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Narcotráfico

Eficiencia delictiva, por Laureano Márquez

En verdad, la única eficiencia que muestra el régimen es en lo que toca a actividades delictivas. Es lo único que se le da bien. Hace algún tiempo, mi colega Claudio Nazoa señalaba que la mejor manera de acabar con el narcotráfico era colocarlo en manos del gobierno -hablamos de los tiempos en los cuales no se tenía conocimiento de que efectivamente se estaban apoderando de este negocio-.

En manos de este Estado destructor, argumentaba mi compañero, la droga nunca llegaría a su destino, se la robaría alguien en el camino o nunca tendría la calidad requerida. La realidad ha mostrado que en este ramo sí son eficientes.

Según se comenta, la detención del Pollo, destapará toda la trama del narcoestado, de la que él mismo no solo formaba parte, sino que era coordinador.

Hace poco tocaba explicarle a alguien que no está muy al tanto de lo que sucede en Venezuela, que los venezolanos tememos por igual a los delincuentes y a las autoridades. Para nosotros son lo mismo: la barrera que separa el delito de la ley en Venezuela se borró de manera definitiva en los últimos 20 años. Los ciudadanos tenemos una amplia gama de enemigos y vivimos en un estado de indefensión absoluta. Estamos atrapados en un engranaje de injusticia y crimen.

Por eso cuando vemos en otros países funcionarios que roban “poco”, nos parecen “decentes”. Incluso, cuando hablamos de los últimos años de la democracia que este régimen se encargó de demoler, nos atrevemos -con asumida exageración- a decir “estábamos bien, pero no lo sabíamos”.

No, no estábamos bien, en los últimos años de la democracia se robaba con “normalidad”. Por supuesto que frente al atraco generalizado a Venezuela que representa esta gente, los últimos años de la democracia venezolana se nos antojan imagen de Suiza, pero no es cierto.

Aquellos rateros produjeron estos criminales de lesa toda vaina.

Se atreve uno a pensar que, salvo el periodo de la desbordada crueldad de la “guerra a muerte” (que sucedió en medio de la Guerra de Independencia), Venezuela no había vivido un tiempo de tanto crimen cometido desde el poder.

Por ello cuesta tanto encontrar una salida a esta encrucijada: sus protagonistas están conscientes de los crímenes y delitos que cometen. Están claros en todas las violaciones a los derechos humanos que han llevado a cabo.

Ellos mismos -porque son sus autores- saben que son difíciles de perdonar los crímenes por su gravedad y que -además- a su partida se descubrirán los peores. Por eso, parte de la salida pacífica tendría que ser -y suena espantoso- negociar impunidad. Ningún secuestrador va a soltar a un rehén si le dicen que afuera está la policía esperándolo para meterlo preso o acribillarlo.

  • ¿Hace falta negociación?

  • Siempre, donde haya un conflicto humano. El error está en pensar que es un tema de negociadores  políticos. Es ya un tema de criminología. Esto debe ser manejado por expertos en situaciones de rehenes, pero no rusos, que acaban a la vez con secuestradores y secuestrados. Tiene que existir una  manera inteligente de proteger a 30 millones de rehenes.

¿Por qué los secretos de ‘El Pollo’ Carvajal podrían hundir a Maduro?

HUGO “EL POLLO” CARVAJAL, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez arrestado en Madrid, es una enciclopedia viviente de las operaciones criminales del chavismo y podría ser devastador para el régimen de Nicolás Maduro si llega a colaborar con las autoridades estadounidenses.

De cooperar, “podría llegar a ser el testigo más importante en la historia criminal de Venezuela” dado a que como director de Inteligencia Militar, mantuvo espiados por más de una década a todos los integrantes del régimen, documentando sus actividades criminales en expedientes que luego podían ser usados contra ellos en caso de que intentaran ser desleales a Chávez.

“Construyó expedientes de inteligencia sobre todas las actividades criminales en las que se involucró el régimen desde la época de Chávez —ya sea narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de humano, corrupción y lavado de dinero. Tiene los detalles de todos los actores y de todos los crímenes cometidos durante la era de Chávez y de Maduro”, dijo Martín Rodil, un experto en las operaciones criminales del régimen bolivariano.

Más información en El Nuevo Herald.

Detienen en España a Hugo

Autoridades españolas detuvieron este viernes 12 de abril al mayor general, Hugo “El Pollo” Carvajal a petición de Estados Unidos.

La Justicia estadounidense actuó también contra Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar del gobierno de Chávez, levantando dos acusaciones formales contra él por supuesto narcotráfico. Tuvo la oportunidad de solicitar su extradición, el 24 de julio de 2014 cuando fue detenido en la isla caribeña Aruba, pero la administración de Maduro intercedió y fue devuelto a Venezuela donde fue electo miembro de la asamblea nacional constituyente.

Carvajal se había trasladado clandestinamente a Madrid, donde reside su hijo, y estaba negociando con el Departamento de Justicia un acuerdo de protección sin carcel a cambio de cooperar ampliamente con la justicia americana, escribió el periodista Casto Ocando en su cuenta de Twitter.

 

Saqueos y violencia continúan en pueblos de Paria donde ocurrió masacre

HECHOS VIOLENTOS DEJARON un número desconocido de personas fallecidas entre San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, denunciaron habitantes. El gobierno aún no da información acerca de lo ocurrido.

Los dos pueblos de la costa de Paria, en el municipio Arismendi del estado Sucre, viven desde el 25 y 26 de septiembre una serie de hechos violentos, iniciada según una fuente a la que tuvo acceso Runrun.es por la guerra de poder por el tráfico de droga entre dos bandas rivales, lo que habría dejado a uno de los líderes asesinados y, como arremetida, provocado una ola de saqueos en San Juan de las Galdonas.

Otra hipotesis de lo sucedido, que maneja El Pitazo, indica que el robo de 1.500 kilos de cocaína habría iniciado la guerra entre las bandas de los dos pueblos.

Hasta ahora, de acuerdo a fuentes del medio, se contabilizan extraoficialmente al menos 20 muertos. El dirigente regional de Primero Justicia en el estado Sucre, Paúl Elguezábal, aseguró que la cuenta asciende a más de 30 personas asesinadas.

“Son más de 30 muertos y dantescas imágenes las que registran esta masacre, que es responsabilidad de un gobierno que entregó nuestro territorio a grupos criminales y al narcotráfico”, apuntó Elguezábal en un comunicado de prensa.

Runrun.es pudo conocer el caso de un hombre que salió en su vehículo a llevar un niño enfermo a un hospital mientras ocurría un tiroteo en la ciudad, por lo que efectivos de la GNB dieron voz de alto, la cual el hombre desobedeció y le dispararon, dejándolo sin vida.

La fuente indicó que en una de las plazas del pueblo se encontraron cuerpos desmembrados dejados por miembros de las bandas.

Saqueos y violencia

Los saqueos han continuado desde lo ocurrido, que a pesar de un incremento en la presencia policial en San Juan de las Galdonas, no se ha restablecido el orden, afirmó la fuente.

Según esta persona, individuos secuestran vehículos para saquear casas en el pueblo y luego se trasladan a San Juan de Unare, donde regalan a los pobladores el botín obtenido.

El último año han cobrado fuerzas el crimen organizado en la zona costera de Paria por el negocio del narcotráfico marítimo, indicó uno de los pobladores, quien ha visto a miembros de las bandas criminales caminar armados por el pueblo con el consentimiento de los cuerpos de seguridad, pues también se les ven hablando regularmente.

Enfrentamiento entre bandas provocó una masacre en Paria

ENTRE EL MARTES 25 Y MIÉRCOLES 26 de septiembre, habitantes de las parroquias San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, en el municipio Arismendi del estado Sucre, vivieron horas de tensión cuando dos grupos de hombres residentes en las dos zonas se enfrentaron por mantener el control del tráfico de droga por el Mar Caribe.

Un testigo informó a El Pitazo que como en una película vaquera fueron cayendo integrantes de las bandas que operan en la zona, al protagonizar la masacre que se escenificó entre los dos pueblos.

De acuerdo con la información recogida, la situación se generó luego de que la banda de San Juan de Unare le tumbara un cargamento de droga a los de San Juan de las Galdonas.

San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas se han convertido sitio de resguardo de pranes que se encontraban en cárceles como Tocorón, estado Aragua; y Puente Ayala, estado Anzoátegui, entre otras. Desde hace al menos 12 años, organismos de seguridad del Estado conocen que Paria funciona como un punto de embarque de cargamentos de drogas que son enviados a islas del Caribe, lo que ha hecho que el turismo se aleje de las playas y paisajes de esas localidades de la región oriental.

Estas zonas pesqueras ubicada en la zona Norte de la Península de Paria, están a cinco horas de Cumaná. Para acceder se debe pasar alrededor de dos horas por una carretera llenas de cráteres y montañas donde la vigilancia policial es la gran ausente. Solo se observa una alcabala de la Guardia Nacional, con cinco funcionarios que se encuentra ubicada en la salida de San Juan. Habitantes sostienen que los funcionarios negocian con las bandas delictivas.

20 hombres asesinados

Habitantes del sector pesquero, quienes prefieren omitir su nombre, relataron que más de 20 hombres fueron asesinados con pistolas, desmembrados y masacrados en la matanza. Solo dos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Río Caribe. Otros fueron lanzados en el mar o sus cuerpos desaparecieron sin explicación.

Las fotografías que circulan por las redes sociales y que por razones éticas no serán publicadas en El Pitazo, muestran cadáveres de hombres jóvenes desmembrados. Uno de los testigos confirmó que la imagen de un individuo con un agujero en la cabeza y la otra en la que se observa una un cuerpo descuartizado, son reales.

 

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Incautaron en Puerto Rico 533 kilogramos de cocaína proveniente de Venezuela

LA POLICÍA DE PUERTO RICO INCAUTÓ 533 kilogramos de cocaína proveniente de Venezuela en una embarcación en alta mar, a la que tuvieron que perseguir los agentes antidrogas, reportaron autoridades y medios del país.

La incautación fue realizada a 3 millas náuticas del sector Inches en Patillas a las 2:22 de la madrugada del lunes 17. El cargamento, de acuerdo a la policía, está potencialmente valorado en 13 millones de dólares.

La directora del negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción de Puerto Rico, Teniente Coronel Felicita Coreano Rivera, informó que por el cargamento de 21 bultos de aparente cocaína fueron arrestadas dos personas, reseñó Primera Hora.

“Estoy seguro que hoy evitamos que usted, o un familiar querido comenzara una adicción, utilizara la misma o muriera de una sobredosis de droga”, expresó el jefe de la DEA en la Isla, Apolonio Collazo, cuerpo que también participó en la investigación y captura.

De hecho, la DEA en sus redes sociales informó que la droga provenía de Venezuela y que se trataba de 533 kilogramos de cocaína, lo que describieron como “cantidad significativa”.

 

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desmanteló el pasado 13 de septiembre en la isla Barrio de Mantequero, en Amazonas, un laboratorio para el procesamiento de pasta de coca operado por ciudadanos colombianos, según informó este lunes el canciller de la República, Jorge Arreaza, mediante un comunicado.

Según el documento difundido por el diplomático a través de su cuenta de Twitter, en el procedimiento se logró la captura de tres colombianos, quienes portaban armas y municiones de guerra, así como la incautación de 4.100 kilogramos de pasta de coca.
A su vez, el canciller de la República rechazó la manipulación que se ha realizado sobre este caso desde Colombia, país en el que, a su juicio,”se desarrolla la industria del narcotráfico en todas sus fases”.
Colombia denuncia “violación del territorio nacional”
Por su parte, el Gobierno colombiano envió este lunes una nota de protesta a Venezuela por una supuesta “violación del territorio nacional” por la “incursión” el pasado 13 de septiembre de 20 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) al departamento fronterizo de Vichada, perteneciente al país cafetero.
La misiva indica además que “una vez realizada la visita de verificación por parte de un equipo técnico, en cabeza del director de Soberanía Territorial al lugar de los hechos, se pudo confirmar que los mismos ocurrieron en la isla Maipures 3, asignada a Colombia desde el año 1931”.
Durante esta incursión, que tuvo lugar en un sector que forma parte del extenso municipio de Cumaribo, al parecer fueron agredidos varios vecinos y los uniformados se llevaron a tres de ellos.
Los tres campesinos “ya están recibiendo apoyo” del consulado colombiano en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas de Venezuela, según la fuente oficial.
Antecedentes de incursiones en el territorio colombiano 
El pasado 21 de agosto Colombia denunció que dos helicópteros y unos 30 militares venezolanos se adentraron en el municipio fronterizo de Tibú, departamento de Norte de Santander (noreste).
Por ese hecho el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, se desplazó hasta la zona el pasado 1 de septiembre e izó allí la bandera de Colombia, mientras que Venezuela negó la incursión.
También, el 1 de diciembre de 2017 habitantes del departamento de Arauca, también fronterizo con Venezuela, denunciaron que militares venezolanos entraron al país a bordo de una embarcación.

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina OFAC, sancionó a Diosdado Cabello por  a su hermano José David Cabello, a su esposa Marleny Contreras y a Rafael Sarria.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense designó al segundo del chavismo por sus explotar sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de drogas, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas, señaló el Secretario de Tesoro, Steven T. Mnuchin.

El Departamento de Tesoro acusa a Diosdado detalla que Cabello ha abusado de las posiciones de influencia que ha ocupado dentro del gobierno para fomentar sus actividades ilícitas y corruptas, para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Entre las acusaciones que el Tesoro publicó sobre Cabello están sus actividades de narcotráfico. De acuerdo a la nota de prensa que publicó la institución en su portal web, Cabello trabajó con el vicepresidente Tareck El Aissami, sancionado por la OFAC en la ley Kingpin, para organizar envíos de droga desde Venezuela a través de República Dominicana con destino a Europa. También indica que trasladó dinero ilíticito a Panamá, República Dominicana y las Bahamas junto a Pedro Luis Martin Olivares, sancionado bajo la Ley Kingpin.

Igualmente detalla que “Cabello incautó cargas de drogas de traficantes de drogas en pequeña escala, y las combinó y exportó a través de un aeropuerto propiedad del gobierno venezolano. Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de estos envíos de narcóticos”.

Entre otras denuncias acusa a Cabello de afianzar “una red de seguidores al decidir quién es promovido dentro de agencias como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas. Cabello a su vez utilizó esa esfera de influencia para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos”, declaró el Tesoro.

La nota de prensa detalla que Cabello habría llevado a cabo una serie de negocios ilícitos con otros, especialmente con el sancionado Francisco Rangel Gómez. “Cabello, Rangel Gómez y sus asociados lavaron dinero de la malversación de fondos estatales venezolanos y de su trato con narcotraficantes a través de una serie de edificios de departamentos y centros comerciales”.

También acusa a Cabello y Rangel Gómez de “acceder ilegalmente y explotar minas”. Detalla que los individuos exrtrajeron hierro y lo exportaron a través de Ferrominera del Orinoco, que a pesar de ser una empresa legal, usó personal de la empresa para la extracción y exportación ilegal de hierro.

“A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas han utilizado empresas estatales, Venezolana de Aluminio (Venalum) y Aluminos Nacionales S.A. (Alunasa), para lavar dinero a Costa Rica y Rusia. El presidente de Venalum, así como otra persona que realmente dirigía la compañía, se dedicaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero, y utilizaron Venalum como cobertura para estas operaciones. Bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar, Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal costarricense de Alunasa. Cabello ordenó al ejército venezolano que colocara a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación. Además, Cabello blanqueó dinero a través de Venalum a Rusia”.

 

A continuación la nota de prensa traducida:

El Tesoro sanciona a influyente ex funcionario venezolano y su red de corrupción

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al venezolano Diosdado Cabello Rondón (Cabello) de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. La OFAC también designó a otras tres personas por ser funcionarios actuales o anteriores, o por actuar en nombre de personas designadas como figuras clave en la red de corrupción de Cabello. Esos individuos son José David Cabello Rondón, hermano de Cabello, designado para ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; Marleny Josefina Contreras Hernández, esposa de Cabello, designada para ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; y Rafael Alfredo Sarria Díaz, frontman de Cabello (“testaferro”), designado para actuar en representación de Cabello. Además, OFAC bloqueó tres compañías que son propiedad o están bajo el control de Sarria en Florida: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp. OFAC bloquearon aún más 14 propiedades en Florida y Nueva York, propiedad de Sarria directamente o a través de sus compañías.

“El pueblo venezolano sufre bajo políticos corruptos que refuerzan su control del poder mientras forran sus propios bolsillos. Estamos imponiendo costos a figuras como Diosdado Cabello, que explotan sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de narcóticos, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas”, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Esta Administración está comprometida a responsabilizar a aquellos que violan la confianza del pueblo venezolano, y continuaremos bloqueando los intentos de abusar del sistema financiero de los EE. UU.”

Estas designaciones reflejan el compromiso de los Estados Unidos de utilizar todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para responsabilizar a los funcionarios corruptos y apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia. Estados Unidos continuará tomando las medidas apropiadas, incluida la designación de personas para sanciones, para responder a la situación en Venezuela a medida que se desarrolla. Las sanciones de EE. UU. No necesitan ser permanentes; están destinados a cambiar el comportamiento. Sin embargo, consideraríamos levantar sanciones para las personas sancionadas bajo E.O. 13692 que tomen medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a tomar parte en abusos contra los derechos humanos y denuncien los abusos cometidos por el gobierno, y combatan la corrupción en Venezuela.

Diosdado Cabello Rondón

Cabello es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, o el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido político del presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros (Maduro), a quien la OFAC designó de conformidad con E.O. 13692 el 31 de julio de 2017. Cabello es un ex teniente del ejército que forjó un estrecho vínculo en la academia militar venezolana con el ex presidente venezolano, ahora fallecido, Hugo Chávez (Chávez). Cabello es también ex presidente y diputado de la Asamblea Nacional venezolana, el cuerpo legislativo venezolano, y permaneció como diputado de la Asamblea Nacional hasta que el régimen de Maduro usurpó los poderes de la Asamblea Nacional y creó la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, de la cual Cabello es actualmente un miembro. Cabello ha ocupado numerosos cargos dentro del gobierno venezolano, habiéndose desempeñado previamente como Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Ministro del Interior y Justicia, Ministro de Infraestructura, Director de la Comisión Nacional Venezolana de Telecomunicaciones (CONATEL) y Gobernador del estado de Miranda.

A menudo se lo menciona como el segundo hombre más poderoso en Venezuela, después de que Maduro-Cabello ha mantenido importantes posiciones de liderazgo en el gobierno venezolano desde que Chávez lo elevó a la posición de Ministro de Interior y Justicia. Cabello ha abusado de estas posiciones influyentes en el fomento de sus actividades ilícitas y corruptas para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC ), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el servicio de inteligencia nacional venezolano. Cabello ha afianzado una red de seguidores al decidir quién es promovido dentro de agencias como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas. Cabello a su vez utilizó esa esfera de influencia para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos.

A mayo de 2017, Cabello había llevado a cabo una cantidad significativa de negocios ilícitos con otros, incluido Francisco José Rangel Gómez (Rangel Gómez), que informó a Cabello. Rangel Gómez fue designado por la OFAC de conformidad con E.O 13692 el 5 de enero de 2018 como funcionario actual o ex funcionario del Gobierno de Venezuela. Cabello, Rangel Gómez y sus asociados lavaron dinero de la malversación de fondos estatales venezolanos y su trato con narcotraficantes a través de una serie de edificios de departamentos y centros comerciales. Además, Cabello, Rangel Gomez y sus asociados trabajaron juntos para acceder ilegalmente y explotar minas. En particular, extrajeron y extrajeron hierro y lo exportaron a través de Ferrominera del Orinoco (FdO), una subsidiaria del conglomerado venezolano de propiedad estatal, Corporación Venezolana de Guyana; aunque FdO era un negocio legítimo, Cabello y sus asociados tenían líderes dentro de la empresa que facilitaban la extracción ilegal y la exportación de hierro. A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas han utilizado empresas estatales, Venezolana de Aluminio (Venalum) y Aluminos Nacionales S.A. (Alunasa), para lavar dinero a Costa Rica y Rusia. El presidente de Venalum, así como otra persona que realmente dirigía la compañía, se dedicaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero, y utilizaron Venalum como cobertura para estas operaciones. Bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar, Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal costarricense de Alunasa. Cabello ordenó al ejército venezolano que colocara a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación. Además, Cabello blanqueó dinero a través de Venalum a Rusia.

Además del lavado de dinero y las exportaciones ilegales de minerales, Cabello también está directamente involucrado en actividades de narcotráfico. Trabajando con el actual vicepresidente ejecutivo venezolano Tareck El Aissami (El Aissami), a quien la OFAC designó de conformidad con la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, Cabello organiza los envíos de droga que se trasladan desde Venezuela a través de la República Dominicana y luego a Europa. Cabello también dirige a Pedro Luis Martin Olivares, quien fue designado de conformidad con la Ley Kingpin el 7 de mayo de 2018, en actividades ilícitas. A fines de 2016, Cabello y Martin trabajaron juntos para trasladar dinero ilícito a Panamá, la República Dominicana y las Bahamas. A partir de marzo de 2017, Cabello incautó cargas de drogas de traficantes de drogas en pequeña escala, y las combinó y exportó a través de un aeropuerto propiedad del gobierno venezolano. Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de estos envíos de narcóticos. También a partir de principios de 2017, Cabello exigió información de la burocracia del gobierno venezolano sobre personas adineradas que habían realizado grandes compras, que pueden haberlo ayudado a identificar otras drogas.

José David Cabello Rondón

José David Cabello Rondón (José David) es el actual Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, o la Administración Nacional Integrada de Aduanas e Impuestos (SENIAT). Anteriormente se desempeñó como Ministro de Infraestructura y Ministro del Poder Popular para las Industrias. José David ha utilizado su acceso como el jefe de la agencia venezolana de impuestos y aduanas para extorsionar dinero para beneficio personal de los venezolanos. A fines de 2017, Cabello, en su rol de Primer Vicepresidente Ejecutivo del PSUV, y José David como Jefe del SENIAT, fueron los principales beneficiarios de los esquemas de extorsión contra empresas privadas nacionales y extranjeras. Los hermanos compartieron un porcentaje de las ganancias de extorsión con otros ministros y funcionarios en el círculo interno de Maduro. Un esquema típico de extorsión involucraba a funcionarios del SENIAT que auditaban un negocio e identificaban irregularidades tanto reales como falsas. Los funcionarios del SENIAT le darían a la empresa la opción de pagar una sola multa grande al SENIAT o una multa más pequeña al SENIAT con una comisión menor a los funcionarios. Las compañías registrarían los sobornos como transacciones comerciales. Los funcionarios del SENIAT reciben cada vez más los sobornos pagados a cuentas bancarias venezolanas temporales establecidas específicamente por temor a las sanciones financieras de los Estados Unidos contra altos funcionarios y para evitar un mayor escrutinio de las cuentas bancarias extranjeras.

Más allá de extorsionar las ganancias de la Administración de Aduanas e Impuestos de Venezuela, en septiembre de 2017, los hermanos Cabello, actuando en calidad de altos funcionarios del gobierno venezolano, aprobaron un plan de lavado de dinero basado en actividades financieras ilícitas dirigidas a la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Rafael Alfredo Sarria Diaz

Rafael Alfredo Sarria Díaz (Sarria) ha lavado dinero para funcionarios venezolanos mediante la compra de bienes inmuebles desde 2010. Sarria actúa en nombre o representación de Cabello como su principal líder, o “testaferro”, asesorándolo, ayudándolo y beneficiándose a sí mismo de Cabello. ganancias corruptas y ganancias ilegales. Los dos han mantenido una relación comercial ilícita desde al menos 2010, cuando Sarria y Cabello tenían sociedades y corporaciones en Panamá, y Sarria poseía varias propiedades inmobiliarias en Florida que se registraron con su propio nombre. En realidad, Sarria actuó como el representante nombrado de Cabello en la propiedad de estas propiedades. A partir de 2015, Sarria continuó administrando múltiples propiedades y arreglos financieros para Cabello, y en 2016, estuvo involucrado en actividades de narcotráfico en nombre de Cabello. A partir de 2018, Sarria asesora y asesora a Cabello, y se beneficia de la inversión de la riqueza corrupta de Cabello.
Simultáneamente con la designación de Sarria, OFAC bloqueó tres compañías en Florida que son propiedad o están bajo el control de Sarria: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp., a través de las cuales Sarria posee 12 propiedades en Florida. Sarria posee una propiedad adicional en Florida y otra propiedad en Nueva York a su nombre.

Marleny Josefina Contreras Hernández

Marleny Josefina Contreras Hernández está casada con Cabello y es la Ministra del Poder Popular para el Turismo, así como la Presidenta del Instituto Nacional de Turismo de Venezuela.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. Deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las relaciones entre personas de los EE. UU. O dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en la propiedad de personas designadas.