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Observatorio Venezolano de la Violencia

OVV: Políticas gubernamentales no generan cambios en relación a la violencia en Bolívar
Los municipios más violentos del país en el año 2018 fueron El Callao y Roscio

 

Hace unas semanas, el gobierno apuntó que los gobernadores de cada estado dispondrán “de inmediato” de los recursos provenientes de los yacimientos de oro ubicados al sur del estado Bolívar y destacó que quienes administren mejor los recursos recibirán como premio nuevas minas.

Pero lo qué no se especificó es ¿qué minas serían? ¿Cómo haría eso? Y mucho menos ¿qué haría con aquellas que son dirigidas por pranes? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Qué órgano se encargará de velar por la seguridad de los ciudadanos y de los mineros? Para nadie es un secreto que la mayoría de los yacimientos ubicados al sur del estado Bolívar son controlados por “sindicatos”, grupos armados que mantienen el control de dichas minas de oro.

Desde la implementación del Plan del Arco Minero, aún se desconoce cuántos mineros han sido censados y con cuántos yacimientos cuenta el proyecto, lo cual ha permitido que hechos de violencia ocurridos en la zona no puedan ser documentados oficialmente, como desapariciones y homicidios, de los cuales solo los más sonados, por tratarse de hechos dantescos, han ingresado a las cifras negras de la violencia.

El anuncio no ha generado cambios al sur del estado Bolívar. Por el contrario, el control sigue estando a manos de quienes lo ha estado hace más de 15 años: los grupos armados.

Iniciativas no exitosas                                                

La primera iniciativa fue propuesta por el gobierno nacional para legalizar la minería en el 2003, cuando plantearon el Plan Piar que perseguía incluir a los pequeños mineros en los cinco ejes contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

En julio de 2004 este plan sufrió un cambio de nombre y pasó a denominarse Misión Piar “con el propósito de dignificar la calidad de vida de los pequeños mineros, fomentando el aprovechamiento racional y organizado de los recursos y apegados a la normativa ambiental”. La idea era incentivar otras fuentes de empleo como la agricultura y piscicultura.

Unos años después, en agosto de 2007, apareció el plan de la reconversión minera, que inició con el desalojo de los mineros en la cuenca del Caroní.

El cuarto intento de desalojo de extractores ilegales fue la expropiación de 21 estaciones de servicio y distribuidoras de combustible hace más de cinco años en El Callao, Sifontes, Roscio y Gran Sabana. El gobierno justificó el combate, junto con el Plan Caura, de la minería ilegal.

Y el más reciente es el Arco Minero, con el cual se busca implantar un modelo de “minería ecológica”, con respeto al ambiente, que permita superar la matriz mono productiva y generar una nueva fuente de ingresos para el país.

A raíz de las declaraciones del pasado 29 de octubre, los mineros artesanales del municipio el Callao cerraron la Troncal 10 en señal de protesta. Alegan que las fuerzas del Estado los echan de sus lugares de trabajo o les impiden la entrada. En Tumeremo también se reportan denuncias similares alegando, además, la escasez de combustible.

En el Observatorio Venezolano de Violencia del estado Bolívar (OVV Bolívar) hemos observado que en los múltiples planes relacionados con la minería legal e ilegal que impera en la entidad, las políticas de seguridad para frenar la violencia han sido infructuosas, siendo así, que los municipios más violentos del país en el año 2018 fueron El Callao y Roscio, todos relacionados con dicha actividad. La presencia de crimen organizado y grupos guerrilleros y de una violencia estructural en todo nivel, es un detonante del incremento de la violencia, principalmente de las tasas de homicidio, sin contar con las desapariciones forzadas que no son oficialmente declaradas.

En el 2019, las cifras de violencia no son alentadoras. Puede que la tasa de violencia haya disminuido pero no por reducción de la violencia, sino debido al acceso a la información, limitada por múltiples factores como la misma violencia en la zona, la disminución de medios de comunicación, transporte y algunas políticas de restricción a determinados lugares que impide conocer de hechos violentos acaecidos por disputas internas, ajuste de cuentas, control y dominio del sector.

Desde el OVV Bolívar hacemos un llamado a las autoridades involucradas para que medie el respeto y observancia a los Derechos Fundamentales en cada una de las acciones a emprender. Consideramos imperante que las implicaciones de las decisiones tomadas por el gobierno nacional sean socializadas con la ciudadanía, a fin que el desconocimiento no sea el detonante de conflictividad y desestabilización social.

Girardot, Mariño y Zamora encabezan la lista de los municipios más violentos del estado Aragua durante octubre
72 homicidios se produjeron en octubre de 2019 

 

Producto del monitoreo de la prensa regional, se determinó que durante el mes de octubre 2019 en el estado Aragua se registraron 56 sucesos violentos, con un saldo de 73 víctimas mortales: 72 homicidios y 1 suicidio. El 93% de los fallecidos eran hombres, con un rango de edad comprendido entre los 15 y 49 años.

El 100% de los sucesos ocurrió en días de semana, 70% en horas diurnas; el 73% de los mismos tuvieron lugar en la casa o en la zona cercana. Según los reportes de prensa, un 53% de las víctimas recibió asistencia médica; sin embargo, ninguna sobrevivió.

El 55% de los victimarios eran funcionarios de organismos de seguridad, 44% desconocidos y 1,8% familiar o conocido. De este último grupo el victimario era pareja o ex pareja de la víctima.

El tipo de violencia más frecuente fue la policial, con un 52,7%, seguido por la violencia delincuencial, con un 43,6%. La violencia pandillera e intrafamiliar tuvieron una frecuencia relativa del 1,8%, cada una.

En el 95% de los sucesos violentos se utilizaron armas de fuego, siendo largas en el 52% de los casos. Los móviles de sucesos más frecuentes fueron: la resistencia a la autoridad (53,6%), el ajuste de cuentas (21,4%) y el robo (12,5%).

Los municipios más violentos donde ocurrieron el 75% de los homicidios reportados en Aragua durante el mes de octubre fueron Girardot (31,51%) con un saldo de 23 víctimas, Santiago Mariño (16,44%) con 12, Zamora (14,3%) con 10 víctimas mortales, Santos Michelena (8,22%) con 6 y Bolívar (3,57%) con 4.

Violencia de género es un problema de salud pública
Desde 1996 es reconocida por la Organización Mundial de Salud

 

La Organización Mundial de Salud reconoció en el año 1996 que la Violencia contra la mujer era un problema de salud pública y en el año 2013 la OMS publicó un informe que reafirma dicha problemática en dónde se señala que la violencia física y sexual es un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de la población femenina a nivel mundial.

Esmeralda Baute, miembro del Observatorio Venezolano de Violencia explica “desde la perspectiva de la salud pública, el análisis de la violencia, debe partir de que se trata de un fenómeno o evento predecible y por lo tanto prevenible para controlarlo y contribuir a su disminución, ya que se traduce en muertes, enfermedad y disminución en calidad de vida”.

El informe de la OMS se detallaba el impacto de la violencia sobre la salud física y mental de las mujeres y niñas. Ese impacto puede ser de fracturas en cualquier parte del cuerpo hasta complicaciones con el embarazo, problemas mentales y deterioro en el funcionamiento social.

“Estos hallazgos envían un fuerte mensaje a la población y, sobre todo a los organismos responsables de evitar estos conflictos. La violencia contra la mujer es un problema de salud mundial con proporciones inmensas, que podría incluso llegar a interpretarse como una pandemia”, señaló Baute. “También se puede ver que los sistemas de salud en el mundo pueden hacer mucho más por las mujeres que sufren de violencia”, afirmó.

En Venezuela, no hay una medida exacta de cuantas mujeres sufren de violencia de género. “Un último informe, publicado en julio, el cual llegó al observatorio, contabiliza que en lo que va de 2019 se han cometido 130 hechos compatibles con femicidios”, explica Esmeralda.

Existe una necesidad urgente de mejorar la atención hacia las mujeres que han sido víctimas de violencia. “Estas mujeres buscan a menudo atención médica sin revelar necesariamente la causa de sus lesiones o problemas de salud”, indicó Baute. En el informe se destaca la importancia de añadir a los programas de salud a las víctimas de violencia.

Tasa de suicidios aumenta en medio de la crisis
Venezuela tiene la tasa más alta de Latinoamérica

 

El Observatorio Venezolano de Violencia reportó que la tasa de suicidios en la nación suramericana se ubicó este año en 19 por cada 100 mil habitantes, lo que convierte a la pequeña nación petrolera en el país con la tasa más alta de Latinoamérica.

Esta nueva cifra significa un aumento importante en comparación con la tasa de 2012 en Venezuela, cuando era de 4 por cada 100 mil habitantes. En países de la región como en Uruguay, la tasa es de 16, y en otros, como El Salvador, 8 por cada 100 mil habitantes.

El psiquiatra Luis Madrid advirtió a la Voz de América que el venezolano promedio está experimentando sentimientos de desesperanza, ante las carencias económicas.

“La primera causa es el desempleo y la situación económica del país. Eso produce situación de incertidumbre, desesperanza, ansiedad. La gente deja de dormir. Ver tus hijos llorar porque no tienen qué comer. Ver tus hijos mal vestidos. No puedes enviarlos al colegio (…) Que tu familia se fragmentó”, expone Madrid.

El especialista alerta que la población con trastornos mentales es la más propensa a tomar la decisión de quitarse la vida, pues los tratamientos antisicóticos y antidepresivos escasean en Venezuela. De 12 fármacos comúnmente recetados para atender esta condición, sólo tres están disponibles.

“Comienzan a bajar las dosis y a estirar la cajita de pastillas, y los fármacos no funcionan de esa manera. Al bajar las dosis, es una de las causas por las que la gente empieza a pensar ideas de suicidio”, explica el doctor.

El psiquiatra también puso el resaltador en las personas mayores de 65 años que, a su juicio, experimentan sensación de abandono, por la emigración de sus parientes.

Los especialistas dicen que estas ideas suicidas pueden detenerse con el apoyo de la comunidad. “Abrirse a buscar ayuda profesional, de sus amistades, de su familia, de grupos de apoyo”, apunta el psiquiatra Juan Manuel Brito a la VOA.

La Federación de Psicólogos de Venezuela tiene disponible una línea de ayuda telefónica gratuita y confidencial, para atender a quienes sientan deseos suicidas.

Femicidios en Venezuela ignorados e invisibilizados por el Estado venezolano
Según Monitor de Victimas, entre enero y mayo de 2019 asesinaron a 33 mujeres en Caracas 

 

En Venezuela existe una alta tasa de asesinatos entre los que se encuentran los femicidios cuya cifras son invisibles para el Estado venezolano ya que no se presentan estadística alguna con estos casos que afectan a una gran cantidad de mujeres.

Según informe de Monitor de victimas, solo en la ciudad de Caracas entre enero y mayo de 2019 asesinaron a 33 mujeres. La ONG Mujeres al Límite informó que el 58,6 % de los casos los victimarios de los femicidios fueron sus parejas para ese momento y 7,7 % ocurrieron a manos de exparejas.

En el país hace tres años el Estado no revela datos acerca de la violencia de género. Para la organización feminista Juntas y a la Izquierda, el Estado venezolano muestra su cara patriarcal y machista cuando desconoce deliberadamente el asesinato de mujeres y de violencia de género. Habría que preguntarse también qué papel juega al respecto las mujeres que ocupan altos cargos públicos gubernamentales e institucionales.Los informes y cifras que han emitido voceros del gobierno, como es el caso del Fiscal General de la República han sido informadas de manera verbal, lo que no permite verificar las cifras ya que no existen informes oficiales, además de no cumplir con una peridicidad regular que permita establecer un panorama general de violencia y femicidio.

Según el portal Cotejo.Info en 2018 ocurrieron 448 femicidios en Venezuela y en comparación con 2017 aumentó 10,8 %.

Es importante hablar específicamente de femicidio porque resulta de una forma de discriminación grave contra las mujeres y esta es una forma de violencia con perfil propio que hay que visibilizar, dejando clara sus causas y consecuencias, que son distintas a otras formas de homicidio.

Solo en el 2018, según la OVV hubo en total 23 mil 47 muertes violentas. No existen cifras oficiales que difundan la frecuencia y porcentaje de los femicidios, lo que significaría la invisibilización de este flagelo que azota a las mujeres venezolanas y a mujeres de todos los países del mundo. La gravedad es que no solo no se difunden las cifras de los feminicidios, sino que de hecho está negado el acceso a los datos.

Violencia en Mérida no se quiere mover de la zona Panamericana
Los municipios Alberto Adriani y Obispo Ramos de Lora sumaron 47 de los 121 delitos ocurridos en la entidad hasta el mes de junio de 2019

 

Aun cuando algunos municipios del estado Mérida están entrando en el cuadro de estadísticas de hechos delictivos, las cifras obtenidas mediante la revisión de prensa regional durante el primer semestre de 2019, demuestran que la zona Panamericana sigue arrojando la mayor cantidad de hechos delictivos dentro del contexto del estado andino. Destacan en esa área los municipios Alberto Adriani y Obispo Ramos de Lora, que sumaron 47 de los 121 delitos ocurridos en la entidad hasta el mes de junio. De acuerdo a la revisión, el número aumenta tomando en consideración que estos dos municipios, en conjunto con los otros que conforman esa zona como Andrés Bello, Caracciolo Parra y Olmedo, Julio César Salas y Justo Briceño, concentraron el 51,2% de esa totalidad de delitos. Hay que destacar que la zona Panamericana de Mérida tiene límites compartidos con municipios que poseen elevadas tasas de muertes violentas, los cuales pertenecen a los estados Táchira, Zulia y Trujillo.

El estudio realizado también denotó que el Área Metropolitana de Mérida, conformada por los municipios Libertador, Campo Elías, Sucre y Santos Marquina, continúa posicionándose en segundo lugar como el más violento e inseguro, con el 42,1% de los delitos. En algunos municipios como Campo Elías, se han incrementado los hechos violentos en el primer semestre del año.

Es de destacar que la zona Panamericana se ha caracterizado en los últimos años por sus altas tasas de violencia debido, en gran parte, a la presencia, al parecer creciente, del tipo de violencia delincuencial común y organizada, por parte de grupos de individuos que hacen vida en la región. Según Gustavo Páez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Mérida (OVV Mérida), estos grupos se dedican a robos de vehículos, celulares o al tráfico de drogas y combustible, así como a perpetrar secuestros, entre otros delitos. “Son muy frecuentes en la zona homicidios y asesinatos por diversos móviles, violaciones, sicariatos, casos de extorsión e invasiones a fincas, con el agravante que algunos estudios de organizaciones no gubernamentales extranjeras también han revelado la presencia de grupos irregulares en el área”, afirmó Páez.

Para Reinaldo Celis, ex presidente y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Ganaderos de Alberto Adriani (ASODEGAA), por toda la zona Panamericana conviven organizaciones que se dedican a robar e invadir fincas. “Los robos y las agresiones han sido bestiales, roban, matan, invaden y luego abandonas las tierras Hace poco a una finca de un familiar le quitaron más de 1.500 hectáreas, las repartieron y luego las abandonaron, le mataron más de mil reses, le quemaron la casa y destruyeron los transformadores eléctricos”, señaló Celis, agregando que el mayor problema de la zona es la impunidad.

Tendencias que continúan y otras que aparecen

Al analizar los resultados de la revisión de prensa, Gustavo Páez explicó  que hasta el mes de junio de 2019 se mantienen algunas tendencias detectadas durante el primer trimestre del año, a las cuales se le formularon, en su momento, un conjunto de posibles hipótesis explicativas, específicamente  en relación a la disminución de un grupo de delitos, tales como los casos de homicidios, tentativas de homicidios y robos con lesión, además del aumento de otros como robos, lesiones, amenazas de muerte, secuestros, violaciones y extorsiones. Al analizar los datos del primer grupo de delitos entre enero-junio y compararlos con su equivalente de 2018, se detectó que su peso relativo disminuyó de 95 a 56%, mientras que en el caso de los segundos, se incrementó de 5 a 44%.

Otras tendencias que se han mantenido en aumento durante el semestre, son los casos de agresiones a niños entre 0 y 9 años, las  mujeres como víctimas de delitos, el uso de la fuerza física y  la participación como victimarios de familiares o conocidos en delitos. Igualmente sigue la tendencia a la disminución de los delitos en calles y avenidas, pero se han incrementado en las viviendas.

En cuanto a algunos aspectos que han tomado importancia y que se han afianzado entre enero-junio 2019, se encuentran el aumento de robos y de la violencia policial y por linchamientos. Durante el primer semestre de 2018 los robos tuvieron un peso relativo de 3%, entretanto para el mismo lapso, pero de 2019, esa cifra ya se había sextuplicado, llegando a 19%.

Interpretando los resultados sobre la violencia policial, Páez explicó que aumentó de 8 a 14%, lo cual podría estar correlacionado con el incremento de casos donde se vieron involucrados como victimarios funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, es decir, de 5 a 15% de los hechos registrados. “Esto también puede corroborarse con otras cifras obtenidas por el OVV Mérida, donde se reseña que entre los meses de abril y junio, se contabilizaron 14 muertes por resistencia a la autoridad, y es válido decir que dentro de esas estadísticas no se registró ningún caso de ese tipo entre enero y marzo”.

Otro aspecto que llama poderosamente la atención en la revisión del semestre, es que el número de linchamientos entre enero-junio de 2018 con respecto al mismo lapso de 2019, aumentó de 1 a 7 casos, es decir de 1 a 6% de incremento relativo.

Hipótesis para las últimas tendencias

Para el coordinador del OVV Mérida, en estos datos obtenidos de la revisión del primer semestre del año 2019 se manejan varias hipótesis. Por ejemplo, en lo que respecta al incremento de los robos en la entidad, probablemente esté asociado a mayor número de personas que se han incorporado a delinquir, bien sea de forma individual o por el surgimiento de bandas organizadas, en la medida que ha continuado agravándose la crisis en el país. “Esto, aun cuando estamos claros que es un grupo reducido de personas que tiene como oficio ilícito quitarle a los demás lo que no es de ellos. Además, no tenemos duda que el elevado porcentaje de impunidad que reina en el país, la falta de denuncias por parte de las víctimas y la carencia del diseño y ejecución de políticas coherentes de seguridad ciudadana, son factores que han contribuido al aumento de los robos. Es lamentable que, mientras los honestos hacemos lo correcto y nos toca laborar en dos o tres trabajos para lograr paliar la crisis, los deshonestos se incorporan a robar, o los que ya lo hacen practican el oficio con más frecuencia, para lograr el mismo objetivo”, indicó.

En el caso de las muertes por resistencia a la autoridad, explicó Páez que la situación  hace pensar que posiblemente continúe llevándose a cabo en el estado Mérida, y en general en el país, una política de seguridad ciudadana que se excede en sus procedimientos.

Finalmente, señaló Páez que, en cuanto a los casos de linchamientos, éstos están ocurriendo principalmente en la zona Panamericana, siendo ejecutados por grupos de personas donde, según lo indagado en prensa, las causas que han detonado este tipo de delitos van desde robo, hasta ajuste de cuentas y venganza.

OVV: 11% de las víctimas de homicidio en Lara entre enero y agosto del 2019 han sido mujeres

SEGÚN EL OBSERVATORIO DE PRENSA (OP) del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara), el 11% del total de las víctimas de homicidio, entre enero y agosto de 2019 en la entidad larense, han sido mujeres. Uno de los casos se registró en el municipio Torres, con el homicidio de Carmen Pastora Castro, de 48 años, a manos de su pareja con quien llevaba viviendo 12 años. El hecho ocurrió luego que Castro visitara a su madre en el caserío Guaidí en el mismo municipio, y al momento de su partida se encontró con el señor Ladino, de 44 años, quien luego de una discusión con motivo de una posible separación, decidió terminar con su vida.

Los meses con mayor incidencia de víctimas mujeres fueron junio y julio. En junio con 20% del total de asesinados y julio con 19%. Pese a que la mayoría de las muertes violentas la padecen los hombres, las mujeres en la entidad larense no escapan de la vulnerabilidad que provoca el crimen, sobre todo el que se asocia a la violencia de género.

Una de las víctimas el mes de junio fue María Cristina Rodríguez, asesinada en el caserío Baragua en el municipio Urdaneta. Luego de luchar trece horas por sobrevivir,  Rodríguez murió en el Hospital Central Antonio María Pineda, de Barquisimeto. La herida con arma blanca propiciada por su pareja fue lo suficientemente grave para provocarle la muerte. Con apenas 25 años, la víctima dejó a dos niños huérfanos.

En el mes de julio se hizo viral un video donde se mostraba cómo un hombre atropellaba de forma intencional a una mujer con su camioneta. Las cámaras mostraron las tres veces que el chofer arrolló a la víctima en la Zona Industrial I, de la ciudad de Barquisimeto. Frarianny Liseth Quiroz Ocanto ya había sido apuñalada por su ex pareja, y al salir de la camioneta la arrastró en diferentes direcciones hasta lograr su total inmovilidad. Pablo Silvino Sánchez, de 52 años, se dirigió al sector El Tostao luego de cometer el delito, y dejó su camioneta; la mayor evidencia del hecho para huir de la ciudad. Los órganos de seguridad del Estado comenzarían una búsqueda para dar con el paradero del victimario, hasta el 1 de septiembre cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asesinaron a Sánchez, en la ciudad de Mérida.

Los casos de violencia de género reseñados presentan características comunes: los niveles de saña son muy altos. Las armas utilizadas son armas blancas, y se trata de parejas de las víctimas. Todos son casos íntimos, es decir, provocados por personas con quienes la víctima tuvo alguna relación personal/sentimental. La impunidad de este delito es una característica común en muchas de las sociedades del mundo; la no denuncia suele ser un rasgo que define los hechos. En el caso de Venezuela, se acrecienta por el deterioro del sistema de justicia, la inexistencia de Estado de derecho y las dificultades de hacer valer la ley.

El 33,5% de las victimarias de delitos son mujeres

Otro dato relevante que arroja el OP del OVV Lara tiene que ver con la participación de la mujer en la ocurrencia de hechos donde existe violencia interpersonal. En los casos donde hubo información sobre el victimario en los sucesos registrados (31,5%), se pudo identificar que de cada 10, 3 eran mujeres. La participación de las personas del sexo femenino ocurre en la complicidad de robos, extorsión y secuestro, pero también en el homicidio. Un delito que llama la atención por su frecuencia el 2019 son los asesinatos de niños recién nacidos por sus propias madres.

Desde el OVV Lara, analizamos tales hechos como consecuencias generales a la que se enfrenta la familia como institución social. Si bien hay responsabilidades individuales adjudicadas a la conformación familiar, el aumento de estos delitos revela una situación novedosa en la realidad venezolana, que está precedida por los altos índices de embarazos en adolescentes, el abandono de niños y niñas por parte de sus familiares, la disminución de los niveles de control social informal, el hambre y empobrecimiento generalizado. Aunado a ello, la falta de una política pública eficiente para atender estas realidades.

58 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Bolívar durante primer semestre del año

TRANSCURRIDO más de la mitad de 2019, el OVV Bolívar hizo un balance del primer semestre del año, el cual no es alentador en materia de violencia. Su Observatorio de Prensa (OP) ha registrado 618 casos, para un total de 785 víctimas de violencia interpersonal.

En relación al género de las víctimas, se observa que en un 93% fueron hombres, siendo los más vulnerables ante situaciones de violencia los de edades comprendidas entre 24 y 35 años, al igual que en 2018. Las víctimas del sexo femenino representan un 7%, sin embargo, llama la atención el incremento de casos registrados por violencia intrafamiliar, toda vez que en el primer trimestre del año se registraron 18 víctimas y en el segundo trimestre 40 víctimas, lo que representa un 122% de incremento entre un trimestre y otro.

Durante el año 2017 se totalizaron 74 víctimas del sexo femenino; en 2018, 80 víctimas y en el primer semestre de 2019 se contabilizan 58 víctimas, lo que establece una evidente tendencia a la alza, situación que nos obliga a hacer un llamado de atención, pues aunque a nivel estadístico se evidencia que la población masculina es la más vulnerable en materia de violencia, la realidad es otra respecto a la violencia de género, presumiendo, además, que existen más casos y situaciones que no son visibles ni denunciadas.

En cuanto a los victimarios de los delitos contabilizados en el primer semestre de 2019, poco más del 50% son desconocidos; un 21% corresponde a funcionarios de organismos de seguridad; por último, aquellos cometidos por familiares o conocidos, representan cerca de un 10%.

El estado Bolívar se ha convertido en un foco de violencia constante que se mantiene en aumento. La mayoría de los casos de violencia registrados, un 62%, se concentra en el municipio Caroní -al norte del estado-. Dado que el acceso a la información de la zona sur del estado es limitado, el OVV Bolívar presume que las cifras pueden ser aún más elevadas, sin contar, además, que existen hechos que no son denunciados o difundidos en los medios de comunicación.