre”. 

OVV: Venezuela ha sido azotada por dos epidemias, la Covid-19 y la violencia

Hogares son los nuevos blancos

De acuerdo al OVV, la cuarentena a raíz del coronavirus trajo consigo nuevas modalidades de delitos como los robos y hurtos a residencias.

“No solo en Venezuela sino en el mundo. Las familias pasaron a ser víctimas con mayor frecuencia del hurto de comida, tanques de agua, bombonas, entre otras cosas en sus viviendas. Algunos de los mecanismos de organización de las pandillas en el barrio cambiaron, ahora el delincuente aumentó sus acciones delictivas en su propia zona de residencia”, dijo Briceño León.

El director del OVV también señaló que la violencia policial no fue la excepción. Con la excusa de mantener confinada a la población se han cometido diversas violaciones a los derechos humanos. Durante 2020 los cuerpos policiales asesinaron a más personas que el propio crimen organizado”. 

Briceño León indicó que después de la masacre de La Vega en enero de 2021, donde las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) mataron a 23 personas, ha habido una desaceleración en las acciones de este grupo. 

De acuerdo al director del OVV, las Faes han tenido un impacto considerable en los grupos delincuenciales que a su vez han tenido que mutar en su forma de operar. Actúan más sobre los individuos aislados porque el crimen organizado tiene unas vinculaciones que hacen mucho más compleja la actuación de las Faes frente a ellos por los costos que pueden tener, por las vinculaciones que pueden tener esos grupos con funcionarios u otros grupos de poder”. 

Por otro lado, aseveró que el gobierno ha renombrado a otros grupos policiales con el propósito de llevar a cabo las mismas acciones que las Faes y diluir la responsabilidad de esta. “Para lavar un poco el rostro de las Faes ante las acusaciones y las exigencias que los organismos internacionales han formulado”.  

Briceño León manifestó que las cifras de homicidio han disminuido, especialmente durante la pandemia, pero aún siguen siendo altas. Yo diría que el descenso fundamental tiene que ver con una disminución de las oportunidades del crimen y con una reorganización que los delincuentes han hecho alrededor de esa nueva situación en la cual los grupos de crimen organizado, que tienen una administración de la violencia mejor, más racional, son los que se han impuesto, y las pequeñas bandas, los grupos pequeños, los delincuentes individuales, pues han disminuido porque no tienen dónde actuar o, porque dada la situación, han tenido que, inclusive, irse del país”.        

Monagas y Guárico destacan 

Según el OVV, los estados Monagas y Guárico han tenido repuntes de violencia durante la pandemia. En 2020, en el estado Monagas se reportaron  49 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, mientras que en Guárico la tasa fue de 48, ambas entidades se ubicaron en el sexto y séptimo puesto del ranking de estimación nacional elaborado por la organización. Entre los estados que han subido en la escala le siguen Carabobo (13), Trujillo (14), Nueva Esparta (20), Falcón (22) y Amazonas ( 24). 

En Monagas, lo mas frecuente son los homicidios intencionales e intentos de asesinato. Los móviles son ajuste de cuentas, venganza, sicariato y robos.Desde que inició la pandemia, la violencia de género hacia muchas mujeres monaguenses de diferentes procedencias sociales, ha cobrado importancia en la entidad y, en muchos casos, esta violencia ha alcanzado su máxima expresión, el femicidio”, sostuvo Briceño León. 

Aunque las tasas de muertes violentas tendieron a disminuir en los últimos meses de 2020, así como los enfrentamientos entre bandas redujeron su actividad, en Guárico se observó que los hechos violentos entre grupos persisten, desde las pandillas urbano-rurales hasta grupos armados no estatales. En la entidad llanera, igualmente son frecuentes los ataques a los diferentes eslabones del circuito agroalimentario. Se producen robos, extorsiones y secuestros por parte de grupos armados. La tasa de muertes por resistencia a la autoridad superó a la de homicidios en 18%.

Amazonas: tierra incógnita 

En Amazonas, la tasa de homicidios fue 2,8 veces mayor a la de resistencia a la autoridad (177% superior). En la entidad destacan la violencia convencional urbana y la vinculada a la actividad minera ilegal. Según el OVV, la situación geográfica (frontera con Colombia y Brasil) y las características físico-naturales (presencia de selvas con accidentes geográficos, lugares remotos y de difícil acceso, además de yacimientos minerales), conjugadas con la presencia de grupos irregulares armados, proyectan que los niveles de violencia en esta entidad están siendo subestimados. Solo los municipios Atures y Atabapo reportaron muertes violentas. La escasez de datos en el resto de los cinco municipios que conforman el estado tendrían que ver con la ausencia de autoridades competentes y las dificultades de comunicación y traslado.

En Carabobo, la tasa de homicidios y la de resistencia a la autoridad presentaron valores cercanos, 13,9 vs. 13,3, respectivamente. Los robos, secuestros, ajusticiamientos o venganza entre bandas rivales son los móviles principales de los homicidios, mientras que la violencia intrafamiliar también se ha tornado importante, sobre todo hacia las mujeres y niños.  

Trujillo, por su parte, cuenta con dos de los 10 municipios más violentos del país (de una totalidad de 335): Andrés Bello y la Ceiba. Dichos municipios han llegado a alcanzar cifras de tasas de muertes violentas superiores a 150, 200, 300 y 400 decesos por cada 100 mil habitantes. De acuerdo al OVV, la zona  cercana a la Costa Oriental del Lago de Maracaibo se ha convertido en un centro de operaciones de organizaciones criminales.

En Falcón, los principales móviles de los homicidios en orden de importancia fueron: ajuste de cuentas, robos, venganza, riñas penitenciarias y sicariato. 

Bandas con poder y sembrando terror

Para Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, en el territorio nacional existen nuevas soberanías, delimitadas por el control de la fuerza criminal de actores armados no estatales.

De allí la existencia de grupos criminales controlando poblaciones urbanas en las llamadas “zonas de paz” y organizaciones que han crecido ante la vista de los responsables de la seguridad ciudadana y hoy se encuentran enfrentadas al gobierno, como el caso de las bandas que operan en la Cota 905 de Caracas. 

La idea de que el poder se ejerce con la violencia y la necesidad de generar el miedo como emoción política adecuada para el control, devino en el siglo XXI, en una Venezuela altamente violenta e insegura”, aseveró Briceño León. 

El director del OVV indicó que paralelamente se ha procurado una gobernabilidad conjunta con colectivos y trasladado en mayor medida el esquema de conflictividad colombiano en Venezuela, debido a la propia alianza con la guerrilla que se tiene desde el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.  La proliferación de grupos guerrilleros ha aumentado en el país, así como su contraparte, los paramilitares. Las consecuencias de esta realidad son múltiples. Las más importantes son aquellas que inciden en la vida de los venezolanos, pero también existen otras no previstas por el gobierno que presionan sobre la estabilidad política de este y de la nación”. 

 

 

 

La corrupción y el crimen se dolarizaron en 2020
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, los delincuentes no quieren saber nada de bolívares 

Todo el que pudo tasó en moneda extranjera su trabajo durante el 2020, incluyendo albañiles, empleadas domésticas, trabajadoras sexuales y hasta el crimen en Venezuela, según explica el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), presentado el 30 de diciembre, en el cual se afirma que en el país hasta el delito se dolarizó.

 67 % de las transacciones económicas fueron hechas en divisas, por la pérdida de confianza en el bolívar, deja ver el documento del OVV, en el que además se expresa que con ello los extorsionadores comenzaron a cobrar en dólares a los comerciantes, al igual que algunos funcionarios policiales o militares que extorsionan en carreteras, y los secuestradores. También los ladrones cuando entran a una vivienda preguntan por las divisas.

Por otro lado, el director del OVV, Roberto Briceño León, explicó que en 2020 los delitos de las bandas pequeñas como el robo, el hurto y el secuestro se debilitaron, pero se fortaleció el crimen organizado y aumentaron las extorsiones en moneda extranjera a las pocas actividades económicas activas.

De acuerdo con las investigaciones del OVV, el confinamiento decretado en el país ocasionó que hubiera menos personas y más funcionarios en las calles, con un personal policial desconocido para las bandas.

 
Merideños reclaman por colapso de servicios públicos
En diez meses se registraron 297 noticias protestas

Los servicios públicos han significado para los merideños un verdadero dolor de cabeza durante el año 2020. Si bien en los últimos años la electricidad y la distribución de gas doméstico representaban dos de las mayores preocupaciones, durante la pandemia esa preocupación no solo se ha centrado en estos dos servicios, sino que ahora se suma la escasez de gasolina, los problemas con la recolección de los desechos sólidos, la merma en la oferta de transporte público, las deficiencias en la telefonía, entre otros servicios vitales que vienen presentando cada vez más fallas en su cobertura y calidad. 

El Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida) realizó un monitoreo de prensa, entre enero y octubre de 2020, para medirle el pulso a los reclamos ciudadanos en cuanto a los servicios públicos. Según la revisión de los diez meses, se registraron 297 noticias donde habitantes de diferentes zonas del estado Mérida denunciaron el mal funcionamiento de algún servicio. En este caso se está hablando de agua, aseo urbano, combustible, electricidad, gas doméstico, internet, salud, telefonía móvil/fija y transporte público. En este sondeo se determinó que marzo, septiembre y octubre fueron los meses donde se registraron más denuncias; se difundieron más de 40 informaciones en cada mes.

En cuanto a las informaciones más recurrentes de las 297 registradas, el surtido de combustible tiene un 22,9% sobre el total de denuncias, seguidas del servicio eléctrico con 22,6%, transporte público 16,2% y el gas doméstico 12,5%. “En conjunto, estos cuatro servicios suman 74,2% del total de denuncias por deficiencias en los servicios. Los que menos han presentado reclamos son: el servicio de salud, agua, aseo urbano, telefonía móvil/fija e internet”, según Gustavo Páez, coordinador del OVV Mérida.

Explicó Páez que, desde el punto de vista espacial, en el Área Metropolitana de Mérida, conformada por los municipios Campo Elías, Libertador, Santos Marquina y Sucre, se registraron la mayoría de las denuncias, es decir, 86,3% sobre el total de denuncias asentadas. Luego, le sigue la zona Panamericana, con 6,1%, donde están los municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Caracciolo Parra y Olmedo, Julio César Salas, Justo Briceño, Obispo Ramos de Lora y Tulio Febres Cordero; y después el Páramo, conformado por los municipios Cardenal Quintero, Miranda, Pueblo Llano y Rangel, con 5,1%.

En el Valle del Mocotíes, donde están ubicados los municipios Antonio Pinto Salinas, Tovar, Rivas Dávila y Zea, y en la zona de los Pueblos del Sur, conformada por Aricagua, Arzobispo Chacón, Guaraque y Padre Noguera, es donde aparentemente se han dado menos protestas con 1,5% y 1%, respectivamente.

Entretelones del conflicto

A pesar que la lista de servicios públicos en crisis es larga, hay algunos que al faltar degradan la calidad de vida de los ciudadanos. El surtido de combustible ha sido uno de los servicios que más protestas ha generado en el estado, por lo que implica la carencia de gasolina y gasoil en la región. Desde principios de año estas protestas se han acentuado en toda la entidad, pues las autoridades competentes no han garantizado el surtido equitativo del combustible. La gravedad de la escasez se ha hecho evidente durante la pandemia. 

Para Gustavo Páez, la falencia de este servicio ha ocasionado pérdidas económicas y de diferentes rubros agrícolas provenientes de los ámbitos rurales de la entidad. Igualmente -destaca Páez- se nota la disminución en la ya mermada flota de unidades de transporte público en la prestación de su servicio, así como el sacrificio que significan las colas de muchas horas, e incluso de días, para poder surtir.

Todo este problema con el combustible, según Páez, ha generado su contrabando y venta a precios superiores a los establecidos por el gobierno nacional. “Ya hemos visto que la venta de cupos o puestos para surtir de gasolina, tanto en las colas como en las propias estaciones de servicio, es una práctica recurrente. Igualmente son comunes las denuncias de extorsión por parte de funcionarios de seguridad del Estado y trabajadores de las estaciones de servicio para surtir de forma preferencial, además de la existencia de bandas delictivas dedicadas, entre otros delitos, a su contrabando”.

Otro aspecto que destacó el coordinador del OVV Mérida, es la repercusión del problema de combustible en servicios tan vitales como el sector salud. En este sentido, señaló que se han hecho recurrentes las denuncias de trabajadores de la salud que, al no poder surtir de gasolina, no logran asistir a sus empleos, lo que, a su vez, ha afectado la prestación de los servicios de salud.

Otro de los servicios que ha mermado la calidad de vida de los merideños ha sido el de electricidad. En la región no se ha dado una justificación oficial para explicar el por qué los habitantes pueden pasar diariamente hasta 12 horas sin el fluido eléctrico. Según la organización Promedehum, una ONG que se ha dedicado en los últimos meses a cuantificar las horas sin el servicio, denunció que durante el mes de octubre los cortes superaron las 20 horas continuas, además de contabilizar 294 apagones y constantes fluctuaciones eléctricas a diario. De acuerdo a la medición, en octubre se incrementaron en un 23 % los cortes eléctricos en el estado Mérida.

La deficiencia en este importante servicio se ve reflejada en las denuncias de la población en los medios de comunicación, donde se destacan los daños en equipos y electrodomésticos como neveras, televisores, así como pérdida de alimentos en hogares y comercios, éstos últimos por interrupción prolongada de las cadenas de frío. “Son innumerables los malestares de los ciudadanos de diferentes zonas de la entidad, donde denuncian no poder preparar los alimentos con cocina eléctrica durante los cortes, por falta, a su vez, del servicio de gas doméstico. Cuando se va la electricidad, muchas familias merideñas no pueden cocinar sus alimentos, por lo que se saltan una comida o comen a deshora”, señaló Gustavo Páez.

El tema eléctrico -explica Páez- ha llevado a que de forma espontánea y cada vez más frecuente, en las noches, se escuche el sonar de cacerolas en diferentes partes de la ciudad de Mérida y de distintos municipios del estado. “Además de protestas de calle con quemas de cauchos y basura, los merideños cada día se invaden más de sentimientos y pensamientos negativos como la rabia, angustia, frustración, irritabilidad, desesperanza, entre otros, incluso algunos caen en episodios de ansiedad y depresión”.

Gas doméstico: otro dolor de cabeza

En las últimas semanas, las protestas más fuertes han surgido de la molestia de los ciudadanos por la falta de gas doméstico. Calles y avenidas se han visto interrumpidas como señal de rechazo a la falta de este insumo. Los medios regionales y nacionales han reseñado cómo los ciudadanos se han apostado, en largas colas, a las afueras de las plantas de llenado para exigir la venta de bombonas de gas. Lo que agrava la situación son las denuncias sobre la venta en dólares de los cilindros, que resultan imposibles de comprar para las familias de escasos recursos. Residencias y urbanizaciones han manifestado tener más de tres meses sin el servicio, lo que, aunado a la falta de electricidad, agrava la situación para quienes utilizan cocinas eléctricas.

“Preocupa el uso, cada día más frecuente, de la leña como material de combustión para cocinar los alimentos. Esto, a su vez, ha llevado a la tala desmedida de árboles en zonas boscosas, sobre todo en los ámbitos rurales y en las periferias de los centros poblados; a la par, usuarios de varias empresas de gas denuncian constantemente la desaparición de cilindros y el incremento de su robo y hurtos”, señaló Gustavo Páez.

Otros servicios, otros problemas

Así como la electricidad, el combustible y el gas doméstico, otros servicios están dando problemas y mortificaciones a los merideños. Si bien no son de la magnitud de los ya nombrados, siempre representan alteraciones de la cotidianidad. El transporte público mermado por los problemas del combustible, el servicio de aseo urbano deteriorado por los problemas presentados en el vertedero Loma del Calvario ubicado en el municipio Sucre, el internet y la telefonía móvil que muestran un franco deterioro por falta de inversión y por los constantes robos de cables, y un sistema de salud cuestionado por la forma como ha enfrentado la pandemia, muestran cómo cada vez resulta más cuesta arriba contar con servicios de calidad en la región.

Para Gustavo Páez, como coordinador del OVV Mérida, las deficiencias en la cobertura y calidad de los servicios en Venezuela, tanto en los de inversión pública como privada, han sido consecuencia de un proceso acumulativo y sistemático de violencia estructural.

“Esa violencia estructural ha ocasionado la emergencia política compleja que padecen los merideños y en general los venezolanos en la actualidad, la cual se profundiza con el transcurrir de los años, situación adversa a la que no escapan todos los servicios. Mientras no se reviertan las tendencias de no recuperación, mantenimiento e inversión en materia de servicios, sobre todo de los públicos, lo que se avecina es un mayor deterioro en el funcionamiento de los mismos y un colapso inminente de éstos”. Finalizó diciendo el representante del OVV Mérida.

Derechos de niños y adolescentes en Venezuela son vulnerados
Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia identificó más de 1.400 homicidios de niños, niñas y adolescentes durante 2019

Expertos coinciden que, en líneas generales, la situación de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela es compleja y que los indicadores de desarrollo están “muy comprometidos”, lo que les impacta de forma determinante en términos de salud, educación, familia e identidad.

Consultado por la Voz de América, Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, una Organización No Gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de los niños, destaca que desde 2005 en el país no se han revelado datos oficiales sobre infancia en ningún área. Afirma además que el contexto de violencia y los efectos colaterales del COVID-19 están impactando negativamente a los venezolanos más jóvenes.

Trapani recordó un informe de Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia que identificó más de 1.400 homicidios de niños, niñas y adolescentes durante 2019, lo que demuestra que “el panorama general de los niños está profundamente afectado”.

Para el experto, el contexto de violencia es uno de los aspectos más difíciles que le toca enfrentar actualmente a los niños.

“El COVID-19 tiene una baja morbilidad en relación a los niños, pero hay unos efectos colaterales que los afectan de forma determinante. Un aislamiento tan prolongado, el cierre de las escuelas, la disminución del presupuesto familiar, en el caso de Venezuela en un contexto de hiperinflación y dolarización de facto, la ausencia de combustible, la precariedad en los servicios públicos incrementan las tensiones familiares y muchas veces se recurre a la violencia en el seno de la familia”, explica.

Trapani sostiene que los niños son víctimas de castigo físico, maltrato y abuso, una realidad que han detectado durante los últimos meses de pandemia.

“En el servicio de atención psicológica de Cecodap identificamos un 29% de incremento en las solicitudes de atención para alteraciones del estado de ánimo, cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, alteraciones en el sueño, que afectan la salud mental de los niños y adolescentes”, afirma el abogado.

De acuerdo a Carolina Godoy, coordinadora de género de la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), para empezar a crear conciencia sobre los derechos de las niñas, es necesario exigir al Estado que presente estadísticas oficiales, pues a partir de la visibilización, la sociedad venezolana podrá tomar conciencia de la situación.

“Aquello que no se visibiliza es imposible que sea objeto de concientización porque sobre lo que no se reflexiona no se actúa, entonces con estadísticas ajustadas socialmente a la realidad del país podríamos permitir crear conciencia en la ciudadanía sobre que la violencia es una forma de discriminación de las niñas y las mujeres”, subraya Godoy.

La especialista insiste en que es necesario adelantar “unas tomas de medidas concretas de prevención, de mitigación de los riesgos, que sean socialmente ajustadas a la condicion del país”.

Consultada sobre si la situación que se vive en Venezuela podría propiciar una disminución de las oportunidades de las niñas a futuro, Godoy estima que el país “sí está inmerso en una posición que a futuro puede representar que se están disminuyendo las oportunidades de las niñas de hoy que son mujeres del mañana”.

“Si recordamos el dato sobre que más de la tercera parte de los niños y niñas no están adelantando actividades de corte académico, no están conectados con su actividad escolar desde sus hogares y sumamos que las niñas están soportando parte de la responsabilidad del cuidado dentro del hogar, estamos atornillando mayores riesgos de una deserción escolar para las niñas”, alerta.

Bárbara Cervantes, especialista de UNICEF en Venezuela sobre temas de Violencia Basada en Género, resalta que en las crisis, las diferencias y las desigualdades de género tienden a “exacerbarse” por lo que, a propósito del Día Internacional de la Niña, esa agencia especializada de la ONU inició una campaña denominada “No es broma, es violencia”, para visibilizar sus consecuencias.

“En el contexto actual del COVID-19 que ha traído confinamiento, el riesgo ha aumentado, sobre todo en casos de violencia basada en género y violencia intrafamiliar, que afecta de manera especial tanto a niñas, adolescentes y mujeres”, comenta Cervantes.

La crisis empuja al venezolano al vacío
Hubo un incremento en la tasa de suicidio de 153% de 2015 a 2018 de acuerdo al Observatorio Venezolano de la Violencia
En 2020 van 94 muertes 

En 9,7 se ubicó la tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes en Venezuela de acuerdo a un informe presentado este 30 de junio por el Observatorio Venezolano de Violencia.

Entre 2015 y 2018, el número de muertes autoinfligidas aumentó en un 153% de acuerdo a lo expuesto por el investigador Gustavo Paez.

Durante 2020 se han documentado 94 casos de suicidios

Los factores que han incidido en el alza son: aumento de la pobreza, la inflación y el hambre, especialmente en el último lustro según el OVV.

“Hay un agravamiento de la crisis caracterizado por el crecimiento de la población que vive en miseria, el aumento de los precios y la inseguridad alimentaria”, dijo Páez. 

El experto aseveró que en Venezuela nunca se habían registrado tasas tan altas. “En los 80 años de registro de estadística, jamas como las que hemos visto desde 2015”.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Venezuela registro 1.143 suicidios en 2015, mientras que en 2018 la cifra rondo los 2.900.

Expuso Paez que entre 1950 y 2014 la tasa promedio fue de 4,4 por cada 100 mil habitantes, mientras que en el periodo 2010-2015 el aumento de los suicidios fue de 81%.

El informe determinó que el número de hombres suicidas es cuatro veces mayor a la de la mujer.

La principal forma de acabar la vida en Venezuela es el ahorcamiento, seguido por el envenenamiento y en más de la mitad de los casos hay trastornos mentales de por medio.

Fenómeno global

El director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, sostuvo que en el año 2016 comenzaron a notar un ascenso en la cifra de suicidios y en 2017 notaron que respondía a una especie de patrón vinculado a un contexto social. 

“El suicidio implica una vergüenza social para familiares y amigos de las víctimas y algunos medios censuran estos hechos por temor de poder generar procesos de imitación”, dijo Briceño León.

El director del OVV aseveró que Venezuela solía ubicarse por debajo de la media mundial en cuanto a suicidios se refiere y que al principio los analistas de la violencia en el país no lo había tomado en cuenta por considerarlo un fenómeno con distintas aristas.   

Los Andes arriba

Mérida sigue acaparando el récord histórico en suicidios, pero Trujillo lidera la estadística en lo que va de 2020, mientras que Táchira está entre los primeros puestos.

Los investigadores del OVV desestimaron que se trate del clima y más bien adjudicaron esta constante a los “detonantes negativos” que ha tenido la crisis económica en la población.

“La crisis actual del país está detonando casos de suicidios en el 33 % de los registros”, dijo Gustavo Páez.

Aunque no llevan un balance de los intentos de suicidio, trascendió que en Mérida se pudieron contabilizar más de 200 conatos en los últimos cinco años. 

Las regiones con menor incidencia de casos son las más cercanas a Distrito Capital, Miranda y Vargas con tasas históricas entre 1,4 y 2,1 por cada 100.000 habitantes.

Los que no se rinden | OVV: El reto es vencer la censura
Desde hace 15 años, el Observatorio Venezolano de Violencia refleja cifras e historias de criminalidad en colaboración con las principales universidades del país para atender a personas que son víctimas de los distintos tipos de violencia

@franzambranor

Frente a la ausencia de una política de Estado dirigida al control y prevención de la delincuencia, el Observatorio Venezolano de Violencia se ha planteado desde 2005 articular planes y programas en materia de seguridad ciudadana.

El OVV se basa en cuatro derechos fundamentales: derecho a la vida, a la integridad personal, al acceso a la justicia y a la libertad y forma parte del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) 

La Organización No Gubernamental fue creada entre centros de investigación de ocho universidades nacionales, entre las que destacan la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Católica del Táchira (UCAT). 

En cada uno de sus informes anuales, esta ONG ofrece al venezolano datos sobre la violencia interpersonal en Venezuela. En 2019, por ejemplo, daban cuenta de 5286 casos de víctimas por resistencia a la autoridad y una tasa de más de 60 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. La más alta de América Latina.

En Runrunes conversamos con su director, Roberto Briceño León para conocer con mayor propiedad los alcances de esta organización.  

-¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha empeorado el entorno hasta ahora?

-El OVV surge después del paro petrolero, tras un período de conflicto político en Venezuela y en un momento en el cual hay una decisión de cerrar el acceso a las fuentes informativas del país y de iniciar un proceso de mayor control de los mecanismos de información. Nace con estas tres universidades, como una respuesta desde ellas, a la censura oficial de los datos sobre violencia y criminalidad, que tiene lugar a partir del 2004 y que se ve claramente establecida en el año 2005, cuando no se publican las cifras oficiales del año anterior, como por varios años se había hecho. 

A lo largo del tiempo, el OVV ha ido creciendo con la incorporación de otras universidades nacionales: la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana (UCAB-Guayana), la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad de Carabobo, sede Aragua (UC-Aragua). En la actualidad cuenta con un total de ocho Observatorios Regionales en: Aragua, Bolívar, Lara, Mérida, Región Capital (Miranda y Distrito Capital), Sucre, Táchira y Zulia. 

El OVV nace en el marco de una situación de empeoramiento en el acceso a la información y en las condiciones de violencia. Justamente la censura en el país ocurre después que se había dado un incremento muy importante en los homicidios en los años 2002 y 2003; la tasa llegó prácticamente a duplicarse, en comparación con el momento del inicio del gobierno de Hugo Chávez. A partir de allí, lo que ha ocurrido en el país es un continuo empeoramiento de las condiciones de acceso a la información pública y el cierre de medios de comunicación, que han sido fuentes de información con las que el OVV ha venido trabajando. Sin embargo, a pesar de todas las restricciones, el OVV ha buscado cumplir con su misión, observando, analizando la situación de violencia en el país e informando a la sociedad.   

Protestas y detenciones arbitrarias en Aragua por escasez de gasolina      

-¿En qué áreas se desempeña la organización?

-El OVV recolecta, genera, analiza e interpreta datos e información de calidad sobre la violencia en Venezuela, en base a cuatro derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la libertad.

El LACSO-OVV han trabajado en conjunto para construir una metodología confiable de estimación estadística de las muertes violentas en Venezuela, dadas las restricciones en la publicación y acceso de la estadística oficial de violencia. Gracias a este método, anualmente, se ha podido ofrecer a la sociedad venezolana, una cifra estimada de la cantidad de muertes violentas ocurridas en el país. 

-¿A qué se dedicaban los fundadores antes de crear esta ONG?

-Cuando surge el OVV, el grupo de investigadores del LACSO, del Instituto de Ciencias Penales de la UCV y del Instituto de Criminología de LUZ, tenía un proyecto de cooperación científica, financiado y apoyado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) de Venezuela, para investigar sobre el tema de la violencia y criminalidad. Es por ello que, en un primer momento, lo que se hizo fue transformar ese grupo de investigadores en esta organización. 

De igual manera, ese equipo ya tenía la coordinación del grupo de trabajo latinoamericano sobre violencia y sociedad, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); había trabajado y publicado varios libros, pero pasó de ser sólo un proceso de investigación, a uno de observación pública, de defensa de los derechos y de acceso a la información y a la justicia en Venezuela.      

Desde el año 1995, el LACSO ha desarrollado estudios y aplicado encuestas a nivel nacional para medir la percepción que tienen los venezolanos y residentes en el país en torno al tema de la violencia e inseguridad ciudadana, desde las siguientes aristas: actitudes hacia la violencia, motivación al respeto, victimización, temor, inhibición, acciones extrajudiciales, protección a las personas, actuación de la policía, desempeño de las instituciones públicas, evaluación del gobierno, democracia, entre otras. 

Asimismo, se ha dedicado a la investigación de proyectos generales de sociología, que forman parte de cultura política, y de enfermedades transmisibles –prevención en Chagas, malaria y dengue-. También ha trabajado en encuestas comparativas internacionales.  

Trujillo tiene la mayor tasa de suicidios durante cuarentena

-¿Qué servicios ofrece?

-Asesoría, cooperación, investigación y análisis, tanto en el área específica de violencia, como en torno a las condiciones sociales que generan la conflictividad social y, por ende, la violencia. Los investigadores que conforman el OVV tienen capacidad para aplicar encuestas, hacer grupos focales y entrevistas a profundidad, hacer análisis de coyuntura, en las distintas áreas del país, en conjunto con las universidades nacionales, como con universidades a nivel mundial que integran las distintas redes de las cuales forma parte y participa. 

-¿Cuántas personas trabajan en la organización?

-En el LACSO-OVV trabajan 40 personas, entre los equipos central y regionales. Estos equipos están conformados, principalmente, por docentes-investigadores de distintas disciplinas científicas y humanísticas –son sociólogos, educadores, estadísticos, arquitectos, trabajadores sociales, médicos, abogados, geógrafos, criminólogos, entre otras- y periodistas. 

-¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Además de las alianzas estratégicas con las universidades mencionadas anteriormente, con las cuales el OVV ha establecido ocho sedes regionales, hemos tenido alianzas y desarrollado investigaciones conjuntas con el Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP); Paz Activa; el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC); la UCAB, la UCV y la Universidad Simón Bolívar (USB) para la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), entre otras instituciones. 

-¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

El OVV observa, se preocupa y atiende a las personas que son víctimas de los distintos tipos de violencia que hay en el país -interpersonal, autoinfligida, delincuencial, policial-; busca solidarizarse y hacer evidente y público su dolor, y busca, además, entender las condiciones por las cuales ocurren tales violencias.  

OVV: Casi la mitad de las muertes violentas en Lara son ejecutadas por la FAES

-¿En qué zonas operan?

El OVV es una red nacional que opera en ocho estados del país: Aragua, Bolívar, Lara, Mérida, Región Capital (Miranda y Distrito Capital), Sucre, Táchira y Zulia, a través de sus Observatorios Regionales. Asimismo, monitorea y analiza eventos de la misma naturaleza en las entidades aledañas. 

En la actualidad, el OVV se está extendiendo a otros estados del país.  

-¿Cuentan con voluntariado y cómo pueden ayudar personas que estén interesadas en hacerlo?

El LACSO-OVV siempre ha estado vinculado con los estudiantes universitarios, quienes cooperan en la recolección de datos e información. Los interesados pueden ingresar a la Web (https://observatoriodeviolencia.org.ve/) y, en la sección Contactos, optar por el correo electrónico de sus sedes en Caracas o en regiones.  

-¿Cuáles son los mayores retos de la organización? ¿Las mayores amenazas?

Los mayores retos y amenazas de la organización tienen que ver con el incremento de la censura y las limitaciones para el ejercicio de la ciencia, para poder, de esta manera, comprender e informar sobre lo que realmente ocurre en el país en relación a la situación de violencia y criminalidad, y, en consecuencia, ayudar a prevenirla y evitar tantas muertes y heridos.  

-¿Un caso emblemático?

-El OVV ha significado una voz en el silencio durante todos los años de censura. Ha estado allí presente para evitar que la sociedad venezolana y el mundo no conozcan los datos y la información de lo que ocurre en el país, o que sólo se escuche la voz oficial y no las voces independientes que representan las universidades nacionales. 

Briceño León está convencido que la violencia puede ser prevenida y no es un destino que no se puede contrariar.

Protestas y detenciones arbitrarias en Aragua por escasez de gasolina
Conductores pasan días haciendo cola para surtir gasolina

Durante el proceso de cuarentena, por la presencia de la pandemia Covid-19 en el país, la escasez de la gasolina ha generado largas colas, que se prolongan hasta por tres días. La situación tiene en mayor descontento a los venezolanos y los índices de violencia en el estado Aragua han aumentado.

En las estaciones de servicio de la entidad se registran interminables colas para surtirse de gasolina; al parecer, la prioridad ante la emergencia sanitaria sólo la tienen los militares. Los médicos y enfermeras caminan hasta 48 kilómetros diarios para ir a su sitio de trabajo y regresar a sus hogares, desde San Juan de los Morros -en Guárico- hasta el Hospital Nuestra Señor de la Caridad, ubicado en San Sebastián de los Reyes en Aragua, ante la ausencia de transporte público.

El pasado 27 de abril, tras varios días de cola para obtener el combustible y ante la imposibilidad de abastecerse, los aragüeños protestaron con quema de objetos en la vía de Turmero, municipio Santiago Mariño.

Así mismo, el ex concejal del municipio Sucre, en Aragua, Simón García -mejor conocido como “Pipo”-, fue detenido al protestar por las irregularidades en el suministro de gasolina en el estado, ya que tenía una semana en la fila y el combustible no llegó. Además, 5 personas más fueron privadas de libertad por, presuntamente, la misma razón, según confirmó la abogada del Foro Penal, Zuleima Siso. Por otra parte, el 1 de mayo, la Policía de Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disolvieron una protesta con bombas lacrimógenas en el sector de La Barraca en Maracay, concentración que estuvo motivada por las irregularidades en el surtido de gasolina correspondiente al terminal de placa vehicular que inició el 27 de abril.